Unas 50 personas con carteles y símbolos marcharon el lunes para manifestar su rechazo a la ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, que entró en vigencia hace tres años.

La marcha del llamado Movimiento Puente comenzó en el Steele Indian School Park. Los manifestantes se dirigieron a la oficina de la Policía de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) en Central Avenue.

Los organizadores dijeron que desde que entró la ley en vigencia, junto con los demás programas federales, hubo más deportaciones, familias separadas y caracterización racial.

La Corte Suprema de Estados Unidos derogó posteriormente parte de la ley en 2012, inclusive el requisito de que obtengan o porten documentos de registro de inmigración. Sin embargo, el alto tribunal convalidó el requisito de que los policías de Arizona indaguen la situación migratoria de los sospechosos de estar ilegalmente en Estados Unidos.
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Un grupo de 33 legisladores pidió hoy al presidente Barack Obama la libertad de nueve jóvenes indocumentados, retenidos tras ingresar al país por un puerto de entrada legal en protesta a la política de deportación del gobierno estadunidense.

La solicitud fue hecha en una carta, publicada el lunes y firmada entre otros por los representantes demócratas Mike Honda, de California; Raúl Grijalva, de Arizona, y Rubén Hinojosa de Texas.

El documento califica a los jóvenes “como valientes” por haber organizado esta forma de protesta.

Los nueve jóvenes viajaron a México tras permanecer casi toda su vida en Estados Unidos y el pasado 22 de junio decidieron retar al sistema de inmigración de este país, al tratar de ingresar por uno de los cruces internacionales en Nogales, Arizona.

Los jóvenes presentaron en ese momento documentos para pedir libertad condicional humanitaria dentro de Estados Unidos, y, en caso de que ésta se les negara, peticiones formales de asilo.

Agentes de la Oficina de Inmigración y Protección Fronteriza los detuvieron y condujeron a un Centro de Detención de Inmigración en Eloy, Arizona, donde permanecen desde entonces y donde decenas de simpatizantes se han manifestado desde la semana pasada.

Este es el primer caso de jóvenes estudiantes conocidos como “dreamers” que salen del país, tres de ellos en forma voluntaria, para regresar y demandar su admisión en el país.

Los jóvenes califican para los beneficios del programa de acción diferida emitido bajo orden ejecutiva en 2012, para que jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron al país de niños puedan vivir y trabajar en Estados Unidos por un período renovable de dos años.

“Estos jóvenes son víctimas de nuestra política de inmigración”, señala la carta firmada por el grupo de legisladores federales.

La misiva añade que los muchachos “merecen volver a casa, a Estados Unidos, donde pueden seguir trabajando en el cumplimiento de sus sueños de educación superior. Le solicitamos respetuosamente el ejercer su discreción para permitir a estos ‘dreamers’ volver a casa”.

Los representantes federales demócratas Luis Gutiérrez, de Illinois, y Jared Polis, de Colorado, firmaron una carta por separado la semana pasada para pedir al presidente Obama “actuar con la mayor celeridad posible”, en el caso de los “dreamers” detenidos.

Tres de los jóvenes indocumentados, Lizbeth Mateo, Marcos Saavedra y Lulú Martínez, cruzaron a México voluntariamente a principios de este mes para reunirse con familiares.

Su intención fue siempre regresar por un puerto de entrada legal para retar al gobierno estadunidense a admitirlos en el país.

A los tres se les sumaron en México otros seis jóvenes que habían salido de Estados Unidos, unos voluntariamente y otros deportados.
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John Liu saludó en español. Sal Albanese mencionó su pasado como inmigrante. Christine Quinn habló de la necesidad de ayudar a los dreamers. John Catsimatidis recordó que muchos empleados de su cadena de supermercados son hispanos.

Todos los candidatos a suceder al alcalde de Nueva York Michael Bloomberg se esforzaron por cortejar al público hispano durante un debate el mes pasado en el condado del Bronx para hablar de los temas que afectan a esa comunidad. Y es que con un 23% de neoyorquinos hispanos que pueden votar en la ciudad, los expertos aseguran que su voto es crucial en la elección de noviembre. Con tantos candidatos, sin embargo, el voto hispano parece muy dividido y no se encolumna detrás de los dos candidatos de esa comunidad.

“Es el factor X de la elección”, afirmó Bill De Blasio, aspirante demócrata a la alcaldía.

“El voto latino está disponible. No hay un claro candidato de los latinos. Esta es una comunidad políticamente independiente, en el sentido de ser abierta de mente, y representa una gran parte del voto. La comunidad hispana es central en nuestra estrategia electoral”, declaró De Blasio a la AP.

La última encuesta que analizó el voto hispano indicó que Anthony Weiner y Quinn son los preferidos de esa comunidad, con el 20% y el 19% de las preferencias respectivamente. Di Blassio les sigue con el 12%.

La encuesta fue realizada por NBC 4 New York/Wall Street Journal/Marist la semana pasada, luego de que estallase el escándalo en torno a las relaciones que mantenía Weiner, quien está casado, con varias mujeres a través de la internet. Otras encuestas, como una de la Quinnipiac University, indican que Weiner cayó del primer al cuarto lugar en las preferencias del electorado en general tras el escándalo.

Angelo Falcón, director del Instituto Nacional de Política Latina, sostuvo que “aunque muchas personas no pueden votar porque no son ciudadanas, no tienen la edad, o no se involucran, la comunidad hispana es tan grande en la ciudad, que incluso con todos esos obstáculos que hacen que muchos hispanos no formen parte del electorado, representa un gran bloque de votantes”.

De los 2,4 millones de hispanos de la ciudad, aproximadamente 1,2 millones pueden votar según datos del censo del 2011. La mayoría de los hispanos que pueden ir a las urnas son puertorriqueños (544.000), seguidos de los dominicanos (237.000), ecuatorianos (59.440) y colombianos (49.982), según datos del American Community Survey del censo en el periodo 2006-2010.

La oportunidad de fotografiarse junto a hispanos no es desaprovechada por ninguno de los aspirantes a gobernar la ciudad.

Varios de ellos se subieron en junio a las carrozas del Desfile Nacional Puertorriqueño que recorre la Quinta Avenida. Otros hablaron desde el estrado donde la comunidad dominicana del alto Manhattan celebró en mayo la decisión de darle a un tramo de la avenida Broadway el nombre de Juan Rodríguez Way, en homenaje a un dominicano que es considerado el primer no nativo en instalarse en lo que hoy en día se conoce como Manhattan.

Otros pasean por barrios hispanos como el sur del Bronx o Corona (en Queens) para estrechar la mano de los votantes. Varios de ellos se han reunido de forma privada con la organización Federación Hispana para expresar sus posiciones sobre temas que afectan a esa comunidad. Y otros tuvieron que responder a preguntas como si comen “cuchifritos” durante un debate electoral sobre temas hispanos organizado por el canal local de noticias NY1 y el Latino Leadership Institute.

Además de Liu, Albanese, Quinn, Catsimatidis y De Blasio los aspirantes a ocupar el puesto de alcalde incluyen a Anthony Weiner, Joe Lhota, George McDonald, Adolfo Carrión, Erick Salgado y William Thompson.

“Creo que el voto hispano es crítico”, dijo Quinn a la AP. “Cuando miremos atrás después de las elecciones es posible que veamos que los latinos fueron una de las comunidades clave, que decidieron quién sería el próximo alcalde”.

Quinn, actual presidenta del Concejo Municipal, ha emitido una guía en español llamada “Nueva York 2014” donde explica sus logros como política y propone emitir anuncios en español en autobuses y el tren subterráneo. Recientemente promovió una iniciativa municipal para invertir 18 millones de dólares en programas de educación para adultos y asistencia legal con el objetivo de ayudar a dreamers locales a acogerse al plan de suspensión de deportaciones que el presidente Barack Obama aprobó el año pasado para jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños.

Quinn también ha anunciado que cuenta con el respaldo político de la ex gobernadora de Puerto Rico Sila María Calderón, quien viajó a Manhattan para expresar su apoyo a la candidata.

De Blasio, el actual defensor del pueblo, habla español. Ha ofrecido un plan para otorgar licencias de conducir a inmigrantes sin papeles y una tarjeta municipal de identificación que permitiría a inmigrantes sin autorización acceder a servicios básicos y abrir cuentas bancarias.

Weiner, un ex congresista que dimitió el año pasado por enviar fotos de contenido sexual a través de mensajes en Twitter, ha propuesto crear un sistema de seguro médico en la ciudad similar a Medicare que incluya a inmigrantes excluidos de coberturas federales. El candidato a la alcaldía se ha visto inmerso en nuevo escándalo de envío de mensajes de contenido sexual.

Thompson, antiguo contralor de la ciudad, ha recibido el respaldo de políticos hispanos de peso como el senador Adriano Espaillat, el congresista José Serrano y Rubén Díaz Jr, presidente del condado del Bronx, entre otros.

Liu ha dicho que está en contra de ofrecer una tarjeta municipal de identificación para inmigrantes porque argumenta que eso no es compatible con el ideal de una sociedad igualitaria. El candidato ha recibido el apoyo de la Asociación Nacional de Agentes de Policía Latinos.

Para Lucía Gómez, directora de la organización sin ánimo de lucro La Fuente, el voto hispano no significará nada si los latinos no salen a votar, un problema recurrente tanto a nivel nacional como local.

“Espero que el voto hispano tenga mucho que decir en las primarias demócratas y en las generales. Yo de momento no he visto un candidato a alcalde que atraiga a la mayor parte del voto hispano. Creo que no hay aún un ‘candidato de los hispanos”’, opinó Gómez, cuya organización promociona entre otras cosas el registro de votantes en barrios latinos como Sunset Park (en Brooklyn), Jamaica (en Queens) y el sur del Bronx.

Los candidatos Salgado y Carrión son hispanos. Carrión, quien fue presidente del condado del Bronx, es más conocido, pero según los expertos su campaña aún no ha logrado el impulso necesario. El político de origen puertorriqueño se presenta a las elecciones como independiente en tanto que Salgado lo hace como demócrata.

“El problema con él ha sido que su estrategia no fue esforzarse realmente en captar el voto latino. Él pensó que obtendría el voto de la comunidad latina por simplemente ser latino, pero su mensaje ha sido más conservador y no típico del lenguaje que usa el Partido Demócrata”, opinó Falcón. “Es posible que si hace más campaña centrada en la comunidad latina obtenga mucho apoyo de los latinos, pero de momento eso no está claro”.

Carrión dijo a la AP que de los aproximadamente 4 millones de votantes registrados en la ciudad, casi un tercio son hispanos y que unos 850.000 acuden a las urnas. “Si la mitad de ellos y otras 200.000 personas votan por mí, seré el próximo alcalde de Nueva York”, manifestó.

No hay sondeos locales que demuestren de forma fiable las preferencias de los votantes hispanos en estas elecciones. Las primarias demócratas ocurrirán en septiembre mientras que la elección general tendrá lugar en noviembre.

En las últimas elecciones, en el 2009, Thompson fue el hispano más votado, con el 55% del voto de esa comunidad, según la encuestadora Edison Research. Pero no le alcanzó para derrotar al alcalde Bloomberg, quien fue reelegido con el 43% del voto hispano. Los hispanos representaron una quinta parte del electorado en esa votación.

“Cualquier (candidato) latino tiene una ventaja con la comunidad latina simplemente porque ellos (los candidatos) se convierten en un portavoz de sus sueños y aspiraciones”, sostuvo Carrión. “También hay afinidad de lengua, de cultura, y sinceramente creo que hay un sentimiento de ‘esta persona probablemente es más capaz de identificarse con mi realidad que cualquier otra”’.

Nueva York es una ciudad que le abre los brazos a los inmigrantes. Promueve políticas que faciliten la apertura de pequeños negocios y ha limitado la colaboración entre la policía local y las autoridades federales para identificar a los que puedan ser deportados. El alcalde Bloomberg ha promovido esas políticas y formado una coalición nacional llamada “Parternship for a New American Economy” que promueve la aprobación de una reforma migratoria.

Varios candidatos a la alcaldía hablan en debates públicos a favor del proyecto de reforma a las leyes de inmigración que se ventila en estos momentos en Washington y que podría abrir un camino a la naturalización de 11 millones de inmigrantes sin papeles.

Jorge Ayala, un puertorriqueño dueño del restaurante La Fonda, en East Harlem, dijo que aún no ha decidido por qué candidato a alcalde votará. Ha estado muy ocupado, señaló, pero conoce a Thomspon y a Carrión, dijo, y le interesan las elecciones locales. Detrás de la barra de su restaurante, y bajo el son de ritmos tropicales, opinó que es una pena que no haya más hispanos que voten.

“No participamos como deberíamos y eso es lamentable”, señaló. Parecía hablar de Víctor Hernández, otro puertorriqueño que asegura que no va a las urnas desde que votó por el presidente John Kennedy.

“Hay demasiados candidatos a alcalde… ¿Cuántos hay? ¿Diez?”, preguntó Hernández, de 70 años, mientras tomaba el sol sentado dos calles al norte del restaurante, en la Tercera Avenida con la calle 108. “Pero he visto a Quinn, ella ha venido aquí varias veces”.

Se calcula que un 30% de los votantes que participarán en las primarias demócratas de septiembre son hispanos. En la contienda electoral un aspirante a concejal de ascendencia mexicana, Carlos Menchaca, planea presentarse al puesto por primera vez.

Muchos en la esfera política neoyorquina esperan ahora a ver a quien apoyará la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, una de las principales voces hispanas en el estado.

Pero Gómez se pregunta “si los respaldos políticos realmente importan”.

Y, sobre todo, “¿cómo asegurar que lo que han dicho se cumple? Yo creo que ahí veremos si verdaderamente tenemos poder para lograr algo con cualquiera de estos aspirantes”.
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Por lo menos 10 presuntos criminales de guerra nazis permanecieron en Estados Unidos a pesar de que las autoridades hace años ordenaron su deportación, debido a que los países donde ocurrieron los crímenes se han negado a recibirlos, halló una investigación de la AP.

Algunos han fallecido, pero cuatro de ellos siguen viviendo en Estados Unidos y tienen derecho a recibir prestaciones del gobierno como seguro social, hasta que se agoten todas las apelaciones judiciales.

Se trata de Vladas Zajanckauskas en Sutton, Massachusetts; Theodor Szehinskyj en West Chester, Pensilvania; Jakiw Palij en la ciudad de Nueva York y John Kalymon en Troy, Michigan.

Todos han podido vivir sus vidas tranquilas en sus vecindarios durante años, aunque se les ha despojado de su nacionalidad y se les ha ordenado deportar. Otras decenas de sospechosos pudieron gozar de beneficios públicos como el seguro social mientras resistían las gestiones de deportación.

Las autoridades estadounidenses tienen la potestad de deportar a personas de quienes sospecha fueron criminales de guerra nazis, pero no los puede enjuiciar ya que los crímenes no se cometieron en suelo estadounidense. Esa responsabilidad recaería en los países donde ocurrieron los crímenes.

En los 34 años desde que el Departamento de Justicia creó una oficina especial para encontrar y deportar a sospechosos nazis, la agencia ha iniciado procesos contra 137 individuos. Menos de la mitad — por lo menos 66 — han sido expulsados del país mediante deportación, salida voluntaria o extradición.

Al menos 20 fallecieron mientras sus casos se procesaban. En por lo menos otros 20 casos, las autoridades estadounidenses se abstuvieron de implementar las órdenes de deportación, frecuentemente debido al mal estado de salud de los sospechosos, indica un reporte del 2008 del Departamento de Justicia. En algunos casos, el gobierno estadounidense se abstuvo a solicitar la deportación a cambio de que los señalados cooperen en otras investigaciones, según el documento.

Pero el principal obstáculo ha sido la negativa de los países europeos de aceptar a los sospechosos.

“Sin lugar a dudas, nuestra principal frustración ha sido nuestra incapacidad, en un gran número de casos, de implementar órdenes de deportación que logramos aprobar en los tribunales federales. No podemos implementarlas porque los gobiernos de Europa se niegan a aceptar a esa gente”, dijo Eli Rosenbaum, director de la agencia del Departamento de Justicia encargada de investigar a los acusados de cometer crímenes de guerra nazis, en el documental del 2011 “Elusive Justice: The Search for Nazi War Criminals”.

Funcionarios del Departamento de Justicia negaron autorización para entrevistar a Rosenbaum.

Los cuatro sospechosos de ser criminales de guerra nazis que siguen viviendo en Estados Unidos a pesar de tener órdenes de deportación en su contra han agotado todas las apelaciones.

Efraim Zuroff, principal cazador de nazis para el Centro Simon Wiesenthal, declaró que muchos países carecen de la voluntad política para aceptar a sospechosos de ser criminales de guerra nazis.

“No creo que se trate de una falta de esfuerzo por parte del gobierno estadounidense, de ninguna manera”, expresó Zuroff.
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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, puede impulsar la reforma migratoria con acciones ejecutivas que no involucren al Congreso, donde está atorado el proyecto de ley sobre el tema, recomendó hoy Los Angeles Times.

“El presidente que hace semanas anunció un programa para jóvenes estudiantes indocumentados, puede anunciar más programas similares, se indicó en un artículo de opinión.

La colaboración fue firmada por Nelson Peacock, vicepresidente de Cornerstone sobre Asuntos Gubernamentales en Washington y fue secretario adjunto para asuntos legislativos del Departamento de Seguridad Nacional.

“El presidente debe ampliar el programa a otras categorías a favor de inmigrantes con muchos años de radicar aquí o que en su familia tengan miembros que sean ciudadanos estadunidenses”, sugirió.

“Con estas acciones el presidente estaría abriendo el libro de las jugadas y forzaría al congreso a resolver de una vez por todas el asunto de la reforma migratoria”, consideró.

Apuntó que estos programas al igual que el de Accion Diferida que otorgó acceso al trabajo a los jóvenes serán financiados con cargos de honorarios de los propios inmigrantes y no al Estado.

Este programa, dirigido a los llamados Dreamers, provocó una ola de entusiasmo en la comunidad latina. Casi 520 mil personas han recibido ayuda bajo este programa desde que se anunció.

El Senado ha aprobado un proyecto de ley bipartidista y la Cámara de Representantes está trabajando en la reforma aunque haya resistencia al interior de los republicanos, señaló.

Las cuestiones clave son la seguridad fronteriza y una vía legal a la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones que están aquí ilegalmente, resumió.

Las razones políticas de la Casa Blanca de negociar un acuerdo son muchas. Una encuesta reciente de Gallup mostró que 87 por ciento de los estadunidenses apoya una reforma integral que incluya un camino a la ciudadanía.

Por otra parte, un número creciente de votantes latinos en estados clave resultó en cifras históricas para Obama en las pasadas elecciones, lo que sugiere que, en el largo plazo, los republicanos tienen que hacer frente a esta situación o seguir perdiendo votos.

Sin embargo, el presidente John A. Boehner, el hombre clave de los republicanos en la Cámara, no tiene el lujo de operar en el largo plazo.

El bloque conservador de republicanos de la Cámara está cavando en contra de la reforma que incluya una vía a la ciudadanía, y el otoño promete ser una “pelea a muerte” con demócratas.

Independientemente de lo que Boehner y los presidentes de comisiones decidan sobre los millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, ahora es casi seguro que quedarse será caro y requiere mucho tiempo para deportarlos.

El sistema de control de la inmigración se financia actualmente para deportar a unos 400 mil inmigrantes al año, financiamiento que es poco probable que aumente en tiempos presupuestarios difíciles.

Tal vez el presidente puede forzar negociaciones recordando a críticos que, en ausencia de una verdadera reforma, un presidente, cualquiera sea su signo político, todavía tiene que gobernar.

Si el presidente actúa con valentía, él podría ser capaz de arrancar un proyecto de ley al Congreso que podría establecer su legado y, sobre todo, asegurar los verdaderos cambios en las políticas de inmigración que necesita este país, finalizó.
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