HELENA, Montana, EE.UU. (AP) — Ocho hispanos que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, pero que después se han convertido en residentes permanentes del país, señalaron que una nueva ley de Montana los coloca en riesgo de que se les nieguen servicios y les amenaza a ser tratados como ciudadanos de segunda categoría.

Los hombres, que nacieron en México, Guatemala y El Salvador contaron sus historias en declaraciones bajo juramento, en respaldo de una demanda legal que impugna la ley, sometida a votación entre los habitantes de Montana el año pasado por los legisladores republicanos y aprobada por un margen arrollador.

Un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes y el principal sindicato de Montana le pidieron a un juez que bloquee la aplicación de la ley en el estado y que la declare inconstitucional. Entre otros problemas, un abogado de inmigración de Helena, la capital estatal, dijo que la ley define como “inmigrante sin autorización legal” a toda persona que no tenga ciudadanía estadounidense y que haya ingresado ilegalmente o siga residiendo sin autorización en el país.

La ley establece que se debe presentar documentos que prueben la ciudadanía o el estado legal de cualquier persona que solicite servicios estatales, desde ayuda por desempleo hasta los beneficios para discapacitados y apoyo a las víctimas de crímenes. Si un solicitante no puede probar su estado legal en el país, entonces la agencia estatal tiene la obligación de reportar el nombre a las autoridades de inmigración.

Las agencias aún no han divulgado los reglamentos que indican cómo se aplicará el nuevo plan, ni cómo entrenará a los empleados para verificar los documentos.

Por lo tanto, según la nueva ley, aquéllos que tienen residencia legal ahora pero que ingresaron sin permiso seguirían considerándose carentes de autorización, destacó el abogado Shahid Haque-Hausrath.

Entre ellos se incluye Luis Alberto Alonzo, de 42 años, que ingresó sin autorización a Estados Unidos en 1989, y que es padre de dos niños con problemas de desarrollo, uno de los cuales, tiene parálisis cerebral, es ciego, sufre daños en los pulmones y en el corazón, y padece de convulsiones.

Un juez de inmigración le concedió la residencia permanente legal a Alonzo en el 2011 y determinó que depende de ayuda estatal para cuidar de sus hijos. Pero ahora al hombre le preocupa que la nueva ley le perjudique y revierta su legalización, y no pueda recibir los servicios para sus hijos, dijo en una declaración judicial.

El portavoz del Departamento de Justicia de Montana, John Barnes, no respondió de inmediato sobre la demanda. Pero a principios de mes, el asesor legal de Montana, Lawrence VanDyke, le pidió al juez Jeffrey Sherlock que deseche la demanda.

La demanda fue entablada por los grupos Alianza de Justicia para el Inmigrante de Montana, Asociación de Educación de Montana-Federación de Maestros de Montana y la residente de este estado, Alisha Blair.

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PHOENIX (AP) — Una reforma propuesta de las leyes de votación adelantada en Arizona ha enfrentado críticas de jóvenes latinos, quienes consideran que la iniciativa respaldada por los republicanos reducirá la participación de las minorías, justo en un momento en que más hispanos se registran para sufragar.

Varios estudiantes, en sus vacaciones primaverales, realizaron una protesta el jueves, frente a la Legislatura de Arizona, para manifestar su oposición a dos medidas que limitarían quién puede votar antes y cuántas papeletas enviadas por correo pueden devolverse a los funcionarios electorales locales. Se reunieron también con más de 20 legisladores, incluido Andy Tobin, el líder de la cámara baja.

Líderes de la comunidad hispana, incluidos legisladores demócratas de Arizona, dijeron que las propuestas electorales buscan silenciar a los electores que tienden a apoyar a los demócratas. Los republicanos controlan actualmente el gobierno estatal de Arizona.

“No nos vamos a ir”, dijo Daria Ovide, activista de Phoenix por el derecho al voto. “Vamos a votar pase lo que pase y nos vamos a acordar de quien ayudó y quien no”.

Una ley propuesta eliminaría a la gente de las listas de votación anticipada si esas personas no emplearon una papeleta enviada por correo durante los últimos dos comicios federales. La medida sería retroactiva hasta las elecciones de 2010.

La gente sería notificada de su retiro inminente de la lista, y tendría que devolver ese aviso en 30 días para seguir recibiendo las papeletas por adelantado. Además, la medida dificultaría a varios grupos políticos presentar solicitudes de voto anticipado de parte de los electores.

Los votantes retirados de la lista de sufragios anticipados seguirían registrados para votar. Los funcionarios electorales locales apoyan la medida porque los electores a quienes se han enviado papeletas por correo y luego se han presentado ante las urnas pueden provocar confusiones y retrasos.

La otra medida permitiría que sólo ciertas personas fueran designadas para enviar las papeletas por correo. Grupos latinos suelen recolectar papeletas anticipadas de las viviendas de los votantes, y las presentaron a los funcionarios comiciales en 2012.

Bajo la ley propuesta, un votante necesitaría declarar bajo juramento que su voto fue sellado antes de entregarlo a la persona encargada de llevarlo a los funcionarios. La persona que devuelve la papeleta debería declarar también bajo juramento que no conocía el sentido del voto.

Tanto el votante como la persona que lleva la papeleta deben dar su nombre y firma.

Los defensores del voto dicen que tienen registrados a casi 17.000 nuevos electores latinos en 2012, con base en una revisión de personas con apellidos hispanos. Sostienen que, si la medida se aprueba, tendrán que dar otra vez pasos para cerciorarse de que esos votantes puedan seguir recibiendo papeletas por correo.

“Libramos hoy una guerra, una guerra por la democracia”, dijo Jenny Díaz, estudiante de 16 años, que asistió a la protesta.

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WASHINGTON (AP) — La Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas, responsable de la seguridad, el comercio y los viajes a través de la frontera, tendrá un comisionado interino.

Thomas S. Winkowski se desempeñará como comisionado interino a partir del 30 de marzo y también como ejecutivo de alto nivel de la agencia. El actual subcomisionado de la entidad, David V. Aguilar, se retira a fin de mes.

Winkowski ha trabajado para el gobierno federal durante 37 años, desde que comenzó en el Servicio de Aduanas en 1975. Ingresó a la Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas (CBP por sus siglas en inglés) cuando ésta fue creada en 2003.

Winkowski ha realizado el trabajo de jefe de operaciones interino, supervisando las operaciones diarias de la agencia. Ha ocupado el cargo de subcomisionado interino para la CBP y desde el 2007 hasta 2011 fue comisionado adjunto de Oficina de Operaciones de la CBP.

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WASHINGTON (Reuters) – Las negociaciones en el Senado sobre una reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos están paralizadas en los salarios para los futuros trabajadores extranjeros de baja cualificación, como obreros de la construcción, cocineros, conserjes y mucamas, dijeron el viernes fuentes cercanas a las discusiones.

Las negociaciones bipartidistas que buscan producir una detallada ley de inmigración -incluido un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados y un nuevo proceso para controlar el flujo de trabajadores temporales- han estado en proceso durante meses y se encontraban cerca de presentar un proyecto.

Hubo versiones contradictorias sobre los desacuerdos.

Según una de las fuentes, que pidieron no ser identificadas, los ocho senadores involucrados en las discusiones habían acordado tentativamente un plan para controlar los niveles de sueldos para los trabajadores extranjeros de baja cualificación, quienes recibirían visas para laborar en Estados Unidos de manera temporal.

La fuente dijo que los demócratas presentaron un plan y los republicanos lo aceptaron, pero cuando los senadores se lo mostraron al sindicato AFL-CIO, la federación lo rechazó.

Pero, según el AFL-CIO, los demócratas presentaron un plan y los republicanos lo rechazaron.

La propuesta habría utilizado partes del programa de visas “H2B” para trabajadores estacionales temporales para estimar los sueldos de los obreros de baja cualificación extranjeros.

Eso especifica que las visas sólo serán emitidas si no reducen los sueldos de aquellos que hacen el mismo trabajo en Estados Unidos.

También en disputa estaba la inclusión de los trabajadores de la construcción en el plan, algo que las empresas quieren pero los sindicatos no.

Mientras los senadores intentan concluir las complejas negociaciones y luego salir de Washington para un receso de dos semanas, grupo empresariales y sindicales intercambian acusaciones.

Randel Johnson, un vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el mayor grupo de presión empresarial de Washington, dijo que “los sindicatos han puesto en peligro el esfuerzo completo de reforma a la inmigración (…) debido a su negativa a asumir una postura responsable sobre el programa de trabajadores temporales”.

Los sindicatos han realizado criticas similares sobre la situación de las negociaciones. “Hay un nivel incomprensible de rabia. Nosotros hemos cedido en muchos aspectos. Ellos (los republicanos) quieren despejar el camino a una ciudadanía en pobreza”, dijo Jeff Hauser, un portavoz de AFL-CIO.

En medio de la disputa entre sindicatos y empresas, los senadores aún expresaban su optimismo ante las posibilidades de lograr un acuerdo. El apoyo de los sindicatos organizados y la cámara es considerado clave para lograr que cualquier proyecto de ley sea aprobado en el Congreso.

Hallar una solución aceptable para ambas partes siempre ha sido considerado como el desafío más difícil por el grupo de cuatro republicanos y cuatro demócratas involucrados en las negociaciones.

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WASHINGTON (AP) — Una disputa entre un grupo empresarial y una central sindical sobre el salario de trabajadores sin especialización se desencadenó el viernes en momentos que los senadores buscaban concretar un proyecto de ley de reforma integral de la inmigración.

Autoridades de ambos grupos dijeron que la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la central sindical AFL-CIO, que negocian a través de un grupo bipartidista de senadores, habían llegado a un acuerdo significativo sobre un nuevo programa de visas para traer a un máximo de 200,000 trabajadores de poca calificación al año a Estados Unidos.

La cantidad de visas cambiaría sobre la base de la demanda y los trabajadores podrían cambiar de empleo y solicitar la residencia permanente.

Pero la AFL-CIO (Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Comerciales) presionó a favor de salarios más altos que los aceptados por la Cámara hasta ahora. Por su parte, la AFL-CIO alegó que la Cámara estaba tratando de pagar por debajo del salario medio de cualquier profesión.

A su vez, la Cámara alegó que pagaría lo mismo que cobran los trabajadores estadounidenses.

En el caso de las empleadas domésticas, por ejemplo, la Cámara quería pagar 8,44 dólares la hora, que es menor del nivel federal de pobreza para una familia de cuatro personas, mientras que la AFL-CIO pedía 11,39 la hora, según un funcionario. Las autoridades describieron el estado de las discusiones a condición de no ser identificadas porque no tenían autorización de revelar detalles de las conversaciones privadas.

El proyecto de ley contempla reforzar la seguridad de la frontera con México, mejorar la inmigración legal y el cumplimiento de las leyes en los centros de trabajo, así como dar una vía a la naturalización a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados que viven en el país.

A medida que avanzaba el día, los senadores se reunieron durante varias horas en un salón privado junto al pleno del Senado, y la Cámara y la AFL-CIO intercambiaron críticas, acusándose una a la otra de poner en peligro las negociaciones.

“Creemos que los republicanos van a pasar trabajo cuando entren en receso, regresen a sus estados, especialmente en Florida y Arizona, y tengan que explicar a sus electores por qué están obstaculizando una de las leyes más importantes para esta comunidad sobre la base de su avaricia de no pagar a los pobres ni siquiera salarios medios”, dijo Ana Avendaño, asistente del presidente de la AFL-CIO para Inmigración y Acción Comunitaria.

Randy Johnson, vicepresidente de la Cámara a cargo de Fuerza de Trabajo, Inmigración y Prestaciones a los Empleados, dijo: “Estamos asombrados de por qué los sindicatos se arriesgan a poner en peligro las negociaciones al presionar por una cláusula que hace aumentar los salarios de los trabajadores inmigrantes por encima del que devengan los estadounidenses”.

A pesar de las maniobras de última hora, los senadores reportaron que estaban avanzando.

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FALFURRIAS, Texas, EE.UU. (AP) — Con el propósito de identificarlos, un equipo de especialistas comenzará en mayo a exhumar los restos de decenas de inmigrantes a los que se sepultó en el cementerio Falfurrias, en el sur de Texas.

Cuando a finales del año pasado continuaban sin nombre las tumbas de 35 inmigrantes en el condado Brooks, grupos de inmigrantes solicitaron que se efectuaran exámenes de ADN en un intento de identificarlos.

De acuerdo con el periódico San Antonio Express-News (http://bit.ly/109gYu2), se desactivaron las tensiones con la decisión del condado de identificar los restos con la colaboración del grupo Reuniting Families, de la antropóloga física Lory Baker, de la Universidad Baylor.

Sin embargo, entre los desafíos que esperan a los antropólogos forenses figuran letreros perdidos en algunas tumbas.

En 2012, ganaderos y agentes del condado Brooks encontraron 129 cadáveres en descomposición y huesos correspondientes a inmigrantes que entraron en el país de manera irregular.

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