McALLEN, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre que ayudaba a trasladar cargamentos de cocaína de México a Texas fue sentenciado a 16 años de prisión, informó la fiscalía.

Un juez federal en McAllen sentenció el jueves a Juan Oscar Garza Alanís, quien en octubre del 2011 se declaró culpable de asociación ilícita para el manejo de drogas y lavado de dinero. Su hermano y su hermana también se declararon culpables de los mismos cargos en lo que la fiscalía dijo era una banda de narcotráfico vinculada al Cártel del Golfo en México.

Cantalicia Garza fue sentenciada el jueves a más de cinco años de cárcel. Los fiscales dijeron que desempeñaba un papel contable en la banda. Josué Ruperto Garza aguarda sentencia.

Los tres hermanos fueron arrestados en la ciudad fronteriza de Reynosa, México en 2007. Al año siguiente fueron extraditados a Estados Unidos.

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Sin que se haya decidido aún la suerte de la reforma al sistema de inmigración de los Estados Unidos, ya son muchos los que buscan cómo sacarle jugo a este proceso.

Utilizando diversos mecanismos de divulgación como los medios de comunicación y las redes sociales, los preparadores de impuestos ofrecen sus servicios para “que no los coja la noche (a las personas sin documentos legales)” cuando se apruebe la reforma.

En ciudades como Los Ángeles, Houston, Nueva York y Miami, tradicionalmente con gran población hispana y concentración de extranjeros sin documentos de estadía legal en el territorio estadounidenses, han aparecido volantes y avisos de prensa en donde, por ejemplo, se lee: “Reforma migratoria, no te quedes fuera (…). Preparamos tus impuestos”.

“Preparación de taxes. Prepárate !! Requisito estar al corriente con tus impuestos. REFORMA MIGRATORIA (sic)”, se lee en un espacio que publica un periódico de avisos clasificados en Los Ángeles.

“Declara tus últimos tres años de impuestos, te ayudamos a conseguir número del IRS (siglas en inglés del servicio de rentas internas) para que aproveches la reforma”, se lee en un periódico que circula en la zona hispana de la avenida Bellaire en Houston, Texas y que incluye el número de teléfono de un preparador de impuestos.

Gloria Martínez, ama de casa de 48 años, cruzó la frontera sur de los Estados Unidos en agosto de 2001 siguiendo a su esposo Braulio, que la esperaba desde 1999 en El Paso, Texas. “Desde hace como tres meses me entregan en el mercado a donde voy todas las semanas por el mandado un volante para que haga mis taxes”, dice Martínez vía telefónica desde su casa en San Antonio, Texas.

“Yo llamé y me aconsejaron hacer las taxes de los últimos tres años del trabajo que hace mi esposo cortando la yarda”, anotó Martínez.

Con reforma o sin ella, con número de seguro social o sin él, con documentos de estadía legal o sin ellos, lo cierto es que toda persona que obtenga ingresos derivados de un trabajo, ya sea empleado o que trabaje por su cuenta (self-employed) está obligado a declararlos, según las normas del IRS.

Además, entre los requisitos que publica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) para finalizar con éxito un proceso de inmigración a este país está justamente el de que “debe demostrar buen carácter moral”. Entre las formas de demostrarlo están el cumplimiento con la declaración de ingresos y el pago de los impuestos.

Los anuncios que aconsejan declarar los últimos tres años lo hacen considerando el hecho de que es el período que, usualmente, es exigido por el USCIS para la culminación de un procedimiento de inmigración.

“Yo solo puedo dar consejos en relación con los impuestos. Y mi consejo básico es que cumplan con su responsabilidad de reportar los ingresos al IRS”, comentó el especialista en impuestos Miguel A. Hernández, propietario de la firma Barato Income tax, en Brownsville, Texas.

Hernández agregó que en el tema de impuestos, pero que involucre el aspecto de inmigración, “es mejor asesorarse de un abogado antes de empezar cualquier trámite, para que hagan las cosas como se debe”.

En general, “el proyecto de reforma integral que está en el Senado de los Estados Unidos refiere la importancia de que la persona esté al día en temas como el de los impuestos, pero este tema es mejor tratarlo con un contable, una persona que esté al día en el aspecto de tributación”, dijo a la AP el abogado de inmigración Nelson A. Castillo y presidente del Westlake South Neighborhood Council.

Castillo confirmó que, con reforma o sin ella, cualquier persona que opte por inmigrar a Estados Unidos “debe demostrar su buena fe y carácter moral; y estar al día en los impuestos forma parte de esa buena moral”.

Teniendo en cuenta las normas tributarias vigentes que, en cuanto a la obligación de declarar, no discrimina entre quienes tienen documentos legales para permanecer en el país y los que no, es importante cumplirle al “Tio Sam”.

Tenga en mente, además, que el reglamento del IRS contempla un período de prescripción de 10 años para cobrarle lo adeudado al contribuyente. Así que declarar tres años solamente podría no ser la solución final para todos los que confían en una reforma amplia para la mayoría de los casi 11,5 millones de personas que se estima viven en Estados Unidos sin los documentos requeridos.

Hay que tener en cuenta que no se requiere un número de seguro social para declarar los ingresos ante el IRS, basta con solicitar el Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Para obtener el ITIN se empieza llenando el formulario W-7 y anexando a este los documentos de identidad y el formulario original de la declaración de ingresos y devoluciones (Income tax return) del año o de los años que haya lugar a declarar, según el caso.

Si, acorde con su caso personal en materia de ingresos y deducciones, resulta con deuda tributaria, tenga en cuenta que tiene derecho a llegar a un acuerdo de pago con el IRS.

Aunque expertos como el abogado Castillo advierten que “es un camino largo por recorrer y no sabemos en qué terminará el proyecto de reforma”, no sobraría ir preparándose para cubrir el tema de los impuestos si es que quiere demostrar su buen carácter moral a la hora de solicitar el ajuste de su estatus ante Inmigración.

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WASHINGTON (AP) — Pese a todas las palabras halagadoras que oyó de sus correligionarios demócratas en la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, la senadora Mazie Hirono de Hawai nunca tuvo la oportunidad de conseguir que se aprobara su propuesta de instrumentar un cambio relativamente modesto al proyecto de reforma de las leyes de inmigración.

En cambio, la mano oculta del Grupo de los Ocho rechazó su intento de establecer una preferencia inmigratoria para los parientes cercanos de los ciudadanos en situación de privación extrema, la misma fuerza que ya ha descarrilado decenas de otras propuestas que amenazan con alterar las delicadas soluciones negociadas alcanzadas por los autores del proyecto.

El Grupo —integrado por los cuatro republicanos y cuatro demócratas que forjaron el plan— se ha mantenido notablemente bien compenetrado “teniendo en cuenta las circunstancias”, dijo un miembro de la Comisión que no forma parte del Grupo.

“Es un proyecto de ley muy complejo”, agregó el senador republicano Orrin Hatch.

La legislación que pasa ahora al Senado en pleno crea una vía de 13 años para que obtengan la ciudadanía los once millones y medio de inmigrantes que se calcula viven en Estados Unidos sin autorización, establece un nuevo programa para permitir el ingreso de trabajadores no especializados, y expande en gran medida el número de visas para los que son altamente especializados.

Establece también un esfuerzo costoso para asegurar las fronteras y reforma el sistema de control de la inmigración legal.

Debajo de la superficie yacen decenas de complicados trueques políticos para equilibrar los intereses de los miembros del Grupo y varios electorados que se han coordinado en favor del proyecto.

Uno de ellos fue establecer las normas precisas con el fin de asegurar que la frontera con México esté lo suficientemente segura como para permitir que otras disposiciones del proyecto entren en vigencia. Otra fue establecer los requisitos y derechos de quienes están sin permiso en el país para solicitar la condición de “inmigrante provisional registrado”.

Sólo cuatro de los ocho senadores —dos de cada partido político— están en la Comisión de Asuntos Jurídicos, pero los asistentes de todos ellos se reunieron en privado anticipadamente para revisar unas 300 enmiendas propuestas. Algunos funcionarios dijeron que hubo pocos desacuerdos entre ellos acerca de cuáles enmiendas violaban el acuerdo básico bipartidista y que por lo tanto debían ser resistidas a toda costa.

Los legisladores mismos discutieron un pequeño número de enmiendas en reuniones en las oficinas de los senadores Chuck Schumer, demócrata, o John McCain, republicano.

Aunque la legislación sobre el fenómeno migratorio es prioritaria para el presidente Barack Obama, la Casa Blanca fue mantenida a distancia. Funcionarios del gobierno fueron consultados sobre la factibilidad de establecer rápidamente un sistema biométrico nacional para rastrear inmigrantes, por ejemplo, pero no fueron invitados a las reuniones.

Fue sólo por accidente que el público pudo enterarse del poderío del Grupo. En declaraciones ante un micrófono que evidentemente no creía que estuviese conectado, Schumer le preguntó a un asistente durante una votación: “¿Nuestros republicanos están al tanto de esto?”

De hecho, durante días, los dos miembros republicanos de la Comisión que integran el Grupo —los senadores Jeff Flake y Lindsey Graham— terminaron oponiéndose a cambios que de otro modo habrían apoyado, más a menudo que el caso de los dos demócratas, Schumer y Dick Durbin.

Entre esos cambios rechazados hubo varios intentos de otros republicanos por reforzar los requisitos de seguridad fronteriza antes de empezar el proceso de legalización o de otro modo hacer más difícil ese proceso.

Pero otras propuestas fueron reformadas para satisfacer los requisitos del Grupo de los Ocho, incluida una del senador Patrick Leahy y de John Cronyn, el primero el presidente demócrata de la Comisión, y el otro el segundo republicano en jerarquía en el Senado.

Ellos querían cambiar una cláusula que asignaba 1.500 millones de dólares para instalar “cercas adicionales en sectores fronterizos de alto riesgo”, y en cambio propusieron asignar el dinero a “cercas, infraestructura y tecnología”. Algunos funcionarios dijeron que eso iba contra los deseos del senador republicano Marco Rubio, miembro del Grupo de los Ocho, que consideraba prioritaria la construcción de la cerca.

Al final se alcanzó una solución negociada, con 1.000 millones de dólares exclusivamente para la cerca y 500 millones para ese propósito o para otra infraestructura o tecnología.

Además de Rubio, los miembros del Grupo que no están en la Comisión de Asuntos Jurídicos son McCain y los senadores demócratas Robert Menéndez y Michael Bennet.

Incluso la certeza de que el Grupo las objetaría hizo que algunas propuestas se esfumaran sin votación siquiera.

Hirono desistió de varias de sus propuestas pero escogió una táctica diferente para promover su enmienda de permitir que los ciudadanos que padecen de privación extrema soliciten el ingreso de un hermano o hermana, o hijo adulto casado.

“Este es un cambio pequeño y sólo se utilizaría en los casos más relevantes”, afirmó.

“Comprendo que mi enmienda está en conflicto con el acuerdo que el Grupo de los Ocho convino sobre este proyecto”, admitió, pero dijo que “si ellos no formaran parte del Grupo de los Ocho, creo que apoyarían esta enmienda limitada”.

La enmienda de Hirono fue rechazada por 11-7, una más en una serie de victorias para el Grupo.

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PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — Un juez federal falló el viernes que la oficina del alguacil Joe Arpaio, el autoproclamado jefe de Policía más duro de Estados Unidos, sistemáticamente estereotipó a los hispanos en sus patrullas de inmigración.

La decisión del juez Murray Snow tomada el viernes es el primer veredicto en que un tribunal determina que la oficina del alguacil del condado Maricopa estereotipa a la población gente por sus rasgos raciales.

Asimismo, apoya las acusaciones que hacen sus detractores de que los agentes de Arpaiao aplican las leyes de inmigración sobre la base de la raza.

La decisión del juez Snow, que emitió el fallo más de ocho meses después de un juicio sin jurado de siete días, también determinó que los agentes de Arpaio prolongaron sin razón la detención de las personas a las que paran en las carreteras.

Un pequeño grupo de hispanos alegó en una demanda que los agentes detuvieron vehículos sólo para verificar el estatus de inmigración de sus ocupantes. El grupo pidió a Snow que prohíba a la oficina de Arpaio usar tácticas policiales discriminatorias y el Snow determinó que podría ordenar otros remedios en el futuro

Arpaio no enfrenta ninguna pena de prisión ni multas como resultado del fallo.

El grupo también acusó al alguacil de ordenar patrullajes de inmigración no sobre la base de reportes de delitos, sino con base en cartas y mensajes electrónicos de habitantes de Arizona que se quejaron de personas de piel oscura congregadas en una zona o que hablaban español. Los abogados del grupo señalaron que Arpaio envió notas de agradecimiento a algunos de los que reportaron las quejas.

Arpaio ha negado repetidas veces las acusaciones y aseguró que sus agentes sólo detienen a las personas cuando piensan que se ha cometido un delito y que él no era quien escogía el lugar de los patrullajes. Sus abogados expresaron que las notas de agradecimiento no tenían nada de malo.

El fallo representa una victoria para los demandantes, quienes no buscaban compensación monetaria sino una declaración de la oficina de Arpaio esterotipa a las personas que detiene y ordenarle que realice cambios en sus políticas.

Stanley Young, el abogado principal que lideró el caso contra Arpaio, dijo que todavía no había terminado de leer la decisión del juez el viernes por la tarde, pero que estaba feliz de que el tribunal hubiese fallado que el alguacil infringió los derechos constitucionales de los hispanos.

Por su parte,

Cecillia D. Wang, directora del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) calificó la decisión como “un gran día para todos los habitantes del condado Maricopa”.

“El alguacil ha victimizado demasiado tiempo a las personas que debe servir con sus políticas discriminatorias. Hoy vemos que se hace justicia para todos en el condado”, indicó.

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