El arribo de fuerzas armadas federales y militares a Michoacán tras los últimos acontecimientos vinculados a la seguridad, no han desalentado la participación de los alrededor de 800 artistas convocados para el XXV Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM), comentó la directora general de este evento, Verónica Bernal Vargas.

Luego de informar los pormenores de la Presea Miguel Bernal Jiménez, que se otorga por primera vez en la XXV edición del FMM a figuras destacadas en el ámbito musical, mencionó que los hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en el estado “nos impactan a todos los michoacanos, seguimos saliendo en las noticias con notas desagradables, pero ningún artista me ha cancelado”.

La confirmación de la asistencia de los participantes al FMM, dijo, “habla de que saben que Morelia -aun y que tiene ciertas problemáticas- está seguro o estamos en calma; nosotros les hemos comentado que existe una problemática pero en la zona de Tierra Caliente”.

No obstante, manifestó que quienes analizan si es o no factible asistir son los patrocinadores, aun cuando saben que hicieron una inversión, “nos toca un poco estar día con día conciliando, porque la problemática social no es algo que dependa de nosotros, sólo esperamos que ahora sí y por el bien del estado y la sociedad las cosas entren en calma”.

Elaboradas por el escultor Felipe Castañeda, Premio Estatal de las Artes Eréndira 2005, se otorgarán diez preseas Miguel Bernal Jiménez, sólo para el caso de esta edición número 25 -en las subsecuentes será una por emisión- y a los directores artísticos del festival -dos post mortem- por su colaboración al definir el concepto y programa que le ha dado prestigio al evento, señaló Bernal Vargas.

El domingo 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en Palacio de Gobierno, previo al concierto del Coro de Oxford, se otorgarán diez estatuillas de bronce con la figura del compositor Miguel Bernal Jiménez, a los directores artísticos: Manuel Enríquez y Eduardo Mata (ambos post mortem), así como a Fernando Lozano, Mini Caire, Luis Herrera de la Fuente, Enrique Barrios, Carlos Prieto, Luis Jaime Cortez, Javier Álvarez y Sergio Vela.

En cuanto a los avances que ha tenido la asociación civil de Festivales Culturales de Michoacán -dada a conocer a principios de 2013- que proponía el impulso de iniciativas propicias para alentar la inversión de capital privado para eventos de este tipo, refirió que debido a la organización del FMM no se han podido reunir pero mantienen su propósito.

La única iniciativa en puerta vinculada a la demanda de esta asociación civil, mencionó que se encuentra en la congeladora del Congreso de la Unión y en la cual se propone que el recibo de donativos que los festivales extienden a sus patrocinadores “sea 100 por ciento deducibles de impuestos y no sólo el 25 por ciento como pasa hoy día, pero a la fecha no han aprobado la propuesta”.

La mayoría de los festivales de contenido cultural que se desarrollan en el país, agregó, no son de carácter lucrativo y “cuesta mucho trabajo conseguir el apoyo primero del Estado y luego de la iniciativa privada”, más aún cuando se trata de agrupaciones grandes:

“Por ejemplo, traemos este año a la Orquesta Johann Strauss, que tiene 49 integrantes y eso representa 49 vuelos desde Viena”, y para traer ese tipo de conciertos comentó que se coordinan con otros festivales o eventos del país a fin de asumir el gasto en conjunto y programar distintas fechas:

“La Orquesta Johann Strauss viene a Morelia, estará en Puebla y en el Distrito Federal porque pagar al cien por ciento el viaje de cada artista sería imposible; para esta edición hablamos de 800 artistas, de catorce países y tengo 50 eventos, entre conciertos y actividades paralelas, para eso nos sirven mucho los patrocinios, es un festival de muy alto nivel y los presupuestos para cultura son cada vez más cortos”, señaló.

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Morelia, Michoacán.- En el nuevo Código Penal que se plantea para Michoacán más que a la prisión se da preferencia a las multas, apuntó el jurista Miguel Ontiveros Alonso, quien destacó la responsabilidad de los estados para debatir sus nuevos códigos penales, en tanto no exista una reforma constitucional federal que mandate un único ordenamiento para el país.

Ontiveros Alonso fue el autor de la iniciativa de nuevo Código Penal estatal que el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal, turnó al Congreso en octubre de 2012 y que se encuentra en análisis de las comisiones de dictamen.

Cuestionado sobre las dudas que la propuesta ha generado al interior de la Cámara sobre todo en materia de equidad de género y crímenes de odio, por considerar que no son explícitos, o bien lo referente al apartado de seguridad de las instituciones del estado.

En ese sentido Ontiveros Alonso apuntó que el proyecto de Código Penal retoma los instrumentos internacionales en justicia penal, pero sobre todo en derechos humanos, “su concepción está dirigida al crear libertad, en especial a aquellas personas que pertenecen a un grupo en especial situación de riesgo o grupos vulnerables”.

Apuntó que el documento sí contiene pero sin tendencias políticas, la protección de los grupos vulnerables y la perspectiva de género, “si contiene los delitos denominados por odio, nada más que no lo llamamos feminicidio, porque nosotros creemos que éste tiene una concepción más sociológica y cultural que jurídico-penal, por eso lo denominamos como delitos cometidos por condición de género o preferencia sexual, y agravamos la punibilidad cuando el delito se comete contra una persona menor de edad, adulto mayor, o grupo indígena”.

Refirió que la iniciativa incluso contiene una redacción muy evolucionada del delito de desaparición forzada de personas, “además de todos aquellos rubros que pretenden proteger de forma fundamental a niños y adolescentes con base en la Convención de los Derechos de los niños”.

En cuanto al letargo que se observa en el Congreso michoacano para debatir el nuevo Código Penal, bajo el argumento de esperar lo que ocurra a nivel federal con el anuncio de una propuesta de Código Penal único, Ontiveros Alonso enfatizó la responsabilidad de las Cámaras locales para ponerse a legislar.

“En los estados hasta en tanto no haya una reforma constitucional en la que se establezca que habrá un Código Penal único –es decir que al Congreso de la Unión se le otorgan las facultades para legislar en la materia-, deben o bien continuar creando sus códigos o reformando los existentes”.

Él evalúa que pasarán meses o años para que en México se concrete la discusión del Código Penal único, por lo que en tanto esto no ocurra se deben dar reformas penales sustantivas en los estados de la República.

“Yo soy un antidelitos en el Código Penal, creo que hay muchas conductas penales que deben de salir, el eje rector es el bien jurídico, ¿qué se protege?, la vida, la libertad, la integridad; salen muchas hipótesis delictivas de bienes jurídicos que se trasladan a otras materias”

Refirió que se incorporan tipos penales como la desaparición forzada, lesiones, privación de la vida por condición de género o preferencia sexual, “se gradúan las penalidades dándole preferencia a la multa sobre la prisión. El derecho penal no puede enfrentar ni resolver todos los problemas siempre amenazando con pena de prisión con delitos que pueden ser solventados a través de consecuencias jurídicas accesorias”.

Una novedad importante que destaca de la iniciativa de Código, es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, “es decir, hoy en día la delincuencia organizada se sirve de empresas, de bancos, de casas de cambio para lavar dinero generado con base en la trata de personas o la explotación humana y nosotros en México seguimos persiguiendo a las personas en lo individual, en contrapartida, lo que estamos proponiendo a través del Código es que podamos ir en contra de las personas jurídicas –banco, casa de cambio, empresas- y que éstas que son colaboradoras del crimen respondan ante los tribunales y sean sujetas a una pena”.

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La Comisión Nacional de Seguridad informó a la Cámara de Diputados que se aseguraron un millón 78 mil 306 piezas de contrabando y un millón 154 mil 347 productos apócrifos, de diciembre de 2012 al 15 de octubre de este año.

Indicó que los aseguramientos realizados por el delito de contrabando de cigarros, ropa, audio y video, electrónica, artículos de uso personal, juguetes, alimentos, calzado y otros, derivan de la omisión en el pago de los impuestos al comercio exterior, para ingresar o extraer mercancías del territorio nacional, y por evadir el control legal o por la falta de los permisos correspondientes.

Los decomisos de productos piratería -audio, video, documentos, ropa, joyería, calzado y otros- se determinaron en virtud de haberse realizado su explotación, reproducción o utilización con fines de lucro, sin la aprobación de su autor intelectual o quien represente legalmente sus derechos.

Además, reiteró el compromiso de la Policía Federal para continuar acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, entre ellos los que atentan contra la economía del país.

Toda esta información se aportó en respuesta a un punto de acuerdo, impulsado por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano), quien propuso diseñar políticas de control y combate al contrabando y piratería, con el objetivo de proteger el mercado interno y alentar la inversión.

Indicó que el 88 por ciento de los consumidores del país ha adquirido algún producto ilegal, y la ganancia por piratería en México alcanza los 75 millones de dólares anuales.

Monreal Ávila agregó que las pérdidas para la industria mexicana son millonarias, pues los consumidores mexicanos de discos pirata gastan poco más de 570 mil millones de pesos anuales, según una encuesta de hábitos de consumo de productos piratas y falsificados en México.

Los productos que más compra la gente, dijo, son discos y películas que representan el 94 por ciento de las compras de artículos pirata; le siguen la ropa, el calzado y el software.

En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión Nacional de Seguridad precisó que la Policía Federal realiza labores de vigilancia, seguridad e inspección en aeropuertos, puertos marítimos, puntos de revisión aduaneros, y mantiene patrullaje permanente en la red carretera del país para verificar el origen lícito de la mercancía transportada, a fin de prevenir y disuadir la comisión de delitos.

De igual modo, añadió, se efectúan recorridos perimetrales de verificación en los cruces internacionales y a lo largo de las fronteras, a fin de evitar el contrabando.

Mencionó también que en el caso de la frontera norte, se actúa en coordinación con autoridades migratorias de los Estados Unidos, con lo cual se han obtenido resultados favorables sobre el rescate de personas sin documentos, aseguramiento de personas, armas, mercancías apócrifas y droga, entre otros.

Adicionalmente, continuó, se implementó el Programa de Cuadrantes Carreteros, con puntos de revisión estratégicos del autotransporte de carga y de pasajeros en todo el país, con lo que se han logrado decomisos importantes de personas, vehículos, armas, combustible y mercancías.

La Comisión Nacional de Seguridad detalló que se agiliza de manera permanente el operativo Viajero Seguro, que incluye la revisión del transporte de pasajeros para detectar mercancías de contrabando y productos apócrifos; de igual manera, se realizan revisiones con apoyo de equipos no intrusivos, “VACIS”, y el uso de rayos X para la detección de mercancías ilícitas.

En los establecimientos de servicios de mensajería y paquetería, se lleva a cabo la inspección de mercancías de procedencia nacional e internacional, mediante la verificación de documentos de traslado, procedencia y destino, a fin de detectar mercancía ilegal.

Sostuvo que se trabaja en operativos coordinados con la Procuraduría General de la República, para apoyar la investigación de campo y colaborar en el aseguramiento de material apócrifo y de contrabando.

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Morelia, Michoacán.- Con la intención de lograr su primera lectura en este periodo ordinario de sesiones, este lunes quedó formalmente instalada en el Congreso local la Mesa Técnica para la discusión de la Ley contra la Desaparición Forzada en Michoacán.

La Mesa Técnica la integran las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública, y se reunirá dos veces por semana a fin de avanzar en el dictamen que se prevé pueda tener su primera lectura a más tardar a mediados de julio próximo.

De acuerdo con el diputado Eleazar Aparicio Tercero, autor de la iniciativa, se ha logrado sensibilizar a los diputados sobre la importancia del tema, lo que propició que en la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido, los legisladores charlaran sobre la pertinencia de arrancar los trabajos.

Aparicio Tercero apuntó que en la instalación de la Mesa Técnica, hubo la petición de la Comisión de Justicia a fin de que los términos de la Ley vayan aparejados con los del Código Penal que están en análisis dentro de la Cámara.

Por su parte la diputada Laura González Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, coincidió en que departe de los diputados existe sensibilidad sobre la importancia del tema, por lo que se ha decidido avanzar en los trabajos.

En la propuesta de Ley se establece la obligación del gobierno michoacano a no permitir, practicar, ni tolerar la desaparición forzada de personas un aun en estados de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; también lo obliga a no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

La autoridad además estará obligada a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo.

Una obligación más para el gobierno será establecer medidas de reparación integral del daño para las víctimas del delito de desaparición forzada, y estará obligada a cooperar con los otros estados y las autoridades federales en la prevención, sanción, protección y erradicación de dicho fenómeno.

Según la propuesta comete el delito de desaparición forzada de personas conforme a la propuesta de ley, cualquier funcionario o servidor público, así como cómplice s y encubridores provenientes de los poderes u órganos del estado que priven de la libertad y mantenga oculta a una o más personas, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad, cualquiera que sea el método y motivación utilizados.

Serán igualmente considerados como sujetos activos del delito de desaparición forzada los que o sean formalmente autoridades y sin embargo actúen aprovechando la autorización, el apoyo o la aquiescencia de funcionarios públicos.

El delito de desaparición forzada será sancionado con pena privativa de la libertad de 20 a 40 años de prisión, siendo siempre acompañada de la inhabilitación definitiva e inconmutable de ejercer la función pública en cualquiera de sus niveles y de la multa de 500 a dos mil salarios mínimos vigentes en el estado. La pena en estos casos será independiente de las que lleguen a determinarse por la comisión de otros delitos conexos.

Además a quien teniendo conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada, ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación de desaparición forzada, se le impondrá pena de ocho a 15 años de prisión e inhabilitación inconmutable para ejercer cargos públicos,

También, a quien conociendo los planes para la comisión de este delito, sin ser partícipe, no da aviso a las autoridades, se le impondrá pena de prisión de cuatro a 12 años y se le inhabilitará para el desempeño de cargos públicos, sin que esta última pena se pueda conmutar.

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La empresa Cambio de Michoacán llevó a cabo este sábado un seminario tendiente a involucrar a las familias de sus trabajadores en el proceso de certificación de los servicios que ofrece esta Casa Editorial, donde una de las metas establecidas para este año es lograr la certificación ISO 9001-2008, con la premisa de generar calidad total en toda la organización.

Al seminario, impartido por el gerente administrativo y responsable del proceso de certificación ISO, Juan José Garza Ruiz, asistieron trabajadores de las áreas Administrativa y de Circulación, acompañados por sus cónyuges, papás y mamás. Todos participaron activamente en dinámicas y conferencias con diversos temas relacionados con los ámbitos laboral y familiar, dejando en claro la importancia de tener un buen entorno familiar, a fin de alcanzar como familia Cambio de Michoacán, la calidad y excelencia que la empresa requiere. “La finalidad es saber dónde estamos y qué se debe mejorar individualmente para lograr las metas establecidas”, manifestó Garza Ruiz al inicio del seminario.

Entre los temas expuestos destacan los valores organizacionales que la familia Cambio de Michoacán busca fomentar entre sus integrantes, con la encomienda de evolucionar para dar un mayor sentido a su slogan: Periodismo en Evolución.

En ese contexto, se recordaron antecedentes históricos de la empresa fundada el 6 de julio de 1992 y que hoy busca fomentar una cultura organizacional al interior de la misma, quedó establecido que entre los principales aspectos a fortalecer en Cambio de Michoacán a partir de este fin de año es ser una empresa que busca siempre la vanguardia y llegar a ser un medio líder de opinión, ofreciendo servicios de calidad, con información oportuna, veraz y trascendental para la sociedad en general.

Se puso especial énfasis en tener familias de calidad y gente con calidad, para integrar la familia Cambio, pues la intención es involucrar a los trabajadores y sus familias en actividades de la empresa, incentivándolos para crecer a nivel personal y como empresa. La Dirección General que encabeza el licenciado Vicente Godínez Zapién, prevé implementar premios y reconocimientos al mejor desempeño en los diferentes áreas y departamentos de esta Casa Editorial; se entregarán premios a la mejor nota periodística, mejor fotografía, entre otros, informó Juan José Garza.

Las metas para lograr la excelencia en los procesos productivos de Cambio de Michoacán incluyen fomentar, desde el núcleo familiar, valores como la lealtad, creatividad, voluntad, honestidad, disciplina y sinceridad, dado que las estructuras familiares se heredan, de tal forma que si un trabajador tiene un ambiente familiar sano y con calidad de vida, lo reflejará cotidianamente en su desempeño laboral.

La calidad de vida constituye uno de los retos de esta empresa periodística, en el tema intervienen aspectos como economía, salud, sociedad y comunicación; para evaluar el nivel de vida se deben tomar en cuenta los satisfactores alcanzados, y saber a nivel personal y gerencial las metas a perseguir cada año.

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En 2012 se cometieron tres mil 503 robos en las carreteras del país, 50 por ciento de los cuales con uso de violencia, siendo los más afectados los tramos que se dirigen a Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante ello, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación, propuso aumentar las penas de 15 a 40 años de prisión para quienes en caminos, carreteras, puentes o vías férreas, hagan uso de la violencia en contra de los usuarios del transporte público o privado; actualmente, la pena es de diez a 30 años.

A través de un comunicado, indicó que tan sólo en los caminos que conectan a Guerrero y Veracruz, cruzando por los estados de Morelos, Puebla y México, se acumuló el año pasado un total de mil 422 asaltos, con o sin violencia, por lo que éstas son las rutas de mayor incidencia delictiva en México.

También presentan una mayor incidencia delictiva las carreteras México-Nuevo Laredo, con 721 robos; México-Puebla-Oaxaca, con 439 actos de violencia y hurto, y Zacatecas-San Luis Potosí con un reporte de 229 robos.

Moreno Cárdenas subrayó que la inseguridad que sufren los mexicanos al transitar por las carreteras, así como las graves pérdidas humanas y monetarias que se registran, propician la falta de crecimiento y dinamismo de actividades económicas en nuestro país.

Lamentablemente, dijo, el crimen organizado y sus diversas expresiones se han asentado en buena parte de la geografía nacional, “debido a que las medidas aplicadas en materia de prevención y combate a dicho fenómeno fracasaron en su concepción y puesta en marcha, lo que ha significado un menoscabo a diversos derechos humanos reconocidos a favor de los mexicanos”.

Por ello, agregó, se deben tomar medidas más enérgicas, a fin de otorgar a los ciudadanos más seguridad y erradicar aquellos actos ilícitos que afectan sus intereses. Planteó reformar el artículo 286 del Código Penal Federal, para incrementar las penas de 15 a 40 años de prisión a quienes comentan estos delitos.

El legislador indicó que la prevención del delito y la seguridad son temas de la mayor importancia en el país, “toda vez que el resguardo de los ciudadanos y la protección de sus bienes jurídicos constituyen la base primordial de un México más sólido, en el que las personas puedan transitar sin miedo por las calles”.

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Con el fin de facilitar el control del gasto y darle más herramientas al Ejecutivo para llevar a cabo su tarea, así como armonizar la norma local con la federal, el coordinador parlamentario del PAN platea reformar la Constitución local y la Ley de Presupuesto, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado.

La iniciativa será presentada en la sesión ordinaria del pleno el próximo martes. En la exposición de motivos señala que en los últimos doce años, los gobiernos estatales han tenido acceso a mayores recursos que en los 50 años anteriores: “Sin embargo, también es por todos conocido que el gasto inadecuado e irresponsable en muchos de los casos ha llevado a situaciones financieras muy comprometidas”.

Recuerda casos como los de Tabasco, Coahuila, Chihuahua y Veracruz, además de Michoacán: “El cual, tristemente forma parte de este grupo de entidades cuyas finanzas están en situación crítica”.

Es así como a nivel federal se impulsó la Ley de Contabilidad Gubernamental para tratar de evitar que la situación financiera de los gobiernos locales llegara a circunstancias como las referidas.

“A partir de esta regulación surge la necesidad de una armonización jurídica de diversos ordenamientos como los que se pretenden modificar a través de esta iniciativa, y tiene principalmente la intención de facilitar el control del gasto y darle más herramientas al Ejecutivo para llevar a cabo correctamente esta tarea”.

La intención también es facilitar el trabajo del Congreso como ente encargado de la supervisión y aprobación del presupuesto, buscando que los recursos lleguen a los destinos originalmente previstos al momento de ser etiquetados y designados en el propio presupuesto.

“En no pocos casos los recursos no llegan a sus destinos y ésta es también una causa importante de los problemas financieros por los que atraviesan los gobiernos locales”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso recuerda cómo los vacíos legislativos que regulan las actividades económicas relacionadas con la Hacienda Pública han derivado en manejos discrecionales de los recursos públicos, crecimiento del gasto corriente en detrimento de la inversión pública productiva y de los programas sociales, lo que ha ocasionado endeudamientos excesivos e injustificados, falta de crecimiento de la economía, desempleo y carencia de oportunidades para el acceso a una vida digna.

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Durante el evento de hoy donde se nombró a Christian Gutiérrez Alonso, como director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), el tema de conversación entre comunicadores era el aparente regreso de Jesús Reyna García, a la Secretaría de Gobierno del estado, luego de haber tomado un periodo vacacional, tras haberse desempeñado durante seis meses como gobernador interino.

Cuestionado al respecto, Guillermo Guzmán Fuentes, encargado de la oficina adjunta del despacho del gobernador, respondió que hay pláticas entre el jefe del Ejecutivo, Fausto Vallejo, y Jesús Reyna, y la decisión se tomaría en esta misma semana. Ellos mismos se encargarían de hacer pública la noticia, dijo.

Apuntó que de concretarse la reincorporación de Reyna García al cargo, el actual encargado de la política interna, Jaime Mares Camarena, regresaría “seguramente” como vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun).

Y añadió que con el regreso del ex gobernador interino, se tendrían que hacer algunos ajustes al interior de la oficina del gobernador.

Procurador deberá tener aval de la federación

En lo referente al nombramiento del procurador general de justicia del estado- cargo que permanece acéfalo desde el 01 de agosto, con la renuncia de Plácido Torres Pineda-, el jefe de la oficina adjunta del despacho del gobernador, detalló que ya nada más se espera la confirmación de la información que se mandó a la Secretaría de Gobernación federal.

Es decir, la administración estatal espera que la Federación valide la ratificación del subprocurador de Justicia en Morelia, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien se desempeña como encargado del despacho de la Procuraduría, o bien dé su visto bueno a un nuevo nombramiento.

“Eso lo sabremos, no pasará de la semana que entra”, mencionó en entrevista, con el señalamiento posterior de que una vez que la propuesta pase con Gobernación, se enviará al Congreso local para que haga lo propio.

“El gobernador manda la propuesta y de acuerdo a lo que nos regrese la federación se manda al poder Legislativo, para que ellos determinen. Seguramente esta semana tendremos ya la respuesta, así la espera el gobernador, para ya determinar al responsable de la Procuraduría del Estado”.

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