WASHINGTON (AP) — Por primera vez, las minorías raciales y étnicas de Estados Unidos comprenden la mitad de la población en el segmento de menores de cinco años, lo que refleja los cambios de gran envergadura entre las personas jóvenes.

Debido al envejecimiento de la población, los blancos no hispanos el año pasado registraron más muertes que nacimientos.

Estos dos hitos, revelados en el cálculo del censo a julio del 2012 que se divulgó el jueves, son las señales más recientes de un giro histórico en el que los blancos se convertirán en minoría en una generación, para el año 2043. Se producen un año después de que la Oficina del Censo reportó que los blancos eran ahora minoría entre los recién nacidos.

Las minorías raciales y étnicas, alimentadas por la inmigración y las altas tasas de natalidad, particularmente entre hispanos, están creciendo en cifras más rápido que los blancos.

El descenso en la población blanca de Estados Unidos ha venido ocurriendo más rápidamente de lo esperado, lo que se tradujo en el primer “descenso natural” de los blancos —cuando el número de muertes sobrepasa el de nacimientos— en más de un siglo, según los datos del Censo. Por el momento, la población blanca no hispana aún crece marginalmente, pero solo gracias a la inmigración desde Europa.

Con base en las actuales tasas de crecimiento, los blancos en el grupo de menores de 5 años se convertirán en minoría este año o el siguiente, dijo Thomas Mesenbourg, director interino de la Oficina del Censo.

“Este es el momento crítico que presagia la disminución gradual de la población blanca, que será una tendencia demográfica característica de este siglo”, dijo William H. Frey, demógrafo de la Institución Brookings. “Más que nunca, tenemos que reconocer la importancia de las minorías jóvenes para el crecimiento y la vitalidad de nuestra fuerza de trabajo y economía”.

El gobierno también calcula que en cinco años, las minorías representarán más de la mitad de la población menor de 18 años. Poco después, la población blanca en general de Estados Unidos comenzará un inexorable declive en cifras absolutas debido al envejecimiento de la generación de la posguerra.

Los cambios demográficos ya están causando debates sobre si algunos programas de la era de los derechos civiles, como la Acción Afirmativa en las admisiones en colegios, deben reenfocarse más en los ingresos y no en la raza y la etnia. La Corte Suprema fallará sobre el tema este mes.

La brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos ha alcanzado ahora su mayor amplitud desde 1970, haciendo que cada vez sea más difícil tener la oportunidad de alcanzar la clase media.

Los cambios de largo plazo en la estructura familiar, como un descenso en el matrimonio, han hecho que haya más jefas de familia en todos los grupos raciales, y el crecimiento ha sido más acelerado entre los blancos. Más de 40% de los bebés ahora nacen fuera del matrimonio, en familias que muy probablemente sean de bajos ingresos.

El más reciente censo también muestra que:

-La población menor de cinco años se componía 49,9% de minorías en 2012.

—La población no blanca aumentó en 1,9% a 116 millones, o 37%. Los hispanos representan 17% de la población de Estados Unidos; los negros el 12,3%; los asiáticos, el 5%; y los estadounidenses multirraciales el 2,4%.

-Entre el grupo menor de cinco años, 22% vive en pobreza. Los bebés negros tienen más probabilidad de ser pobres, con 41%, seguido por los hispanos con 32%, los blancos con 13% y los asiáticos con 11%.

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WASHINGTON (AP) — El Senado rechazó el jueves por 57 a 43 votos una enmienda republicana que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control efectivo de la frontera con México durante seis meses antes de que 11 millones de inmigrantes sin documentos puedan comenzar los trámites para su legalización.

El autor de la enmienda, el republicano por Iowa Chuck Grassley, quien justificaba su propuesta para aumentar la seguridad fronteriza ante las medidas que considera insuficientes en el proyecto de ley, criticó la votación en su contra como “una obstrucción que es la forma equivocada de comenzar el proceso de enmiendas en una legislación tan importante”

“Parece que la mayoría teme un debate abierto y votar a favor de una enmienda que garantiza una verdadera seguridad fronteriza antes de la legalización”, indicó. “Ellos dicen estar dispuestos a mejorar el proyecto de ley, pero esta votación demuestra que no están listos a cambiarlo fundamentalmente”.

Fue la primera enmienda sometida a votación por el pleno del Senado desde que inició el martes el debate formal de un proyecto de ley redactado por un grupo bipartidista de ocho senadores.

Los ocho autores del proyecto de ley votaron contra la enmienda, argumentando que demoraría indefinidamente el proceso de legalización. Ellos son los republicanos Marco Rubio por Florida, Lindsay Graham por Carolina de Sur, John McCain y Jeff Flake, ambos por Arizona, y los demócratas Dick Durbin por Illinois, Chuck Schumer por Nueva York, Bob Menéndez por Nueva Jersey y Michael Bennet por Colorado.

El proyecto bipartidista condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción a la naturalización de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que no tengan prontuario policial, que paguen multas por 2.000 dólares y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.

La votación 57 a 43 sugiere que los propulsores de la legislación necesitan seguir buscando votos para al menos alcanzar la cantidad mínima de 60 votos necesarios para su aprobación final.

De los 57 votos a favor de eliminar la enmienda, 50 fueron demócratas, cinco republicanos y dos independientes.

El quinto voto republicano a favor de eliminar la enmienda provino de la senadora por Alaska Lisa Murkowski.

Mientras que los 43 votos en contra de eliminar la enmienda de Grassley incluyó a los demócratas Joe Manchin por Virginia Occidental y Mark Pryor por Arkansas.

Se desconoce cuándo el Senado someterá a votación otras cuatro enmiendas, incluyendo dos que buscan aumentar los requisitos de seguridad fronteriza que debería cumplir el gobierno estadounidense antes de que los 11 millones de inmigrantes sin papeles puedan iniciar los trámites de su legalización.

Una exige la construcción de 700 millas de cerca fronteriza reforzada y otra persigue la implementación de un sistema de identificación biométrico en todos los puertos de entrada del país.

Hasta la noche del miércoles habían sido presentadas 61 enmiendas al proyecto de ley, pero se desconoce cuántas serán sometidas a votación.

Mientras el Senado sesionaba, una delegación de ocho niños cuyos padres están a punto o ya han sido deportados en el estado de Wisconsin imploraron el jueves a su senador, el republicano Ron Johnson, ayuda para aprobar la reforma migratoria.

Varios de los niños intentaron relatar las experiencias de sus familias y lo doloroso que les resultará el Día del Padre el próximo domingo, pero las lágrimas ahogaron sus voces de manera consecutiva mientras compartían una mesa redonda con Johnson.

Rigoberto Alvarado, un estudiante de secundaria en Green Bay nacido hace 15 años en Estados Unidos y cuyo padre fue deportado el mes pasado, le dijo a Johnson que “espero que pueda ayudar a todos los que no tienen documentos”.

Johnson les agradeció “que hayan venido hasta acá, porque viajar 15 horas en auto no es divertido. Sus lágrimas hablan por ustedes”.

Y sobre el proyecto de ley que debate el Senado, el senador republicano señaló que “hay realidades políticas que tenemos que entender. Algo que sea aprobado en el Senado, luego tiene que aprobarlo también la cámara baja, y yo estoy intentado enhebrar esa aguja”.

“Sé que las cosas no se están moviendo con la suficiente velocidad para ustedes, pero se mueven demasiado rápido desde el punto de vista del proceso legislativo”, agregó “Esta no es la manera de hacer salchichas”.

Senadores republicanos han advertido que exigirán endurecer la seguridad fronteriza e imponer condiciones más estrictas a quienes intenten legalizar su situación, mientras que los partidarios de la iniciativa creen que podrán obtener los 60 votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en el Senado antes del 4 de julio.

Los demócratas ocupan 54 escaños en la cámara alta y los republicanos 46, pero varios oponentes dijeron que la aprobación no está asegurada.

Con ese fin, los creadores del proyecto intentarán aceptar las enmiendas de los conservadores sobre la seguridad fronteriza y otros temas para lograr la aprobación del proyecto pero sin endurecer demasiado el proceso de obtención de la ciudadanía para que la bancada demócrata no rechace esas enmiendas.

Mientras la comisión judicial de la cámara baja celebró el jueves una audiencia para analizar un proyecto de ley presentado por 17 integrantes de la bancada mayoritaria republicana que concedería a estados y condados la autoridad para aplicar leyes federales de inmigración y permitiría retener fondos a ciudades que desacaten los esfuerzos de las autoridades federales por aplicar leyes migratorias.

“No podemos limitarnos a asegurar la frontera. Debemos concentrarnos en la aplicación de leyes internas, o más específicamente qué hacer con los inmigrantes ilegales que atraviesan la frontera y con inmigrantes legales que violan las condiciones de sus visas”, indicó el presidente de la comisión judicial de la cámara baja, el republicano por Virginia Bob Goodlatte.

El proyecto de ley tipifica como crímenes que ameritan la deportación a integrar grupos criminales, conducir en estado de ebriedad, homicidio culposo, violación y no inscribirse ante las autoridades como un criminal sexual. Además prohíbe conceder beneficio migratorio alguno antes de que el beneficiario se someta a revisión de prontuario policial.

El principal demócrata en la comisión judicial, el representante por Michigan John Conyers, criticó el carácter estrictamente restrictivo del proyecto de ley y lo calificó como “alarmante” por “convertir a millones de inmigrantes indocumentados en criminales de la noche a la mañana”.

A diferencia del enfoque integral con que el Senado ha abordado la reforma migratoria, la mayoría republicana en la cámara baja ha mostrado preferencia por trabajar con proyectos de ley separados, tal como el presentado el jueves.

El representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez criticó la legislación porque su aprobación haría que “latinos y otros grupos étnicos piensen dos veces antes de llamar a la policía, perjudicando por lo tanto la seguridad pública”.

Además “aumentaría las leyes de categorización racial que grupos antiinmigrantes han logrado aprobar a nivel local y estatal”, escribió en un artículo de opinión el legislador de ancestros boricuas, integrante de un grupo bipartidista de siete legisladores que planea presentar en las próximas dos semanas un proyecto de ley negociado a puertas cerradas de manera interrumpida desde 2009.

El presidente Barack Obama exhortó el martes al Congreso a aprobar la reforma migratoria antes del receso veraniego previsto a partir del 2 de agosto.

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WASHINGTON (AP) — Senadores republicanos influyentes intentan elaborar un acuerdo sobre seguridad fronteriza que satisfaga las exigencias del Partido Republicano en cuanto a un lenguaje más enérgico en materia de represión dentro del proyecto de reforma inmigratoria sin que cueste el apoyo demócrata, dijeron el jueves legisladores y asistentes.

Con la intención de convencer a republicanos escépticos de que el proyecto de ley lograría verdaderamente la seguridad fronteriza, los senadores estaban considerando acordar requerimientos específicos de equipo y otras herramientas a lo largo de la frontera Estados Unidos-México, en lugar de dejarlo a criterio del gobierno de Barack Obama, dijo el senador republicano John McCain, uno de los autores de la iniciativa.

“Ese sería un camino para calmar la preocupación de algunos de nuestros amigos con respecto a la seguridad de la frontera”, señaló McCain. El senador republicano Marco Rubio, otro autor del proyecto de ley, ha hablado sobre el mismo enfoque.

Las negociaciones estaban en curso el jueves tras bambalinas en el Capitolio cuando el Senado votó por 53 a 47 en contra de una enmienda del senador republicano Charles Grassley que hubiera exigido una frontera controlada durante seis meses antes de que cualquier persona que se encuentre actualmente en el país sin permiso pueda realizar los primeros pasos hacia una ciudadanía. Fue la primera enmienda sobre la que votó la cámara alta en cuanto al proyecto de inmigración respaldado por la Casa Blanca.

El resultado sugirió que quienes apoyan la iniciativa de ley tienen trabajo por hacer para asegurar los 60 votos que probablemente serán necesarios para vencer tácticas dilatorias del Partido Republicano y conseguir que sea aprobada en el Senado para el 4 de julio, según el cronograma establecido por el líder de la mayoría Harry Reid.

El proyecto de ley, que equivaldría a los cambios más significativos a la ley de inmigración en décadas, exigiría que todos los empleadores revisen el estado legal de los trabajadores, permitiría la entrada al país de decenas de miles de trabajadores alta y bajamente calificados, y crearía un sendero a transcurrir en 13 años para que consigan la ciudadanía las aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso.

El proyecto de ley también dedica miles de millones de dólares a equipo y personal nuevo a lo largo de la frontera con México, y señala que el camino a la ciudadanía no puede avanzar hasta que se cumplan ciertos requerimientos de seguridad fronterizos. Pero los detractores dicen que estas medidas son muy débiles, porque en algunos casos exigen al departamento de Seguridad Nacional que implemente planes, no que demuestre resultados.

“Si aprobamos el proyecto de ley tal como está, no habrá manera de presionar a este gobierno o gobiernos futuros para asegurar la frontera”, enfatizó Grassley.

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Uno de los temas álgidos cuando se habla de reforma a las leyes de inmigración es el de los impuestos. Y casi se ha vuelto un mito el hecho de que los inmigrantes que trabajan sin permiso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por las sigla en inglés), no cumplen con esa obligación.

Pero la realidad supera la ficción. Una cosa es que existan inmigrantes sin permiso para permanecer en el país que no llenan su formulario para declarar impuestos ante el Servicio de Rentas Internas (IRS, Internal Revenue Service) y otra, bien diferente, es que no paguen impuestos.

Daniel Jerez es un colombiano de 42 años que llegó a Estados Unidos en 1999. “Un mes después de que llegué empecé a trabajar como ayudante de mantenimiento de piscinas y de cada cheque que me pagaban me descontaban dinero para impuesto federal sobre mis ingresos, para Seguro Social y para Medicare. El descuento nunca ha parado desde entonces”, comentó Jerez.

Si tenemos en cuenta que el promedio de salario de Jerez ha sido de ocho dólares la hora durante los últimos 14 años (con rangos de entre 3.35 dólares la hora hasta 22 dólares la hora), su contribución al Seguro Social supera los 14.000 dólares.

En este cálculo no se tienen en cuenta los ingresos por horas extra, ni el hecho de que Jerez ha tenido más de un trabajo al mismo tiempo, como ocurre con el inmigrante promedio que a veces se desplaza hacia tres puestos de trabajo diariamente.

Tampoco entramos en detalle acerca del descuento para el Medicare, que es el sistema de salud dedicado principalmente a los jubilados mayores de 65 años. Actualmente, el aporte del trabajador equivale al 1,45% de cada pago de salario para el Medicare y 6,2% para el Seguro Social.

Los inmigrantes que se jubilan sin haber alcanzado la legalización de su estatus ante Inmigración, o los que regresan a su país de origen, ya sea por cuenta y decisión propia o porque son deportados, jamás ven, ni verán, un dólar de los aportes a su pensión o jubilación.

No se sabe cuántos son los inmigrantes que han abandonado el país dejándole al gobierno federal sus ahorros para la vejez, pero lo que sí se sabe es que la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés), envía cada año a un fondo fiduciario miles de millones de dólares que provienen de aportes que no pueden ser asignados a números de seguro social que no concuerdan con los nombres.

Esos ingresos que no pueden ser asignados a persona alguna, pero que los formularios W-2 (en ellos se reportan los ingresos de los empleados) fueron expedidos y pagados, duermen el sueño de los justos en una base de datos denominada Archivo de Salarios en Suspenso (Earnings Suspense File).

Entre 1937 y 2010, ese archivo acumuló 320 millones de formularios W2, según cifras de la SSA confirmadas a la AP por Carmen Moreno, Directora Regional de Comunicaciones en Chicago, Illinois. Moreno destacó que la SSA mantiene en el mencionado archivo “información de salarios, no dólares (como tal)”.

Cada año, en promedio, la SSA procesa cerca de 240 millones de partidas salariales provenientes de 6,7 millones de reportes que envían los empleadores y que totalizan muchos miles de millones de dólares en ingresos de los trabajadores.

“Hay reportes que no pueden ser asignados a una persona en específico porque el número de seguro social no concuerda”, según la SSA. “Recientemente 96% de las partidas salariales son asignadas con éxito a los archivos de los trabajadores (que las devengaron). El restante 4% pasa al archivo en Suspenso”.

En 2010, año del que la SSA tiene los datos más recientes, pasaron al Suspenso aportes por 8.718 millones de dólares para Seguro Social (incluyendo la porción de empleado y empleador, 6.2% cada uno) y 2.039 millones de dólares para Medicare. Más de 7,3 millones de trabajadores quedaron pendientes ese año de que les asignen su aporte.

Solamente en la década que va desde 2001 al 2010, el Archivo de Salarios en Suspenso acumuló aportes por 109.958 millones de dólares. No hay estadísticas disponibles acerca de las ganancias que estarían generando al gobierno federal los fondos fiduciarios que administran esas sumas.

La buena noticia es que los trabajadores pueden recuperar esos aportes. La mala noticia es que, cuántos y quiénes, dependerá de lo que se resuelva en la reforma a las leyes de inmigración.

Sin reforma, Jerez está estrenando residencia legal permanente. Tuvo la suerte de que su empleador le tramitó su legalización a través de una petición laboral. Hoy todos sus aportes ya están en su cuenta del Seguro Social después de un trámite que incluye, básicamente, demostrar su identidad, anexar copia de sus formularios W2 y la declaración de sus impuestos.

La alegría de Jerez, al ver a su familia respirando tranquila sin el peligro a sufrir una deportación, tiene un sabor agridulce. Hace tres años deportaron a su hermano, cuyo nombre prefirió mantener en reserva.

Los aportes del hermano de Jerez a pensión y Medicare yacen en el Archivo de Salarios en Suspenso, junto con los de varios millones de trabajadores más que han sido deportados, que regresaron por su cuenta a su país de origen o que murieron sin que les hayan podido asignar un sólo dólar de sus aportes al Seguro Social o al Medicare.

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