La Corte Suprema de Iowa determinó el viernes que una inmigrante mexicana que vive en West Liberty y que se quedó en Estados Unidos tras la expiración de su visa, tiene derecho a recibir beneficios de un fondo de compensación por sufrir una lesión en su centro de trabajo.

Pascuala Jiménez llegó a Estados Unidos en 1991 y tenía visa por 10 años. Se quedó después que la visa caducara y siguió trabajando. Ha vivido West Liberty, Iowa, durante 19 años.

Jiménez trabajaba para la agencia temporal Staff Management, de Chicago, y fue asignada a la planta de Procter & Gamble en Iowa City donde empaquetaba champú y preparaba cajas y plataformas para transporte de mercancías.

En septiembre del 2007 mientras cargaba una plataforma sufrió una lesión que los médicos diagnosticaron como dos hernias abdominales. Cuando regresó a trabajar y ya no pudo realizar todas sus labores. Fue operada en noviembre del 2007 y en diciembre de ese año regresó a trabajar. A mediados de enero del 2008 fue despedida, pero los gerentes le dijeron que era porque no tenía autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

La mujer solicitó y obtuvo beneficios del Comisionado de Compensación Laboral del estado en octubre del 2010. Pero Staff Management apeló ante un tribunal del condado Polk y éste ratificó la decisión del comisionado. Entonces, la compañía apeló a la Corte Suprema del estado de Iowa.

La firma alegaba que un trabajador que vive en el país sin autorización legal no debería recibir compensación laboral porque Iowa no incluye “trabajadores indocumentados” en su definición de empleado bajo la Ley de Compensaciones del Trabajador.

El tribunal respondió que la ley de Iowa no excluye a tales trabajadores y por lo tanto concluyó que tenían derecho a gozar de beneficios.

“Si la legislatura tenía la intención de que la definición de un trabajador o empleado excluya a los trabajadores indocumentados, lo habría especificado agregando trabajadores son permiso legal a lista de exclusiones”, dictó la corte. “No es nuestro papel hacer agregados a la lista de trabajadores o empleados excluidos. Esa es una decisión política que la legislatura debe hacer”, agregó.

La corte concluyó que el tribunal de distrito actuó correctamente al ratificar los beneficios para Jiménez. Sin embargo, los magistrados hallaron que la ley no permitía que los trabajadores gozaran de beneficios de curación mientras están trabajando. El caso fue devuelto al comisionado a fin de que excluya el pago de beneficios de curación durante las semanas que trabajaba.

Paul McAndrew, abogado de Jiménez, dijo que la mujer estaba contenta con el fallo. Señaló que aún no se ha determinado cuánto se le pagará.

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El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, sostuvo que la reforma migratoria es clave para la economía de Estados Unidos, porque tendría el efecto de estabilizar la mano de obra agrícola.

Vilsack, el único miembro del gabinete del presidente Barack Obama que visitó a un grupo de activistas que el martes pasado inició una huelga de hambre en demanda una reforma migratoria, señaló que hay incertidumbre sobre la situación actual de la fuerza laboral en el campo estadunidense.

“(La reforma migratoria) Nos proveería una fuerza de trabajo de casi 600 mil a 700 mil personas”, dijo el ex gobernador del agrícola estado de Iowa en entrevista con Notimex.

“Crearía un sistema de trabajadores huéspedes operativo que nos permitiría calibrar el número de personas trabajando en agricultura para que no tengamos ni demasiados ni escasos”, señaló.

La iniciativa de ley S744, aprobada por el Senado en junio pasado, incluye dos programas específicos para la agricultura negociados por el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UAW), empleadores y legisladores demócratas y republicanos.

El primer programa crea una “Tarjeta Azul” que permite a los trabajadores del campo, la abrumadora mayoría de ellos de origen mexicano, con una ruta a la ciudadanía si se mantienen trabajando en esa actividad hace cinco años.

El segundo programa, que remplazaría al actual programa de trabajo temporal H2A, establecería visas futuras de trabajo temporal W-3 y W-4 para extranjeros reclutados por empleadores agrícolas.

“Crearía un marco y una estructura para salarios y condiciones laborales que aseguraría un trato justo tanto para los granjeros como los trabajadores”, dijo Vilsack.

El secretario de Agricultura lamentó que Estados Unidos padezca en este momento una situación de incertidumbre de la fuerza laboral que está limitado el crecimiento de los granjeros.

“Se están mudando a otros países donde no están cosechando tanto como cultivan, todo lo cual es desafortunado”, señaló.

Vilsack defendió la iniciativa de reforma migratoria que incluye una ruta a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, incluidos los trabajadores agrícolas, la mayoría de origen mexicano.

“Es importante que haya una ruta a la ciudadanía, porque hablamos de una fuerza laboral permanente o de personas que han estado aquí por un periodo largo, muchos de los cuales tienen familias que quieren ser parte de este país”, dijo.

Sin embargo, señaló que la ciudadanía debe ser “merecida” de tal forma que los inmigrantes indocumentados paguen impuestos y multas como reconocimiento de que entraron al país de manera inapropiada.

“Tienen que reconocerlo, no vamos a encarcelar a todos, así que se pagan una multa, los impuestos, se aprende el idioma y se coloca uno al final de la fila, ese es un camino ganado, no un pase libre”, dijo.

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Uno de los 34 manifestantes que se entregaron en septiembre a agentes de inmigración en la frontera con México continúa detenido en el oeste de Texas.

Tres de los detenidos quedaron en libertad el viernes y otros tres fueron deportados la semana pasada.

Un total de 28 jóvenes, hombres y mujeres, quedaron en libertad bajo palabra y aguardan fecha de comparecencia ante un tribunal, mientras que cinco fueron repatriados a México.

Estas personas cruzaron la frontera sin documentos migratorios y fueron detenidos a la espera de que los entrevistaran agentes para determinar si tenían algún motivo para temer regresar a su país, como lo estipula la ley de asilo.

Todos los miembros del grupo fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños pero no eran ciudadanos estadounidenses.

Se les conoce como “dreamers” en referencia a la Ley Dream que concedería a inmigrantes como ellos la permanencia legal en Estados Unidos.

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El presidente Barack Obama ha estado recurriendo a efectuar cambios administrativos relativamente menores al complicado sistema migratorio de Estados Unidos en tanto parecen disminuir las posibilidades de que el Congreso apruebe una reforma integral.

Obama se había comprometido en dos ocasiones como candidato presidencial a aprobar una reforma migratoria.

Los cambios iniciales de Obama fueron amplios y controvertidos. El mandatario ordenó a las autoridades federales que a su criterio encontraran y deportaran sólo a personas que hubiesen cometido delitos graves. Después, a mediados de 2012, Obama anunció un plan en el que ofreció una dispensa en las deportaciones y permisos de trabajo durante al menos dos años a inmigrantes jóvenes sin autorización para estar en Estados Unidos.

Ahora, a medida que parece menos posible que el Congreso cambie las leyes de inmigración, la Casa Blanca sortea sus compromisos con modificaciones institucionales relativamente menores.

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) afirmó en agosto a sus supervisores como tratar con padres inmigrantes o tutores legales de menores.

En un memorando se dijo que antes de que se efectúe una deportación, las autoridades del ICE deben considerar si la persona afectada, hombre o mujer, es la cuidadora principal de un menor, tiene un interés directo en una corte de familia o en un proceso de prestaciones sociales, o es el padre o madre o tutor/a de menores que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.

En algunos casos, el gobierno también ha autorizado a esposos e hijos inmigrantes de ciudadanos estadounidenses permanecer en Estados Unidos.

Otros cambios a las normativas dieron más flexibilidad a la utilización de retenciones migratorias de personas en prisiones locales en conformidad con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

Los republicanos en la Cámara de Representantes han censurado desde hace tiempo estos cambios administrativos.

Obama ha dicho reiteradamente que la reforma migratoria es una de las principales prioridades de su gobierno.

La elección que hizo Obama de Jeh Johnson, ex principal abogado del Pentágono, sin experiencia en asuntos migratorios, como el próximo secretario de Seguridad Nacional, deja entrever que la Casa Blanca, más que el DHS, encabezará la campaña a favor de cambios en la ley migratoria.

Meses atrás, el Senado aprobó una iniciativa radical que prevé duplicar la fuerza de la Patrulla Fronteriza y una opción de estadía legal para los casi 11 millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país.

Sin embargo, la actividad legislativa sobre asuntos migratorios se ha estancado en la Cámara de Representantes. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que esa instancia no efectuará conversaciones formales en busca de un acuerdo sobre la iniciativa aprobada en el Senado.

La propuesta encara una firme oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes que han expresado sus objeciones a un enfoque integral.

A muchos de ellos no les parece la idea de que se ofrezca la ciudadanía a personas que infringieron leyes de inmigración para llegar a Estados Unidos.

Durante una ceremonia de juramentación de ciudadanía, el vicepresidente Joe Biden dijo el miércoles que estaba “muy decepcionado” de las declaraciones de Boehner.

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El vicepresidente Joe Biden destacó el jueves la necesidad de que haya una amplia reforma de inmigración con un proceso para naturalizar a unos 11 millones de personas que viven en el país ilegalmente, en una ceremonia de naturalización para unos 100 nuevos ciudadanos estadounidenses.

La ceremonia, que se realizó en el Centro Martin Luther King para el Cambio Social No Violento de Atlanta, fue una de 120 programadas durante los primeros días de noviembre para naturalizar a unos 8.000 inmigrantes. Biden se valió de la ocasión para manifestar la necesidad de que haya una reforma de inmigración y criticó al presidente republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner.

“Gracias por seleccionarnos”, les dijo Biden a los nuevos ciudadanos, señalando que Estados Unidos extrae su fortaleza y vitalidad de una infusión constante de nuevas personas, nuevas ideas y nuevas culturas.

El vicepresidente elogió a las 104 personas procedentes de 50 países sentadas delante de él, por su fuerza y resistencia.

“Hay algo diferente que todos ustedes poseen”, destacó. “Tomar la decisión de dejar todo lo familiar no es algo que hacen los timoratos”, agregó.

Asimismo les instó a que no olviden a las aproximadamente 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país, señalando que ellos también se merecen una oportunidad para convertirse en ciudadanos.

“No retiren la escalera a los que vienen detrás ahora que ustedes han subido a bordo”, recomendó. “Hay millones de personas que ya actúan como estadounidenses decentes que merecen una oportunidad, merecen que se les allane el camino”.

Biden y el presidente Barack Obama respaldan una ley de reforma del sistema de inmigración aprobada en el Senado con apoyo bipartidista. La medida está empantanada en la Cámara, donde los republicanos prefieren una solución fragmentada.

“Lo único político que voy a decir hoy: Estoy extremadamente decepcionado de que el presidente de la Cámara de Representantes anunció ayer que no permitirá que el proceso funcione”, indicó Biden.

Boehner dijo el miércoles que la Cámara no sostendrá un debate formal, sobre el proyecto de ley para una amplia reforma de inmigración aprobada en el Senado. El anteproyecto encara oposición de las filas republicanas que rechazan una amplia solución y desaprueban la idea de ofrecer la ciudadanía a personas que trasgredieron las leyes de inmigración para quedarse aquí.

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Alejandro Mayorkas, quien a su vez es nacionalizado, procedente de Cuba, tomó el juramento a los nuevos ciudadanos.

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Varios cientos de personas defensores de los inmigrantes bloquearon una intersección del centro de Nueva Orleáns en protesta por las “duras” y “devastadoras” tácticas por parte de los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Las autoridades dijeron que la protesta, organizada el jueves por el Centro para Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleáns, resultó en el arresto de 18 inmigrantes y cuatro activistas.

El director ejecutivo del Centro para Justicia Racial, Saket Soni, quien fue uno de los arrestados, dijo que la ICE dio a conocer un nuevo programa en el área de Nueva Orleáns conocido como Iniciativa para Retirar Inmigrantes Criminales (CARI por sus siglas en inglés). En vez de buscar a individuos específicos, por lo general considerados peligrosos o con antecedentes delictivos para que sean deportados, Soni dijo que el ICE ha realizado redadas indiscriminadas.

Bryan Cox, portavoz de la agencia en Nueva Orleáns, dijo que el programa CARI se ocupa específicamente de personas consideradas de alta prioridad.

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BOSTON, Massachusetts, EE.UU (AP) — Mitt Romney regresó al escenario nacional, aunque podría ser brevemente.

El ex candidato presidencial republicano criticó el liderazgo del presidente Barack Obama en una entrevista trasmitida el viernes por la noche en Fox News, sus primeros comentarios públicos después de casi cuatro meses de reclusión en su casa del sur de California. Él tenía agendado dar su primer discurso posterior a la elección más adelante durante este mes en la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Washington.

Romney dijo el viernes que Obama ha estado “volando por todo el país y regañando a los republicanos y culpándolos y señalándolos” en lugar de evitar la más reciente crisis presupuestal de Washington.

Su reaparición podría ser de corta vida.

Ex asistentes de Romney describen la actividad de este mes como una especie de gira de agradecimiento diseñada para concluir una carrera política notable que abarcó una década. Y el Partido Republicano no está precisamente clamando por su regreso.

Un puñado de gobernadores republicanos que apoyaron fuertemente la candidatura presidencial de Romney en otoño pasado ofreció respuestas sin entusiasmo en días recientes ante la pregunta del futuro papel de Romney en el Partido Republicano. Y líderes conservadores sugieren que están listos para una nueva era en la política republicana que no incluye al ex gobernador de Massachusetts.

“Tiene todo el derecho para estar involucrado; y ciertamente dio mucho a la causa”, dijo Tim Phillips, presidente del grupo nacional conservador Estadounidenses por la Prosperidad. “Pero gran parte del movimiento desea mirar hacia el futuro. Ellos quieren esperar gustosos a la siguiente generación de líderes”, agregó.

Sin un cargo público o una posición prominente en el sector privado, Romney carece de una plataforma disponible.

Los dos anteriores candidatos presidenciales perdedores, el republicano John McCain en 2008 y el demócrata John Kerry en 2004, facilitaron su regreso a la política nacional a través de escaños en el Senado que aún retienen. Después de su derrota, el vicepresidente Al Gore apareció en un documental sobre el cambio climático y se convirtió en un franco intercesor por protecciones ambientales.

Pero casi inmediatamente después de su derrota en noviembre pasado, Romney se retiró a la privacidad de su casa. Reapareció en la prensa nacional en meses recientes sólo en fotografías como aquellas en las que aparece echando gasolina a un auto, disfrutando un día con su familia en Disneyland y de compras en Costco.

En su mensaje de despedida al personal en el interior de su casa de campaña en Boston en noviembre, Romney prometió seguir siendo una voz activa en el Partido Republicano. Cuatro meses después, ex asistentes dicen que es más probable que un papel más silencioso enfocado en recaudación de fondos, utilizando su estatus para ayudar a enarbolar asuntos de vez en cuando.

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ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Un tribunal de Nueva York aceptó el viernes revisar si la ley que incluye nuevos estrictos controles sobre el uso de armas en el estado fue aprobada apresuradamente en violación de la Constitución estatal.

Un magistrado de la Corte Suprema de Nueva York aceptó el pedido de conceder una audiencia a los demandantes que afirman que la ley viola las garantías de la libre expresión, de propiedad de bienes y el derecho a hacerle una petición al gobierno garantizadas bajo las constituciones federal y del estado.

El demandante Robert Schulz calificó al gobernador Andrew Cuomo como un “rey” por impulsar la más drástica ley sobre el control de armas en el país, suspendiendo una revisión de tres días que por lo general se requiere antes de que se realice la votación de los proyectos de ley.

“Los reyes gobiernan con opinión”, señaló Shulz, quien se califica como un “constitucionalista” y ha desafiado a los gobernadores en los tribunales durante décadas, aunque no es un abogado. “Tiene que haber algo de lógica, algo de justificación de los hechos antes de descartar la demanda de la gente de que se realicen tres días de revisión a una iniciativa de ley”, agregó.

La ley que fue promulgada el 15 de enero, impulsada por Cuomo, establece límites de siete balas en los cargadores de las armas, ajusta la definición ilegal a las “armas semiautomáticas” y requiere que los propietarios de las otrora legales armas semiautomáticas las registren, entre otras medidas.

Los neoyorquinos se están representando a sí mismos, sin abogados. Se ha fijado el 11 de marzo para una audiencia en el tribunal estatal. Las autoridades estatales tendrán que presentar un alegato a fin de evitar una orden de restricción contra la ley.

“Creemos que la ley es válida y el proceso fue válido y constitucional”, destacó el portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi.

Cuomo y los líderes legislativos tomaron el acuerdo sobre el proyecto de ley en negociaciones privadas y sometieron la políticamente riesgosa ley a una votación durante una noche a mediados de enero. Eso ocurrió después que Cuomo dio un “mensaje de necesidad” que permite que se suspenda el período constitucional de espera.

Schulz, residente del condado Warren, calificó de “repugnante” la ley de control de armas y trata de lograr que se le invalide. Los demandantes cuentan con el respaldo de 1.200 firmantes.

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