En las cinco semanas desde que declaró que respalda una reforma amplia a las leyes de inmigración de Estados Unidos, el representante republicano Daniel Webster no ha dejado de oír críticas en su contra. Un votante le dijo que los inmigrantes traen enfermedades. Otro que los inmigrantes le iban a quitar empleos a los estadounidenses.

“No puedes frenar la inmigración ilegal si la recompensas”, dijo otro en una asamblea popular reciente en Groveland, una comunidad rural al oeste de Orlando, Florida. “La amnistía es una recompensa”.

Cuando el Congreso regrese a sus sesiones normales esta semana tras el receso de verano, Webster enfrentará quizás una oposición más ardua: sus correligionarios republicanos.

Webster es uno de una veintena de legisladores republicanos que respaldan la creación de una vía eventual a la naturalización para millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Esos republicanos están enfrentando el duro reto de persuadir a sus colegas a que los sigan.

La mayoría de los republicanos se oponen a esa propuesta y hay pocos incentivos políticos para que ellos cambien de posición. Solamente b24 de 233 republicanos representan distritos en los que más de una cuarta parte de los constituyentes son hispanos.

Aun así, algunos en el partido dicen que el futuro de los republicanos depende de si la cámara baja encuentra una forma de respaldar una reforma de la inmigración, un tema crucial para el creciente bloque de votantes hispanos en el país.

Partidarios de ofrecer una vía a la naturalización apuntan a los cambios demográficos y el respaldo empresarial que contribuyeron a cambiar la postura de Webster, quien durante años se opuso a leyes de derechos de los inmigrantes, como motivos potenciales para el apoyo de legisladores.

“Pienso que como nación tenemos que hacer algo”, dijo Webster en una entrevista, haciéndose eco de palabras del senador Marco Rubio y otros republicanos prominentes. “No hacer nada es amnistía”. El pequeño, pero creciente grupo de republicanos está tratando de conseguir un equilibrio entre los activistas conservadores que hablan de seguridad en la frontera y defensores de los inmigrantes que quieren una vía a la naturalización.

Muchos provienen de distritos cruciales con considerables poblaciones hispanas que pudieran marcar la diferencia en las elecciones legislativas del año próximo, inclinando el equilibrio de poder en la cámara baja, ahora en manos republicanas. Los legisladores sienten además las presiones de sectores empresariales que dependen de mano de obra inmigrante.

Al mismo tiempo, grupos conservadores de contribuyentes que usualmente financian a los candidatos republicanos en las primarias han guardado silencio sobre el tema. Los activistas anti inmigración no han conseguido generar el tipo de reacción pública que descarriló el previo intento de una reforma de inmigración en el Congreso, en 2007.

Los partidarios de los inmigrantes, a su vez, han mantenido una intensa campaña a favor de la legislación.

“Congresistas que pudieran haber estado indecisos se están dando cuenta de que es más seguro meterse en el agua”, dijo Ana Navarro, estratega republicana que encabezó las relaciones con los hispanos en la campaña presidencial de John McCain en 2008. “los números lo dictan”.

Algunos republicanos parecen tener pocas opciones.

El representante Mike Coffman, de Colorado, ganó la elección en 2008 en un distrito conservador haciendo campaña contra la reforma de inmigración.

Sin embargo, un nuevo trazado de su distrito tras el censo de 2010 le dejó en territorio pro demócrata ganado por Barack Obama el año pasado y donde los hispanos son casi 20% de la población. Ahora, Coffman está hablando de la necesidad de un enfoque “compasivo” hacia la inmigración.

El representante por Nevada Joe Heck ha visto también crecer la población hispana en su distrito en los suburbios de Las Vegas. Heck ha dicho que la vía a la naturalización delineada en la propuesta de ley bipartidista aprobada en el Senado es “razonable”.

El impacto político de un rechazo a la reforma de inmigración va más allá de los hispanos, dice Nathan Gonzales, vice editor del Rothenberg Political Report, que estudia el Congreso.

“Si los republicanos son descritos como el partido que carece de simpatía y favorece deportaciones, pienso que eso se filtra a la población en general”, dijo. “Ellos se arriesgan a alejar a los decisivos votantes no hispanos”.
Artículos Relacionados

http://es-us.noticias.yahoo.com/

Las agencias del orden en California no podrán detener a personas para deportación si están viviendo sin documentos migratorios en el país y son arrestadas por un delito menor, bajo una ley aprobada por el Senado estatal el lunes.

La ley auspiciada por el asambleísta demócrata Tom Ammiano crea un estándar estatal para cómo las agencias locales cumplen con un programa federal que requiere que las agencias del orden revisen el estatus migratorio de cualquier persona arrestada. El programa Comunidades Seguras dice además que aquellos que estén sin permiso legal en el país deben ser retenidos para las autoridades de inmigración.

“Personas inocentes han sido deportadas”, dijo el senador demócrata Kevin de León, que presentó la ley en el Senado.

Siete de cada 10 inmigrantes deportados bajo el programa no habían cometido ningún delito mayor, dijo. Citó ejemplos de individuos que quedaron atrapados en procesos de deportación porque reportaron violencia doméstica o actividades pandilleras, o por violaciones menores de tránsito como luces traseras rotas en sus autos.

Como resultado, dijo, los inmigrantes “están perdiendo la fe en las agencias del orden”. La ley mejoraría la seguridad pública, al alentar a los inmigrantes a cooperar con la policía, dijeron partidarios.

Inmigrantes sospechosos de delitos mayores aún podrían ser detenidos para deportación, dijo de León, mientras que aquellos convictos de delitos mayores serían deportados tras cumplir sus sentencias. Las autoridades locales podrían además detener a aquellos convictos previamente de delitos graves o violentos.

La medida fue aprobada 24-10 en el Senado y regresa a la Asamblea para una votación final.

El gobernador Jerry Brown vetó una propuesta similar el año pasado porque no permitía que las autoridades locales detuviesen para deportación a aquellos convictos de crímenes como abuso de menores y narcotráfico. Esos delitos quedaron exentos en la versión de este año.

El senador republicano Jim Nielsen dijo que la capacidad de detener a algunos sospechosos para deportación es invaluable porque da a las autoridades tiempo para investigar el delito. “Eso es clave para las autoridades”, dijo.

Los que se oponen a la medida argumentan que ésta pudiera poner en peligro fondos federales si el estado difiere de la política nacional de inmigración.
Artículos Relacionados

http://es-us.noticias.yahoo.com/

Escrito por: Zirandarence.com

Un inmigrante nicaragüense sin papeles que había sido detenido por manejar sin licencia de conducir fue deportado a su país y sus dos hijos menores quedaron en Estados Unidos sin ninguno de sus dos padres. Su esposa, la madre de los niños, había sido repatriada a la nación centroamericana en 2009.

“Ronald Sosa fue deportado a Nicaragua el 11 de septiembre, según lo ordenado por un juez de inmigración”, expresó el jueves Néstor Yglesias, portavoz de la Policía de Inmigración y Aduanas, en un mensaje de correo electrónico a The Associated Press.

Sosa, que vivía en Estados Unidos sin papeles desde 1995 y acaba de cumplir 46 años, fue detenido el 8 de agosto. Su esposa, Marisela Sosa, había sido deportada casi cinco años atrás por haber permanecido en el país ilegalmente durante 12 años. El matrimonio tiene dos hijos: Cecia, de 17 años, y Ronald, de 14, que quedaron en Estados Unidos viviendo con una guardiana legal amiga de la familia porque consideran que aquí tienen un mejor futuro.

“Es un tiempo muy difícil para mí y mi familia. Yo y mi hermano decidimos quedarnos aquí por el bien de nuestro futuro”, expresó a la AP Cecia, quien llegó a este país cuando tenía 18 meses y desde entonces no ha viajado a su natal Nicaragua. “Me siento muy frustrada y confundida porque no sé por qué tuvieron que deportar a mis padres”, agregó.

Sosa era el único sustento económico y emocional de los jóvenes desde que su mujer fue deportada tras haber sido arrestada una mañana en su casa cuando llegaba de haberlos llevado a la escuela.

El caso de los Sosa ejemplifica la división familiar que enfrentan miles de niños, muchos de ellos estadounidenses, cuyos padres sin papeles son deportados o detenidos.

“Es una injusticia, (las autoridades) se ensañaron contra ellos, no les importó el sufrimiento y jamás tuvieron la mínima atención por los niños”, manifestó en entrevista telefónica con la AP Nora Sándigo, la guardiana de los chicos. “No habían hecho nada criminal y a pesar de las lágrimas y sentimientos de los niños (la deportación) pasó igual”, indicó.

El presidente Barack Obama prometió una reforma migratoria que abra camino a la legalización de unos 11 millones de personas que viven en el país sin papeles, pero durante su mandato las deportaciones han ascendido a cifras récord de cerca de 400.000 inmigrantes por año.

El Congreso, en tanto, no ha aprobado hasta ahora la reforma migratoria.

De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Aplicada, una organización no gubernamental que busca la equidad racial, alrededor de 5.100 niños estadounidenses de padres sin papeles que fueron detenidos o deportados, vivían en hogares sustitutos en 2011. Otros 15.000 chicos podrían terminar en casas sustitutas hasta 2016 si continúa el ritmo elevado de detenciones y deportaciones, según el informe publicado en noviembre de 2011.

Aunque no existen estadísticas oficiales, activistas y expertos de inmigración estiman que unos 200.000 padres de niños estadounidenses han sido deportados entre 2010 y 2012.

Antes de su deportación, la Policía de Inmigración y Aduanas -conocida como ICE por su nombre en inglés- explicó a la AP que el caso de Sosa había sido revisado a los niveles más altos del gobierno, que se negaron a frenar su deportación después de que el inmigrante transgredió un programa alternativo a la prisión.

Dijo que el caso de Sosa fue analizado bajo directrices que permiten a las autoridades consideraciones especiales caso por caso para los padres con hijos menores y otras políticas que permiten revisiones particulares.

En una entrevista con la AP en el centro de detención de inmigrantes Krome, donde permanecía antes de ser deportado, Sosa dijo a la AP que había cumplido con el programa alternativo a la prisión. Expresó que en una oportunidad llegó cinco minutos tarde a la oficina de las autoridades que visitaba cada semana y que un par de veces se demoró en llegar a su casa cuando los agentes de inmigración lo estaban esperando para corroborar que esa era su dirección, porque debía llevar a sus hijos a la escuela.

No hay por ahora normativas que les permitan a los niños frenar la deportación de sus padres. Como están las cosas ahora, el único que podría viajar a visitar a los padres sería Ronald hijo, que es ciudadano estadounidense por haber nacido en Florida.

Cecia ha solicitado los beneficios de una medida ejecutiva aprobada por Obama que detiene la repatriación de jóvenes que llegaron de niños al país y les permite obtener un permiso de trabajo, y espera que pronto se apruebe la reforma migratoria para que pueda ir a Nicaragua a visitar a sus papás.

“Estamos tratando de buscar la manera de reunificar la familia y visitarlos en Nicaragua”, expresó la joven, que se enteró que su padre había sido deportado por una llamada telefónica de la madre desde el aeropuerto de Managua.

Los chicos, que dejaron de ir a la escuela cuando su padre fue detenido y debieron desalojar el departamento en el que vivían porque no pudieron pagar los 950 dólares de alquiler en agosto, piensan volver a clases pronto. Sándigo dijo que con su esposo y sus dos hijas -de 16 y 14 años- los albergarán en su casa como si fueron dos hijos más.
Artículos Relacionados

http://es-us.noticias.yahoo.com/

Escrito por: Zirandarence.com

En Washington el debate sobre inmigración avanza lentamente pero fuera de la capital estadounidense el número de leyes y resoluciones migratorias se ha disparado, con estados republicanos generalmente aprobando medidas en contra de la inmigración ilegal y estados demócratas ayudando a inmigrantes sin papeles.

Legisladores en 43 estados y el distrito de Columbia han aprobado 311 leyes y resoluciones relacionadas con inmigración desde enero hasta junio de este año, según un informe difundido el miércoles por el National Conference of State Legislatures. La cifra representa un aumento del 83% respecto al número de leyes y resoluciones aprobadas en tan sólo la primera mitad del 2012.

Mientras en Colorado, Oregón y Minnesota, tres estados con legislaturas controladas por demócratas, se facilitaron medidas que ayudan a estudiantes sin papeles a acceder a universidades, en Indiana, controlada por republicanos, se obligó a los estudiantes a demostrar ciudadanía estadounidense si quieren solicitar ayuda financiera para la universidad.

Las leyes y resoluciones lidian con todo tipo de temas, desde licencias de conducir para inmigrantes sin autorización, a fondos para promover clases de inglés, a asegurar que empleadores verifican el estatus migratorio de candidatos a un puesto de trabajo.

En Virginia, un estado republicano, por ejemplo, una nueva ley obliga a que la junta electoral del estado participe en un sistema nacional que intenta excluir a inmigrantes sin papeles de listas de votantes. En California, sin embargo, de legislatura demócrata, se permite ahora que familias de estatus migratorio mixto (residentes legales y no autorizados) tengan acceso a ciertos programas de salud.

La National Conference of State Legislatures, con oficinas en Denver y Washington, se describe como una organización imparcial que se dedica a ofrecer información y recursos técnicos y de investigación a legisladores y su personal de ayuda en todos los estados.

Ann Morse, la autora del informe, dijo que las medidas estatales aprobadas dependen de muchos factores, incluidos cambios demográficos.

“Cada estado intenta responder a la condiciones existentes en su estado. Ciertos estados, por ejemplo, experimentan aumentos de ciertas poblaciones y entonces necesitas más servicios lingüísticos”, dijo Morse a The Associated Press. “En Utah, por ejemplo, se ofrecen licencias de conducir y facilidades para que estudiantes sin papeles estudien pero al mismo tiempo se intensifican los requisitos de verificación de identidad. Así que las cosas cambian entre estados e incluso dentro de los mismos estados”.

El informe asegura que en el 2012 el número de leyes y resoluciones migratorias en estados fue bajo probablemente debido a la espera de la decisión de la Corte Suprema respecto a la controvertida ley de Arizona SB1070. En junio del 2012 la corte no bloqueó la disposición más polémica de la ley que obliga a policías a preguntar por el estatus migratorio cuando sospechen que alguien se encuentra sin autorización legal en el país.

Este año, en cambio, quizás el debate migratorio que se vive en Washington ha generado un aumento de legislación estatal sobre este tema, opinó Morse, además de la medida implementada por el presidente Barack Obama en el 2012 que suspende temporalmente las deportaciones de jóvenes sin papeles traídos al país cuando eran pequeños. Varios estados han impulsado leyes de ayuda a jóvenes sin autorización desde entonces.

El Senado federal aprobó en junio un proyecto de ley que otorga a inmigrantes sin papeles la opción de poder naturalizarse. En la cámara baja, sin embargo, el proyecto no ha sido tan bienvenido. El presidente de la cámara de representantes — el republicano por Ohio John Boehner — ha asegurado que no someterá a votación la versión del Senado.

El Congreso ha finalizado ya su receso veraniego pero no se espera, sin embargo, que la cámara retome el debate de la reforma migratoria hasta más adelante en el otoño.

Arizona este año ha aprobado una ley que requiere que se demuestre la ciudadanía o estatus legal antes de que alguien sea admitido al Consejo Asesor de Minería del estado, señala el informe difundido el miércoles. El estado de Washington, sin embargo, ha establecido legislación que implementa un fondo para ayudar a inmigrantes a encontrar trabajo.
Artículos Relacionados

http://es-us.noticias.yahoo.com/