SALEM, Oregón, EE.UU. (AP) — Oregón dio dos pasos importantes para ayudar a integrar a algunas de las miles de personas que viven en el estado sin papeles migratorios.

El gobernador John Kitzhaber promulgó el martes una ley que otorga cuotas preferentes para la universidad, las mismas que pagan los residentes del estado, a estudiantes que no tienen los papeles migratorios pertinentes. El mismo día, ocho legisladores presentaron una iniciativa de ley que facilitaría a la gente que vive en el estado sin documentación obtener licencias de manejo válidas por cuatro años.

“Es un muy buen día para todos los hispanos”, dijo Francisco López, director ejecutivo de CAUSA, un grupo defensor de los migrantes.

Casi 12% de la población de Oregón se identifica como hispana o latina, de acuerdo con la oficina de Censos de Estados Unidos. Eso equivale a casi 450.000 personas, lo que lo vuelve el grupo minoritario más grande del estado.

Kitzhaber estuvo acompañado de defensores de los hispanos y de promotores de la ley de cuotas estatales cuando promulgó la ley en su oficina. “Todos y cada uno en Oregón merecen una oportunidad de alcanzar el sueño americano”, declaró el gobernador.

Oregón se une por lo menos otros 14 estados que ofrecen las tarifas escolares de residentes a jóvenes que no tienen la ciudadanía estadounidense. Muchos llegaron a Estados Unidos traídos por sus padres.

“Esto muestra liderazgo a la nación”, dijo Jaime Limón Guzmán, un activista que vive en el país sin documentos migratorios desde los 12 años.

“Es sobre la futura generación de niños”, agregó.

En tanto, la iniciativa de la licencia de manejo fue presentada en el Senado con el apoyo de republicanos y demócratas.

“La equidad en los pagos escolares se aprobó hoy”, dijo la legisladora Jessica Vega Pederson, una demócrata que apoyó la iniciativa de las licencias. “Ahora nos vamos a enfocar en el proyecto del permiso de manejo”, agregó.

Bajo la ley actual en el estado, los residentes pueden obtener permisos de manejo válidos por ocho años si comprueban su ciudadanía o residencia legal. En 2008, la legislatura hizo más estrictos los requerimientos para obtener las licencias, al obligar a los solicitantes a demostrar la ciudadanía o la residencia legal.

Bajo la iniciativa 833 del Senado, los inmigrantes que no puedan demostrar su estancia legal podrán solicitar licencias de manejo de cuatro años. Para solicitarlas deberán comprobar su identidad, fecha de nacimiento y que han vivido en Oregón durante al menos un año. Además deberán aprobar la misma prueba de manejo que los ciudadanos.

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WASHINGTON (AP) — Un grupo de republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes está a punto de concluir un el anteproyecto de una drástica reforma a ley de inmigración que intensifica la seguridad fronteriza, brinda más permisos de trabajo a extranjeros y ofrece una posibilidad de obtener la ciudadanía a millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.

Un asistente legislativo dijo que el proyecto de ley obliga a los empleadores a que verifiquen el estado legal de sus trabajadores, electrónicamente.

El esfuerzo bipartidista ha sido eclipsado por los negociadores del Senado, que se prevé actuarán primero en la presentación de una ley de reforma migratoria y es posible que ofrezca un proceso más rápido de ciudadanía a los 11 millones de personas que ya sea ingresaron al país ilegalmente o se quedaron después de la fecha de expiración de sus visas.

Un legislador que participó en la elaboración del anteproyecto dijo que estaría listo dentro de una o dos semanas. El proyecto del Senado también sería divulgado la próxima semana.

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ANNAPOLIS, Maryland, EE.UU. (AP) — La Cámara de Representantes de Maryland impulsó una iniciativa que daría continuidad a la expedición de licencias de conducir para los inmigrantes no autorizados.

Si es aprobada, la iniciativa hará permanente la vigencia de un sistema doble de licencias de conducir y derogará la disposición local que daba de plazo hasta 2015 a los inmigrantes no autorizados para que se deshicieran de sus licencias expedidas en Maryland.

El Senado local ya dio luz verde a la medida.

Los legisladores rechazaron el jueves diversas enmiendas al proyecto de ley, entre éstas una provisión de huellas digitales para la licencia especial.

Partidarios de la medida afirman que si los inmigrantes irregulares tienen acceso a las licencias podrán comprar seguros para el automóvil, lo que a su vez incrementa la seguridad en las carreteras.

Los detractores arguyen que la concesión de las licencias recompensa la conducta ilegal.

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NUEVA YORK (AP) — Veintidós inmigrantes del estado de Nueva York que demandaron al gobierno en 2007 tras haber sufrido redadas en sus casas por parte de agentes de inmigración llegaron a un acuerdo judicial el jueves que estipula que los Servicios de Inmigración y Ciudadanía les pagarán un total de 1 millón de dólares en compensación por daños y perjuicios, anunciaron varios activistas y abogados.

Los inmigrantes — mujeres, hombres y niños hispanos — sufrieron las redadas en el 2006 y en el 2007 y aseguraron en su demanda que los agentes irrumpieron en sus casas de madrugada, preguntando por su estatus migratorio y sin poseer órdenes judiciales que justificaran las operaciones.

Portavoces de ICE no respondieron de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de Associated Press.

La corte federal del distrito sur de Nueva York dio visto bueno al acuerdo, que además fuerza a la agencia a emitir una serie de directrices que sus agentes tendrán que seguir a la hora de llevar a cabo redadas. Varios de los casos de inmigración de los hispanos que interpusieron la demanda se han cerrado y algunos de ellos han visto suspendida su deportación debido al programa del gobierno dirigido a jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran menores.

Según el acuerdo judicial, disponible en internet, ICE accede a revisar y emitir directrices que forzarán a sus agentes a expresar con un lenguaje claro la intención de acceder a una casa y a proveer agentes que hablen español en la medida de lo posible. También se pedirá a los agentes que no accedan a zonas de la casa donde “hay una expectativa razonable de privacidad”, como un patio trasero, y que no realicen ningún tipo de inspección preventiva sin tener sospechas de que se está en peligro.

La organización Latino Justice PRLDEF, el Centro para Derechos Constitucionales y la firma de abogados Winston & Strawn LLP representaron a los demandantes.

“Este acuerdo es un gran logro para inmigrantes en todo el país. Los agentes de inmigración ya no tienen rienda suelta para invadir sus hogares y cometer abusos sin temer consecuencias disciplinarias,” dijo Juan Cartagena, presidente de Latino Justice PRLDEF en un comunicado.

Algunos de los demandantes, señaló el comunicado, eran residentes permanentes legales en Estados Unidos. La demanda estipula que cada demandante obtendrá 36.000 dólares y el resto del dinero será para los abogados y para cubrir los gastos legales del proceso.

La ciudad de Nueva York aprobó recientemente dos leyes que limitan su cooperación con las autoridades migratorias federales para evitar así llevar a cabo más deportaciones. La ciudad permite a la policía municipal ignorar en ciertos casos órdenes de detención migratoria emitidas por ICE y dirigidas a inmigrantes recién arrestados.

El gobierno del presidente Barack Obama ha sido duramente criticado por lograr un promedio de deportaciones sin precedentes: aproximadamente 400.000 anuales.

Adriana Aguilar, Andrés León, Elena León, Erika Gabriela García-León, Carson Aguilar, Nelly Amaya, Mario Patzán DeLeón, William Lázaro y Tarcis Sapón-Díaz son algunos de los nombres de los demandantes que llegaron al acuerdo con ICE.

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WASHINGTON (AP) — Republicanos del Comité Judicial del Senado acusaron a algunos de sus colegas del mismo partido, que trabajan en un proyecto bipartidista de inmigración, de operar en secreto, alegando en una carta el viernes que “ha llegado la hora de la transparencia” y presionaron para realizar sesiones informativas y audiencias integrales antes de someter la medida a una votación.

En respuesta, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida y miembro del grupo de senadores que todavía afina un proyecto de ley integral de inmigración que pudiera darse a conocer la próxima semana, dijo que concuerda con la necesidad de realizar audiencias y planeó informar a todos los senadores republicanos la próxima semana. Pero Rubio rechazó la alegación de que el proceso del proyecto de ley ha sido más secreto que cualquier otro y afirmó que él ha trabajado para incorporar sugerencias de todos los senadores.

Lo ocurrido es la disputa más reciente sobre el momento y el proceso de debate de un proyecto de ley que implementaría los cambios más amplios a las leyes de inmigración del país en 25 años y colocaría a unos 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en el país en el camino a la ciudadanía. Algunos republicanos han presionado a favor de un proceso abierto con varias audiencias ante el Comité Judicial, mientras que algunos demócratas los acusan de tratar de demorar el proceso para eliminarlo.

En el Senado, un foro por lo general poco abierto, la transparencia en las negociaciones y el momento pueden ser importantes para satisfacer las preocupaciones de algunos senadores en particular y asegurar que el proyecto de ley siga debatiéndose. Y la disputa es una señal de lo contenciosa que se ha vuelto la iniciativa incluso antes de darse a conocer.

Rubio se ha concentrado particularmente en el tema y avanza con cautela mientras trata de ser una especie de puente entre el grupo y los conservadores que sospechan de sus planes.

Esos conservadores han comenzado a quejarse de que los demócratas tratan de impulsar la iniciativa sin suficiente debate.

“Su grupo se ha reunido en secreto durante meses y no ha consultado con miembros del comité sobre grandes cambios a las leyes de inmigración de nuestra nación”, escribió el republicano de más rango en el comité, el senador Chuck Grassley, de Iowa, conjuntamente con los senadores Jeff Sessions, de Alabama; Ted Cruz, de Texas, y Mike Lee, de Utah. “Creemos que es hora de que ustedes discutan el estatus de sus negociaciones, revelen qué concesiones se han hecho y ofrezcan detalles”.

La carta fue enviada a Rubio y a los senadores John McCain y Jeff Flake, de Arizona, y Lindsey Graham, de Carolina del Sur.

Rubio respondió con una carta que subraya su aceptación de un proceso abierto.

“Esta propuesta es un punto de partida”, escribió Rubio. “Como miembros del comité con jurisdicción sobre este tema espero que tengan amplias oportunidades de revisar, comentar y enmendar como lo consideren oportuno… Ustedes pueden confiar en que yo seguiré defendiendo los derechos de todos los senadores, incluido el mío propio, de conducir este proceso de una manera abierta y detallada”.

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