WASHINGTON (AP) — Michael Froman, un asesor económico de alto rango de la Casa Blanca y ex compañero de clases del presidente Barack Obama en la facultad de derecho de Harvard obtuvo el miércoles la confirmación del Senado para convertirse en el próximo representante comercial de Estados Unidos.

La confirmación fue por votación de 93-4, entregando a Froman, de 50 años, la dirección de una agencia que participa ahora en dos de las negociaciones comerciales más significativas en la historia reciente.

“En su nuevo cargo, Mike estará enfocado en nuestras principales metas económicas: promover el crecimiento, creación de empleos y fortalecimiento de la clase media”, dijo Obama en un comunicado en el que elogió la decisión de la cámara alta. “Y él continuará ayudando a abrir nuevos mercados para empresas estadounidenses, igualando las condiciones para los trabajadores, agricultores y hacendados estadounidenses, y haciendo valer absolutamente nuestros derechos comerciales”, agregó.

Votaron en contra de un senador independiente, Bernie Sanders, y tres demócratas: Carl Levin, Joe Manchin y Elizabeth Warren. Esta última dijo en un discurso en el pleno de la cámara que votaba en contra porque Froman no se comprometería a una mayor transparencia en las posiciones tomadas por Estados Unidos y otras naciones en negociaciones comerciales.

“Creo que necesitamos una nueva dirección del representante comercial, una dirección que dé prioridad a transparencia y debate público”, subrayó.

Froman, nominado por Obama en mayo, reemplaza al ex alcalde de Dallas Ron Kirk, quien renunció en febrero después de prestar servicio como representante comercial de Estados Unidos durante el primer periodo presidencial de Obama y concretar acuerdos de libre comercio con Corea del Sur, Panamá y Colombia.

Froman ha estado trabajando como subasesor de seguridad nacional para asuntos económicos internacionales y ha participado en la coordinación de la política de la Casa Blanca en comercio internacional, inversiones y energía.

Cuando anunció la nominación de Froman, Obama reconoció su ayuda en la negociación de los tres acuerdos comerciales antes mencionados.

Una de sus principales responsabilidades como representante comercial del país será completar este año las negociaciones sobre la Asociación Trans-Pacífica, un bloque comercial Asia-Pacífico que incluye a Estados Unidos, Australia, Canadá, Malasia, México, Vietnam, Chile, Nueva Zelanda, Brunei, Singapur, Perú y Japón.

La oficina de comercio además estará al frente de las incipientes negociaciones de liberalización comercial con la Unión Europea conocidas como la Asociación de Inversión y Comercio Transatlántico.

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WASHINGTON (AP) — Un grupo bipartidista acordó el jueves un plan para incrementar de manera sustancial la vigilancia de la frontera con México que pudiera atraer los 60 votos requeridos para que el Senado apruebe un proyecto de ley que concedería a 11 millones de inmigrantes sin papeles la opción de la naturalización.

El acuerdo anunciado en el pleno del Senado por los senadores republicanos John Hoeven (Dakota de Norte) y Bob Corker (Tenesí) persigue duplicar los agentes de la Patrulla Fronteriza, construir 700 millas de cerca y gastar miles de millones de dólares en equipos tales como aviones no tripulados, radares y monitores antisísmicos.

El senador demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, uno de los ocho autores del proyecto de ley de reforma migratoria, dijo que la redacción de la enmienda no ha finalizado y que continúan compartiendo información con otras partes interesadas.

“Estamos extremadamente entusiastas porque un acuerdo está al alcance”, dijo Schumer en el pleno. “Estamos a punto de obtener un logro decisivo. Creemos que podemos tener un voto final favorable sobre el proyecto de ley”.

Según el nuevo acuerdo, los inmigrantes sin documentación podrán legalizarse mientras se implementan las nuevas medidas de seguridad fronteriza, pero solo podrán obtener la residencia permanente cuando la implementación haya concluido.

Hoeven ubicó en 30.000 millones de dólares el costo de las nuevas medidas de seguridad, y explicó que podrá ser costeado con el recorte de 197.000 millones de dólares que la reforma migratoria representará para el déficit público estadounidense, según estimó esta semana la Oficina Legislativa de Asuntos Presupuestarios.

De ser aprobado, el consenso incrementaría las posibilidades no sólo de que el Senado apruebe el proyecto de ley, sino que darían un nuevo aire a las aspiraciones demócratas de alcanzar los 70 votos para ejercer presión sobre la mayoría republicana en la cámara baja que hasta ahora se ha mostrado renuente a acoger la versión del Senado por considerar que no garantiza adecuadamente la seguridad fronteriza.

Pero el acuerdo atrajo críticas de otros senadores republicanos como Jeff Sessions (Alabama) y David Vitter (Luisiana), quienes sostienen que no corregirá las deficiencias fundamentales del proyecto de ley al no garantizar de manera adecuada la seguridad fronteriza antes de que los 11 millones de inmigrantes sin papeles se naturalicen.

Otras críticas provinieron de una coalición de organizaciones llamada Cambio que sostiene que afectará a millones de residentes en la zona fronteriza.

“Este acuerdo es un mal negocio para las comunidades fronterizas y el pueblo estadounidense”, dijo Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades en la Frontera Sur e integrante de Cambio. “Sólo es una promesa vacía de seguridad fronteriza y un cálculo político caro, excesivo y extremo”.

Se prevé que el Senado someta a votación el proyecto de ley a fines de la semana próxima.

Luego le correspondería actuar a la cámara de representantes, cuya mayoría republicana se opone a conceder la opción de la naturalización a inmigrantes sin papeles.

La Casa Blanca rehusó pronunciarse sobre la nueva enmienda, pese a que funcionarios legislativos aseguraron que representantes del ejecutivo participaron en la redacción.

Los senadores seguían debatiendo la reforma migratoria, horas después de que el Senado votara el jueves 54-43 a favor de rechazar una enmienda republicana que establecía la regularización de los 11 millones de inmigrantes solamente después de que sea arrestado el 90% de las personas que intentan ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

Los ocho senadores autores del proyecto de ley habían calificado a la propuesta del republicano por Texas John Cornyn, que incluía un sistema biométrico para verificar cuando extranjeros salgan de territorio estadounidense por mar o aire, como una “píldora venenosa” porque postergaría indefinidamente la legalización de los inmigrantes sin documentos.

La enmienda de Cornyn generó una atención preliminar considerable entre los republicanos insatisfechos con el proyecto de ley integral porque consideran que no garantiza debidamente la seguridad fronteriza, pero no obtuvo los votos necesarios ante las perspectivas de que ambas bancadas logren acuerdo sobre otra enmienda.

El senador republicano por Florida Marco Rubio fue el único de los ocho autores de proyecto de ley que apoyó la enmienda de Cornyn.

La organización Dream Act Coalition, que apoya la naturalización de los inmigrantes sin papeles, criticó en un comunicado el voto de Rubio y se preguntó “¿Del lado de quién está el senador Rubio?”

El jefe de la bancada mayoritaria, el demócrata por Nevada Harry Reid, ha reiterado su urgencia de comenzar a votar enmiendas cuanto antes para aprobar antes del 4 de julio el proyecto de ley.

Hasta el momento han sido presentadas 349 enmiendas, de las cuales han sido votadas una docena. Los senadores no están obligados a votar cada una de las enmiendas que han presentado.

A diferencia del enfoque integral con que el Senado abordó la reforma migratoria, la mayoría republicana en la cámara baja ha mostrado preferencia por proyectos de ley separados y con énfasis en medidas restrictivas a la inmigración ilegal.

La comisión aprobó el martes un proyecto de ley que busca aplicar duras penas a cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos sin permiso de residencia. Los demócratas calificaron la legislación como peligrosa.

El presidente Barack Obama ha reiterado su expectativa de que el Congreso apruebe la reforma migratoria antes de su receso veraniego previsto el 2 de agosto.

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Vistazo al proyecto de reforma inmigratoria global que discute el Senado y los detalles de una enmienda de compromiso sobre seguridad fronteriza propuesta por los senadores republicanos John Hoeven, de Dakota del Norte, y Bob Corker, de Tenesí. Los autores demócratas y republicanos del proyecto aceptaron la enmienda y la votación está prevista para los próximos días.

SEGURIDAD FRONTERIZA

En el proyecto subyacente:

—La meta del proyecto es vigilar el 100% de la frontera con México y atrapar u obligar a regresar al 90% de los que intentan cruzar.

—En los seis meses siguientes a la puesta en vigencia de la ley, el Departamento de Seguridad Nacional debe elaborar un plan de seguridad fronteriza para alcanzar esas metas, incluyendo el empleo de aviones no tripulados, agentes adicionales y otros enfoques; y elaborar por aparte un plan para determinar dónde se requieren más cercas.

—Si no se cumplen los objetivos de 90% de eficacia y vigilancia continua de la frontera en los próximos cinco años, se creará una Comisión de Seguridad de la Frontera Sur con gobernadores de los estados fronterizos y otros funcionarios para determinar cómo alcanzarlos.

—Antes de que una persona que haya ingresado a Estados Unidos sin autorización pueda obtener un estatus legal provisorio, los planes de seguridad y cercas fronterizas deben estar funcionando. Antes de que pueda obtener la residencia permanente esos planes deben estar completados en lo esencial y también debe estar en funcionamiento un nuevo sistema de ingresos y egresos en los puertos de mar y aeropuertos para rastrear a las personas que salen y entran. También debe estar instalado un sistema obligatorio que permita a los empleadores verificar el estatus legal de sus empleados.

—Se contratarían unos 3.500 agentes de aduana nuevos.

—La Guardia Nacional sería apostada en la frontera para construir cercas y retenes y realizar otras tareas.

—Se proporcionarían fondos para incrementar las acciones legales a los que cruzan la frontera e instalar nuevas estaciones de la patrulla fronteriza.

En la enmienda Corker-Hoeven:

—Habría 20.000 agentes nuevos de la Patrulla Fronteriza, el doble de lo que hay actualmente en la frontera entre Estados Unidos y México.

—Se completarían 1.100 kilómetros (700 millas) de cerca, 500 (350) más que en el proyecto subyacente.

—En lugar de encomendar un plan de seguridad fronteriza al Departamento de Seguridad Nacional, la enmienda incluye detalles de ese plan, tales como una docena de aviones no tripulados (“drones”) adicionales y una batería de dispositivos de alta tecnología para vigilar la frontera con México: cámaras, torres de observación, imágenes sísmicas y térmicas y un sistema de radar aerotransportado como el que usan las fuerzas armadas.

—Nadie puede obtener la residencia permanente (la cédula verde o “green card”) hasta tanto estos planes estén en operación. Los secretarios de Seguridad Nacional y Defensa deben certificarle al Congreso que las medidas de seguridad están funcionando.

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CAMINO A LA CIUDADANIA

—Los aproximadamente 11 millones de personas que residen en el país sin autorización podrían obtener el “estatus provisional de inmigrante registrado” siempre y cuando:

(1) El Departamento de Seguridad Nacional haya elaborado planes de seguridad y erección de cercas fronterizas.

(2) Hayan entrado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 y permanecido continuamente en su territorio desde entonces.

(3) No hayan sido condenados por un delito grave o tres o más infracciones menores.

(4) Paguen una multa de 500 dólares.

—Las personas con estatus legal provisional podrían trabajar y viajar en Estados Unidos, pero no podrían solicitar la mayoría de las prestaciones federales, incluyendo atención en salud y prestaciones sociales.

—El estatus legal provisional dura seis años y se puede renovar otros seis años por 500 dólares.

—Las personas deportadas por razones no criminales pueden presentar una solicitud para volver a ingresar al estatus provisional si tienen un cónyuge o un hijo que es ciudadano estadunidense o residente permanente, o si fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

—Después de 10 años bajo el estatus provisional, los inmigrantes pueden buscar una tarjeta de residencia o “green card” y la condición de residente permanente si están al día en sus impuestos y pagan una multa de 1,000 dólares, han permanecido continuamente en Estados Unidos y cumplen los requisitos de trabajo y aprender inglés. También los factores fronterizos desencadenantes deberán haberse cumplido, y todas las personas que esperan para inmigrar a través del sistema legal a partir de la fecha de promulgación de la legislación deben haber sido atendidos.

—Las personas que fueron traídas al país cuando eran jóvenes podrían obtener tarjetas de residencia (“green cards”) en cinco años, y la ciudadanía inmediatamente después.

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TRABAJADORES ALTAMENTE CUALIFICADOS

—El límite en el programa de visas H-1B para trabajadores altamente cualificados se elevará inmediatamente de 65.000 al año a 110.000 al año, y se reservarán otros 25.000 cupos para las personas con títulos avanzados en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas en una universidad de Estados Unidos. El límite puede alcanzar hasta 180.000 al año en función de la demanda.

—Nuevas medidas de protección incluirían medidas enérgicas contra las empresas que utilizan las visas H-1B para capacitar a trabajadores en Estados Unidos sólo para enviarlos de nuevo al extranjero.

—Los inmigrantes con ciertas habilidades extraordinarias, como profesores, investigadores, ejecutivos de multinacionales y atletas, estarían exentos de los límites existentes de tarjetas de residencia (“green cards”). Lo mismo sucedería con los graduados de las universidades de Estados Unidos con ofertas de empleo y títulos en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas.

—Una visa de emprendimiento se pondrá a disposición de los empresarios extranjeros que desean venir a Estados Unidos para iniciar una empresa.

—Una nueva visa por mérito, con un máximo de 250.000 personas al año, otorgaría puntos a los posibles inmigrantes sobre la base de su educación, empleo, tiempo de residencia en Estados Unidos y otras consideraciones. Aquellos con más puntos se llevarían las visas.

—El proyecto de ley eliminaría el Programa de Lotería de Visas por Diversidad del gobierno, que otorga al azar 55,000 visas a los inmigrantes procedentes de países con tasas históricamente bajas de inmigración a Estados Unidos, de modo que se puedan otorgar más visas vínculos laborales y de mérito.

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TRABAJADORES POCO CUALIFICADOS

—Una nueva visa W permitiría hasta a 200.000 trabajadores poco cualificados al año ingresar al país para empleos en construcción, atención a largo plazo, hotelería y otras industrias.

—Un nuevo programa de visas para trabajadores agrícolas se establecería para sustituir al actual programa. Los trabajadores agrícolas que ya están aquí sin permiso legal y que han trabajado en la industria por al menos dos años, podrían tener derecho a las tarjetas de residencia o “green cards” en otros cinco años si se quedan en ese sector.

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INMIGRACIÓN FAMILIAR

—Bajo la ley actual, los ciudadanos estadounidenses pueden patrocinar a sus cónyuges, hijos y hermanos para venir a Estados Unidos, con límites en algunas categorías. El proyecto de ley prohibiría que los ciudadanos patrocinen a sus hermanos y les permitiría patrocinar hijos e hijas casados sólo si esos hijos tienen menos de 31 años.

—Los residentes permanentes con autorización legal actualmente pueden patrocinar a sus cónyuges e hijos, pero los números son limitados. El proyecto de ley elimina ese límite.

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VERIFICACIÓN DE EMPLEO

—En un plazo de cuatro años, todos los empleadores deben implementar E-Verify, un programa para verificar electrónicamente el estatus legal de sus trabajadores. Como parte de ello, sería necesario que aquellos que no son ciudadanos muestren una identificación con fotografía que debe coincidir con una foto en el sistema E-Verify.

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NUEVA YORK (AP) — Un abogado del Departamento de Justicia dijo que el gobierno federal ha probado que Apple Inc. se confabuló con casas editoriales en el 2010 para elevar los precios de los libros electrónicos.

Los alegatos finales el jueves por parte del abogado Mark Ryan buscaban ganar el fallo del tribunal contra Apple en un caso antimonopólico en Nueva York.

Orin Snyder, abogado de Apple, le dijo la jueza Denise Cote que sentaría un “precedente peligroso” si concluía que Apple manipuló los precios de los libros electrónicos al entrar al mercado.

El juicio de tres semanas se derivó de una demanda antimonopólica presentada por el gobierno el año pasado contra Apple y grandes casas editoriales. El gobierno ha llegado a acuerdos con cinco editoriales.

En el juicio se han escuchado declaraciones de ejecutivos de Apple, editoriales y Amazon.com.

Se espera que Cote pronuncie su fallo este año.

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En su vida cotidiana en Estados Unidos, el tema de las remesas de dinero toca a todos y cada uno de los inmigrantes cuyas familias dependen económicamente de ellos y que en su mayoría reciben cada semana el fruto de los esfuerzos del que cruzó la frontera hacia el norte de América.

No se sabe cuántas familias o personas en total dependen de las remesas que salen desde Estados Unidos hacia Centro y Sur América, pero lo que sí se sabe es que se trata de un negocio que representa miles de millones de dólares anuales para los servicios de envíos.

Según el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2012 las remesas fueron de 61.276 millones de dólares, prácticamente sin cambio frente a los envíos de 2011 cuando totalizaron 60.900 millones de dólares.

“Sagradamente les mando dinero a mi madre y a mis hermanas cada dos semanas. Ellas dependen de mí y no puedo parar la remesa, aunque aquí las cosas se pongan duras”, comentó Juan Martínez, de 38 años, empleado de un restaurante de sushi en San Antonio, Texas.

Además de la dificultad de encontrar y de mantenerse en un empleo por la falta del permiso de Inmigración, el costo del envío y la cantidad de dinero que les entregan a sus familias se vuelve también parte de la lucha por la supervivencia en el mundo del inmigrante trabajador.

“Yo siempre estoy averiguando entre dos y tres tiendas porque para mí un dólar de diferencia en el costo y 100 pesos en lo que les entregan (a mis familiares) es importante. Antes yo mandaba de la misma parte sin averiguar otros lugares porque me daba miedo que me reportaran a Inmigración, dijo Martínez, que salió de su casa en Jaltipán, Morelos, el mismo día que cumplió los 18 años.

“Sabemos que es un tema vital para el inmigrante y su familia, de manera que lo que busca el Fomin es que haya mayor transparencia, competencia y reglas estables y sin discriminación en el costo de los envíos”, dijo a la AP María Luisa Hayem, de la Unidad de Acceso a Financiamiento del fondo.

Actualmente se consiguen comisiones de envíos que van desde los 5 hasta los 22,99 dólares, para un envío de 500 dólares. Hace 10 años costaba el triple que hoy.

Aunque en los últimos años los costos de las remesas han bajado considerablemente, queda mucho por hacer, según Hayem.

La Procuraduría Federal del Consumidor de México (Profeco) tiene un programa denominado “Quién es quién en el envío de dinero”. Con él los inmigrantes pueden saber cuáles son las empresas de envíos que ofrecen las tasas más favorables.

Profeco ofrece acceso a información de los servicios de 28 proveedores en nueve ciudades de Estados Unidos, entre ellas Houston y Dallas, Texas; Los Ángeles, Sacramento y San José, California; Miami y Nueva York.

En tablas que actualiza Profeco cada semana en su página en internet www.profeco.gob.mx/envio, el interesado puede saber el nombre de la compañía que ofrece el servicio, la comisión por enviar 300 dólares, la tasa de cambio y el tiempo en el que su familiar recibirá el dinero.

Para envíos a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, el Fomin destaca el servicio de información en internet Envía Centro América en donde se puede saber desde la empresa que envía, hasta el costo total en dólares y en porcentaje de la operación.

Esta semana, por ejemplo, el envío más barato de 500 dólares a El Salvador desde Nueva York, para entrega en efectivo, costaba 8 dólares.

El costo depende de muchos factores y hay diferencias sustanciales entre países. El Salvador, por ejemplo, está entre los de comisiones y costo final más bajos, mientras que Honduras es el destino más costoso de las remesas, comentó Hayem.

La tendencia de los servicios de envío de dinero es a la formalidad. “Además los corredores (prestadores del servicio) tienden a incluir el uso de la tecnología para atraer más clientes. Ya es posible, por ejemplo, que el que envía sepa que su familia recogió la remesa al acceder a una cuenta desde su celular”, dijo Hayem.

El Fomin adelanta conversaciones con las entidades financieras en todos los países con el fin de crear sistemas que reduzcan los costos, eliminen por completo la informalidad de las remesas y permitan al destinatario crear un sistema de ahorro para mejorar su estilo de vida.

Se trata del Programa de Remesas y Ahorros, que dota hasta con 400.000 dólares en proyectos de cooperación técnica a entidades financieras que presenten proyectos para recepción de remesas, atados a planes de ahorro.

Lo ideal es la bancarización de las remesas, que a cambio de efectivo que se transfiera de cuenta a cuenta. “Por eso buscamos que las entidades financieras y las autoridades cambiarias de cada país tengan en cuenta cinco principios básicos para esas operaciones”, comentó Hayem.

La transparencia y protección al consumidor, la infraestructura de los sistemas de pago, un marco jurídico y regulador, la estructura del mercado y de la competencia y finalmente el buen gobierno y gestión del riesgo, son los cinco principios que busca el Fomin para los países receptores de las remesas.

Cálculos preliminares de la entidad indican que los inmigrantes realizan desde la Unión Americana por lo menos 250 millones de transferencias anualmente.

Lo malo del asunto es que por lo menos dos terceras partes son transferencias en efectivo, lo cual representa mayor riesgo y costo de la operación.

“Yo sí quiero enviar mi dinero directo a una cuenta en Morelos para no batallar cada semana. Tengo amigos que siguen confiando las remesas a un bato (amigo) que ya es ciudadano americano y que las lleva cada mes entre sus compras de mercancía”, dijo Martínez.

Lamentablemente, el tema de las remesas va más allá de los precios y la informalidad. El monto que reciban depende de la tasa de cambio y esta, a su vez, de variables y hechos que escapan incluso de las autoridades en los países receptores.

La situación económica de Estados Unidos, que mantiene el desempleo arriba del 7%, y las acciones de la Reserva Federal para apalancar la recuperación de la economía juegan papel importante en la definición de las tasas de cambio que pagan por las remesas, pero ese, por ahora, es otro tema.

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