La campaña contra las “ciudades santuario” prometida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desencadenado acciones contrapuestas en los estados del país en función del partido que los gobierna, dejando al descubierto la profunda división nacional en materia de inmigración.

Los defensores de estas medidas afirman que su estrategia facilita que la gente sin permiso de residencia reporte delitos sin temor a la deportación. Sus críticos expresan preocupaciones sobre la delincuencia.

Algunos estados maniobraron para aplicar su orden, mientras que otros se desmarcaban del gobierno federal para proteger a los migrantes que viven en el país sin permiso de residencia.

El concepto de “santuario” alude a medidas de las administraciones locales para resistirse a la persecución de migrantes en situación irregular.

En contra

Manifestante tiene un cartel durante una manifestación en el centro de Miami. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Gimenez, emitió una orden asegurando a la administración Trump que Miami-Dade no está funcionando como una ciudad santuario para inmigrantes ilegales.

California, el estado más grande del país, quiere establecer medidas a nivel estatal que prohibirían a las fuerzas de seguridad cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Otro estado fronterizo, Texas, ha anunciado que retendrá fondos a las “ciudades santuario”.

San Francisco reafirmó su compromiso con las políticas de santuario al demandar a Trump el martes, el mismo día en que los senadores estatales de California avanzaron en una legislación que daría dinero a los abogados de inmigrantes que afronten la deportación.

Se estima que en California viven unos 2,3 millones de inmigrantes que están en el país sin permiso de residencia.

Oregon fue pionero en establecer medidas santuario a nivel estatal con una ley en 1987.

“Ellos cortan nuestros pastos. Recogen nuestras uvas”, dijo Brown la semana pasada. “Cuidan de nuestros hijos y cuidan de nuestros ancianos, y quiero asegurarme de que se sienten bienvenidos en Oregon”, aseguró la gobernadora de Oregon, Kate Brown.

A favor

El secretario de Seguridad Nacional John Kelly, habla con el gobernador de Texas, Greg Abbott, justo antes de una reunión informativa sobre seguridad fronteriza la sede regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas en Weslaco, Texas. El secretario Kelly y Abbott recorrieron la frontera de Texas con México en un helicóptero después de la reunión informativa.

Los partidarios del presidente han celebrado las medidas. En su mayoría, las ciudades implicadas han reforzado sus políticas de santuario.

En Texas, el gobernador Greg Abbott recibió con los brazos abiertos la orden de Trump y dijo que el gobierno ha mostrado la posibilidad de asegurar la frontera.

Abbott dio instrucciones a los legisladores para que le presenten una ley en junio que castigue a los gobiernos locales que no cooperen con las autoridades migratorias federales.

El gobernador quiere cortar el flujo de dinero de los contribuyentes a las localidades que no detengan a los inmigrantes, y también ha pedido competencias para destituir a funcionarios locales electos si no obedecen.

Idaho también ha tomado medidas para aplicar el decreto de Trump, aunque el estado no tiene “ciudades santuario”.

Una ley prevista para esta semana impondría retenciones de dinero público en el caso de que se crease alguna.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Flynn, emitió una advertencia de que Estados Unidos actuará contra Irán a menos que deje de probar misiles balísticos y deje de apoyar a rebeldes hutíes en Yemen, pero se negó a especificar qué represalias tomaría.

“A partir de hoy, oficialmente estamos poniendo a Irán en aviso”, dijo sin ahondar más en la advertencia ni anunciar una acción específica contra Teherán.

El ministro de Defensa de Irán, el general Hossein Dehghan, confirmó el miércoles que la nación realizó una prueba de misil, pero no dijo cuándo ocurrió ni el tipo específico de misil.

Flynn condenó el lanzamiento, declarándolo “lo último en una serie de incidentes” en los que Irán ha amenazado a Estados Unidos y sus aliados regionales durante los últimos seis meses. 

El asesor señaló que los líderes en Teherán se envalentonaron a tomar tal acción ahora porque el acuerdo nuclear es “débil e ineficaz”, y porque las otras naciones involucradas en el acuerdo no tomaron medidas para frenar las ambiciones militares de Irán.

Acusó también al expresidente Barack Obama, y a otros miembros de su administración, de no ser lo suficientemente duro con Teherán.

“El gobierno de Obama no respondió adecuadamente a las acciones maliciosas de Teherán, incluyendo transferencias de armas, apoyo al terrorismo y otras violaciones de las normas internacionales”, dijo Flynn.

“La administración Trump condena estas acciones de Irán que socavan la seguridad, la prosperidad y la estabilidad en todo el Oriente Medio y más allá y ponen en riesgo la vida de los estadounidenses”.

Irán, Yemen

Altos funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el lanzamiento de misiles balísticos de Irán y su apoyo a los rebeldes hutíes en Yemen son provocativos, están desestabilizando la región y están amenazando a varios países, incluyendo aliados estadounidenses.

Agregaron que estaban considerando vigorosamente “diversas opciones” que incluyen medidas económicas, así como incrementar el apoyo a enemigos regionales de Irán.

Los funcionarios, quienes hablaron con reporteros solicitando no ser identificados, reiteradamente rechazaron decir si estaba siendo considerada una acción militar.

La advertencia es una manifestación temprana de la promesa de Trump de presentar una postura más firme ante Irán.

No obstante, los funcionarios de gobierno enfatizaron que sus declaraciones no estaban relacionadas con las obligaciones de Irán bajo el acuerdo nuclear que negoció con Estados Unidos y otras potencias del mundo.

Aunque Flynn señaló que Trump ha criticado ese acuerdo, los funcionarios rechazaron decir si el mandatario estadounidense planeaba proseguir con su promesa de campaña de renegociarlo.

Irán se ha jactado desde hace mucho tiempo de tener misiles con alcance de 2.000 kilómetros, lo que coloca en rango de tiro a la mayor parte de Medio Oriente, incluido Israel.

El presidente Donald Trump nominó a la Corte Suprema de Estados Unidos al Neil Gorsuch, juez de la Décima Corte de Circuito de Apelaciones.

“El juez Gorsuch tiene capacidades jurídicas sobresalientes, una mente brillante, una disciplina tremenda, y se ha ganado el apoyo de ambos partidos”, dijo Trump al anunciar la nominación en su primer mensaje televisado desde la Casa Blanca. 

La nominación de Gorsuch fue aplaudida por conservadores recelosos de la ideología cambiante de Trump. Si es aprobado por el Senado, Gorsuch tomaría el lugar que quedó vacante tras la muerte el año pasado de Antonin Scalia, quien fue durante mucho tiempo la voz más poderosa de la derecha en la Corte Suprema.

Al aceptar la nominación, Gorsuch pareció dar muestras de su humildad y del poder del lenguaje que maneja.

“Presente aquí en una casa llena de historia, y perfectamente consciente de mis imperfecciones, me comprometo a que, si soy confirmado, haré todo lo que está a mi alcance para ser un fiel servidor de la Constitución y las leyes de este gran país”, dijo con su esposa, Louise, a su lado.

“Es el papel de los jueces aplicar — no alterar— el trabajo de los representantes del pueblo”, añadió. “Un juez al que le satisfacen todas las conclusiones a las que llega es probablemente un mal juez”.

Gorsuch, de 49 años, está entre los nominados más jóvenes a la Corte Suprema. Es hijo de un miembro del gabinete del expresidente Ronald Reagan, graduado de Harvard y Oxford, ex empleado asistente de dos jueces de la Corte Suprema y con experiencia en el Departamento de Justicia.

Es considerado como un “confiable conservador con reputación de ser un claro y lúcido escritor”, según el Washington Post.

De ser confirmado, Gorsuch reemplazará al juez Antonin Scalia, un firme conservador que murió el año pasado tras servir en la corte durante 30 años.

Gorsuch restauraría la mayoría conservadora a la corte de nueve miembros, donde cuatro son liberales.

La nominación es el presagio de una intensa batalla en el Capitolio donde los demócratas en el Senado todavía resienten la negativa de los republicanos a confirmar al juez Merrick B. Garland, nominado del presidente Barack Obama.

La confirmación de Gorsuch dependerá primero de la Comisión Judicial del Senado y luego pasará al pleno de la Cámara alta, donde necesita una mayoría de 60 votos para ser nombrado al cargo.

Los republicanos tienen 52 escaños, por lo que será necesario que algunos demócratas respalden al nominado o nominada. En el pasado reciente el tiempo promedio de confirmación ha sido de 73 días.

El fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por su medida de recortar fondos federales a las “ciudades santuario”, y calificó el decreto presidencial “no solo de ser inconstitucional sino también no estadounidense”.

“Este no es un paso que tomo a la ligera”, dijo Herrera en una conferencia de prensa con el alcalde Ed Lee luego de entablar la demanda. “Es uno que resulta necesario para defender a la gente de esta ciudad, de este estado y de este país, de la extralimitación de un presidente que ha mostrado poco respeto por nuestra Constitución, por los derechos de los estados o por el imperio de la ley”. 

El gobierno federal no puede “colocar una pistola en la cabeza de las localidades” para que lleve a cabo dictados federales, enfatizó el abogado.

Trump firmó la semana pasada una orden ejecutiva para retirar fondos a ciudades santuario que se nieguen a cooperar con autoridades federales de inmigración, lo que detonó manifestaciones en varias partes del país. El decreto no especificó qué tipo de subvenciones podrían ser retiradas.

San Francisco presentó la demanda el mismo día que legisladores de California proponían una iniciativa de ley que proporcionaría protección en todo el estado a inmigrantes al restringir la cooperación de agencias judiciales locales con autoridades federales de inmigración.

Otras ciudades santuario prometieron acción jurídica. La querella de San Francisco, presentada ante la Corte de Distrito de San Francisco, cita la 10a Enmienda de la Constitución que limita al gobierno federal de interferir en el poder reservado a los Estados”.

“El tejido de nuestras comunidades y miles de millones de dólares están en juego”, dijo Herrera. “El presidente Trump parece no comprender la Constitución ni los limites que le impone al Poder Ejecutivo”.

La demanda menciona como acusados a Trump, al secretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly, y al secretario interino de Justicia, Dana J. Boente. Un vocero del presidente no respondió de inmediato una solicitud de comentario de The Associated Press.

San Francisco estableció su política de ciudad santuario en 1989 para proteger a las víctimas del abuso doméstico, las familias y otros ciudadanos que temían ser deportados si cooperaban con las autoridades.

Al menos 30.000 personas que carecen de autorización para estar en Estados Unidos viven en San Francisco, dijo Herrera.

San Francisco recibe aproximadamente $1.200 millones de dólares anuales de fondos federales para servicios que incluyen vivienda, servicios de salud y de personas sin hogar. La demanda busca impedir que el gobierno federal retenga ese dinero.

Durante la campaña política, el entonces candidato Trump puso a San Francisco como ejemplo de lo que puede suceder cuando se acoge a inmigrantes indocumentados criminales y no se les reporta.

Trump se refería a la muerte de Kathryn Steinle sucedida en julio de 2015 en el distrito de Embarcadero en San Francisco. La mujer fue víctima de Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante indocumentado mexicano que previamente había sido deportado cinco veces.

El decreto firmado por Trump exige que las autoridades locales retengan a los inmigrantes sin documentación que hayan cometido crímenes y los entregue a las autoridades federales para su deportación.