CIUDAD ALTAMIRANO, GRO. A finales de la semana pasada, un grupo de profesores y directivos de la zona escolar 176, decidió cerrar el acceso a las instalaciones se la supervisión escolar de esa zona y por ende del Sector 17 que está a cargo de Sotero Castro de la Sancha.
Tras señalar que no han tenido respuesta por parte de las autoridades educativas, determinaron proseguir con el cierre de dichas instalaciones y con ello no solamente afectar los servicios administrativos, sino las clases de los niños porque las 6 escuelas primarias que pertenecen a dicho sector, están paradas.
En su momento, Jairo García Ramírez, quien es integrante de la delegación sindical de dicho sector, había dicho acerca de gestiones para lograr una mesa de trabajo con el subsecretario de educación o con la misma Silvia Romero Suárez, titular de la Educación, pero no hubo respuesta a tal solicitud.
Ante ello, los inconformes prosiguen con el bloqueo a las instalaciones y están a la espera que les resuelvan la exigencia que tienen, en el sentido de lograr que Francisca Baltasar Bravo reciba su nombramiento como supervisora de la Zona Escolar 176, misma que dejó vacante Rafael Albarrán Jaramillo.
Las autoridades educativas se han negado a ello porque hace meses se firmó el Pacto Social por la Educación, cuyos firmantes fueron las diversas agrupaciones sindicales, entre ellas la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quien es la que está apoyando a Baltasar Bravo.
El argumento que tienen es que dicha profesora, quien es la directora de la Escuela Primaria 27 de Octubre, cuenta con el consenso de la base, de los padres de familia y tener la preparación académica para ello y además, porque en otros casos similares, la SEG los ha resuelto favorablemente.
Los inconformes manifestaron que el delegado de los Servicios Educativos en la región, J. Inocente Rodríguez de la Paz no los ha ido a ver y mucho menos informarles si logró un avance en las negociaciones, pues a fines de la semana pasada había dicho que acudiría a Chilpancingo, con la finalidad de presentar el problema a las autoridades superiores.
Quienes han ido, han sido los responsables de la contraloría y el Jurídico, pero suponen que ha sido con la finalidad de realizar su propio trabajo, porque ellos no están facultados para resolverles el problema y que se van a mantener o incluso cambiar de estrategia si las autoridades siguen sin resolverles su petición central.
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