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Arizona ha aprobado una ley y una resolución relacionadas con el tema de la inmigración en 2013. La ley es la siguiente:
Se requiere que se demuestre la ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos antes de que alguien sea admitido al Consejo Asesor de Minería del Estado.
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cumplió hoy con la tradición de proclamar el periodo del 15 de septiembre al 15 de octubre como Mes de la Herencia Hispana y refrendó su compromiso con una reforma migratoria.
Obama aprovechó la proclama para destacar su decisión de suspender la deportación de jóvenes indocumentados, aún cuando su gobierno ha repatriado desde 1989 a más de un millón de inmigrantes, la mayoría de origen latino.
“Estoy comprometido como nunca a aprobar una reforma migratoria (…) que otorgue una vía a la ciudadanía”, señaló el mandatario en el documento.
Obama recordó que el Senado aprobó una propuesta de ley bipartidista e hizo notar que una creciente coalición de demócratas y republicanos busca completar su trámite legislativo.
La Casa Blanca celebrará el próximo lunes el Mes de la Herencia Hispana con artistas como Natalie Cole, Lila Downs, Gloria Estefan, Ricky Martin y Marco Antonio Solís.
Otros artistas que participarán en esa velada musical son Raúl Malo, Price Royce, Romeo Santos y el trompetista cubano Arturo Sandoval, uno de los seleccionados este año para ser distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad.
Antes de la velada, la primera dama Michelle Obama recibirá en la Casa Blanca a 130 estudiantes de escuelas de Washington para participar en un taller titulado “Celebrando el Ritmo Latino: La historia de la música”.
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Tres legisladores de estados fronterizos con México trabajan en un proyecto de ley de reforma migratoria de las leyes de inmigración con un énfasis humanitario en la seguridad de la frontera.
“Queremos redefinir el significado de seguridad fronteriza”, dijo el representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona. “Cómo seguridad económica y seguridad humana”.
Grijalva unió fuerzas con los legisladores texanos Beto O’Rourke, de El Paso, y Filemón Vela, de Brownsville. Los tres han celebrado audiencias para recopilar información sobre el impacto humanitario, económico y social de las políticas de seguridad en la frontera en las comunidades de la zona.
“Vamos a tener que hacerlo nosotros”, dijo Grijalva a The Associated Press.
Grijalva dijo que la reforma “no está muerta”, minutos antes de iniciar una audiencia del Consejo Fronterizo del Congreso en Nogales, al otro lado de la frontera de la ciudad mexicana del mismo nombre.
Esta es la segunda audiencia centrada en el impacto de la seguridad fronteriza sobre las comunidades. La primera fue Brownsville y la tercera y última será en lunes en El Paso.
Con la información compilada los legisladores esperan regresar a trabajar en el Congreso.
El legislador Vela, de Texas, dijo que el proyecto de ley que planean someter a la Cámara de Representantes fue presentado en 2009 y recibió el apoyo de 144 legisladores. La propuesta que fue sometida por los demócratas Solomon Ortiz, de Texas, y Luis Gutiérrez, de Illinois, incluía una vía a la ciudadanía en 6 años, pero fracasó al no conseguir suficiente apoyo de los republicanos.
Grijalva ha criticado la propuesta de reforma migratoria aprobada en junio en el Senado federal, que en su opinión se enfoca demasiado en la seguridad fronteriza sin tomar en cuenta aspectos humanitarios y económicos.
El proyecto del Senado destina 46.000 millones de dólares a la seguridad y aumentaría a 30.000 la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza para 2021.
Tanto Vela como O’ Rourke afirmaron que no aprobarían el proyecto del Senado, si consigue suficientes votos para ser presentado en la Cámara, a menos que se ponga un énfasis en la comunidades fronterizas.
En Nogales, Arizona, los legisladores escucharon testimonios de religiosos, comerciantes, policías y abogados defensores de los derechos civiles sobre el impacto de la seguridad en la frontera.
Tanto religiosos como comerciantes coincidieron en que la “militarización” de la franja fronteriza impacta la vida de comunidades que están conectadas por lazos tanto económicos como sociales.
Sean Carroll, director de la Iniciativa Fronteriza de Kino, dijo que las políticas de seguridad fronteriza han resultado en más de 2.000 inmigrantes muertos en los últimos dos decenios. También enumeró quejas y acusaciones de uso excesivo de la fuerza y maltrato a los detenidos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
El religioso criticó la falta de transparencia en las investigaciones de muertes en la frontera a manos de la Patrulla Fronteriza.
Carroll enfatizó la violencia que los migrantes también sufren tras su intento de cruzar en la frontera por áreas remotas mientras tratan de evitar a las autoridades.
“Muchas mujeres en nuestro refugio relatan historias de abusos verbales, físicos y sexuales al cruzar la frontera”, dijo Carroll, quien dirige un refugio y comedor para inmigrantes en Nogales.
James Duff Lyall, abogado de la organización de derechos civiles estadounidense ACLU en Arizona, declaró ante los legisladores que la ACLU ha recibido decenas de quejas de ciudadanos estadounidenses contra agentes aduanales.
Lyall agregó que es necesario que las autoridades fronterizas tengan protocolos claros para la presentación de quejas en casos de abuso, al igual que transparencia durante las investigaciones en casos de uso de fuerza.
“Para ser bien claro, la frontera ya está altamente militarizada” agregó.
Otros testimonios enfatizaron la importancia de que se respeten las leyes de protección ambiental en la frontera sin hacer uso de excepciones para construir bardas o caminos que dañen a la fauna y flora autóctona de la zona.
Tony Estrada, jefe de la Policía del Condado Santa Cruz, dijo que Nogales es una de las ciudades más seguras del país, pero que era necesario que el gobierno federal reembolse a las policías locales por su asistencia en la seguridad fronteriza.
“Estamos sacrificando nuestros derechos, nuestra calidad de vida, respondemos a un problema que no tenemos, y al mismo tiempo no podemos seguir perdiendo las oportunidades que tenemos de intercambio comercial para tener más empleos”, dijo el legislador O’Rourke.
Otro grupo de legisladores conocido como la “Pandilla de los Siete” trabaja en una propuesta de reforma migratoria bipartidista que aún no ha sido presentada a la Cámara. Asuntos como el presupuesto y la situación en Siria han dejado las discusiones de la reforma migratoria en segundo plano, explicó Grijalva.
“Nos estamos quedando cortos de tiempo”, agregó.
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En momentos en que la reforma a las leyes de inmigración está empantanada en el Congreso, defensores de los inmigrantes intensifican la presión sobre el gobierno del presidente Barack Obama para que detenga las deportaciones o legalice el estatus de algunos de los 11 millones de personas que viven sin autorización en el país.
Los activistas han comenzado a realizar actos de desobediencia civil, como el mes pasado en Phoenix, Arizona, donde bloquearon el paso de un autobús lleno de inmigrantes detenidos. Por su parte, líderes sindicales planean presionar el asunto ante un alto funcionario de la Casa Blanca en una próxima reunión.
Muchos activistas todavía tienen esperanza de una solución legislativa a pesar de que ahora ponen la mira en la Casa Blanca.
“Si el Congreso no toma medidas, el presidente tiene el deber de hacer algo”, dijo Ana Avendaño, directora de Inmigración y Actividades Comunitarias de la central sindical AFL-CIO. “Que los republicanos hayan enterrado la cabeza en la arena no significa que las comunidades de inmigrantes no sienten el resquemor de las deportaciones constantes”.
La posibilidad de una decisión ejecutiva sobre la inmigración ha despertado las sospechas de los republicanos. El senador Marco Rubio, republicano por Florida, y otros advirtieron que el presidente Barack Obama puede verse tentado a actuar por su cuenta para legalizar a algunas o todas las personas que viven sin permiso legal en el país.
“Creo que eso es exactamente lo que Obama quiere hacer. Pienso que desea que el Congreso no apruebe nada para poder hacerlo él y llevarse el triunfo”, dijo el representante Raúl Labrador, republicano por Idaho, en una entrevista. “Obama necesita tener mucho cuidado, porque sigue burlando la ley y haciendo cosas que están fuera de su autoridad. En algún momento el Congreso va a tener que decir basta”.
El gobierno actuó unilateralmente hace un año con su decisión de suspender las deportaciones de algunos inmigrantes que entraron sin autorización legal al país cuando eran niños. Más de 450.000 se han beneficiado hasta el momento.
Funcionarios de la Casa Blanca se niegan a discutir en público cualquier medida a futuro. “La única forma de sacar a 11 millones de indocumentados de las sombras es que el Congreso apruebe una reforma racional con una vía apropiada a la ciudadanía. Eso es todo. No hay nada más”, dijo Bobby Whithorne, portavoz de la Casa Blanca.
Al preguntársele en entrevistas sobre el alto número de deportaciones bajo su gobierno, Obama ha tratado de culpar al Congreso. “Yo no soy un rey”, declaró a la cadena de televisión hispana Telemundo este año.
Los activistas dicen que los funcionarios del gobierno no son más receptivos en privado, aunque Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional de Obama, dijo que ha aceptado reunirse con líderes sindicales sobre el tema, algo que se está programando, según un ejecutivo sindical que habló a condición de no ser identificado.
El tema tiene como escenario las perspectivas inciertas de una reforma integral a las leyes de inmigración en el Congreso que ofrezca un camino a la ciudadanía a las personas que viven sin autorización legal en el país.
Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes se muestran cada vez más molestas con el gran número de deportaciones bajo el gobierno de Obama, cerca de 400.000 anuales en años recientes, según la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los activistas afirman que Obama debe detener la deportación de inmigrantes que cumplirían los requisitos para la ciudadanía bajo el proyecto de ley del Senado, que la Casa Blanca apoya.
“Hay una clara contradicción en la postura del presidente”, dijo Chris Newman, director de Asuntos Jurídicos de la National Day Laborer Organizing Network. “Lo que dice es que o los republicanos se sumarán al consenso sobre la vía a la ciudadanía o él está obligado a deportar gente. Esa es una situación insostenible”.
A pesar del énfasis en una solución legislativa, funcionarios del gobierno han tomado medidas para ofrecer alivio a ciertos grupos de inmigrantes. Una directiva del ICE del mes pasado informó a los agentes que no hagan cumplir leyes que afecten innecesariamente a padres y personas a cargo de cuidar a otras.
Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de 2010 mostró que las autoridades estaban estudiando tomar medidas más amplias, como prorrogar las deportaciones y dar permiso de trabajo a millones de inmigrantes, sin ninguna medida del Congreso.
El memorando enumeró varios puntos a favor de ese enfoque. “Un programa administrativo audaz transformaría el panorama político mediante el uso de medidas administrativas para soslayar el empantanamiento e inercia en el Congreso”, expresaba.
Pero también mencionaba varios puntos en contra.
“Los que se oponen al programa de inscripción lo caracterizarán de ‘amnistía’ ” y la secretaria de Seguridad Nacional “enfrentaría críticas de que hace dejación de su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración”.
Un funcionario del gobierno que no estaba autorizado a discutir en público el memorando y que habló a condición de no ser identificado, dijo que no fue obra de la Casa Blanca y que no tiene ningún peso en el debate actual.
Pero eso no hace que los defensores de los inmigrantes presenten escenarios que el gobierno puede implementar, como legalizar a ciertos grupos de inmigrantes, quizás a las personas que llevan muchos años en el país y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
“Desde la perspectiva de los activistas, está claro que si el esfuerzo legislativo falla tendremos que comenzar a presionar al gobierno”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
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Un grupo de 30 jóvenes estudiantes sin papeles, conocidos como ‘dreamers’, la mayoría de ellos que salieron a México para llamar la atención de su situación incierta en Estados Unidos, pedirán este viernes a las autoridades que se les permita reingresar por razones humanitarias.
“Son jóvenes criados y educados en Estados Unidos que quieren volver a sus casas”, explicó a la AFP Mohammad Abdollahi, confundador de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA), que organiza estas manifestaciones.
“Tenemos pruebas suficientes de los lazos que tienen estos estudiantes con este país”, agregó el activista.
Los 30 ‘dreamers’ se presentarán con un abogado durante el día ante un funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza en el paso de la frontera de Nuevo Laredo, en Texas (centro sur) y le pedirán que usen su autoridad discrecional para que puedan regresar por razones humanitarias.
Una vez cumplida esta formalidad, los jóvenes intentarán el lunes cruzar esa parte de la frontera como medida extrema para exponer lo incierto que es su futuro si no se aprueba una reforma migratoria en el Congreso.
La primera protesta de este tipo se realizó a finales de julio, cuando nueve jóvenes indocumentados intentaron reingresar a Estados Unidos desde México por un punto fronterizo en Arizona (oeste) y al ser detenidos iniciaron una huelga de hambre.
Este grupo obtuvo el 7 de agosto una primera victoria en su petición de asilo a Estados Unidos, cuando el Departamento de Seguridad Interna concedió que existe un “temor creíble” de riesgo por su vida si estos nueve ‘dreamers’ (‘soñadores’) regresan a México, el país donde nacieron pero que no conocen, aseguró entonces NIYA, que espera una resolución similar en la manifestación del lunes.
Los ‘dreamers’ son jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños y que viven en el país de forma ilegal.
Claudia Muñoz, organizadora de la protesta que empieza este viernes en Texas, dijo en un comunicado: “Estos niños son estadounidenses de facto. Ellos crecieron en Estados Unidos y para ellos es su casa”.
Este viernes, el abogado del grupo de 30 estudiantes sin papeles, David Bennion, presentará una petición para que se use un permiso discrecional que permita a los jóvenes volver a Estados Unidos, argumentando que están en un país desconocido, muchos de ellos sin familia, donde están corriendo peligro de secuestro y delincuencia en la zona fronteriza.
“Estos ‘dreamers’ no son diferentes de los clientes que represento en este lado de la frontera. Llegó la hora de hacer lo correcto y devolverlos a casa”, dijo Bennion, en un comunicado.
Por ahora ningún portavoz de la oficina de inmigración y aduanas ha respondido al ser contactada por la AFP.
La reforma migratoria, que abriría una puerta a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados, está actualmente estancada en la Cámara de Representantes, mientras los activistas migratorios preparan varias manifestaciones en el país para intentar que se apruebe en las sesiones que se reanudan la primera semana de octubre.
Un miembro del Movimeinto de Inmigrantes Meso-Americanos cuelga un cartel frente a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, el 2 de mayo de 2013.
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Hecho: La reforma inmigratoria está muerta por el resto de este año –y probablemente lo estará también en los años venideros.
Ficción: Murió porque a los republicanos no les gustan los inmigrantes y por lo tanto no tienen interés en darle a aquellos que son indocumentados una vía hacia la ciudadanía. En respuesta, los demócratas, que aman a los inmigrantes y quieren proveerles una vida mejor, están tratando valientemente de reavivar los esfuerzos de reforma.
Esta es la narración contada por los medios de comunicación de la costa Este, a quienes todavía les falta entender el debate sobre inmigración porque muchos periodistas, productores y columnistas cometen el error de tratarlo simplemente como otro argumento político.
No lo es. Este debate es como un cuarto lleno de espejos donde las cosas no son lo que parecen. Nadie quiere hablar sobre inmigración por lo que realmente es: un juego económico en el que tiran de la cuerda empleadores que tienden a votar republicano y quieren trabajadores que llevan a cabo trabajos que los estadounidenses consideran que están por debajo de ellos, y trabajadores obreros que votan demócrata y que están convencidos de que los trabajadores inmigrantes se llevan los trabajos, socavan los gremios y rebajan los salarios.
Hay mucha negación. Los estadounidenses se niegan a admitir que han criado al menos dos generaciones de gente joven que piensa que tiene derecho a saltearse el trabajo manual -lo que invita a los inmigrantes ilegales a tomar estos trabajos. Los liberales no reconocen que los empleadores no son el problema, y que incluso trabajos que pagan bien son difíciles de cubrir si son pesados, sucios o peligrosos. Los conservadores no admiten que, por al menos una década, les han entregado su parte del debate a los alarmistas que se inquietan sobre cambios demográficos y culturales.
Incluso más molesto es la deshonestidad. Hay que olvidarse de lo que dicen los políticos y observar lo que hacen. Los funcionarios electos se pasan la mayoría del tiempo engañando a sus electores. Los republicanos pretenden ser más estrictos de lo que realmente son para atraer a los nacionalistas; los demócratas pretenden ser más compasivos de lo que realmente son para aplacar a los latinos. Ninguno de los dos partidos quiere realmente hacer algo con el tema inmigratorio porque enfrentaría a los electores entre sí. Los demócratas tendrían que hacer de árbitros de la pelea entre los trabajadores obreros que quieren deshacerse de los inmigrantes ilegales y los latinos que quieren acogerlos, los republicanos tendrían que administrar las tensiones entre los intereses empresariales que quieren más inmigrantes y los nacionalistas que piensan que ya tenemos más que demasiado.
Así que realmente no podemos estar seguros de que los republicanos sean los únicos responsables de la muerte de la reforma inmigratoria o que los demócratas realmente quieran resucitarla.
Es verdad que dos republicanos –John Carter y Sam Johnson, ambos de Texas-recientemente dejaron la bipartidista Pandilla de los Siete, una coalición de la Cámara Baja que busca la reforma, diciendo que no confiaban ni creían que el gobierno de Obama estuviera seriamente comprometido con la reforma de inmigraciones.
¿No me digan? El hecho de que el presidente no llegó ni siquiera a hablar del tema hasta su segundo término y que ha deportado cerca de 2 millones de inmigrantes ilegales a la fecha debería de haberlos alertado.
Es verdad que los demócratas de la Cámara Baja de pronto están hablando de presentar sus propios proyectos de ley sobre inmigración. La líder de la minoría Nancy Pelosi y el representante Xavier Becerra de California quizás presenten al Senado una versión del proyecto de ley de inmigraciones que combina la imposición de la ley junto con una vía hacia la ciudadanía. Y los representantes Filemon Vela de Texas y Raul Grijalva de Arizona han propuesto un proyecto de ley para continuar con las conversaciones sobre la reforma inmigratoria antes de fin de año.
Pero es difícil de creer que lo que motiva a los demócratas es el deseo de arreglar un sistema que está roto.
Si eso fuera verdad, los demócratas habrían actuado sobre la reforma inmigratoria cuando controlaban ambas cámaras del Congreso de 2007 a 2011. En cambio, la dejaron fuera de su agenda.
Ahora, los demócratas simplemente quieren provocar a los republicanos. También quieren que los latinos y otro proponentes de la reforma piensen que todavía están luchando. Simplemente no tan duro.
¿Se dieron cuenta que cuando a los demócratas realmente les importa un tema como aumentar el salario mínimo, la reforma del cuidado de salud, asegurar el pago igualitario para las mujeres, ofrecer una salida a las escuelas de las medidas para que rindan cuentas y otras causas liberales, se llevan a cabo -y a veces sin un solo voto republicano? Y sin embargo, sobre inmigración, a la primera señal de resistencia del partido republicano, los demócratas emprenden la retirada.
Por qué entonces no voy a pensar que los demócratas no quieren realmente molestarse con la reforma inmigratoria -salvo como un instrumento de tortura para los republicanos. Y no es que algunos en el partido republicano no se merezcan ese tipo de tratamiento.
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Inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización legal regresaron a sus parques de casas-remolque en las zonas azotadas por inundaciones en Colorado para encontrarse con que no hay nada que rescatar: ni los autos destruidos por el agua, ni fotos familiares ni cobertizos arrastrados por las crecidas.
La destrucción, sin embargo, fue apenas el comienzo de lo que han sido dos semanas de pesadilla. Ellos no tenían seguro de inundaciones. Y como no son ciudadanos ni residentes legales — y no tienen familiares que lo sean — no van a recibir ayuda federal.
“Dicen que lo último que se pierde es la fe y la esperanza”, declaró Juan Partida, de 40 años, quien trabaja en una fábrica de alimentos y quien junto con su esposa Mari, quien está embarazada, está fuera del alcance de la asistencia del gobierno porque se encuentran en el país sin permiso legal.
“Tenemos que tener fe y esperanza de que recibiremos ayuda”, agregó.
La posibilidad de que los inmigrantes puedan rehacer sus vidas, aunque sea sólo con asistencia del gobierno local y de organizaciones caritativas, tendrá repercusiones en la actividad económica del condado Weld, que depende de su mano de obra como por ejemplo en fábricas, granjas, sitios de construcción y hoteles.
“Han perdido sus viviendas y muchos de ellos han perdido sus vehículos. Ellos están afectados y por lo tanto la economía local se verá afectada”, dijo Lyle Achziger, alcalde de Evans, una ciudad en las planicies del norte del estado, cuya población de 19.500 habitantes es 43% latina.
Achziger dijo que las autoridades que han venido al auxilio de la comunidad se han ido enterando de la importancia que tienen los inmigrantes para la economía de la región. Añadió que esperan poder ayudarles al hacer que se registren con la municipalidad, con las oficinas del condado o con agencias de asistencia.
“Les hemos dicho que el estatus migratorio no nos importa, y lo repito, el estatus migratorio no nos importa. Lo que nos importa es que la gente no esté pasando frío, que tenga dónde quedarse, que tenga comida caliente”, dijo Achziger.
La planta empacadora de carne JBS en Greeley emplea a unos 50 inmigrantes cuyas familias ahora se ven desplazadas. La empresa les ha pagado hoteles y comida y ha tratado de ponerlos en contacto con los servicios de ayuda disponibles, dijo el portavoz de la empresa Cameron Bruett.
“Ciertamente son parte esencial de nuestro equipo”, comentó Bruett.
Las inundaciones que afectaron al parque de casas móviles en Evans la mañana del 13 de septiembre ocurrieron súbitamente y los habitantes apenas tuvieron tiempo de salir. Algunos se quedaron sólo con lo que tenían puesto.
En el trailer de Partida, él y su esposa tenían aún los juguetes de sus hijos de 8 y 3 años que murieron en un accidente vial hace casi un año. “Lo que más me entristece es que no pude sacar nada de esas cosas”, dijo Partida.
En total había allí unas 150 viviendas. Ahora todas portan una X anaranjada, símbolo de que no son habitables.
Muchos de los habitantes de la zona son de México, y los que están en el país sin permiso legal no pueden recibir ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés), a menos que tengan hijos que sean ciudadanos estadounidenses o que tengan algún familiar que sea residente legal.
Incluso para aquellos que tienen derecho a ayuda de FEMA, los activistas por los derechos de los inmigrantes temen que existe una carencia de hispanohablantes para ayudarles a lidiar con el sistema.
FEMA insiste en que tiene suficientes trabajadores hispanohablantes in situ para ayudar a los inmigrantes. El portavoz Daniel Llargues dijo que la agencia está comprometida a “asegurarse de que ellos están recibiendo la información que necesitan para recuperarse” y que trabajadores que hablan español han estado tocando puertas y estacionados en centros de asistencia.
Cuando un inspector de FEMA visitó a Sofía Méndez, de 59 años, el encuentro la dejó confundida sobre qué ayuda va a recibir. Méndez, que está naturalizada, comenzó a comprar su remolque en Evans hace un año, por 29.000 dólares.
En su hogar esta semana, Méndez caminaba lentamente, ayudada por un bastón, y con botas plásticas para desplazarse entre el lodo. Su voz temblaba mientras mostraba los daños.
“Ésta es una foto de mi nieta”, dijo, apuntando a un marco con tanto lodo que apenas se podía distinguir un rostro. Apuntando a los azulejos en el mostrador de la cocina, dijo: “Yo las pongo ahí”.
Por ahora, Méndez y su hijo de 28 años, que es minusválido, se están quedando con amigos.
En el vecino Milliken, un pueblecito en medio de campos de cultivo, casas-remolque que estaban cerca de los ríos Big Thompson y Little Thompson sufrieron una devastación similar. Los hispanos son 28% de los 5.800 residentes del pueblo.
Cuarenta y cinco remolques sufrieron daños diversos, dijo el alcalde Milt Tokunaga. “No importa si una persona es indocumentada o no en lo que respecta al impacto, porque ellos pagan impuestos aquí, hacen sus compras aquí”, dijo.
Por el momento, muchas familias han estado dependiendo de amigos y familiares para vivienda, y organizaciones como la Cruz Roja e iglesias para ropa, alimentos y otros suministros. Ha habido donaciones anónimas. Alguien pagó para albergar a 20 familias en hoteles hasta el fin del mes.
“Todos han sido increíbles con las familias, pero todo ha sido sobre bases temprales, día a día. Como que puedes dormir aquí esta noche, aquí tienes comida para hoy”, le dijo a funcionarios de FEMA Allison MacDougall, residente de Milliken, durante una reunión en el pueblo esta semana.
Los funcionarios le dijeron que preferirían que no fuese así, pero que todo lo que podían hacer era referirla a organizaciones de voluntarios.
“Nosotros nos vimos inundados, como todos los demás. Sufrimos los mismos daños”, dijo Norma Miramontes, de 42 años, que junto con su esposo, un trabajador de la construcción, está en el país sin permiso legal.
Ellos podrían tener derecho a ayuda federal porque la madre de Norma, que vive con ellos, es residente legal, pero no han sido contactados por FEMA. “Nosotros pagamos impuestos, trabajamos aquí”, dijo Miramontes. “No estamos obteniendo nada gratis”.
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Un grupo de 30 estudiantes indocumentados, conocidos como “dreamers”, fue detenido el lunes cuando intentaba cruzar la frontera de México a Estados Unidos bajo la consigna “sin papeles y sin miedo”, en la segunda protesta de este tipo este año.
El grupo de jóvenes criados en suelo norteamericano pero sometidos a la clandestinidad y autodenominado “‘Dream30’ fue detenido. No sabemos si serán liberados o deportados”, dijo un mensaje de la red social Twitter de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA) que organiza las manifestaciones.
“La última información que nos dieron es que parece que van a deportarlos”, dijo a la AFP Mohammad Abdollahi, activista de origen iraní y cofundador de NIYA.
Por el momento la oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos del puente fronterizo de Laredo confirmó a la AFP que los jóvenes se encuentran detenidos pero se negó a precisar cuál sería la suerte de estos estudiantes, dijo el jefe de la Policía de Aduanas, Ruiz, quien se identificó solo por el apellido.
Vestidos con toga y birretes, propias de las graduaciones en los liceos estadounidenses, los jóvenes activistas marcharon por el puente peatonal sobre el Rio Bravo que divide Nuevo Laredo (norte de México) y Laredo (Texas, centro-sur de EEUU) reclamando en inglés: “Déjennos volver a casa”.
Acompañados de otros activistas que lanzaron consignas con megáfonos y filmaron la primera parte de la hazaña, el grupo se identificó como una familia en la que la persona más joven es una niña de 13 años.
“¡Sin miedo!”, gritaron en español e inglés cuando se acercaron al punto fronterizo, según una transmisión en vivo en redes sociales denominada Bring Them Home.
La protesta es la segunda de este tipo luego de que en julio un grupo de nueve estudiantes realizara una acción similar en Arizona, pero no fueron deportados a México.
En aquella ocasión la mayoría de los estudiantes se autodeportaron para entrar por la fuerza a Estados Unidos y llamar la atención sobre la situación incierta en la que viven por no gozar de una reforma migratoria que les permita vivir legalmente en el país en el que se educaron.
Ese primer grupo estuvo 17 días en un centro de detención migratoria y luego se les permitió seguir apelando en libertad su proceso para permanecer en Estados Unidos desde sus casas.
El grupo del lunes esperaba correr la misma suerte pero el lunes en la noche esa posibilidad parecía alejarse.
“Si son deportados igual seguiremos pidiendo asilo por razones humanitarias” para que regresen al país donde fueron criados, explicó Abdollahi.
Los jóvenes alegaron que sus vidas corren peligro al encontrarse en un país que no conocen, y que están a la suerte de la delincuencia común.
Los “dreamers” (soñadores) son jóvenes que vinieron a Estados Unidos cuando eran niños y que viven en el país ilegalmente. Según estimaciones de organizaciones pro inmigrantes, 1,7 millones de jóvenes podrían beneficiarse del proyecto de ley conocido como DREAM Act, que les permitiría ir a la universidad pagando matrículas como las de los estudiantes locales y les abriría un camino a la ciudadanía.
“Quiero volver a casa”
“Quiero volver a mi casa”, dijo el joven identificado como Vidal, que junto a muchos otros gritaba “Llévennos a casa” y cantaban el nombre de lo que consideran su ciudad o estado de origen en Estados Unidos: “Los Angeles”, “Michigan”, “Jacksonville”, “Carolina del Norte”, se les escuchaba decir en la transmisión en línea.
A diferencia del primer grupo de “dreamers” que cruzaron en julio en Arizona, los de este lunes, en su mayoría volvieron a sus países de origen por deportaciones de sus padres, enfermedad o muerte de un familiar o quedaron atrapados en limbos legales mientras hacían trámites migratorios para reunirse con alguno de sus padres en Estados Unidos.
Javier “Javi” Galván, de 16 años, es uno de los jóvenes que intentó cruzar el lunes luego de tres intentos fallidos este año, dijo al diario El Nuevo Herald.
“Tengo mucha ilusión de que lo voy a lograr esta vez”, dijo el joven al diario de Miami en una entrevista telefónica.
El grupo de los nueve “dreamers” del mes de julio obtuvo en agosto una primera victoria en su petición de asilo, cuando el Departamento de Seguridad Interna concedió que existe un “temor creíble” de riesgo por su vida si estos “dreamers” regresan a México, el país donde nacieron pero que no conocen.
Abogados pro reforma de inmigración exhibe carteles con rostros de jóvenes inmigrantes o “dreamers” (soñadores) durante una manifestación afuera de un evento de recaudación de fondos del senador texano Ted Cruz, en Manhattan, Nueva York, el 29 de mayo de 2013.
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Un grupo de 34 jóvenes marcharon la mañana del lunes con la determinación de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin documentos, como miembros de una generación de jóvenes traídos por sus padres a Estados Unidos de manera ilegal y que ahora sufren a causa de una política migratoria que califican de injusta.
Los jóvenes que crecieron en lugares tan variados como Phoenix o Boston se vistieron con togas y birretes de diversos colores y gritaban “sin documentos y sin miedo” al cruzar el puente que une a las ciudades de Nuevo Laredo, al norte de México, con Laredo, al sur de Texas.
Ya en la caseta de inmigración policías de aduanas y protección fronteriza los separaron de quienes los acompañaban y de los demás peatones e iniciaron el procesamiento de cada caso de manera separada.
Muchos de sus padres corrieron riesgos al atravesar desiertos y ríos, muchas veces sin dinero ni pertenencias, cuando cruzaron la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Los adolescentes y jóvenes que llegaron a Estados Unidos el lunes se enfrentan a lo que podría ser semanas de detención e, incluso, una posible deportación. Pero aun así decidieron asumir su circunstancia migratoria actual en una protesta pública que parece que se podría expandir.
En julio, un grupo de nueve jóvenes denominado los “Dreamers 9” cruzó la frontera a Nogales, Arizona. Solicitaron asilo, fueron detenidos y liberados alrededor de dos semanas después de arribar al lugar. El grupo del lunes esperaba tener una experiencia similar. En las horas de la tarde su estadía en el lugar se prolongaba, mientras cada uno de ellos se entrevistaba con funcionarios de la Policía de Aduanas y Protección Fronteriza, pues cada solicitud era procesada por separado.
En el corazón de la protesta está una orden ejecutiva expedida por el presidente Barack Obama que les otorgó a los jóvenes inmigrantes, que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños, el beneficio de solicitar una suspensión temporal de su deportación, y trabajar con una autorización temporal de empleo.
Para acceder al beneficio se deben cumplir ciertos requisitos, como haber residido en el país al menos cinco años, haberse graduado de una escuela secundaria estadounidense y carecer de antecedentes criminales graves.
Quienes intentaban cruzar el lunes habían abandonado Estados Unidos de manera voluntaria o habían sido deportados meses, semanas o, incluso, días antes de que Obama anunciara la expedición de la orden ejecutiva.
“La acción de hoy la vemos como una especie de extensión del anuncio de la suspensión temporal de la deportación”, dijo David Bennion, un abogado de inmigración que viajaba con el grupo. “Lo que nos gustaría ver es que las personas que se fueron, como estos 30 que hubieran podido reunir los requisitos, fueran consideradas”.
Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes determinan quién puede entrar a territorio estadounidense, dijeron que las leyes de privacidad no les permitían hablar de casos individuales.
El grupo de los 34 jóvenes incluía algunos menores de edad, como Luis Enrique Rivera López, de 17 años. El adolescente viajó desde Guasave, en el estado de Sinaloa y que solo conocía por su reputación como cuna del narcotráfico, antes de abandonar Los Ángeles el año pasado.
“Quería descubrir mis raíces”, dijo Rivera acerca de su decisión de regresar a México, un país en el que no había estado desde que tenía un año. “Quería saber de dónde vengo”. Rivera optó por estudiar gastronomía y especializarse en comida del mar por estar en el costero estado de Sinaloa, pero en vez de eso, se vio forzado a comenzar el bachillerato de nuevo.
La experiencia de Rivera fue gratificante en algunos aspectos. Logró conocer a sus abuelos, pero después de estar separado de su familia durante 19 meses, extrañaba a sus hermanos quienes todavía viven en Los Ángeles. Sintió que no encajaba en México.
“De inmediato, resaltas entre los demás”, dijo Rivera. “En mi caso, cuando llegué a Sinaloa, no me vestía como nadie. Mi corte de pelo era diferente. Mi estilo de caminar era diferente. Mi español estaba muy mal… al principio fue muy duro”.
David Leopold, un abogado de migración y el ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que la táctica de los jóvenes es preocupante.
“El enfoque debería ser conseguir que la Cámara de Representantes hiciera su trabajo y corrigiera el sistema migratorio”, dijo Leopold. “No creo que estas acciones ayuden a reparar el problema”.
El grupo preparó con gran detalle su cruce por la frontera. Los que participaron comenzaron a llegar a un albergue de migrantes en Nuevo Laredo días atrás. Allí, hubo una serie de reuniones para enseñarles cómo actuar frente a las autoridades.
También planearon qué ropa traerían, el orden en el que caminarían y los objetos que traerían consigo.
Lorena Marisol Vargas, de 19 años, abandonó su hogar en Tucson, Arizona, en abril de 2012, menos de dos meses antes de que Obama anunciara su orden ejecutiva que la habría ayudado a permanecer en los Estados Unidos. Viajó a Ciudad Juárez, que comparte frontera con El Paso, Texas, para solicitar una visa para regresar.
Pero no lo logró. El gobierno le negó el documento y le fue imposible regresar, hasta ahora.
La madre de Vargas, una ciudadana que se nacionalizó estadounidense, tuvo que regresar al norte sin su hija. Y la adolescente, quien había vivido en Estados Unidos desde que era una niña de seis años, viajó al sur a Uruapan, en el estado de Michoacán, donde tenía familiares que apenas conocía pero que la podrían recibir en su hogar.
“Mi casa está en Tucson, Arizona. Ahí crecí”, dijo Vargas.
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Escrito por: Zirandarence.com
Un grupo de 32 jóvenes indocumentados que creció en Estados Unidos, pero que fue deportado y obligado a volver a México, cruzó la frontera hoy para pedir su admisión en el país portando solicitudes de asilo y libertad condicional humanitaria.
Los jóvenes ingresaron caminando por el carril peatonal del Puente Internacional Juárez-Lincoln que une a Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas, con Laredo, Texas.
El propósito del grupo fue entregarse a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con la esperanza de que sus peticiones sean atendidas.
El cruce es el segundo que organiza la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes para forzar, mediante peticiones de asilo, el regreso de los estudiantes indocumentados al país en el que crecieron y se educaron.
En julio pasado, un grupo de nueve jóvenes cruzó en forma similar la frontera por Nogales, Arizona, y luego de permanecer dos semanas en un centro de detención de inmigración fueron dejados en libertad al aprobarse en forma provisional sus solicitudes de asilo.
David Bennion, un abogado de inmigración que asesora al grupo que cruzó este lunes por Laredo, dijo que espera que los jóvenes reciban el mismo trato que los nueve que cruzaron en julio por Arizona.
De ser tratados de manera similar, los jóvenes entregarían su documentación en el Puerto de Entrada para luego ser conducidos a un centro de procesamiento y detención del Departamento de Seguridad Nacional en tanto se revisan y analizan sus casos.
Bennion explicó que se busca se les otorgue la libertad condicional humanitaria, de forma que los jóvenes puedan volver con sus familias y contribuir a las comunidades en las que crecieron en Estados Unidos.
La mayoría de los 32 jóvenes son de origen mexicano, aunque también se encuentra una inmigrante de Honduras y otra de Perú.
Al menos tres de ellos son menores de edad, incluyendo a Ingrid Yamileth Gallegos, de 13 años, cuya familia regresó al estado mexicano de Quintana Roo ante el temor de que fuera separada por la deportación de alguno de sus miembros.
Los inmigrantes se criaron en distintas ciudades de Estados Unidos, incluyendo Chicago, Phoenix, Los Ángeles y Dallas, entre otras.
Bennion dijo que varios jóvenes habían regresado en forma voluntaria a México ante la falta de oportunidades para educarse en este país tras que se rechazara la aprobación de la ley conocida como Dream Act.
La iniciativa de ley busca conceder a los estudiantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños una vía a la regularización migratoria y a la ciudadanía través de las fuerzas armadas o la universidad.
Tras el rechazo de la Dream Act, el presidente Barack Obama activó mediante una orden ejecutiva en 2012 un programa de acción diferida para permitir a inmigrantes indocumentados, conocidos como “dreamers” el poder vivir y laborar en Estados Unidos por dos años renovables.
También a finales de junio pasado el Senado aprobó un plan que incluye una vía a la ciudadanía para indocumentados que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011 y carecen de antecedentes penales, incluyendo a los “dreamers”.
El regreso de los jóvenes a Estados Unidos está alentado por el programa de acción diferida del presidente Obama y la aprobación de la iniciativa en el Senado, ante la perspectiva de que esta sea aprobada pronto en la Cámara de Representantes.
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