El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del Gobierno para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el extranjero.

Una política republicana que data de la década de 1980 y que su predecesor, Barack Obama, había cancelado.

La concesión o no de fondos gubernamentales estadounidenses a los grupos pro aborto en el exterior ha sido un asunto contencioso en las últimas Administraciones, que los han autorizado durante mandatos demócratas y prohibido durante los republicanos.

Esta prohibición, que se conoce como “la política de la ciudad de México” porque se anunció en una conferencia de la ONU celebrada en esa ciudad en 1984, representó una de las piedras angulares de la política social de Ronald Reagan (1981-89).

EE.UU. destina cerca de $544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo.

Bill Clinton la abolió durante su mandato (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009) la abrazó de nuevo, mientras que Obama acabó de nuevo con ella en su tercer día en el poder, también un 23 de enero.

Una ley aprobada hace más de cinco décadas ya prohíbe que las organizaciones extranjeras usen fondos del Gobierno estadounidense para llevar a cabo abortos o alentar su práctica.

Pero Reagan fue más allá al impedir siquiera la concesión de fondos a cualquier grupo que usara otros medios financieros para conseguir esos fines.

Estados Unidos destina actualmente cerca de 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en todo el mundo, según datos de la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID).

Los críticos de la “política de México” alegan que las restricciones han limitado sobremanera la financiación de grupos humanitarios que ofrecen servicios de planificaciones familiares y sanitarias.

Argumentan que esto acaba causando que las mujeres tengan que recurrir a abortos ilegales y en condiciones poco seguras.

Los defensores de la medida niegan que haya causado un aumento de los abortos ilegales en el exterior.

El comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., aprobó la nominación del empresario petrolero Rex Tillerson como próximo secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, lo que le allana el camino para lograr el consentimiento del pleno de la Cámara y alcanzar así el cargo.

En una ajustada votación, con 11 votos a favor y 10 en contra -todos los demócratas-, Tillerson logró evitar el escollo del comité al contar finalmente con el apoyo de John McCain, Lindsay Graham y Marco Rubio, los republicanos que habían elevado más dudas acerca de su nominación por sus vínculos con Rusia.

Ahora su candidatura pasará al pleno del Senado, donde previsiblemente será aprobado sin mayores problemas, ya que los republicanos son mayoría.

“Dada la incertidumbre que existe tanto en el país como en el extranjero sobre la dirección de nuestra política exterior, estaría en contra de nuestros intereses nacionales retrasar innecesariamente esta confirmación o convertirla en una controversia”, afirmó Rubio hoy horas antes en un comunicado emitido a través de Facebook.

Rubio era el último escollo para Tillerson en su camino para dirigir la diplomacia estadounidense.

“Por lo tanto, a pesar de mis reservas, apoyaré la nominación del señor Tillerson en el comité y en el pleno del Senado. Sin embargo, los próximos nombramientos a puestos importantes en el Departamento de Estado no recibirán de mí el mismo nivel de deferencia que he dado a esta nominación”, agregó el senador. 

Rubio no deseaba que Tillerson dirigiera la diplomacia estadounidense, luego que McCain y Graham hicieran también público su apoyo al exdirector ejecutivo de la petrolera ExxonMobile.

Durante las audiencias de escrutinio, las principales preocupaciones de los senadores fueron la larga relación personal de Tillerson con el presidente ruso, Vladímir Putin, y los posibles conflictos de interés derivados de esa amistad y de su cargo anterior como presidente de una petrolera con negocios en todo el mundo.

Otros se mostraron preocupados por los informes que apuntan a que ExxonMobil presionó al Gobierno estadounidense para que levantara las sanciones impuestas a Rusia después de su anexión de la península ucraniana Crimea en 2014, aunque Tillerson negó durante la audiencia haberse implicado jamás en esa actividad.

Hubo también senadores alarmados por la afirmación de Tillerson de que no había conversado con el nuevo presidente, Donald Trump, sobre la política hacia Rusia, o por su reticencia a condenar la campaña contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte, cuyas fuerzas de seguridad han ejecutado a 6.100 personas.

Manifestantes en contra de este nombramiento, se sentaron durante la reunión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado donde confirmaron a Rex Tillerson para ser Secretario de Estado.