DENVER (AP) — Los jefes de policía de Colorado ya no estarán obligados a notificar a las autoridades federales cuando arresten a alguien sospechoso de vivir sin autorización en Estados Unidos, lo que pone fin a una norma aprobada hace siete años, cuando demócratas y republicanos concordaron en estrictas leyes de inmigración.

El gobernador demócrata John Hickenlooper firmó el viernes un proyecto que deroga la medida de 2006, criticada desde hace mucho por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que llegaron a caracterizar la ley de un precursor de medidas todavía más controversiales aprobadas después en Arizona y Alabama.

La derogación está entre los proyectos de ley presentados por los demócratas este año, que subrayan un cambio significativo en cómo ven las políticas de inmigración en el estado. Conjuntamente con la ley sobre notificación, en 2006 los demócratas también se unieron a los republicanos para aprobar una ley que prohibía a los que están en el país sin autorización recibir ninguna prestación social pública, excepto servicios de emergencia.

Este año los demócratas han presentado una propuesta que permite entregar la licencia de automovilista a los inmigrantes sin papeles. Y los estudiantes que se han graduado de educación secundaria pero que no tienen un estatus legal en el país también podrán estudiar en la universidad al mismo costo que los residentes legales del estado según un proyecto de ley que se espera sea firmado el lunes.

“A medida que los inmigrantes han aumentado su participación en nuestra vida cívica, tienen un mayor impacto en las elecciones y las leyes, y están votando por políticos que apoyan temas que son importantes para ellos”, dijo Miriam Peña, directora ejecutiva de la Coalición Progresista de Colorado, en una declaración.

Los que pidieron la derogación de la ley de notificación alegaron que creaba temor entre los inmigrantes a la policía y evitaba que denunciaran delitos. También alegaron que ley es una redundancia porque un programa federal llamado Comunidades Seguras ya verifica las huellas dactilares de los arrestados para verificar su estatus migratorio.

El representante Ted Harvey, republicano por Highlands Ranch, patrocinó la ley de notificación en 2006. Harvey concordó en que el programa federal de verificación de huellas cubre el aspecto de notificación que él quería tratar. Pero dijo que no le gusta que, al derogar toda la ley de notificación, los legisladores también eliminaron cláusulas que prohibían a las municipalidades aprobar ordenanzas que limitasen o prohibiesen a las autoridades policiales cooperar con funcionarios de inmigración.

Harvey dijo que no opina que la opinión pública sobre el cumplimiento de las leyes de inmigración haya cambiado desde 2006.

“Yo le garantizo que no es la opinión pública”, dijo. “Es un cambio en los números en la Legislatura”.

En 2006, los demócratas controlaban ambas cámaras legislativas en Colorado, pero el gobernador era republicano.

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WASHINGTON (AP) — El presidente Barack Obama criticó a los legisladores el sábado por la manera en que corrigieron las demoras generalizadas en los vuelos, calificándola de una forma irresponsable de gobernar incluso mientras se prepara para firmar la legislación que impulsaron apresuradamente en el Congreso.

Receloso de permitir que los republicanos establezcan un precedente que él podría lamentar después, Obama dijo que el proyecto bipartidista para poner fin a las licencias sin goce de sueldo de los controladores de tráfico aéreo es simplemente una “curita” y una reparación rápida, en lugar de ser una solución duradera a los retos que enfrenta el país por el recorte de 85.000 millones de dólares al gasto público, conocido como la “confiscación”.

Los recortes han afectado a todas las agencias federales, incluida la que regula la aviación. Las demoras de vuelos la semana pasada dejaron a miles de viajeros frustrados y furiosos, por lo que el Congreso se sintió presionado a responder.

“Los republicanos cantaron victoria cuando la ‘confiscación’ entró en vigencia por primera vez, y ahora han decidido que fue una mala idea desde el principio”, afirmó Obama en su alocución semanal por radio e internet, difundida el sábado.

Criticó a los republicanos a pesar de que el proyecto de ley fue aprobado con un enorme apoyo demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El presidente criticó a los legisladores por ayudar a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), al tiempo que dijo se mantuvieron con los brazos cruzados para reemplazar otros recortes que según el mandatario lastiman a empleados federales, a trabajadores desocupados y a los pequeños de jardín de niños en el programa conocido como Head Start.

“Tal vez debido a que vuelan a su casa cada fin de semana, los miembros del Congreso que insistieron en que estos recortes se implementaran finalmente se percataron que también les afectan a ellos”, señaló Obama.

Apresurado en el Congreso con velocidad sorprendente, el proyecto de ley representó un cambio para los demócratas, que esperaban que el impacto de los recortes incrementaría la presión sobre los republicanos para que dieran marcha atrás en esa reducción presupuestal.

Los republicanos han rechazado la propuesta de Obama de reemplazar dichos recortes al gasto público con una mezcla de reducciones en el presupuesto y aumentos fiscales.

“Hay algunas personas en el gobierno de Obama que pensaron que infligir dolor al público le daría al presidente más ventajas para evitar hacer los necesarios recortes al gasto, y para imponer más aumentos fiscales al pueblo estadounidense”, dijo el representante Bill Shuster en el mensaje republicano.

Shuster, presidente de la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, dijo que la FAA podría haber evitado las demoras en los vuelos por sí misma al recortar costos en otras áreas y reorganizar los horarios de trabajo, pero eligió no hacer eso.

El proyecto de ley firmado por Obama le permitiría a la FAA utilizar hasta 253 millones de dólares de un programa destinado a mejorar los aeropuertos y de otras cuentas para suspender las licencias sin goce de sueldo hasta que finalice el año fiscal del gobierno el 30 de septiembre.

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SAN DIEGO (AP) — Carlos González vivió casi todos sus 29 años en un país al que considera su casa, pero ahora se encuentra en el lado equivocado de la frontera y en el lado equivocado de una iniciativa de reforma migratoria que podría conceder la residencia legal a millones de personas.

González, deportado en diciembre de Santa Bárbara, California, a Tijuana, México, es uno de casi dos millones de individuos expulsados de Estados Unidos desde la elección de Barack Obama como presidente.

“No tengo a nadie aquí”, dijo González, quien sirve desayunos en un albergue para migrantes en Tijuana, donde convalece de las múltiples fracturas que se hizo en un pie al saltar la valla fronteriza en un intento fallido por reunirse con su madre, dos hermanos y el resto de su familia que vive en California.

“Estados Unidos es lo único que conozco”, apuntó.

Aunque la iniciativa de reforma migratoria que presentó el Senado este mes contribuiría a que salgan de las sombras algunos de los 11 millones de personas que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos, no beneficiará a todos.

Entre los excluidos figuran quienes hayan llegado después del 31 de diciembre de 2011, quienes tengan parejas gay con residencia legal en Estados Unidos, hermanos de ciudadanos estadounidenses y muchos deportados como González.

Como la inmigración neta procedente de México es casi cero, se cree que sea relativamente pequeña la cifra de personas que ha llegado desde enero de 2012 a Estados Unidos, posiblemente de unos cuantos cientos de miles.

Entre ellos figura Isaac Jiménez, de 45 años, que pagó 4.800 dólares a un contrabandista de personas para que lo guiara por el desierto de California a fin de reencontrarse con su esposa e hijos en Fresno.

“Mis hijos están aquí, todo lo mío está aquí”, dijo Jiménez, desde Fresno. Ha vivido sin autorización desde 1998 en Estados Unidos y regresó voluntariamente en 2012 al sur de México para ver a su madre antes de que ésta muriera.

A la fecha, los defensores izquierdistas de la inmigración han mostrado una disposición limitada para pelear a favor de que se amplíe la cobertura mientras se preparan para una difícil batalla en el Congreso.

Algunos en este sector apuntan sus baterías hacia otras medidas de la legislación, como la opción a la ciudadanía en un periodo de 13 años, plazo que consideran muy largo, y una partida presupuestaria de 4.500 millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera.

“(La iniciativa de reforma migratoria) no va a incluir a todos”, dijo Laura Lichter, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. “No es perfecta. Creo que se escucha a mucha gente decir que ‘no se permita a lo perfecto ser enemigo de lo bueno’, y esto es bueno”, apuntó.

Peter Núñez, quien apoya políticas restrictivas y es presidente del Centro de Estudios para la Inmigración en Washington, dio al proyecto de ley una calificación de ocho o nueve en una escala de uno a 10, con el 10 representando lo más incluyente.

Núñez criticó una medida que permite a las personas deportadas sin antecedentes penales solicitar permiso de regresar si tienen legalmente esposas o hijos en Estados Unidos, medida que los partidarios afirman contribuye a la reunificación de familias.

“Simplemente no entiendo por qué vamos básicamente a anular una deportación”, dijo Núñez, ex fiscal en San Diego.

Los negociadores del Senado fueron indulgentes hacia los antecedentes penales en comparación con el gobierno del presidente Barack Obama cuando éste concedió en 2012 permisos temporales de trabajo a muchos de los que vinieron cuando eran niños a Estados Unidos.

El gobierno descalificó para las solicitudes a quien tuviera una condena por un delito menor de conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, tráfico de narcóticos y otros crímenes. La iniciativa del Senado establece que no podrá solicitar los permisos de trabajo quien acumule tres delitos menores o un sólo delito grave.

Las deportaciones alcanzaron las 400.000 en el año fiscal 2012, más del doble que en los siete años previos; los mexicanos afectados fueron enviados a ciudades fronterizas como Tijuana, donde a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo.

El albergue para migrantes Padre Chava sirve desayunos diariamente a 1.100 personas en un edificio amarillo brillante que abrió hace tres años porque la cifra de personas superó al de su inmueble previo. Su director Ernesto Hernández calcula que 75% de estas personas son deportadas.

“Muchos llegan con zapatos deportivos que cuestan cientos de dólares y sin nada en los bolsillos”, dijo Hernández.

Alrededor de 10% de los deportados en el albergue hablan poco o nada de español, como Salvador Herrera IV, de 28 años, quien fue traído a Estados Unidos cuando tenía dos años en el asiento trasero de un automóvil y creció patinando y jugando baloncesto en Long Beach.

Debido a que fue declarado culpable de robo de vehículo quedó excluido de la legalización, y dice que está considerando pagar 8.000 dólares por los documentos de identidad de alguien más en su intento por volver ilegalmente al sur de California.

“Soy básicamente estadounidense”, indicó. “Soy un chico de playa. Hago lo estadounidense”.

Muchos en el refugio han sido sentenciados por conducir bajo la influencia del alcohol o por violencia doméstica, dijo Hernández, al reflejar la prioridad del gobierno de Obama para deportar a cualquier persona que tenga antecedentes penales.

González fue arrestado en Santa Bárbara por ser sospechoso de alterar el orden público, y deportado a Tijuana la víspera de Año Nuevo. Dijo que tenía varias sentencias por delitos menores, incluyendo conducir alcoholizado, que cometió poco después de cumplir 18.

“Es cuando uno anda mucho en las fiestas y piensas que no va a importar”, agregó.

González nació en Cuernavaca, al sur de la ciudad de México, llegó a Estados Unidos por avión cuando tenía dos años, y nunca se fue de Santa Bárbara. Después de graduarse de secundaria en 2002, tomó lecciones de mecánica automotriz en un colegio universitario municipal, trabajó casi cuatro años en una tienda de descuento Jiffy Lube y como mecánico, jardinero y promotor telefónico en la pintoresca ciudad costera californiana de 90.000 habitantes.

González no sabe dónde establecerse después de que sane su pie. Su familia lo ayudó con más de 3.000 dólares en gastos médicos, que incluyen una barra de metal que le mantiene unido el pie fracturado.

Tal vez trate de encontrar a una tía en Cuernavaca, pero no tiene su teléfono ni la dirección.

“Nunca pensé que estaría en este predicamento”, dijo.

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WASHINGTON (AP) — Diseñado para dominar al enemigo en el combate, el tanque pesado Abrams ha probado ser igualmente difícil de derrotar en la batalla por el presupuesto.

Legisladores de ambos partidos han asignado casi 500 millones de dólares del contribuyente durante los últimos dos años a construir versiones mejoradas del Abrams, de 70 toneladas.

Pero altos oficiales del Ejército han dicho repetidas veces que no los quieren.

Es lo opuesto a lo que vive el mundo del presupuesto federal estos días, donde los recortes automáticos de gastos dejan numerosos programas con pocos fondos o sencillamente sin dinero alguno. Desde hace años republicanos y demócratas han batallado con tanta vehemencia que el proceso legislativo en Washington está casi detenido.

Sin embargo, en el caso del tanque Abrams, existe presión de ambos partidos para gastar 436 millones de dólares adicionales en un arma que los expertos han dicho explícitamente que no es necesaria.

“Si dependiera de nosotros, usaríamos ese dinero de otra manera”, dijo el general Ray Odierno, jefe del Estado Mayor del Ejército, a The Associated Press la semana pasada.

¿Por qué siguen asignando fondos a los tanques? Razones políticas.

Mantener la línea de ensamblaje del Abrams protege a empresas y plazas de trabajo con buenos sueldos en los distritos legislativos donde muchos de los suministradores están ubicados.

Y si el Abrams tiene una cuna, es el políticamente importante Ohio. La única planta productora de tanques del país está en Lima, Ohio, por lo que no es coincidencia que los que defienden producir más tanques sean el representante Jim Jordan y el senador Rob Portman, dos de los legisladores federales más conservadores en materia de presupuesto, así como el senador demócrata Sherrod Brown. Todos dicen que su apoyo se basa en proteger la seguridad nacional, no en la financiación de proyectos con importancia política.

“La única partida en que debemos gastar el dinero del contribuyente es en la defensa del país”, dijo Jordan, cuyo distrito en la zona noroeste de Ohio incluye la planta de producción de tanques.

El dilema del Abrams subraya el reto que el secretario de Defensa, Chuck Hagel, enfrenta en momentos que trata de reducir programas que los militares consideran innecesarios o demasiados costosos para asegurar que haya fondos suficientes para operaciones esenciales, entrenamiento y equipos.

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OLYMPIA, Washington, EE.UU. (AP) — Después de batallar para convencer a legisladores tanto estatales como federales, los defensores de ampliar la verificación de antecedentes para la venta de armas exploran ahora si podrían tener más éxito llevando el tema directamente a los electores.

Aunque los defensores por lo general prefieren que las nuevas leyes de control de armas se aprueben en el proceso legislativo, especialmente a nivel nacional, también les preocupa el nivel de influencia que la Asociación Nacional de Portadores de Armas (conocida como NRA por sus siglas en inglés) tiene sobre los legisladores.

El representante Jamie Pedersen, demócrata por Washington que ha patrocinado infructuosamente proyectos de ley sobre la verificación de antecedentes a nivel estatal, dijo que una iniciativa aprobada por referendo sería una expresión ciudadana amplias implicaciones.

“Es más poderoso si los electores lo aprueban que si lo hacemos nosotros”, dijo Pedersen. “Y eso facilitaría que la Legislatura pueda hacer más”.

El lunes, los partidarios en Washington de la verificación universal de antecedentes para la venta de armas anunciarán su plan de lanzar una campaña estatal que exige recoger unas 300.000 firmas, según una persona que participa en la planeación de la iniciativa y que habló a condición de no ser identificada para no adelantarse al anuncio oficial.

La Alianza de Washington por la Responsabilidad en las Armas tiene planeada una actividad de recaudación de fondos en Seattle a finales del próximo mes y espera contar con un presupuesto de campaña de varios millones de dólares.

Los plebiscitos podrían ser una opción en otros estados. Hildy Saizow, presidente de la organización Arizonans for Gun Safety dijo que la iniciativa es una de las cosas que el grupo estudiará mientras analiza las posibles estrategias. Un organizador en Oregón se ha centrado en la Legislatura por ahora, pero no descartó la posibilidad de un plebiscito en el futuro si los legisladores no aprueban una ley allí.

Aunque los defensores han acumulado recientemente éxitos con la verificación de antecedentes en lugares como Connecticut y Colorado, en otros estados y en el Congreso federal han salido perdiendo. El Senado federal rechazó un plan para ampliar la verificación hace varios días, aunque los senadores siguen trabajando por conseguir votos adicionales.

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WASHINGTON (AP) — Dependiendo de a quién se pregunte, el representante Bob Goodlatte está tratando de obstaculizar un histórico proyecto de reforma integral del sistema de inmigración o ilustra el nuevo rostro del Partido Republicano que trata de encontrar un denominador común en un tema contencioso.

De cualquier manera, este político de hablar suave y coleccionista de pelotas de béisbol autografiadas hace sentir su peso en el debate sobre la inmigración en momentos que llega a una fase crítica en el Capitolio federal.

Goodlatte, un conservador de Virginia, asumió en enero la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, con jurisdicción sobre la inmigración y el control de las armas. Goodlatte alarmó a algunos defensores de la inmigración la semana pasada al decir que su comisión debatirá el tema punto por punto, y que presentará una serie de propuestas específicas en vez de un proyecto de ley integral como el que está pendiente en el Senado y que el presidente Barack Obama apoya.

Ese proyecto más amplio, redactado por un grupo bipartidista de ocho senadores, debe debatirse en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado a partir de la próxima semana.

Kica Matos, directora de Derechos de los Inmigrantes y Justicia Racial del Centro por el Cambio Comunitario, califica la postura de Goodlatte de “un intento desesperado de demorar y afectar el impulso abrumador” con que cuenta la propuesta para ofrecer un estatus legal y, al final, la naturalización a millones de extranjeros que viven en Estados Unidos sin autorización.

Un destacado liberal que ha trabajado con Goodlatte no concordó con esa afirmación.

Eso “confirma lo que he dicho en público y en privado sobre el nuevo tono y el nuevo interés entre los republicanos”, dijo el representante demócrata Luis Gutiérrez. “Quieren solucionar el tema de la política de inmigración y no explotarlo por razones partidistas”.

El enfoque de Goodlatte no es nada nuevo en él. Durante dos decenios en la Cámara, ha trazado un rumbo estable y deliberado en temas que van desde la agricultura hasta la privacidad en internet. El representante busca consenso donde es posible, pero sin abandonar su ideología conservadora o apartarse mucho de la línea partidista republicana, dicen personas que lo conocen.

La diferencia ahora es que en vez de trabajar fundamentalmente tras bambalinas, Goodlatte preside una comisión con jurisdicción sobre partes clave de la ambiciosa agenda del segundo período de Obama, sobre todo la inmigración. Goodlatte dice que está deseoso de hacer avanzar el debate, convencido de que un enfoque por temas específicos es la mejor manera de hacerlo avanzar en la Cámara, pero sin declarar que el método se impondrá al final.

“Este proceso puede ser largo, pero permite que todos los representantes y senadores hagan escuchar las voces de sus representados”, dijo Goodlatte. “Y estudiar con detalle cada uno de los temas individuales dentro del debate amplio sobre la inmigración nos ayudará a redactar un proyecto de ley mejor que beneficiará a los estadounidenses y ofrecerá un sistema de inmigración que funcione”.

De muchas maneras, Goodlatte, de 60 años, ha preparado toda su carrera para este nuevo papel, desde su primer trabajo después de graduarse de abogado como jefe de personal de distrito de un entonces miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Caldwell Butler, quien sirvió durante el juicio político al presidente Richard Nixon. Goodlatte nació en Massachusetts pero se mudó a Virginia para estudiar Derecho y se quedó, aunque todavía es un fanático de los Medias Rojas. Goodlatte, que vive en Roanoke, también fue abogado de inmigración y ayudó a sus clientes a navegar el rompecabezas bizantino que es traer trabajadores legalmente a Estados Unidos.

A Goodlatte, que usa lentes de armadura delgada y algunas veces una corbata marrón adornada con banderas estadounidenses, casi todos lo describen como una persona asequible y dispuesta a escuchar puntos de vista contrarios. Además de coleccionar pelotas de béisbol y figuras de elefantes que adornan su despacho, es un enamorado de la historia que ha viajado a los lugares de nacimiento de la mayoría de los presidentes de Estados Unidos y se entusiasma al contar hechos poco conocidos sobre ellos.

El papel más destacado de Goodlatte en el Congreso hasta la fecha fue durante el caldeado debate del último período de sesiones sobre la piratería en internet. Como presidente de la Subcomisión sobre Propiedad Intelectual de su comisión, ayudó a encaminar la Ley contra la Piratería en Internet, que provocó una gran oposición de críticos que alegaron que llevaría a la censura y coartaría la innovación.

El Congreso abandonó el proyecto de ley en una retirada vergonzosa, y Goodlatte y otros que respaldaban la ley fueron calificados de personas opuestas al desarrollo que no comprendían la internet. Goodlatte dice ahora que ese debate nunca ocurrió como él hubiera preferido.

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