(AP) — Un elenco reducido regresa al principal escenario de debates el jueves por la noche, en una de las últimas oportunidades que tendrán los precandidatos republicanos para convencer a los votantes antes de las primarias en Iowa el primeor de febrero.

El enfrentamiento en horario estelar en South Carolina pondrá de manifiesto una campaña que se ha dividido en dos contiendas distintas.

Después de meses de mostrarse amable con Ted Cruz, el favorito Donald Trump está atacando al senador tejano y señalando que, por haber nacido en Canadá, tal vez no cumple los requisitos para ser presidente.

Cruz tiene “un problemita” dijo Trump en un acto en Pensacola, Florida, el miércoles. “Seguramente hablarán de eso mañana a la noche”.

Por su parte, Cruz acusa al empresario inmobiliario de tener “valores neoyorquinos” y pone en duda su capacidad para manejar la política exterior.

Pero el senador podría tener que responder a preguntas por no haber revelado que recibió 1 millón de dólares en préstamos para financiar su campaña al senado en 2012. El dinero provino en parte de la financiera Goldman Sachs, de la que su esposa Heidi es empleada.

Su campaña ha dicho que se trató de “un error” de su parte.

Otros cuatro precandidatos se disputan el puesto de alternativa convencional republicana a la pareja de candidatos antiwashington que lideran las encuestas. Algunos consideran que el senador por Florida Marco Rubio tiene una leve ventaja, lo cual lo ha convertido en blanco de un torrente de críticas sobre sus posiciones en materia migratoria, así como su juventud —tiene 44 años— e inexperiencia.

Los que le disputan la representación del establishment republicano son el ex gobernador de Florida Jeb Bush y los gobernadores Chris Christie, de New Jersey, y John Kasich, de Ohio.

Bush es uno de los pocos precandidatos que ha criticado a Trump, como destaca su campaña constantemente. En un probable anticipo de su táctica para el debate, Bush criticó a Trump el miércoles por sus posiciones sobre impuestos, armas y seguro de salud, que según él no corresponden al ideario conservador.

(AP) — El presidente Barack Obama elogió el jueves al gobernador demócrata de Louisiana, John Bel Edwards, por su decisión de extender el programa estatal Medicaid para proporcionar cobertura médica a miles de residentes. “Ya le cumple a la gente de Louisiana”, dijo Obama.

El predecesor de Edward, el republicano Bobby Jindal, se negó a extender el programa.

La ley de atención médica de Obama permite que los estados utilicen fondos federales para extender Medicaid —el programa estatal de asistencia médica para los pobres o discapacitados— y proporcionar cobertura a más de los trabajadores pobres. El gobierno federal paga el costo total de la extensión durante el 2016 y lo reduce de forma gradual a 90% para el 2020 y más allá.

Obama elogió la medida de Edward, que calificó de “lo correcto”. Agregó que ayudará a las finanzas estatales al reducir costos “y demuestra por qué importan las elecciones. Y ahora esperamos motivar a más estados a hacer lo correcto”.

La oficina de Edwards indicó que unos 300.000 habitantes del estado que actualmente carecen de seguro médico se beneficiarán con el cambio.

Otros 30 estados y el Distrito de Columbia han aceptado la oferta de Washington de pagar el costo total de Medicaid, pero más de una docena de estados en su mayoría conservadores no lo han hecho. Es una situación que Obama espera cambiar antes de dejar el puesto el próximo año.

En un intento por motivar a los estados a seguir el paso de Edward, Obama le pedirá al Congreso proporcionar un financiamiento federal completo durante los primeros tres años luego de que los estados extiendan sus programas. Eso significa que si algún estado amplía Medicaid en este año, actualmente el último año para un financiamiento federal completo, o cualquier año después obligaría a Washington a pagar el 100% de los costos durante los tres primeros años.

La Casa Blanca anunció la propuesta la mañana del jueves antes de que Obama llevara a cabo una reunión de ayuntamiento en una secundaria de un barrio mayoritariamente afroamericano en Baton Rouge.

El secretario de Defensa, Ashton Carter, reiteró el compromiso del gobierno de Barack Obama con el cierre del centro de detención de Estados Unidos en Guantánamo, durante el acto en el que asumió el nuevo jefe del comando que supervisa esa polémica cárcel.

Carter afirmó que coincide con el presidente Obama en que clausurar el centro de detención “beneficiará nuestra seguridad nacional”, en la ceremonia en el cuartel general del Comando Sur, en Miami (Florida, sureste de EEUU), cuya dirección asumió este jueves el almirante Kurt Tidd.

Tidd deberá cumplir con muchas obligaciones al frente del Comando Sur, que coordina operaciones y coopera con los países de América Latina y el Caribe, “incluidos los esfuerzos para lograr que el centro de detención en Guantánamo tenga un cierre responsable”, dijo Carter.

Carter recordó que actualmente quedan 93 presos en Guantánamo, luego de que el miércoles fueran transferidos diez yemenitas, y garantizó que nuevos presos serán enviados a otros países “cuando minimicemos cualquier riesgo para Estados Unidos”.

Pero los presos más peligrosos no podrán ser transferidos, por lo que se necesita una “alternativa” para trasladarlos a territorio estadounidense, acotó Carter.

En el Congreso estadounidense, la oposición republicana se opone tajantemente a cualquier proyecto de cerrar el centro de detención, ubicado en la isla de Cuba, mediante la reubicación de los presos en Estados Unidos.

Al asumir la presidencia hace siete años, Obama prometió cerrar la prisión de Guantánamo, fuente de numerosas polémicas y críticas, promesa que no ha podido cumplir.

Por otro lado, Carter dijo que confía en que Tidd continúe el trabajo de su antecesor John Kelly, quien a su juicio fortaleció la seguridad regional.

“Ansío trabajar estrechamente con nuestros socios cercanos, con quienes compartimos intereses en este continente”, dijo Tidd a periodistas tras la ceremonia.

El Comando Sur se encarga principalmente de coordinar labores antinarcóticos, contra el crimen organizado y de ayuda tras desastres naturales en el Caribe y América Central y del Sur.

Un juez federal de Nueva York rechazó el jueves el pedido de la defensa del hondureño Alfredo Hawit, el suspendido presidente de la Concacaf, para ser colocado en arresto domiciliario sin fianza por su involucramiento en el caso de corrupción en la FIFA.

Hawit, de 64 años, fue extraditado el miércoles desde Suiza, donde había sido detenido el 3 de diciembre pasado, y se declaró inocente de los 12 cargos en su contra en los tribunales de Brooklyn (sudeste), tras lo cual quedó detenido.

Este jueves, su abogado Justin Weddle intentó sin éxito convencer al juez Robert Levy de dejar a su cliente bajo arresto domiciliario sin fianza financiera y monitoreado electrónicamente en casa de uno de sus hijos.

“El paquete que usted tiene ahora no es un paquete sustancial”, respondió el magistrado, agregando que “20.000 o 50.000 dólares depositados en los tribunales sería un monto sustancial”. Levy fijó una nueva audiencia para el 21 de enero.

La fiscalía federal de Nueva York pidió una fianza de cuatro millones de dólares, de los cuales 500.000 en efectivo, para que el acusado obtenga la libertad provisional, advirtiendo que plantea “un serio riesgo de huida”.

Hawit, quien apareció vestido con camisa verde clara y pantalones marrones de presidiario, sufre graves problemas de salud, tiene pancreatitis y diabetes y necesita una dieta especial que no tuvo en prisión en Suiza, según su abogado.

– Visita al médico –

“Muy buenas tardes señor. No, no vi al médico”, dijo Hawit al magistrado al presentarse y responder a una pregunta sobre una visita a los servicios de salud de la prisión para ser examinado.

Weddle dijo que la afirmación de la fiscalía de que Hawit podría fugarse era “absurda” y “más allá de cualquier predicción razonable”, teniendo en cuenta su precario estado de salud.

La fiscalía lo acusa de asociación delictiva, fraude y lavado de dinero, por ejemplo por haber recibido sobornos de parte de sociedades de mercadotecnia deportiva a cambio de los derechos de comercialización y difusión de torneos organizados en Latinoamérica.

En total, las causas en Estados Unidos por el escándalo de corrupción en la FIFA, que estalló en mayo pasado y tuvo una segunda oleada de acusaciones en diciembre, incluyen a 39 personas, la mayoría altos dirigentes del fútbol del continente americano, y dos importantes compañías de marketing deportivo.

Doce individuos se han declarado culpables, aceptando cooperar con la fiscalía a cambio de una posible reducción de la pena, y 27 son actualmente juzgados.

El escándalo afectó al propio presidente dimisionario de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, suspendido por ocho años de toda actividad ligada al fútbol, al igual que Michel Platini, presidente de la UEFA desde 2007.