Expertos estadunidenses presentaron un innovador proyecto para sacar a Detroit de la bancarrota y colocar a la ciudad en la vía del progreso económico, que consiste en autorizar visas a indocumentados con la condición de que vivan allí y sólo allí.

En un artículo que será publicado en la edición de la próxima semana de la revista National Journal, los especialistas en Desarrollo Humano, Brandon Fuller, de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, y Sean Rust, de la Universidad Temple en Filadelfia, detallan su iniciativa.

Los expertos proponen invitar a inmigrantes a Detroit como una solución a los problemas económicos de esa ciudad.

Según los académicos, Detroit requiere del arribo de nuevos residentes para darle nueva vida a esa ciudad y los muchos indocumentados podrían estar dispuestos a aceptar la restricción de sólo residir ahí a cambio de una visa que regularice su estancia en Estados Unidos.

Detroit, la otrora capital mundial del automóvil, se declaró en quiebra económica el pasado 18 de junio, ante la incapacidad de hacer frente a sus responsabilidades de una deuda de unos 18 mil millones de dólares.

Entre los factores que condujeron a Detroit a la insuficiencia económica, figura el haber registrado una fuerte pérdida de la base fiscal de la ciudad.

Detroit perdió un cuarto de millón de habitantes entre 2000 y 2010. La ciudad que en 1950 llegó a tener una población de 1.8 millones de habitantes, está luchando ahora para mantenerse por encima de los 700 mil residentes.

Gran parte de la clase media y decenas de empresas también han huido de Detroit, llevándose con ellos el dinero que dejaban ahí en impuestos.

Fuller y Rust proponen otorgar visas temporales a inmigrantes indocumentados dispuestos a residir en Detroit y permitirles luego de determinado tiempo el acceso a la residencia permanente, tras lo cual pudieran trasladarse a otro lugar.

La propuesta de autorizar una “inmigración regional” podría enfrentar una fuerte oposición en el Congreso, aunque se ha estado abriendo camino en los círculos políticos fuera de Washington.

El gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, pidió en fecha reciente visas para ser puestas a disposición de las comunidades que han perdido a un determinado porcentaje de su población.

Snyder ha señalado en repetidas ocasiones que la inmigración es la mejor respuesta, o en realidad la única respuesta a los problemas de Detroit.

“Otórguenles una tarjeta de residencia permanente (Green Card) de forma que puedan verdaderamente sentirse en su casa”, enfatizó el gobernador en una reciente entrevista a la cadena pública de radio Michigan Publica Radio Network.

Fuller forma parte de un naciente grupo de economistas de libre mercado que quieren impulsar la política de inmigración de Estados Unidos hacia una nueva dirección con una pregunta fundamental: ¿Para qué sirve la inmigración?

El experto y quienes simpatizan con esta iniciativa sostienen que se debe responder primero a esa pregunta y luego construir una política en torno a ella.

“La política de inmigración de Estados Unidos es su política de desarrollo más potente. Y no la estamos viendo de esa manera”, señaló el especialista en el artículo que apareció publicado en el sitio de internet del National Journal.
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El Congreso de EE.UU. inicia hoy el receso de verano sin haber aprobado una reforma migratoria que proporcione un estatus legal a los 11 millones de indocumentados que se calcula que hay en el país, como pedía el presidente Barack Obama.

Obama, que a principios de junio aseguró que no veía razones para que la reforma no se aprobase en verano, ha hecho de la cuestión migratoria uno de los pilares de su segundo mandato, una meta para la que cuenta con el apoyo de la comunidad hispana, que en noviembre pasado votó mayoritariamente por su reelección.

La minoría más numerosa del país ha intensificado durante los últimos meses las acciones y protestas a favor de la reforma, y varias organizaciones ya han anunciado que “mantendrán la presión” en agosto para forzar a los legisladores a reanudar el debate cuando el Congreso vuelva a la actividad el 9 de septiembre.

“Estamos en un momento muy crítico, y debemos asegurarnos que contribuimos a crear la coalición de la victoria”, dijo Clarissa Martínez, directora de Acción Social e Inmigración del Consejo Nacional de La Raza, una de las organizaciones latinas más influyentes del país.

Estas acciones se centrarán en presionar a aquellos congresistas reacios o que no han mostrado su apoyo a la reforma, y se materializarán en peregrinaciones, visitas a legisladores, reuniones, actividades al aire libre e incluso anuncios en medios hispanos.

Una de las más destacadas, por ejemplo, será la celebración de una “peregrinación” a pie de 22 días que cubrirá los casi 500 kilómetros que separan los municipios californianos de Sacramento y Bakersfield, ciudad esta última donde reside y por la que fue elegido en la Cámara de Representantes el republicano Kevin McCarthy.

Aunque los hispanos son el colectivo más afectado y entre el que la reforma recaba más apoyos, existe un consenso generalizado en la sociedad estadounidense a favor de legalizar a los indocumentados, como refleja una encuesta divulgada hoy, según la cual hasta el 64 % de los ciudadanos son partidarios de esta opción.

El sondeo de la Universidad Quinnipiac de Connecticut destaca que sólo un 31 % de estadounidenses se opone a la medida y en la comunidad hispana el apoyo se dispara hasta el 72 %.

En el terreno político la gran mayoría de los demócratas cierran filas en torno al presidente Obama, lo que ha permitido que el Senado, que está controlada por los progresistas, sí haya aprobado una propuesta de reforma, en la que se incluye la legalización y ciudadanía para los indocumentados.

La dificultad reside en sacar adelante un texto de estas características en la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que posteriormente serviría de base negociadora para redactar la ley definitiva junto a lo aprobado en el Senado.

Es aquí donde la ciudadanía para los indocumentados está encontrando más escollos, dado que varios congresistas conservadores se muestran reacios ante una medida que, a su juicio, “premiaría” a quienes se saltaron la ley y perjudicaría a la clase trabajadora estadounidense.

Además de una vía a la legalización y posible ciudadanía para los indocumentados, la propuesta aprobada en el Senado incluye reforzar la vigilancia de la frontera con México, algo en lo que sí está e acuerdo los republicanos, y agilizar y ampliar los procesos de concesión de visados a trabajadores extranjeros.

Durante las últimas semanas el debate migratorio se ha visto eclipsado por la polémica desatada a raíz de los comentarios del representante republicano Steve King, quien acusó a la gran mayoría de jóvenes indocumentados de ser traficantes de drogas.

Las palabras de King, aupado por el movimiento conservador “Tea Party”, despertaron el rechazo generalizado de la comunidad inmigrante y de los demócratas, así como de varios de sus colegas republicanos, quienes le reprocharon unos comentarios que, a su juicio, poco ayudan a mantener un debate “serio y razonado”.

La llegada de las vacaciones de verano deja en suspenso un debate que había llegado estas semanas a un punto de notable crispación, y retrasa una hipotética solución a la cuestión migratoria, por lo que la Casa Blanca ha fijado una nueva fecha límite para final de este año.
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Activistas defensores de los derechos humanos colocaron hoy cruces en Estados Unidos y México, en señal de protesta por las medidas migratorias que diariamente cobran la vida de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera sin documentos.

Separados únicamente por la línea que divide ambos países, activistas vestidos en su mayoría de color negro se reunieron en la playa tanto de San Diego (EE.UU.) como de Tijuana (México) para recordar a inmigrantes que han muerto en búsqueda de una vida mejor y exigir una reforma migratoria que contemple el respeto a los derechos humanos.

Este movimiento es parte de una campaña internacional que se lleva a cabo cada año el primer domingo de agosto.

Los activistas colocaron fotografías de indocumentados que han muerto en los últimos tres años en la frontera, a falta de políticas migratorias.

Al respecto, Hugo Castro, de la organización Ángeles sin Fronteras, destacó que con este evento binacional buscan además protestar contra iniciativas que insinúan un mayor reforzamiento de la seguridad fronteriza, denunciando que históricamente, dichas medidas han derivado en más muertes de inmigrantes.

“Nos prometieron una reforma migratoria y nos están vendiendo la militarización y la opresión”, denunció el activista.

“Es una forma de hacer un filtro y sacar más inmigrantes, queremos una reforma justa y humanitaria, lo que se está cabildeando ahora no lo es”, agregó.

Castro lamentó que dentro de la Administración del presidente de EE.UU., Barack Obama, sigan en aumento las deportaciones que separan familias, considerando que ha incumplido promesas de campaña electoral.

Por el lado de Estados Unidos, autoridades de la Patrulla Fronteriza limitaron que activistas encabezados por Enrique Morones pudieran acercarse al muro que divide ambas playas, por lo que el grupo que se dio cita en San Diego se limitó a agradecer el apoyo, levantando cruces blancas para recalcar su mensaje.

A la manifestación asistió Sergio Tamayo, director y fundador del Hotel Migrante en Mexicali, Baja California (México), donde se alberga cerca de 300 personas deportadas, una iniciativa que nació ante la falta de atención por parte de ambos gobiernos.

Tamayo destacó la importancia de eventos que fomentan voces de protesta ante la problemática migratoria.

“Inmigrantes mueren en los mares, playas, ríos, canales. La migración no se puede parar, no se puede detener, lo que hay que hacer es organizarla y canalizarla”, subrayó Tamayo.

El activista exhortó a que los gobiernos busquen políticas que beneficien a millones de personas indocumentadas en todo el mundo, cuya única intención es “buscar un mejor trabajo y futuro para sus familias”.

Un estudio publicado por la Fundación Nacional de Políticas Americanas (NFAP, por sus siglas en inglés) señala que las muertes de indocumentados en la frontera aumentaron un 27 por ciento durante el año pasado.

El reporte señala que 477 personas murieron durante 2012 en su intento por cruzar hacia los Estados Unidos, el número de fallecimientos más alto en los últimos catorce años, seguido por 2005 cuando perdieron la vida 495 inmigrantes.
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El presidente del Comité Judicial en la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte, reiteró hoy que los republicanos abordarán la reforma migratoria en temas separados y no aseguró que su partido vote un proyecto legislativo este mismo año.

“Definidamente queremos ir paso a paso, lo que queremos hacer es resolver las tres áreas fundamentales a la reforma migratoria”, señaló Goodlatte en una entrevista con la cadena Univisión.

Señalado como el congresista “que podría matar la reforma migratoria”, por el liderazgo de su Comité en el tema migratorio, Goodlatte apuntó que los objetivos de la propuesta republicana son reformar la inmigración legal y la vigilancia.

Y además, encontrar el estatus legal apropiado para quienes no están en el país de manera legal, señaló.

El congresista republicano aseguró desconocer si su Comité podría tener una propuesta para mandarla a voto en el pleno de la Cámara baja antes de que termine el año.

Recordó que en el Senado un grupo bipartidista de ocho senadores presentaron el proyecto legislativo en el Comité Judicial y luego en el pleno, donde fue aprobado.

Pero en la Cámara baja –dijo- el grupo bipartidista de siete miembros “no ha podido producir una legislación”.

Recordó que hasta el momento comités en la Cámara baja han aprobado cinco iniciativas de ley, dos de ellas que abordan la reforma a la inmigración legal, dos más relacionados con la aplicación de la ley y otra propuesta para la seguridad de la frontera.

Sin embargo, la vía para alcanzar la ciudadanía sigue siendo un tema de división para los legisladores republicanos, el punto más importante para activistas en favor de la reforma migratoria integral que beneficiaría a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.

La Cámara de Representantes entró en receso de cinco semanas este viernes sin presentar su propuesta.

A su regreso, en septiembre próximo, se tiene la expectativa de que lleguen a un acuerdo en tanto el presidente Barack Obama ha dicho que firmaría el proyecto legislativo acordado en ambas Cámaras.

Goodlatte apuntó que la “gran mayoría” de legisladores de su partido quieren encontrar la “solución apropiada” al problema migratorio, al ser cuestionado sobre el posible rechazo de los votantes latinos para los republicanos en los comicios de 2016, de no aprobarse este año la reforma migratoria.

“Creo que sería erróneo hacer éstas decisiones basadas en consideraciones políticas de un lado o de otro, pero mejor encontremos una solución para componer las tres áreas de nuestro sistema migratorio que no funcionan”, remarcó.
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Algunos empleadores han comenzado a ayudar a los inmigrantes a hacer realidad el sueño de naturalizarse.

Clínicas de salud, hoteles y una fábrica de ropas se han aliado con defensores de los inmigrantes para ofrecer asistencia en el centro de trabajo como uno de los beneficios laborales en Los Angeles, Miami, Washington y el Silicon Valley, con el fin de facilitar la naturalización a los aproximadamente 8,5 millones de inmigrantes que cumplen los requisitos para tomar la ciudadanía estadounidense.

La iniciativa se considera muy positiva tanto para los empleados como para las empresas: los trabajadores se ahorran los honorarios de asistencia jurídica y tener que ausentarse para llenar la solicitud, y las compañías estrechan los lazos con los inmigrantes, con la ventaja de poco costo porque las entidades sin fines de lucro toman los casos.

“Se crea un sentido de lealtad”, dijo Leonie Timothee, gerente de Recursos Humanos del InterContinental Miami, un hotel de lujo de Miami que ha ayudado a seis empleados a solicitar la naturalización desde el año pasado. “Esto dura toda la vida y saber que tu centro de trabajo te ayudó, creo que es algo muy grande”.

En la mayoría de los casos, los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía después de ser residentes legales cinco años y aprobar pruebas de inglés y conocimientos cívicos. Pero muchas veces se demoran más porque no pueden pagar la solicitud, temen no hablar bien inglés o sencillamente no conocen bien el proceso, indican varios estudios.

Aunque las empresas de tecnología por lo general patrocinan a empleados extranjeros para recibir la visa o la residencia, la mayoría de las compañías no participan en el proceso de naturalización, y se limitan a ayudarlos con el permiso de trabajo, a menos que el empleado necesite viajar al extranjero o someterse a una verificación de seguridad que sólo se ofrece a los ciudadanos, dijo Angelo Paparelli, abogado de inmigración.

Desde el año pasado, 19 compañías se han inscrito para participar en la iniciativa del Foro Nacional de Inmigración, entidad con sede en Washington, para ayudar a empleados a naturalizarse. El foco del llamado Proyecto Bethlehem son los empleados que ganan poco, que con frecuencia enfrentan obstáculos adicionales a la naturalización, como muchas horas de trabajo y grandes demoras para viajar de casa al centro laboral, y que probablemente tampoco tienen el dinero para contratar a un abogado de inmigración para ayudarlos a llenar los documentos de la solicitud.

Yolanda Oruc, oriunda de Uruguay, dijo que pudo haberse naturalizado hace tres años pero no tenía el dinero para pagar al abogado. Cuando Oruc, de 52 años y encargada del minibar de las habitaciones del hotel donde trabaja, se enteró de que la gerencia había traído a expertos en inmigración para ayudarla a llenar la solicitud, aprovechó y se naturalizó en julio.

“No tenía forma de naturalizarme porque carecía de dinero”, dijo Oruc, empleada del Hotel The Betsy en South Beach.

Para empezar, las compañías ofrecen sesiones de información gratis lideradas por una entidad sin fines de lucro para que los empleados conozcan el proceso de naturalización. Entonces se coordinan reuniones personales para ayudarlos a llenar los documentos necesarios.

Algunas compañías van más allá y pagan los 680 dólares que cuesta la solicitud de ciudadanía, y deducen del dinero de los cheques de nómina de los empleados, dijo Jennie Murray, gerente del Proyecto Bethlehem.

La iniciativa es financiada parcialmente por la New Americans Campaign, un movimiento más amplio para alentar la naturalización mediante clínicas de trabajo, sesiones de capacitación y el desarrollo de una aplicación móvil para ayudar a los inmigrantes a determinar si cumplen los requisitos para naturalizarse.

Ya se han donado medio millón de dólares para el lanzamiento del Proyecto Bethlehem que se llama así por la empresa acerera Bethlehem Steel, que en 1915 ofreció a sus trabajadores inmigrantes clases de inglés gratis.

Evan Bacalao, director de Participación Cívica de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO, por sus siglas en inglés), dijo que le gustaría ampliar el programa para ayudar en la naturalización de trabajadores de grandes fábricas y almacenes en el Inland Empire del sur de California, una región formada por suburbios donde los inmigrantes con frecuencia no pueden hacer el largo viaje a entidades sin fines de lucro para que los ayuden.

Y aunque los sindicatos históricamente jugaron un papel en ayudar a los trabajadores a naturalizarse, las empresas por lo general no participan. Pero ahora las compañías están buscando formas de retener a los trabajadores de bajo sueldo en momentos que la inmigración ha bajado y la economía comienza a recuperarse, dijo Louis DeSipio, profesor de Ciencias Políticas y Estudios Chicanos/Latinos en la Universidad de California en Irvine, quien agregó que las grandes compañías con una fuerza de trabajo compuesta por una gran cantidad de inmigrantes.

“En épocas de vacas flacas, mantener a los trabajadores no es tan importante”, dijo. “Pero ahora que no hay tanta mano de obra disponible, es normal que los empleadores encuentren formas de mantener a los trabajadores de bajos sueldos”.
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Los nueve mexicanos que se hicieron detener en la frontera como parte de una protesta contra las deportaciones de extranjeros sin papeles dispuestas por Estados Unidos ganaron una primera batalla el lunes cuando el gobierno estadounidense aprobó tentativamente sus solicitudes de asilo.

La aprobación preliminar de todas las solicitudes por parte del Departamento de Seguridad Nacional es un paso alentador ya que normalmente el gobierno estadounidense no otorga asilo a ciudadanos mexicanos.

Christopher Bentley, vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que el DSN había llegado a la conclusión de que los detenidos tenían un “temor fundado” de ser perseguidos si eran devueltos a México.

“Los parámetros legales para el temor fundado son amplios y bajos, para garantizar que los individuos que pueden enfrentar una ‘posibilidad significativa’ de persecución si son devueltos tengan la oportunidad de ser escuchados por un juez de inmigración”, manifestó el funcionario.

Los inmigrantes intentan llamar la atención sobre los cientos de miles de personas que han sido deportadas durante el gobierno del presidente Barack Obama, período en el cual alcanzaron picos históricos con un promedio de 1.100 diarias, según cifras del gobierno.

Dijeron que temían ser perseguidos si regresaban a México y el DSN indicó que sus temores podían ser fundados.

Un juez de inmigración tendrá la última palabra sobre si pueden permanecer permanentemente en Estados Unidos, pero el fallo podría tomar años.

Mientras tanto, es probable que los nueve inmigrantes sean liberados de un centro de detención en Arizona y en el futuro podrían tener derecho a un permiso de trabajo.

Estos nueve jóvenes pasaron parte de sus vidas en Estados Unidos. Algunos regresaron voluntariamente a México años atrás, mientras que otros fueron deportados. Tres de ellos se criaron en Estados Unidos y salieron de Estados Unidos rumbo a México expresamente para participar en la protesta en la que cruzaron la frontera recientemente hacia Nogales, Arizona.

Buscan ejercer presión para que la reforma a las leyes de inmigración que se están negociando en el Congreso ofrezca la posibilidad de obtener la ciudadanía a los dreamers, como se denomina a jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que en algún momento salieron del país.

Al salir del país quedaron excluidos de la propuesta de reforma migratoria que busca regularizar el status migratorio de unos 11 millones de extranjeros sin papeles, cuyo proyecto aprobado fue aprobado en el Senado y entró a la Cámara de Representantes la semana pasada, y tampoco podrían acogerse a un perdón especial para los dreamers que fueron deportados, ya que ellos salieron del país por voluntad propia.

Los republicanos de la Cámara de Representantes propusieron recientemente ofrecer la ciudadanía a algunos jóvenes inmigrantes como éstos, que en su mayoría fueron llevados al país cuando chicos y han crecido en el país y adoptado los valores estadounidenses.

Pero los demócratas rechazaron la iniciativa por considerarla muy restrictiva frente a los 11 millones de inmigrantes a quienes no los abarcaría esta previsión.

La reacción negativa a la propuesta republicana subraya las dificultades para lograr un acuerdo en torno a la reforma en la Cámara de Representantes, en donde los republicanos son mayoría.

Mientras se adelanta el trámite legislativo, María Peniche, una de las detenidas en Arizona, se sentía atrapada entre las paredes de la pequeña celda en el Centro de Detenciones de Eloy y dudó si haberse ido de Estados Unidos, haber vuelto por la frontera y hacerse arrestar había sido lo mejor.

“Ha sido muy duro, lo más que me ha pasado es que me suspendieran en la preparatoria (secundaria) una vez”, dijo Peniche el lunes en entrevista exclusiva con The Associated Press en el centro ubicado a 104 kilómetros (65 millas) de Phoenix vestida en el uniforme naranja almidonado. “Nunca antes estuve en una cárcel. Esto me hace sentir como que soy un criminal”.

Peniche, quien habló antes de saber que habían aprobado preliminarmente su solicitud de asilo, dijo que en los últimos nueve días ha estado en un régimen de aislamiento y sale de su celda solamente dos o tres veces a la semana. El castigo fue porque la acusaron a promover desmanes en el comedor, según la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

“Hoy me dejaron bañar porque venían ustedes”, dijo la muchacha.

El anuncio de que había pasado una primera entrevista para evaluar la credibilidad de sus argumentos tuvo seguramente sabor a reivindicación para esta mexicana de 22 años, quien participa por primera vez en un acto de protesta de este nivel, según ella.

La joven dijo que desde que fue aislada la dejaban bañarse tres veces a la semana y salir dos o tres veces por una hora a una zona enrejada de un patio donde no había con quien hablar.

Su abogada Margo Cowan indicó que le estaban dando medicación para tratar su arritmia cardíaca.

Las autoridades migratorias indicaron que desde que está en aislamientos se la deja salir de su celda al menos una o dos horas al día, para bañarse, por recreación o para tener acceso a un teléfono.

“ICE toma seriamente la salud, seguridad y bienestar de quiénes están a su cuidado”, dijo la agencia en una declaración escrita.

Cowan afirmó que Peniche y otra de las dreamers, Lulú Martínez, fueron detenidas y aisladas por querer organizar a otras mujeres el 28 de julio, en que comenzaron a distribuir papeles con información de abogados durante la hora de la cena.

“Me paré en una silla y les expliqué lo que estábamos haciendo, y les dije: ‘Aunque este lugar parece y se siente como una prisión, ellas no hicieron nada malo y van a poder reunirse con sus familias”’, agregó la joven.

La detenidas comenzaron a cantar: “Sin papeles y sin miedo”, expresó Peniche.

El martes de la semana la muchacha pasada se reunió con un agente de inmigración que está encargado de evaluar la primera parte del caso, es decir si Peniche tiene un temor fundado de regresar a su país, explicó Cowan.

David Leopold, ex presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, dijo que los casos de asilo político son “muy difíciles de comprobar”.

Leopold ha criticado las tácticas utilizada por este grupo de dreamers.

“Como protesta, esto no es algo que yo recomiendo”, dijo Leopold. “Una vez que una persona sale de Estados Unidos, a menos que tengan permiso para regresar por adelantado, no hay garantía de que puede pasar cuando intentan volver. La buena noticia es que parece que el proceso está funcionando y los están tratando de forma justa”.

Peniche dijo que en México fue acosada sexualmente en uno de sus empleos, del que tuvo que renunciar, pero que la gota que derramó el vaso fue cuando un familiar cercano intentó abusar de ella sexualmente en mayo de este año.

Peniche le dijo a sus padres y al resto de la familia. Pero, según ella, este pariente la amenazó y decidieron no hacer una denuncia a la policía porque el familiar tiene conexiones con el crimen organizado, según abogada Cowan.

“Siento un poco de pena y miedo en decir lo que me pasó”, dijo Peniche. Peniche se fue a Ciudad de México para cursar estudios universitarios.

Viajó el 12 de junio del año pasado, tres días antes de que el presidente Barack Obama anunciase su programa de suspensión temporal de deportaciones, por lo que no podrá acogerse a esa iniciativa. Para poder hacerlo, había que estar en el país al momento del anuncio.

Mediante este plan más de 400,000 jóvenes han podido obtener un permiso de trabajo temporal y seguro social. Entre el grupo de los nueve dreamers detenidos, conocidos como “Dream 9”, cada caso es diferente.

Tres de ellos, Lulú Martínez, Lizbeth Mateo y Marco Saavedra, son activistas y se fueron a México unas semanas antes para ayudar a los que ya estaban en México a regresar.

“Si no hubiese sido por ellos yo no hubiera sabido la manera de volver”, dijo Peniche. “Si este caso no fuese público, nadie le prestaría atención”, agregó.

Adriana Paola Gil Díaz, otra de las detenidas, dijo que la experiencia no ha sido fácil, especialmente porque no puede hablar por teléfono con su madre que está en Nogales, México.

“Desde un principio sabíamos a lo que nos estábamos arriesgando”, dijo Gil Díaz.

“Estoy muy agradecida con Dios de que pasó la entrevista”, dijo su madre Mariana Antonia Díaz, contactada por teléfono. “Estoy orgullosa de mi hija”.

Peniche a veces sueña que está de regreso en Boston, Massachusetts, con todos los amigos de la infancia. Durante el día lee a Harry Potter en inglés para hacer pasar las horas que está sola en la celda. Pero vive preocupada por sus padres que se quedaron en México.

“Hay que reconocer que estos jóvenes son como los héroes que están llamando la atención”, dijo Cowan. “Hay muchos jóvenes en México que fueron deportados, que salieron voluntariamente porque alguien falleció en la familia y no pueden acogerse al programa de suspensión de deportaciones. Eso no es justo. No debemos excluir gente buena, que son el futuro”.
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