La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de un grupo de estados liderados por republicanos para intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de “carga pública”, impuesta en la era Trump y cuya versión el gobierno de Biden dejó de implementar.
El caso no se centró en la legalidad de la regla. Por el contrario, evaluó si la administración de Biden siguió los procedimientos adecuados para revocar la político y para desestimar los desafíos legales pendientes.
La decisión de la Corte Suprema representan un golpe para los estados conservadores que le pidieron al alto tribunal intervenir.
El presidente de la corte, John Roberts, escribió una opinión a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
Roberts manifestó su frustración con el gobierno de Biden por eludir ciertos procedimientos para revertir la política de Trump. En ese sentido, señaló que las maniobras plantearon “una serie de preguntas importantes” para futuras disputas.
Sin embargo, dijo que “quedó claro que este desorden podría interponerse en el camino para llegar a la cuestión planteada” en el caso. Y, por lo tanto, estuvo de acuerdo en que la apelación republicana debía desestimarse.
¿Qué es la regla de “carga pública”?
En agosto de 2019, el entonces gobierno de Donald Trump emitió una regulación, a la que se le denominó “carga pública”, que hizo más difícil para los inmigrantes que dependían de la asistencia del gobierno ––en programas como Medicaid, viviendas subsidiadas y cupones de alimentos–– obtener un estatus legal. La regla que se implementó en ese momento aplicaba a las personas que buscaban llegar o permanecer en Estados Unidos. En específico, a quienes estaban en proceso de obtener un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta de residencia, tarjeta verde o ‘green card’.
La norma implicaba que muchos solicitantes de residencia y visas podrían ser rechazados si tenían bajos ingresos o poca educación porque se consideraría más probable que necesitaban asistencia del gobierno en el futuro.
La medida de Trump retomó en ese momento la disposición de “carga pública”, que se remonta al menos a la Ley de Inmigración de 1882. En ese momento, los legisladores federales querían asegurarse de que los inmigrantes pudieran cuidarse a sí mismos y no terminar siendo una carga pública. Pero, según las regulaciones que se establecieron en 1996 y que estaban vigentes antes del cambio en 2019, el término de carga pública definía a alguien que es “principalmente dependiente” de la asistencia del gobierno, lo que significa que se le proporciona más de la mitad de sus ingresos.
Y en esta categoría solo contaba los beneficios en efectivo, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social. Mientras que la nueva regla de Trump amplío la definición de quién se espera que dependa del gobierno al incluir más programas de beneficios.
El cambio de Biden en inmigración
En febrero pasado, el gobierno de Biden empezó a cambiar nuevamente la política al considerar qué beneficios públicos indicarían que un individuo depende en gran medida del gobierno federal y excluir los beneficios, como los programas de asistencia alimentaria y los beneficios de vivienda, que no deberían usarse contra un individuo que de otra manera depende de sus propios recursos.
“La regla de carga pública de 2019 no era coherente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en febrero. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’. Y los individuos no serán penalizados por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”.
Fuente: cnn.com
