La administración Trump ha citado al menos a 70 menores de 1 año, en los últimos diez meses, para que se presenten en tribunales de inmigración y enfrenten solos sus propios procesos de deportación, según datos del Departamento de Justicia proporcionados a Kaiser Health News.

Se trata de bebés que necesitan estar en contacto frecuente con sus padres, que duermen la siesta varias veces al día, y que, en algunos casos, hasta están todavía en edad de ser amamantados, dijeron expertos médicos. No pueden hablar y recién están aprendiendo la diferencia entre el día y la noche.

“Para los bebés, las rutinas básicas son realmente importantes. Que los carguen, la alimentación adecuada, la crianza adecuada”, dijo Shadi Houshyar, quien dirige las iniciativas de infancia temprana y bienestar infantil en el grupo de defensa Families USA.

El número de menores de 1 año en esta situación se ha triplicado en dos años.

Los datos del Departamento de Justicia muestran que un total de 1.500 niños “no acompañados”, desde recién nacidos hasta los 3 años, han sido llamados a presentarse ante un tribunal de inmigración desde el 1 de octubre de 2015.

Aproximadamente las tres cuartas partes de estos niños están representados por un abogado y tienen que presentar su caso sobre por qué deberían permanecer en Estados Unidos.

Los funcionarios que revisan estos casos de deportación dicen que la mayoría de los niños menores de 1 año cruzan la frontera con un padre y sus casos proceden de manera conjunta.

Pero a algunos se los consideró “no acompañados” solo después de que las autoridades fronterizas los separaron de sus padres por la política de “tolerancia cero” de la administración Trump hacia los inmigrantes. Los niños fueron enviados a instalaciones a lo largo de Estados Unidos bajo la supervisión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

“Esto es hasta cierto punto una… crisis creada por el gobierno”, opinó Robert Carey, quien anteriormente encabezó la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que se hace cargo de la custodia de menores no acompañados. “Es un giro trágico e irónico de los hechos”, agregó.

Los niños más pequeños también se consideran “no acompañados” si ingresan a Estados Unidos con un miembro de la familia que es mayor que ellos, pero que aún no cumplió los 18 años. Los datos no aclaran cuáles niños llegaron de esa manera o cuáles fueron separados de sus padres.

El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de más datos sobre dónde están alojados los niños. Podrían estar en un hogar temporal o en una casa grupal, con un familiar o patrocinador, o tal vez ya se hayan reunido con un padre. El HHS, que opera la oficina de reasentamiento de refugiados, no hizo comentarios al momento de publicar esta historia.

En declaraciones anteriores, el gobierno ha argumentado que la separación, y sus consecuencias, son desafortunadas pero inevitables, según la ley.

“Hay una forma segura de evitar la separación de sus hijos. Preséntese legalmente… o quédese en su país de origen, y siga el proceso que otros hacen”, dijo Alex Azar, secretario del HHS, en una llamada de prensa a principios de este mes. “Ninguno de nosotros quiere niños separados de sus padres. No quiero tener ningún niño bajo nuestro cuidado y custodia”.

La cantidad de niños no acompañados convocados a la corte desde el 1 de octubre de 2015 aumenta a 2.900 si se incluyen niños de hasta 5 años. El total aumentará entre ahora y el 30 de septiembre, cuando finalice el año fiscal, afirmó Susan Long, experta en estadísticas de la Universidad de Syracuse y directora de TRAC, un repositorio de datos sobre inmigración y tribunales federales. También hay un retraso acumulado en el ingreso de datos.

En junio, un juez de distrito en San Diego ordenó al gobierno federal reunificar a las familias dentro del mes a partir del fallo, específicamente ordenándoles que reunieran a los niños menores de 5 años con sus padres hasta el 10 de julio, a más tardar.

El HHS reunió a cerca de la mitad de esos niños hasta el 12 de julio: 57 de 103. El gobierno dijo que otros no pudieron volver con el padre, citando en algunos casos “antecedentes penales graves” o progenitores que están actualmente en la cárcel.

En 12 de los casos, los padres de esos niños ya habían sido deportados. En otro, el gobierno no pudo determinar dónde se encontraba el padre del niño, y en otro, el padre tenía una “enfermedad contagiosa”, dijo el HHS.

El Departamento de Seguridad Nacional, que emite las órdenes judiciales, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

En los casos de deportación, los niños no tienen derecho a un abogado pro bono, pero sí a una lista de abogados que ofrecen su ayuda, con los que el cuidador actual del niño puede comunicarse.

Y los niños pequeños raramente conocen los detalles de por qué huyeron de su país de origen, especialmente sin un padre presente, señaló Eileen Blessinger, abogada de inmigración con sede en Virginia que ha estado ayudando a padres.

“Piénsalo como un padre. No vas a decirle a tu hijo que podrían matarlo, ¿verdad? “, dijo. “Muchos de los niños no saben nada”, agregó.

El tribunal de inmigración, que es una unidad administrativa del Departamento de Justicia, es diferente de los típicos tribunales. Lidia con “entrevistados” que pueden ser demasiado jóvenes para hablar, pero no tiene trabajadores sociales o recursos legales enfocados en el mejor interés de un niño, aseguró Lenni Benson, profesor de la Facultad de Leyes de Nueva York y fundador del Proyecto Safe Passage, que proporciona servicios legales a jóvenes migrantes.

“Un juez de inmigración no está escuchando que la mamá quiere al niño, y que hay que decidir qué es lo mejor”, dijo Benson. En cambio, a lo que presta atención es que “el gobierno te ha acusado de ser un posible ‘deportable’. ¿Tienes pruebas que demuestren que tienes derecho a estar aquí?”, agregó.

Benson contó que, en 2014, durante una audiencia en un tribunal de inmigración, un juez pidió que sacaran de la sala a un bebé que estaba llorando. Benson contó que respiró profundo antes de decirle al juez que el bebé era el próximo demandado en el expediente, y le pidió a la abuela que interviniera.

Es mucho lo que está en juego para los bebés y para cualquier migrante que huye de la violencia, dijo Paul Wickham Schmidt, un exjuez de inmigración que se retiró en 2016 después de 13 años en el tribunal en Arlington, Virginia.

“Las órdenes finales de deportación tienen consecuencias”, dijo. “Para algo que tiene un resultado muy serio, este sistema ha sido descrito como que trata casos de pena de muerte en una corte de tránsito”.

Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y jueza especializada en casos de menores en Los Ángeles, reconoció que la administración debilitó una directiva sobre cuánto pueden los jueces ayudar a los menores en los tribunales. Aun así, dijo, los jueces hacen todo lo posible para garantizar que los niños pequeños tengan una audiencia justa.

Datos del Departamento de Justicia muestran que las denegaciones de asilo están alcanzando su punto más alto de la última década: 42%, y la agencia de noticias Associated Press informó que la administración ha hecho más difícil probar la necesidad de un individuo de recibir asilo.

Al mismo tiempo, los niños pueden verse afectados por la falta de recursos, dijo Blessinger.

La abogada describió a un cliente cuya hija de 7 años recibió apoyo legal de una organización benéfica con sede en Nueva York. Incluso en ese caso, dijo, la organización actuó simplemente como un “amigo de la corte”, en lugar de un abogado de pleno derecho, solicitando retrasos en los procedimientos hasta que el niño y la madre pudieron reunirse. Algo que finalmente sucedió este martes 17 de julio por la noche.

“Es la experiencia más triste. Estas personas no se recuperarán en el corto plazo”, dijo. “Los padres siguen llorando, incluso después de que se han reunido”.

Fuente: CNN

Con el fin de cumplir las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha implementado varias políticas en las últimas semanas que impactan a quienes intenten obtener la Residencia Legal Permanente y la ciudadanía, pero también para retirar esos beneficios con base en posibles fraudes o delitos de los beneficiados, principalmente.

Los activistas y abogados consideran que todas las medidas son preocupantes, pero aquella sobre la pérdida de la ciudadanía está causando más polémica, ya que estos inmigrantes se sentían “seguros” de su estancia en el país, pero ahora son considerados “ciudadanos de segunda”, indican expertos, y podrían tener un escutrinio nunca antes visto a través de la “Operación Janus”.

“La creación de la fuerza de tarea en sí está deshaciendo la naturalización de los más de 20 millones de ciudadanos naturalizados en la población estadounidense quitándoles su asunción de permanencia”, escribió la autora Masha Gessen en una columna ampliamente difundida y retomada en un análisis de Vox. “Todos ellos, todos nosotros, somos ciudadanos de segunda clase ahora”.

Aquí seis claves para entender en qué consiste este proceso.

1. ¿Puede el gobierno retirar la ciudadanía?.- Sí, responde el análisis. “Los inmigrantes tienen diferentes derechos dependiendo de su estatus legal, pero se supone que la ciudadanía debe otorgarle la plena protección de la Constitución de los EEUU: el derecho al voto, el derecho a servir en las fuerzas armadas, el derecho a vivir donde desee”, pero las nuevas políticas parecen ir en otro sentido. “La administración de Trump ha dejado en claro que tiene la intención de usar ese poder (de retirar la ciudadanía) para identificar y desnaturalizar a las personas que consideran que la obtuvieron basándose en el fraude”.

2. ¿Qué tan común es la desnaturalización?.- Aunque es un proceso contemplado en las leyes era un proceso poco común. Por ejemplo, durante la administración de Barack Obama se presentaron 16 demandas por año. Ahora, el nuevo operativo de USCIS tiene en la mira más de 2,536 casos que requieren una revisión en profundidad para una posible revocación de la ciudadanía, de los cuales 95 de esos casos han sido remitidos formalmente al Departamento de Justicia (DOJ), se reportó en un informe.

3. La polémica “Operación Janus”.- Hay que dejar algo claro: el programa no es tan nuevo, pero su alcance es distinto. La fuerza de tarea es la siguiente fase de algo que surgió bajo la administración de Obama y que se remonta a la época de Geroge W. Bush, luego de unos 200 casos de inmigrantes que se convirtieron en ciudadanos a pesar de haber tenido órdenes de deportación. Ahora pretende hallar casos similares, de gente que cometió fraude o algún delito y mintió a USCIS.

4. Dos etapas clave.- Los proceso de desnaturalización son complicados, pero no imposibles. En la actual administración son una prioridad, sobre todo en casos donde se cometieron fraudes, tras la revisión de huellas dactilares. Hay dos procesos a cumplir: USCIS determina que un inmigrante podría perder la ciudadanía si mintió en su proceso, se hizo pasar por alguien más, usó documentos falsos, tuvo órdenes de deportación o cometió algún delito que no reportó o podría representar una amenaza para los EEUU, entre otros motivos. Sin embargo, la oficina a cargo de Francis Cissna deberá enviar los casos al DOJ, para procesarlos ante un juez.

5. ¿Todos los inmigrantes con ciudadanía deberían preocuparse?.- Los defensores y activistas dicenque no, sólo aquellos casos supuestos en el punto anterior, pero el reporte de Vox indica que la retórica del gobierno del presidente Trump ha diseminado ese temor. “Los inmigrantes naturalizados han expresado su preocupación a los amigos sobre si podrían ser el próximo”, indicó.

Estados Unidos se dirige a un momento de ajuste de cuentas mientras los resultados de más de un año de las medidas de inmigración de línea dura del gobierno de Trump se acumulan y plantean preguntas fundamentales para el carácter del propio país.

Una secuencia de política de choque y temor y maniobras legales, muchas hechas por el secretario de Justicia Jeff Sessions, puede elevar el tema de la inmigración más allá de la investigación sobre la trama rusa y el aceleramiento de la economía a un problema con la capacidad para moldear las elecciones intermedias. También está incitando a los líderes del Congreso del partido del presidente —que no quieren otra pelea sobre inmigración este año— para que voten y dejen constancia sobre lo que usualmente es un tema políticamente peligroso.

Las medidas en muchos casos son la culminación lógica de una campaña presidencial que tiene raíces en la disposición de Donald Trump a las controversias de inmigración demagógicas para incendiar su base de votantes conservadores. Son producto de 17 meses de trabajo por parte de Sessions y el zar de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, que están empezando a cambiar fundamentalmente el sistema de inmigración y el tratamiento que les da Estados Unidos a muchas personas que llegan del extranjero con o sin autorización.

Para muchos votantes de Trump, el rápido cambio de aire será visto como una validación del voto que le dieron al presidente en 2016. Trump defendió que los anteriores líderes republicanos y demócratas habían fallado al reforzar las leyes de inmigración e hizo un argumento implícito de que la naturaleza de la cultura estadounidense y la sociedad estaban bajo amenaza por el influjo de los recién llegados.

Pero las noticias de niños que fueron apartados de padres que cruzaron la frontera ilegalmente y las crecientes implicaciones humanas y económicas de las medidas de la administración sobre la inmigración ilegal están empezando a fundirse en argumentos políticos sobre las duras posturas de Trump.

“Regreso a la semana uno de la administración Trump, a esos dos primeros decretos que firmó el presidente, y fueron la base sobre la cuál está construido todo lo que estamos viendo se está ejecutando ahora”, dice Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, una organización de defensa de los inmigrantes y la inmigración. “Todas esas cosas vuelven a mi cabeza justo ahora”.

Cada vez más hay un debate no solo de las implicaciones de las políticas de las acciones del gobierno, sino también en si se ajustan a los estándares humanitarios y morales que Estados Unidos ha establecido históricamente para sí misma, incluso entre algunos evangélicos que respaldan fuertemente al presidente.

Mano dura
En los últimos días, el gobierno ha actuado agresivamente para promulgar su agenda de inmigración dura y las consecuencias humanas de los primeros decretos de Trump se vuelven cada vez más claras. Sessions ha tomado medidas enérgicas sobre el asilo, reduciendo potencialmente las reclamaciones de miles de personas al decidir que las víctimas de violencia doméstica y violencia por pandillas no son elegibles para ser protegidas.

El Departamento de Justicia dijo el pasado viernes que no defendería el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, en una demanda que fue presentada en Texas, abriendo potencialmente el camino para que la Suprema Corte falle sobre el destino de miles de jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Sessions también presionó a los jueces para que aumenten sus cargas de trabajo para acelerar el ritmo de las deportaciones.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dicho que algunas bases militares en Texas están siendo evaluadas como posibles centros de detención para niños inmigrantes que viajan sin compañía.

Y en la frontera sur, un inmigrante indocumentado de Honduras lloraba mientras aseguraba que funcionarios federales se llevaron a su pequeña hija mientras ella la amamantaba, destacando la política del gobierno que ordena la separación de las familias que cruzan la frontera ilegalmente.

El Departamento de Seguridad Nacional está reduciendo enérgicamenteel número de personas de 10 países, entre esos de El Salvador y Haití, que viven y trabajan en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal que amparaba países afectados por hambrunas, guerras o desastres naturales. En mayo, cerca de 90.000 hondureños perdieron su estatus, lo que significa que podrían ser obligados a volver a sus países.

Luego hay múltiples, pero menos visibles, formas en las que el gobierno de Trump está tratando de frenar la inmigración legal: reduciendo las admisiones de refugiados, apuntando a visas tipo H1-B para trabajadores extranjeros calificados e introduciendo más restricciones y trámites burocráticos para otras clases de permisos de entrada.

En definitiva, la ráfaga de actividades se suman a otra clase de promesas mantenidas por Trump que puede presentar a sus más leales votantes mientras que él les ruega que vayan a las urnas en noviembre a evitar una ola democrática que pueda arruinar su espacio de maniobra como presidente.

Fuente: CNN