WASHINGTON (AP) — Republicanos y otros conservadores en materia fiscal siguen insistiendo en más austeridad federal y un gobierno más pequeño. Sin mucha fanfarria o admisión, ya han obtenido bastante de ambos.

El gasto federal, de gobiernos estatales y locales en nómina, equipo, edificios, maestros, trabajadores de atención de emergencias, programas de defensa y otras funciones gubernamentales medulares ha estado encogiéndose constantemente desde la profunda recesión de 2007-2009 y mientras continúa la raquítica recuperación.

Esta contracción reciente ha sido opacada mayormente por un incremento en gasto en pagos de prestaciones a individuos bajo programas a los que se tiene derecho, incluidos Seguro Social, Medicare, Medicaid y prestaciones a excombatientes. Los jubilados están impulsando gran parte de este incremento.

Otra ronda de recortes grandes golpeará a partir del 1 de marzo, significando potencialmente el despido de cientos de miles de empleados federales a menos que el Congreso y el presidente Barack Obama puedan llegar a un acuerdo de reducción del déficit para evitarlos.

Con la fecha límite a sólo una semana, Obama y los republicanos que controlan la Cámara de Representantes están muy distanciados sobre cómo resolver el estancamiento. Aunque los acuerdos presupuestales de último minuto son frecuentes en Washington, ninguna parte es optimista sobre alcanzar uno en esta ocasión.

Aun cuando el sector privado han estado agregando lentamente empleos, los gobiernos han estado recortándolos, restringiendo la ganancia general de empleo y manteniendo la tasa de desempleo cerca de 8%, en comparación con niveles normales en tiempos sin recesión de 5 a 6% que han prevalecido desde la década de 1950.

“Es un obstáculo masivo sobre la economía. Perdimos tres cuartos de millón de empleos del sector público en la recuperación”, dijo la economista Heidi Shierholz, del Instituto de Política Económica. “Aún seguimos perdiendo empleos del gobierno, aunque el ritmo ha disminuido. Pero no hemos repuntado todavía”, agregó.

Una disminución mayor a la usual en el gasto federal, especialmente en programas de defensa, ayudó a empujar la economía a territorio negativo en los últimos tres meses de 2012. El crecimiento económico, mientras tanto, ha estado avanzando lentamente en un débil de 1 a 2%, lo que no es suficiente para hacer bajar significativamente la tasa de desempleo nacional, que ahora es de 7,9%.

Aunque está proyectado que el gasto federal disminuirá del 22,8% del producto interno bruto registrado el año pasado a 21,5% para el 2017, aún será superior del promedio de 40 años de 21%, según la no partidista Oficina de Presupuesto del Congreso. El gasto alcanzó un máximo de 25,2% del PIB en 2009.

La oficina de presupuesto agregó que la economía es aproximadamente 5,5% más pequeña de lo que hubiera sido si no hubiera habido recesión.

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Washington, 22 feb (EFE).- Pese al progresivo descenso de las ejecuciones y sentencias de muerte en los últimos años en EEUU, con un récord a la baja de 43 ejecutados en 2012, la cuestión no es considerada un prioridad de la agenda política del segundo mandato del presidente Barack Obama.

“El presidente en EEUU tiene poderes limitados en la cuestión de la pena de muerte y es un tema todavía demasiado polarizador para que pueda salir adelante en el Congreso, por lo que queda a discreción de los estados”, afirmó a Efe Richard Dieter, director ejecutivo de la organización Death Penalty Information Center.

Obama, que ha lanzado un ambiciosa agenda social para su segundo mandato, no se ha pronunciado recientemente sobre la pena de muerte.

En su época de senador por Illinois y en su libro de memorias, sin embargo, sí señaló públicamente su respaldo a la pena capital en los casos considerados especialmente “crueles”.

Aunque el debate político nacional es prácticamente inexistente, lo cierto es que la tendencia de descenso es clara, según las estadísticas del Death Penalty Information Center.

En la década de 1990, unas 300 personas al año eran sentenciadas a muerte, mientras que en 2012 fueron 78. Asimismo, se ha pasado del pico de 98 ejecuciones en 1999 a 43 el pasado año.

Además, las ejecuciones se están concentrando en unos pocos estados. El 70 % de las que se llevaron a cabo en 2012 tuvo lugar en estados del sur, con Texas a la cabeza, seguido por Oklahoma y Misisipi.

“Se ha venido registrando una fuerte caída en los últimos quince años y las señales muestran que la tendencia se mantendrá (…) Además, en los últimos cinco años cinco estados han abolido la pena de muerte”, agregó Dieter, que lleva más de dos décadas trabajando para informar y concienciar en contra de la máxima pena.

Connecticut, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York e Illinois han prohibido la pena capital en los últimos cinco años, por lo que en la actualidad son 33 de los 50 estados de EEUU los que mantienen formalmente la máxima pena en vigencia.

Este año las miradas se concentran en Maryland, cuyo Congreso someterá a voto en las próximas semanas una ley que aboliría la pena de muerte, en un estado en el que la última ejecución fue en 2005, y el gobernador, el demócrata Martin O’Malley, ha señalado ya su disposición a firmar la ley si llega a su despacho.

Precisamente, en Takoma Park, una localidad de Maryland a las afueras de Washington D.C., reside Shujaa Graham y su esposa Phyllis Prentice, ambos miembros activos de la organización Witness to Innocence, que trabaja con personas que estuvieron en el corredor de la muerte y fueron exculpados posteriormente.

Shujaa Graham es uno de ellos. Tras pasar tres años en el corredor de la muerte en California, fue exculpado en 1981 de la acusación de haber matado a un guardia durante un motín en la prisión de San Quintín, donde cumplía condena por robo.

“Soy un superviviente. Llevo casi 30 años fuera de la cárcel e incluso ahora sigo luchando no por un buen día, sino por un buen momento”, relata a Efe en su casa de Maryland al rememorar sus años en el corredor de la muerte.

“He estado con culpables confesos. Eso no importa, nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona”, explica Graham, nacido en Luisiana y que formó parte de los Black Panther en la prisión californiana.

Graham y su esposa recuerdan que desde 1976, cuando se reinstauró la pena de muerte en EEUU, 138 personas fueron exculpadas tras ser condenadas a muerte de manera errónea en el país.

“No solo es la pena de muerte, es el propio sistema penal que nos condenó, a mí y a los otros condenados injustamente”, explica Graham, visiblemente emocionado, al relatar su periplo judicial.

Su siguiente batalla es en Maryland, estado en el que reside desde que salió de California, de donde se tuvo que ir por sufrir constantes presiones pese a ser declarado inocente.

“Espero contarle a mi nieta que la pena de muerte es una cosa del pasado, al menos en el estado de Maryland”, subraya Graham, que tiene tres hijos y cuatro nietos.

En Maryland, una reciente encuesta del diario Baltimore Sun, reveló que el 48 por ciento de los ciudadanos está a favor de la pena capital frente al 42 por ciento que se opone.

Dieter afirma que estas cifras son notablemente inferiores a las de hace 15 años, por lo que parece haber un progresivo “cambio en la percepción” sobre la pena de muerte.

“Ahora se ve a la pena capital como un problema práctico no como un problema teórico. La gente ha perdido confianza en la pena capital como una herramienta habitual para luchar contra el crimen, y se utiliza cada vez más raramente”, concluye Dieter.

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WASHINGTON (AP) — La Asociación Nacional de Portadores de Armas se vale de un memorándum del Departamento de Justicia que obtuvo para argumentar en anuncios que el gobierno de Barack Obama cree que sus planes para el control de armas no funcionarán a menos que las autoridades incauten el armamento y requieran que sea registrado a nivel nacional, ideas que la Casa Blanca no ha propuesto ni respalda.

Las aseveraciones de la NRA (siglas en inglés de la asociación) y el hecho de que haya obtenido el memo dejan entrever la batalla sin cuartel que se libra en Washington en torno a las restricciones a las armas de fuego.

El memo, firmado por uno de los principales investigadores del Departamento de Justicia en lo que respecta al crimen, critica la efectividad de las propuestas de control de armas, incluidas algunas de las de Obama. Un funcionario del departamento dijo que el documento es una revisión inconclusa de la investigación sobre violencia con armas de fuego y que no representa la política de la dependencia.

El memorándum dice que requerir el examen de antecedentes penales antes de autorizar más compras de armas pudiera ayudar, pero también pudiera derivar en más ventas ilegales. El prohibir los fusiles automáticos y los cargadores de alta capacidad en el futuro, pero exceptuar aquellos que ya están en poder del público —como ha propuesto Obama_, tendría un impacto limitado porque la gente ya posee muchos de esos artículos.

Dice además que incluso la eliminación total de las armas de asalto tendría poco efecto en reducir las muertes por balazos, porque sólo una pequeña proporción de esos crímenes se cometen con esas armas.

El documento de nueve páginas dice que el éxito de las revisiones generales de antecedentes dependería en parte de “requerir un registro de armas”, y que la recompra de armas que están en manos del público no sería efectiva “a menos que sea a nivel masivo y vaya acompañada por una prohibición”.

El gobierno no ha propuesto un registro nacional de armas, recompras ni prohibir todas las armas de fuego. Pero esos son temas que causan alarma en la NRA y otros grupos defensores del derecho a portarlas, los cuales se oponen firmemente a esas medidas.

Funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca declinaron proveer mucha información sobre el memorándum ni responder oficialmente a preguntas sobre el mismo.

El memo tiene el aspecto de un documento preliminar y se titula “resumen rápido” y evaluación de las iniciativas de control de armas. El gobierno no lo ha publicado oficialmente.

Pero la NRA lo colocó en uno de sus portales en internet y lo cita en anuncios dirigidos a alentar la oposición a los esfuerzos de Obama contra la violencia con armas de fuego. El anuncio dice que “el gobierno considera que una prohibición de las armas no dará resultado si no se hace una confiscación obligatoria” del armamento y piensa que una revisión universal de antecedentes “no dará resultado sin un registro nacional de armas”, ideas que el presidente no ha propuesto ni ha dicho que respalda.

El mes pasado, Jay Carney, portavoz de la Casa Blanca, dijo que ninguna de las propuestas de Obama “va a quitarle un arma a ningún estadounidense respetuoso de la ley”. Otros funcionarios del gobierno han dicho que las propuestas no resultarían en confiscaciones de armas ni registro nacional de éstas.

Un funcionario del Departamento de Justicia que sólo quiso hablar sobre el asunto a condición de guardar el anonimato dijo que el anuncio de la NRA habla engañosamente sobre las propuestas de Obama para el control de armas y que el gobierno nunca ha respaldado un registro de éstas ni su confiscación.

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BOSTON, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Una denuncia el sábado de que había un individuo armado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts resultó falsa y no existe amenaza a la seguridad pública, dijeron las autoridades.

Los agentes buscaron al hombre del que se afirmó llevaba un fusil grande y chaleco antibalas sin que encontraran nada, dijo la policía de Cambridge.

Una portavoz de la universidad informó que ésta también canceló la medida para que todas las personas en su interior se guarecieran.

La denuncia sobre la presencia de un individuo armado resultó falsa, dijo un portavoz de la policía estatal al periódico The Boston Globe. Las autoridades no explicaron cómo llegaron a esa conclusión.

Unos 11.000 estudiantes asisten a este prestigioso tecnológico ubicado en un suburbio de Boston. Algunos alumnos del lugar se han distinguido por sus bromas y actos de audacia, entre ellos la colocación de un vehículo de la policía en la parte superior del domo de un edificio.

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DENVER (AP) — Algunos republicanos en Colorado cambiaron aparentemente su estrategia sobre inmigración, al romper filas el viernes y sumarse a los demócratas a favor de que se cobren las matrículas universitarias estatales a inmigrantes sin permiso para residir en Estados Unidos.

Y algo similar ocurrió en Oregón, donde la Cámara de Representantes aprobó en la jornada una iniciativa que extendería también las cuotas universitarias intraestatales a los inmigrantes jóvenes carentes de permiso de residencia. Sin embargo, en este caso, hubo un debate apasionado y por momentos candente.

El proyecto de ley al respecto fue aprobado en una votación oral sin precedentes que incluyó a tres republicanos, que se cree son los primeros que favorecen este tipo de iniciativa en el Senado de Colorado.

Los cobros de las matrículas universitarias estatales a los inmigrantes no autorizados han estado en consideración durante más de una década en Colorado, pero legisladores de ambos partidos habían rechazado la medida cada vez que era sometida a votación.

Al paso de los años y ante el gran incremento de la población hispana en Colorado, los demócratas unificaron su postura en torno a las matrículas. La votación del viernes en el Senado mostró que al menos algunos republicanos han comenzado también a cambiar de parecer.

“Quiero que el Partido Republicano se convierta en el Gran Partido de las Oportunidades”, dijo el senador de esa fuerza política, Greg Brophy, quien había votado en contra de las anteriores iniciativas similares.

“No pueden partir de aquí para regresar a su país, porque ellos están en su país”, dijo Brophy, de Wray.

Al legislador se sumaron otros dos senadores republicanos de primer año, Larry Crowder, de Alamosa, y Owen Hill, de Colorado Springs.

La mayoría en el Partido Republicano todavía se opone a la medida de las matrículas estatales para los inmigrantes no autorizados. Sin embargo, ese sector hizo grandes esfuerzos para argumentar que no es anti-hispanos, sino crítico del sistema general de inmigración que tiene fallas.

Después de que el legislador demócrata que impulsó la medida contara la historia de un joven que salió de la secundaria y se le obligó a regresar a la peligrosa Ciudad Juárez en México, el principal republicano en el Senado puso claro que su partido no se opone a la inmigración o a los jóvenes que buscan educación.

“Somos personas muy generosas”, insistió el senador republicano Bill Cadman, de Colorado Springs.

Otros republicanos intentaron y fracasaron en enmendar la iniciativa para eliminar totalmente las matrículas universitarias que se cobran a estudiantes procedentes de otros estados, y afirmaron que esas personas de las vecinas Kansas o Wyoming también deberían recibir las tarifas estatales. Algunos argumentaron que la iniciativa sobre el cobro de las matrículas estatales es un intento demócrata para disimular los profundos problemas migratorios que enfrenta la nación.

“Nuestra burocracia está rota, y al aprobar iniciativas como ésta, estamos quitando presión al congreso para que actúe”, dijo el senador republicano Scott Renfroe, de Greeley.

Sin embargo, los puntos destacados del debate correspondieron a Brophy y los nuevos legisladores republicanos cuando explicaron por qué apoyaron la iniciativa de las matrículas estatales. Crowder dijo que había crecido en el sur de Colorado rodeado de inmigrantes hispanos, tanto legales como no autorizados.

“Hasta que el gobierno federal asuma su responsabilidad y corrija este problema, tenemos que hacer algo”, dijo Crowder, quien censuró el sentimiento anti-inmigrante.

“Supongo que algunas personas quieren que ellos se gradúen y hagan trabajos de baja remuneración… (sin embargo) llegó la hora de reconocer que somos un crisol”, señaló Crowder.

Hill habló de cuando visitó de niño la Estatua de la Libertad.

“No es que ame menos la ley, sino es que amo más la libertad”, dijo Hill.

Tras una votación formal la semana entrante, la medida será remitida a la Cámara de Representantes, donde fueron rechazadas antes este tipo de iniciativas. Este año, la Cámara de Representantes está en manos demócratas y es previsible la aprobación de la iniciativa. El gobernador demócrata John Hickenlooper dijo que firmará la iniciativa para la ulterior promulgación de ésta como ley.

En Oregón, después de que las cifras de votación mostraron que la iniciativa estaba aprobada, los simpatizantes de la misma, que observaban desde la galería, se pusieron de pie, se tomaron de las manos y las levantaron para celebrar.

“Cuando vi esos números me emocioné”, dijo Hugo Nicolás, de 20 años, inmigrante sin permiso que quiere asistir a la Universidad de Oregón para estudiar economía.

El representante Michael Dembrow, demócrata por Portland que auspició la medida, consideró “histórica” la votación, un paso educativo y económico importante para el estado.

La votación de 38-18 en la cámara baja envía la propuesta al Senado. En la última década, una legislación similar había naufragado dos veces entre los representantes después de ser aprobada por la cámara alta (2003 y 2011). Ambas iniciativas se habían hundido sin un solo voto republicano. Esta vez, cinco republicanos votaron a favor.

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