La madre y el hermano de Frida Ulloa son ciudadanos estadounidenses. Ella ha vivido en Estados Unidos durante una década, pero de acuerdo con la ley, eso no era suficiente para que la estudiante universitaria de 24 años recibiera la residencia permanente. Como su madre se hizo ciudadana poco después de que Ulloa cumplió 21 años, ya no está en la vía rápida de naturalización para menores de edad. Naturalizarse muy probablemente le tomaría años.

La joven de origen peruano dijo que por eso se sumó a una treintena de activistas que el viernes protestaron con una sentada en las oficinas de Díaz-Balart. Ulloa era una del puñado que activistas que planeaban ayunar durante cinco días, tanto para presionar al legislador como para llamar la atención a las más de 1.000 deportaciones diarias.

Díaz-Balart no estaba en la oficina, pero un miembro de su equipo ofreció hablar con los activistas. Otro les trajo sodas y agua.

“Nos reunimos con ellos una y otra vez. Necesitamos resultados, no más palabras”, dijo Ulloa con tono frustrado.

El Senado, dominado por los demócratas, aprobó una propuesta de ley de inmigración en junio. Los activistas están llamando la atención de Díaz-Balart porque hasta ahora la propuesta no ha avanzado en la Cámara de Representantes y el congresista ha apoyado desde hace tiempo una reforma.

Díaz-Balart habló apasionadamente el martes en un acto pro inmigrantes en el área de monumentos nacionales en Washington. El legislador fue parte del grupo bipartidista en la cámara baja llamado “Banda de los Ocho” que trabajaron para preparar una propuesta de ley que el presidente de esa cámara, John Boehner, pudiese presentar a votación en el pleno. No obstante, el grupo se ha reducido a cinco y Díaz-Balart es el único republicano.

Los activistas desplegaron una pancarta con figuras de niños y adultos. La palabra “deportación” estaba escrita sobre las figuras de adultos. “Hogar adoptivo” estaba escrito sobre las de niños.

Alrededor de las 5 de la tarde, los organizadores dijeron que les pidieron abandonar la oficina. Dijeron que al principio se negaron, pero que accedieron después debido a que llamaron a la policía. El grupo trasladó su vigilia al Broward Transitional Center, donde son detenidos muchos inmigrantes antes de ser deportados.

Nadie respondió cuando The Associated Press llamó al número del Departamento de Policía de Doral para atender casos no urgentes en busca de comentarios.

La semana pasada, otro representante de Florida, Joe García, auspició una propuesta de ley de inmigración que tiene ya el respaldo de casi 180 demócratas, pero necesitaría una cantidad significativa de republicanos. Los activistas desean que Díaz-Balart apoye esa propuesta o que presente una propia.

El director de la oficina de Díaz-Balart, César González, dijo que es irónico que los activistas “perdonen al gobierno de Obama por la cantidad récord de deportaciones y ataquen a aquellos como el representante Díaz-Balart, que es reconocido como una de las pocas personas que sigue poniendo todo su empeño para que se apruebe una reforma migratoria”.

González añadió que sería fácil para Díaz-Balart presentar una iniciativa que no tuviera oportunidad de ser aprobada, pero que lo que él quiere es trabajar en una solución que “detenga la disgregación de familias, proteja el estado de derecho y ayude a la economía”.

“Las acciones dicen más que las palabras”, dijo Natalie Casal, de 21 años, quien vive en el distrito de Díaz-Balart. “Él es mi representante. Soy ciudadana estadounidense. La comunidad está cansada de esperar”.

El gobernador de California promulgó varias iniciativas que buscan proteger a los trabajadores del estado que sean inmigrantes o víctimas de ciertos delitos, incluida la violencia familiar.

La propuesta SB400, de la senadora demócrata Hannah-Beth Jackson, de Santa Bárbara, impide a los empleadores despedir a un trabajador que haya sido víctima de acoso, violencia familiar y agresión sexual.

De acuerdo con la iniciativa SB288, del senador demócrata Ted Lieu, de Torrance, los empleadores no pueden despedir a un trabajador que sea víctima de ciertos delitos y que no haya asistido a trabajar por asistir a una audiencia en un tribunal. El gobernador demócrata anunció el viernes que había firmado las medidas.

También firmó la iniciativa AB263, del legislador demócrata Roger Hernández, de West Covina, la cual prohíbe a los empleadores tomar represalias contra trabajadores inmigrantes que protesten por condiciones laborales injustas.

Hernández dijo que los trabajadores inmigrantes quizá son principalmente víctimas de infracciones a la paga y los horarios.

Organizaciones laborales dijeron que la ley del demócrata Hernández ofrece las protecciones antirrepresalias más fuertes para los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. Esta iniciativa y un proyecto de ley similar, el SB666, del presidente del Senado, Darrell Steinberg, ayudarán a hacer cumplir las leyes básicas estatales del trabajo, dijeron.

“Los empleadores deberían estar ahora sobre aviso de que las amenazas de deportar a los trabajadores a fin de evitar que defiendan sus derechos tendrán consecuencias graves”, dijo el secretario tesorero de la Federación Laboral de California Art Pulaski, en un comunicado.

Defensores de los derechos de los inmigrantes esperan reunir a miles de personas en una protesta el lunes frente a la oficina en Phoenix de la Policía de Inmigración y Aduanas.

Carlos García, del movimiento activista Puente Arizona, dijo que el objetivo de la manifestación es impedir que se hagan deportaciones durante el día. Dijo estar consciente de que los manifestantes podrían ser arrestados.

La mayoría de los procedimientos de migración están suspendidos debido al cierre parcial del gobierno. Sin embargo, las deportaciones continúan.

Una vocera de la Policía de Inmigración se encuentra bajo licencia debido el enfrentamiento por el presupuesto federal y no pudo ser localizada para que hiciera un comentario al respecto.

El senador perredista Benjamín Robles urgió al Gobierno de la República a instrumentar políticas públicas para detener la migración, mediante la generación de empleos y apoyar por la vía diplomática la reforma migratoria en Estados Unidos.

En un comunicado, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expuso lo anterior ante los problemas que se han presentado en la Cámara Baja estadounidense para la aprobación de la reforma migratoria y la caída de las remesas de los migrantes en este año.

Expresó que en este momento Estados Unidos tiene otra prioridad, que es evitar la parálisis de su gobierno, por lo que consideró que “no “no podemos estar esperanzados a la buena voluntad de los legisladores estadounidenses para aprobar la reforma migratoria”.

El secretario de la Comisión de Fomento Económico de la Cámara de Senadores planteó que 11 millones de migrantes radicados en la Unión Americana, la mayoría de ellos mexicanos, se encuentran en la incertidumbre.

Alertó que el retiro obligatorio de más de 800 mil burócratas ocasionará un efecto dominó en la economía de aquella nación “y que sin duda dará de lleno a las minorías de migrantes, quienes se encuentran en la vulnerabilidad laboral dada su situación migratoria”.

Robles Montoya enfatizó que desde el Senado se harán exhortos respetuosos a los legisladores de Estados Unidos para que la reforma migratoria no pase a un segundo plano, ya que a ambos países conviene dar certidumbre a los migrantes ante la contribución que hacen a ambas economías, por seguridad nacional y de las fronteras.

Asimismo, se solidarizó con las expresiones de apoyo a la reforma migratoria manifestadas en la última semana en Washington, para pedir a la Cámara de Representantes la aprobación de la nueva ley del sistema migratorio estadounidense.

Las estrategias para el manejo de la inmigración, un asunto sobre el que los políticos en Texas tienen poco control, se perfila como uno de los temas principales del ciclo electoral 2014 en el estado.

Asesores republicanos afirman que el tema es de la mayor importancia para sus votantes en las elecciones primarias. Por esta razón quizá el senador republicano de Houston, Dan Patrick, puso la inmigración en el centro de su primer mensaje televisivo en su campaña para vicegobernador.

Sin embargo, la ley de inmigración es un tema complicado, en particular para los hispanos en Texas, en tanto que los demócratas ven el tema como una oportunidad, al igual que sus rivales conservadores.

Patrick centró su mensaje en una ley que permite a los hijos de inmigrantes que ingresaron sin permiso a Estados Unidos pagar las cuotas escolares estatales si son residentes de Texas. Patrick afirmó incorrectamente que era el único candidato a vicegobernador que se oponía a la medida.

El vicegobernador republicano David Dewhurst y el comisionado de Tierras, Jerry Patterson, también han expresado rechazo a esa política.

En una contienda difícil similar a la nominación republicana a la candidatura a vicegobernador, los aspirantes sienten la necesidad de correrse a la derecha para atraer el apoyo de activistas del grupo conservador Tea Party, aun si esto implica ir contra una política que el gobernador Rick Perry había defendido durante su campaña por la candidatura presidencial republicana al describirla como buena para la economía de Texas y compasiva para con los niños.

El Comité Nacional Republicano ha puesto en marcha un equipo permanente para la comunicación con los hispanos de Texas que contradice a quienes se oponen a la reforma a las leyes de inmigración.

“Colaboraremos con nuestros electores en sus vecindarios, poblados y ciudades para fortalecer nuestros vínculos con la comunidad hispana”, dijo Jennifer Korn, subdirectora política para iniciativas hispanas del Comité Nacional Republicano.

“Estamos comprometidos para crear un trabajo de campo todo el año que nos permitirá competir por cada voto y permanecerá más allá de un solo candidato o campaña”, agregó.

El procurador general Greg Abbott, que no enfrenta a rival alguno de derecha en su campaña por el cargo a gobernador, aprovechó la ocasión para afirmar que los hispanos comparten valores conservadores.

Un portavoz de Abbott intentó atenuar la postura del procurador general sobre la ley para el cobro de las cuotas escolares locales, al afirmar que la normativa tiene fallas pero no precisó cómo ni qué debe modificársele.

“No hemos visto que los hispanos cambien del Partido Republicano al Partido Demócrata”, dijo Abbott.

Sin embargo, de acuerdo con un sondeo nacional de Pew Research difundido la semana pasada, la mayoría de los hispanos está en desacuerdo con el partido en el tema de la inmigración. Alrededor de 45% de los latinos dijo que la inmigración hispana ha mejorado al país.

Más de 47% de las personas con familias en México —que son la mayoría de los hispanos en Texas— dijeron que los inmigrantes no autorizados tienen un impacto positivo. La comunidad desaprueba lo que describen como un sistema de inmigración descompuesto.

A medida que los republicanos ven achicarse su tradicional base anglosajona, los candidatos del partido se encuentran en un dilema en cuanto a adoptar posturas de largo o de corto plazo.

Para ganar una elección primaria en 2014, estos políticos necesitan asumir un discurso radical contra la inmigración no autorizada, pero para atraer a conversos al partido a largo plazo deben adoptar una postura más matizada.

Los demócratas han sacado provecho de la posición incómoda en la que se encuentran los republicanos. Casi dos terceras partes de los electores hispanos apoyan a los demócratas y el partido de éstos está comprometido a incrementar la afluencia de ellos en las urnas.

Grupos pro inmigrantes pidieron hoy a los directivos del Bank of America, una de las entidades financieras más grandes de EE.UU., que declaren públicamente su apoyo a una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía.

Los activistas se presentaron este martes en la sede del banco en Charlotte (Carolina del Norte), como parte de una estrategia nacional que busca llamar la atención de los ejecutivos de las grandes corporaciones para que “utilicen sus relaciones” con los congresistas republicanos, con el objetivo de que se apruebe una reforma que beneficiaría a unos once millones de indocumentados.

“Bank of America tiene sus raíces en la comunidad inmigrante”, afirmó hoy a Efe Héctor Vaca, portavoz de la organización ‘Action NC’, defensora de los inmigrantes.

Añadió que “este banco se fundó para ofrecer servicios a los inmigrantes trabajadores”.

“Tiene sentido que hagan lo correcto y apoyen una reforma integral a las leyes de inmigración y, sobre todo, persuadan a los republicanos, quienes reciben grandes contribuciones de esta institución para sus campañas políticas, y voten en el Congreso a favor de la reforma migratoria”, dijo.

En una carta dirigida a Brian Moynihan, director ejecutivo de la entidad, los grupos enfatizaron que los inmigrantes utilizan los servicios de Bank of America y son “una parte esencial de la economía del país”.

“Motivamos a la entidad a ponerse del lado de la mayoría de los estadounidense que apoyan una reforma migratoria. Cientos de corporaciones lo han hecho, inclusive compañías de la lista de las Fortune 500, y otras instituciones bancarias”, destacó la misiva.

Según la Administración de Pequeños Negocios, Bank of America es el principal prestamista de las empresas hispanas y, en los últimos tres años, la entidad financiera ha gastado cien millones de dólares en su desarrollo empresarial.

Importantes hombres de negocios como el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, presionan para conseguir el apoyo a la reforma migratoria por parte de legisladores de estados conservadores del sureste de EE.UU. como Carolina del Norte, Texas y Florida.

La estrategia ha sido reclutar a empresarios locales y enviar un mensaje unificado a las cámaras de comercio de que aprobar una ley de inmigración es vital para la supervivencia de las economías locales.

Activistas bloquearon hoy los accesos a un centro de detención de indocumentados en Eloy, Arizona, y exigieron frente a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en Phoenix que cesen las deportaciones y la criminalización de migrantes.

Las acciones forman parte de la campaña Not1More Deportation, en la que participan varios grupos pro inmigrantes de Arizona, que demandan al gobierno el cese de las deportaciones masivas de inmigrantes y exige al Congreso la aprobación de una reforma migratoria.

Más de 20 manifestantes se encadenaron a las puertas del Centro de Detención en la comunidad de Eloy, entre las ciudades de Tucson y Phoenix, de acuerdo con el grupo National Day Labor Organizing Network, que organiza a jornaleros migrantes.

El grupo explicó que con esta acción de desobediencia civil, busca llamar la atención sobre las “condiciones inhumanas” de encarcelamiento en este y otros centros de detención de inmigrantes.

“Muchos de los que están dentro (del centro de detención) de Eloy, no han cometido ningún delito mayor y en su lugar son víctimas de la cuota mínima de 34 mil detenidos ordenada por el Congreso”, dijo el grupo al referirse a la presunta cantidad de migrantes que el ICE debe mantener retenidos en promedio cualquier día del año.

La protesta en Eloy concluyó hacia las 15:00 horas locales (23:00 GMT), sin que ninguno de los participantes fuera detenido.

El evento fue seguido luego en Phoenix con una marcha y una manifestación frente a las oficinas del ICE en esta ciudad en la que participaron cientos de personas.

Los manifestantes se reunieron en el Parque Hance por un par de horas antes de comenzar a marchar por la Central Avenue hacia las oficinas del ICE gritando consignas contra las deportaciones.

“Nos dirigimos a las oficinas del ICE para cerrarlo y asegurarnos que ninguna deportación ocurra hoy”, dijo Carlos García, un organizador con el grupo pro inmigrante Puente Arizona.

Los eventos de hoy se dan luego de que el pasado viernes un grupo de unos 80 activistas se manifestaran frente a la Corte Federal en Tucson, bloqueando las entradas al edificio y los autobuses que transportan a los indocumentados en proceso de deportación.

Los actos de desobediencia civil comenzaron el martes pasado, cuando un grupo de activistas intentó impedir que agentes de la Patrulla Fronteriza tomaran en custodia a dos hombres que habían sido detenidos por la policía de Tucson por una violación de tránsito.

Los activistas rodearon un vehículo de la Patrulla Fronteriza para impedir que trasladara a los dos hombres, pero finalmente fueron dispersados por la policía con gas pimienta.

Unas 250 personas marcharon el lunes hasta la oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos en Phoenix para pedirle al gobierno del presidente Barack Obama que detenga todas las deportaciones de inmigrantes.

Los manifestantes corearon lemas como “no más deportaciones” y “Cierren el ICE”. Los organizadores dijeron que desean que se suspendan las deportaciones a fin de que las familias puedan permanecer juntas.

Los manifestantes marcharon alrededor de kilómetro y medio (una milla) desde un parque del centro de la ciudad hasta la oficina de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que estaba cerrada, como muchas oficinas federales debido al festivo del Día de Cristóbal Colón.

Los participantes invadieron el estacionamiento del edificio cerrado. La policía de Phoenix mantuvo a la gente fuera de las calles y estuvo atenta a cualquier infracción que mereciera detenciones, pero no realizó ninguna por la tarde.

“Estamos cansados ??de las políticas que están deportando a nuestras comunidades”, dijo una de las organizadoras de la protesta, Marisa Franco, de la organización National Day Laborer Organizing Network. “Creemos que es ilógico e injusto que mientras el Congreso está debatiendo la reforma, las personas que podrían beneficiarse de esa reforma están siendo deportadas”, agregó.

Adelina Nicholls, integrante de la organización Georgia Latino Alliance for Human Rights (Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos) y unas 10 personas más viajaron desde el área de Atlanta para asistir.

“Queremos enviar un mensaje al presidente Obama para que detenga las deportaciones”, dijo Nicholls mientras la música sonaba en el fondo y había gente bailando en la acera. “Ya ha habido bastante sufrimiento. Tenemos que reunir a las familias”, añadió.

La reforma migratoria era un tema clave en el Congreso hasta que comenzó el cierre parcial del gobierno federal el 1 de octubre. Los legisladores debaten para conseguir un acuerdo sobre el presupuesto y evitar un incumplimiento en el pago de las deudas del gobierno, que se avecina el jueves.

A principios de este mes, los demócratas en la Cámara de Representantes dieron a conocer un proyecto de ley de inmigración que propone un largo camino hacia la ciudadanía estadounidense para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentren sin autorización legal en Estados Unidos. La iniciativa también propone reforzar la seguridad fronteriza, pero las esperanzas de avance menguaron por el estancamiento en las negociaciones sobre el presupuesto.

La protesta en Phoenix atrajo a unas 250 personas y se produjo después de otras protestas similares en todo Estados Unidos.

El domingo, al norte de Miami, más de 40 estudiantes, activistas de los inmigrantes y sus padres pasaron la noche fuera del centro de detención de inmigrantes irregulares Broward Transitional Center como parte de una serie de acciones en todo el país, agitando pancartas y coreando lemas hasta las primeras horas del lunes.

En el centro de Florida, más activistas y una coalición de clérigos de diversas organizaciones religiosas estaban por concluir una caminata de 240 kilómetros (150 millas) en Tampa el lunes por la noche, con una vigilia encabezada por la Diócesis de St. Petersburg.

En California, unos 2.000 partidarios de la reforma migratoria marcharon por Hollywood el sábado, presionando al Congreso para que tome acciones. También se realizaron marchas el fin de semana en Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Nuevo México y Boston.

No fue posible contactar a representantes de la ICE para conocer sus puntos de vista debido al festivo y el cierre parcial del gobierno federal.

Una peregrinación de inmigrantes llegó hoy a Tampa, Florida, con el fin de llamar la atención del Congreso de Estados Unidos para que aprueben una reforma migratoria.

La peregrinación, iniciada el lunes pasado en Orlando por 11 inmigrantes mexicanos, recorrió 245 kilómetros y llegó a Tampa con cerca de 75 personas, debido a que en el camino se unieron otros más.

Los 11 inmigrantes representan simbólicamente a 11 millones de indocumentados que se beneficiarán con la reforma, cuyo proyecto aprobado por el Senado en junio pasado está estancado en la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana rehúsa el debate.

“Mucha gente se ha unido en el camino, y se ha transmitido esa motivación por esta causa, de una reforma migratoria justa y un camino a la ciudadanía”, dijo a Notimex Nanci Palacios, una “dreamer” mexicana que ha realizado todo el recorrido.

Palacios, representante en Florida de la red PICO, de apoyo a la ciudadanía para indocumentados y organizadora de la caminata, dijo que esperan reunir hoy a unas dos mil personas en la Iglesia del Sagrado Corazón de Tampa.

En el templo, realizarán una vigilia con velas con el obispo Robert Lynch.

La peregrinación planea pasar antes de la vigilia por el edificio de la Corte Federal, en el centro de Tampa, para pedir de manera simbólica al gobierno que frene las deportaciones.

“Como personas de fe, instamos a nuestros representantes del Congreso a apoyar la reforma migratoria, con una vía asequible y alcanzable para la ciudadanía”, señaló Palacios.

“Creemos que la ciudadanía es la única respuesta moral al actual sistema de inmigración roto, que tiene separadas y devastadas a las familias y las comunidades. No descansaremos hasta tener una solución que mantenga unidas a las familias y proteja nuestros valores de fe”, dijo.

La activista fue traída a Estados Unidos por sus padres a los seis anos desde Guanajuato, centro de México.

La asamblea legislativa de California aprobó nuevas leyes que benefician a los inmigrantes, en un “claro mensaje a Washington” de que los estados asumirán la vanguardia de la reforma migratoria en Estados Unidos.

“California se pone a la vanguardia de la reforma migratoria y es un claro mensaje a Washington de que si ellos no piensan trabajar por una reforma migratoria, los estados van a asumir ese compromiso”, dijo a Notimex el director de la Coalición de Comunidades Fronterizas, Christian Ramírez.

Entre las nuevas leyes, aprobadas tras una deliberación de la legislatura de California que concluyó a la medianoche del domingo, destaca la autorización para que los indocumentados obtengan licencias de conducir.

Además, una ley que limita las deportaciones exclusivamente para indocumentados y residentes legales que sean peligrosos y tengan antecedentes serios.

La única iniciativa que aprobó la legislatura de California y dejó sin refrendar el gobernador Jerry Brown fue la que pudo autorizar a los inmigrantes residentes legales a formar parte de jurados en tribunales, una obligación exclusiva para ciudadanos estadunidenses.

“Todo esto empezó con la proposición antiinmigrantes 187 hace dos décadas y ahora el péndulo está a favor de nuestras comunidades y de una reforma migratoria”, dijo Ramírez.

Luego de casi una década de intentos por aprobar leyes que permitieran a los indocumentados obtener licencias de manejo, Brown firmó la AB60 que entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

California tiene oficialmente cerca de tres millones de indocumentados, de los que 400 mil son jóvenes que se benefician con la orden ejecutiva de Acción Diferida -los llamados “soñadores”- y pueden solicitar licencias de manejo.

Habría otros cientos de miles que podrán pedir licencias de conducir con la AB60. Las licencias para indocumentados fueron prohibidas en 1993 por orden del entonces gobernador Pete Wilson, quien ganó notoriedad por su retórica antiinmigrante.

Brown también aprobó el Acta de la Confianza. La ley suspende por primera vez en el país que los departamentos de policía y del alguacil entreguen automáticamente a autoridades de migración información sobre personas fichadas, multadas, denunciantes y testigos.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha deportado cerca de millón y medio de personas en lo que va del gobierno de Barack Obama mediante esa información automática en el programa Comunidades Seguras, que presuntamente buscaría a los inmigrantes peligrosos para deportarlos.

El Acta de la Confianza dice sin embargo que cerca del 90 por ciento de unos 100 mil deportados de California eran indocumentados sin antecedentes penales, la mayoría padres de familia y que eran detectados al ser multados por faltas de tránsito y otras menores, e incluso por denunciar o testificar.

El presidente de la Asociación Nacional de Jornaleros, Pablo Alvarado, dijo a Notimex que ahora una reforma migratoria debería permitir que regresen a California decenas de miles de padres de hijos estadunidenses, que fueron deportados sin tener antecedentes.

Otra ley que firmó Brown dentro del plazo que concluyó anoche sentó también un precedente nacional al autorizar a un indocumentado mexicano abogado egresado de una universidad de California a ejercer su profesión en el estado.

Una legisladora de San Diego, Lorena González, presentó una iniciativa para autorizar al inmigrante Sergio García a ejercer con apoyo de la bancada latina en Sacramento, el Colegio de Abogados de California, una treintena de legisladores federales de California y siete directores de escuelas y facultades de Leyes en el estado.

García dijo a Notimex que la aprobación de la ley protegerá a otras personas en circunstancias similares, pero no sólo en la profesión de abogado.

Las nuevas leyes podrían fortalecer los votos en favor de demócratas y del mismo Brown cuando busque la reelección en 2014.

Por ahora, el 20 por ciento del electorado en California es latino y el 10 por ciento asiático, dos de las comunidades que más han luchado por una reforma migratoria.