(bbc.co.uk). 9 febrero – Se informa que entre 12 y 19 personas fueron secuestradas en Cocula, en el estado mexicano de Guerrero, en el mismo municpio donde desaparecieron 43 estudiantes en septiembre pasado.

Hay datos contradictorios sobre cuántas personas fueron secuestradas el sábado. Inicialmente se dijo que algunos son trabajadores de la mina Media Luna, un proyecto de la empresa canadiense Torex Gold Resources en Cocula.

Un funcionario del gobierno local le dijo a la agencia AP que 19 personas fueron secuestradas, entre ellas 12 mineros de Media Luna, y posteriormente ocho fueron liberadas.

Pero un comunicado el sábado en la noche de la empresa basada en Toronto indicó que los informes de que los secuestrados son sus empleados son falsos.

La empresa indica que “se desconoce la ubicación de 12 miembros de la comunidad” de Cocula, pero agrega que sólo “uno de los 12 desparecidos trabaja para la compañía como albañil y no estaba trabajando en el momento en que desdapareció”.

El comunicado de Torex Gold agrega que “otros tres trabajan como contratistas para el proyecto”.

Por su parte, la revista mexicana Proceso, informa que “integrantes de la policía comunitaria de la comunidad mantienen vigiladas las entradas y salidas del lugar tras el secuestro masivo” ocurrido en la zona minera.

Según Proceso, la policía informó que “al menos 18 personas habían sido privadas ilegalmente de su libertad por un comando que instaló un retén” sobre la carretera entre Nuevo Balsas y Cocula.

(bbc.co.uk). 9 febrero – Tras siete años de procesos penales y sentencias, Sandra Ávila Beltrán, la llamada “Reina del Pacífico” fue liberada de la prisión federal de Tepic, en el estado mexicano de Nayarit.

La excarcelación tuvo lugar horas después de que una jueza federal revocó la sentencia de cinco años por lavado de dinero de Sandra Ávila Beltrán y ordenó la “inmediata liberación” de la mujer.

Una declaración de la oficina del Procurador General indicó que la jueza había dictaminado que Ávila ya había sido procesada por el mismo delito en México y Estados Unidos.

Con el dictamen se cierra un capítulo que comenzó en 2007 cuando Ávila fue arrestada en una cafetería en la Ciudad de México.

Entonces la Procuraduría General la presentó como “una pieza clave del cartel de Sinaloa”. Pero muchos cuestionaron entonces que la mujer realmente desempeñara un papel tan importante en la organización.

¿Quién es Sandra Ávila Beltrán?

Tal como explica Alberto Najar, corresponsal de BBC Mundo en Ciudad de México, “sobre esta mujer se ha tejido todo un mito tras la publicación de un libro”.

“Pero tiene un pasado poco conocido, más allá de lo plasmado en corridos y en investigaciones periodísticas”.

En 2007, cuando fue detenida, los medios mexicanos destacaron su cercanía a personajes como Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, o Ismael Zambada García, El Mayo, quienes eran los principales líderes del cartel de Sinaloa.

Se dijo también que era sobrina de Miguel Ángel Félix Gallardo, uno de los mayores capos del narcotráfico en México quien sirve una sentencia de 40 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985.

Esta información sin embargo fue negada por la propia Ávila. En una conversación con el periodista Julio Scherer García la mujer indicó que ni ese dato ni los informes de la fortuna que se le atribuyó tras su captura, eran ciertos.

Lo que sí confirmó fueron sus vínculos con algunos de los mayores capos mexicanos. Confesó que conocía a El Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos o los hermanos Arellano Félix.

Afirmó que habían formado parte del círculo en que creció. Pero le dijo a Julio Scherer que la imagen de mujer peligrosa y con influencia en el negocio del narcotráfico no era real.

“El gobierno me relaciona con los capos, como si fuera uno de ellos. Pero yo los conocí cuando eran personas comunes y corrientes”, explica en el libro “La Reina del Pacífico: es la hora de contar”, del periodista Julio Scherer.

Formaban parte del mismo círculo social -dijo- por lo que era imposible no relacionarse con ellos.

¿Poderosa?

Durante su arresto en 2007, la PGR afirmó que Ávila había pasado más de una década ascendiendo los escalones de poder en el cartel mexicano.

Los medios informaron entonces de “su romance” con el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, “el tigre”, y se dijo que esa relación había estrechado los vínculos entre los carteles de Sinaloa y el del Norte del Valle de Colombia.

La mujer fue acusada de manejar las finanzas del cartel de Sinaloa y de organizar una operación para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Los delitos no pudieron probarse en México y fue absuelta en 2010. Pero una corte de apelaciones ratificó el veredicto en 2011.

Mientras tanto en una corte en Miami se declaró culpable de un cargo menor de cómplice en un caso que involucraba a Espinoza Ramírez, que se había declarado culpable de tráfico de cocaína en 2009.

Ávila permaneció en prisión en México mientras las cortes decidían una solicitud de extradición a Estados Unidos, la cual fue otorgada en 2012.

Un año después, en agosto de 2013 fue deportada a México donde la esperaba una sentencia por lavado de dinero, la misma que había estado cumpliendo antes de ser liberada este sábado.

Las autoridades de la PGR indicaron que no tienen ningún otro expediente penal vinculado a Ávila Beltrán. E indicaron que la resolución de dejar en libertad a la mujer no admite ningún recurso de apelación.

(bbc.co.uk). 8 febrero – Ya han pasado más de cuatro meses desde la desaparición de 43 estudiantes en México, pero el tema no cesa de causar revuelo.

Ahora, el equipo de peritos argentinos que asesora a los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en la búsqueda e identificación de los jóvenes introdujo serias dudas en la versión oficial de los hechos.

En un largo comunicado divulgado la noche de este sábado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) indica, por ejemplo, que no estuvo presente cuando se recuperó la bolsa con fragmentos óseos del Ríos San Juan, Cocula, claves en la versión gubernamental.

También indican que hay evidencia de varios fuegos a lo largo del tiempo en el basurero de Cocula (no solo de uno en el que habrían sido incinerados los cuerpos de los estudiantes) y que en dicho lugar se han encontrado, además, restos humanos que no pertenecen a los jóvenes.

La version gubernamental

Según la version divulgada por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los estudiantes fueron asesinados horas después de ser secuestrados en Iguala, sus cuerpos incinerados en el basuero de Cocula y los restos destruidos y arrojados al río.

Esta versión se apoya en la confesión de al menos tres personas que dijeron haber participado directamente en el asesinato e incineración, así como en diversos peritajes realizados en el lugar y en la identificación de los restos de al menos uno de los estudiantes: Alexander Mora Venancio.

Lo padres y familiares de los estudiantes siempre lo han dudado, solo reconocen la muerte del joven identificado y exigen que cada uno de sus seres queridos sea identificado de manera científica.

Ahora, el EAAF introduce nuevos elementos de duda, la todos relacionados con el basurero de Cocula, fundamental en la version oficial.

Cadena de custodia

Los peritos sudamericanos indican que no estaban presentes cuando buzos mexicanos recuperaron la bolsa con fragmentos óseos (al parecer cinco bolsas similares fueron arrojadas a la corriente del San Juan).

Según el EAAF, uno de los fragmentos que contenía la bolsa era el fragmento que permitió la identificación de Alexander Mora.

“Por lo tanto, el EAAF no firmó la cadena de custodia correspondiente a la entrega de la bolsa de evidencia (…). (Hemos) solicitado en diversas oportunidades a la PGR la cadena de custodia de esta bolsa de restos que según indica la PGR les fue entregado por buzos de la Marina, sin que por el momento se nos entregara copia”.

Por eso la opinión de los peritos argentinos es que “no existen elementos científicos suficientes por el momento para vincular los restos hallados en el basurero con aquellos recuperados, según la PGR, en el río San Juan”.

También se indica que el 15 de noviembre peritos de la PGR recogieron evidencia en la basurero sin su presencia. Agregan que el basurero estuvo sin custodia entre el 7 y el 28 de noviembre, tiempo en el que periodistas y familiares de los jóvenes lo visitaron.

Además, señalan que entre los perfiles genéticos de los familiares recogidos por la PGR (134) y los recolectados por EAAF (135) para realizar los procesos de identificación en la Universidad de Innsbruck, se encontraron diferencias en al menos 20 de esos perfiles. Todos realizados por la PGR.

“Cabe señalar que en experiencia del EAAF, es inusual tener diferencias entre laboratorios de análisis de ADN en lo que se refiere a perfiles genéticos que emanan de muestras de sangre tomadas directamente a familiares, ya que el procesamiento de las mismas es sencillo”.

Agregan que no se entregó una explicación clara sobre por qué sucedió esto.

Sin embargo se aclara que los perfiles genéticos de los familiares de Alexander Mora no están entre los errados.

Incendios y restos

En el comunicado de siete puntos, se indica, además que en la última conferencia de prensa de Murillo Karam –el pasado 27 de enero– se presentaron conclusiones sobre la evidencia recolectada en el basurero “interpretándolas como pertenecientes a un solo evento de fuego que habría ocurrido en la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014”.

Sin embargo, los argentinos dicen que, analizando varias imágenes satelitales (tomadas el 10 de octubre de 2010, el 28 de octubre y el 16 de noviembre de 2013), se ven signos de otros fuegos.

“Dichas zonas quemadas, en gran medida, corresponden a la misma sección examinada por peritos del EAAF y la PGR en octubre y noviembre del 2014. Estas imágenes muestran la presencia de múltiples episodios de fuegos en la zona del basurero por lo menos cuatro años antes de los eventos que la PGR presentó como un único evento de quema en su conferencia del 27 de enero del 2015”.

“En este sentido, los elementos tomados como diagnóstico por la PGR –aluminio, vidrio, dientes, etc– en su interpretación de la evidencia recogida en el basurero y mencionados en la conferencia de prensa del 27 de enero del 2015, pueden no corresponder a los incidentes del 26 de septiembre del 2014, sino a eventos anteriores”.

Se añade que también se encontraron restos humanos que no corresponden a los estudiantes desaparecidos.

Más investigación

Finalmente, los expertos indican que, para la investigación, la zona del basurero de Cocula se dividió en 132 cuadrícula de 15×12 metros (con extension en uno de los lados de 3×4 metros).

Hasta el momento sólo se han revisado a fondo 30 de esas cuadrículas “restando aun varios meses de trabajo para terminar de examinar las cerca de 100 cuadrículas restantes”.

Al final de su comunicado, los peritos indican que todo lo expuesto “no excluye la posibilidad de que algunos de los normalistas hayan corrido la suerte señalada por la PGR; aunque aún, en nuestra opinión, no hay evidencia científica al respecto en el basurero de Cocula”.

Por eso, dice que la investigación no debe darse por concluida y que “la evidencia física debe ser interpretada en todas sus posibilidades, sin dar preferencia a aquellas interpretaciones que solo incluyen una posible coincidencia con los testimonios de los imputados”.

Cuatro meses después de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso parece aún lejos de cerrarse.

(vozdemichoacan). – Dos personas perdieron la vida al quedar prensados dentro de la unidad en que viajaban, luego de haber sido impactados por un camión torton cuyo conductor huyó al darse cuenta de lo ocurrido.

Aunque ya la Procuraduría General de Justicia de Zamora tiene plenamente identificado al responsable de este fatal accidente que arrojó pérdidas materiales y la muerte de Rafael Eréndira González, de 43 años de edad y la señora Gabriela Sixto, de 54 años; ambos con domicilio en la calle 16 de Septiembre, de esta ciudad de Zamora.

El accidente se registró durante las primeras horas de la madrugada de este domingo, en la carretera Zamora-Romero de Torres, justo enfrente del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la comunidad de Romero de Torres, perteneciente a este municipio.

El reporte de las autoridades refiere que el camión impactó el costado derecho de una camioneta Ford, Ranger, color blanco, con láminas MZ-14307, manejada por Rafael Eréndira, quien nada pudo hacer para evitar el impacto que le costó la vida a él y a su acompañante.

Al momento del impacto, la mitad del cuerpo de Rafael salió por la ventana trasera de la cabina, mientras que el de la mujer recibió toda la fuerza de la unidad tipo torton, color azul, con matrícula NP-09685.

Según se conoció, el conductor del tracto camión pudo haber resultado con algunas lesiones leves, pero aún así abandonó el sitio del encontronazo para evitar ser aprehendido por las autoridades policiacas.

Los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias y de Protección Civil ayudaron a rescatar los cadáveres que habían quedado prensados, mismos que enseguida fueron trasladados a la morgue local para lo conducente, tomando conocimiento de todo lo anterior la representación social.

(vozdemichoacan). – El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se pronunció por buscar la ruta más adecuada para que lo informado por la PGR, sobre la privación de la vida de los 43 normalistas, sea asimilada por los padres de familia, para que entiendan y estén conformes, con una verdad por muy dura que ésta sea.

Al gobernador guerrerense, se le entrevistó exclusivamente al término de un convivio con la generación 1970-1972, de la actual Unidad Académica de la Preparatoria Dos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en el puerto de Acapulco, de la cual él formó parte, y agregó: “los padres de familia de los 43 normalistas, son finalmente los actores movilizados en duelo, y su opinión es la que más cuenta, la que se tiene que escuchar”.

Por eso, sostuvo que los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos, están en su derecho de exigir justicia y castigo a los responsables, así como de acudir ante los organismos internacionales, como la ONU, para demandar que sus hijos sean presentados con vida, por lo que se pronunció por “atender y trabajar con ellos, en la ruta de la armonía, reconciliación y la reparación del daño, si ese fuere el caso”.

Y agregó que se debe ayudar a disipar dudas sobre la tragedia en que viven los padres de familia, así como avanzar en el castigo a los responsables de los hechos ocurridos en Iguala, el 26 y 27 de septiembre del año pasado, para que no se vuelvan a repetir, y por su parte sostuvo que “en lo que resta de mi gobierno, no habrá represión ni criminalización a los movimientos sociales y evitaremos que los luchadores sociales pisen las cárceles”.

Añadió que en relación a la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que cuando fue estudiante se solidarizó con el movimiento de los normalistas, durante su gestión como subsecretario de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG).

“Los apoyé con sus plazas y su matrícula, y con lo de la tragedia de Iguala, marché con ellos desde Tixtla a Chilpancingo, y ahora como gobernador, estoy obligado a solidarizarme por convicción y como una obligación de gobernante”, indicó.

En relación a su formación de izquierda durante su etapa de estudiante, señaló que ha cambiado pero para bien, porque ahora “somos más maduros, más reflexivos, tenemos experiencia acumulada, tenemos más valores y principios, pero sí, en lo que no he cambiado es sobre que la educación debe ser de puertas abiertas, porque la educación es una oportunidad de igualar socialmente”.

Y recordó que en la Preparatoria Número Dos de la UAG en Acapulco, “llegábamos estudiantes de clase media, de frágil economía (pobres) y los hijos de los ricos, y allí nos unía la misma aula, la misma vocación y la idea central de superarnos mediante el estudio, por eso, la educación debe ser popular e igualitaria para todos”.

(vozdemichoacan).- Protección Civil Estatal y la delegación en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) han incrementado los programas de prevención en el estado tras el lamentable hecho registrado en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, en el que explotó una pipa de gas en un Hospital Materno Infantil  el pasado 29 de enero.

El director estatal de Protección Civil, Nicolás Alfaro Carrillo destacó que las medidas de seguridad siempre han estado vigentes en todos los hospitales de Michoacán, al respecto señaló: “en todos los nosocomios del estado, se lleva a cabo un programa llamado “Hospital Seguro”, es un programa de orden federal, Michoacán es el estado que ocupa uno de los primeros lugares de los estados evaluados, se evalúan diferentes aspectos, tales como seguridad estructural, las instalaciones eléctricas, las tomas de gas LP, todas las instalaciones de servicios, los señalamientos, las rutas de evacuación, la capacitación de brigadas y el equipamiento para desastres”.

En tanto, manifestó la línea preventiva en la que obligatoriamente todos los hospitales se deben ceñir, “todos los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado (ISSSTE), los hospitales privados y la red de  hospitales de la Secretaría de Salubridad del Estado son evaluados dentro del programa, es una obligación para que puedan brindar los servicios de salud” señaló.

El programa es aplicado por un equipo integrado por diversas dependencias tales como Protección Civil Estatal, la Secretaría de Salud de Michoacán, el IMSS, el ISSSTE, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), las cuales integran comisiones de revisión periódicamente

Constantes revisiones de PC a las gaseras de Michoacán

En cuanto a las revisiones a las plantas almacenadoras de gas LP, Nicolás Alfaro expresó: “se hacen revisiones en todas las plantas almacenadoras de gas LP  y al igual que en los hospitales, se revisa todo el aspecto estructural, la formación de brigadas,  y la capacitación del personal para que estén preparadas ante cualquier siniestro”.

Adicionalmente la Secretaría de Comercio en conjunto con la Secretaría de Trabajo, realizan revisiones periódicas, basándose en la Norma Oficial Mexicana para plantas almacenadoras de gas LP, la cual especifica el diseño y la construcción, así como las medidas de seguridad de los establecimientos.

“Todas las gaseras tienen equipos de peritos, de unidades de verificación que son los que dan las firmas y el aval  para cumplir con las  normas oficiales mexicanas, nosotros como Protección Civil, hacemos visitas periódicas, por lo menos una vez al año a las plantas de abastecimiento y carburación para verificar el funcionamiento y cumplimiento de todas las medidas de seguridad” señaló el titular de Protección Civil estatal.

Todas las gaseras cumplen con las normas

Al cuestionársele acerca de si ha habido empresas anomalías en las instalaciones de alguna gasera a nivel estatal, Alfaro Carrillo dijo: “todas las empresas han estado cumpliendo en tiempo y forma con las medidas de seguridad, si hubiera alguna que estuviera  con anomalías, ya hubiera sido inmovilizada o se hubiese girado el oficio a la Secretaría de Energía para suspender el desabasto de gas LP”.  Al mismo tiempo añadió que el programa se lleva a cabo de forma  continua para vigilar todo el ordenamiento  de la industria del gas y de los combustibles líquidos.

La PROFECO realiza las verificaciones al “pie de la letra”

Por su parte, Miguel Ildefonso Mares, delegado de Profeco en Michoacán destacó que la dependencia federal tienen programas de verificación, los cuales son llevados a cabo al pie de la letra, sin embargo destacó que debido al lamentable suceso acontecido en el Distrito Federal, se reforzarán todos los trabajos en torno a los establecimientos comerciales de gas LP,  con la finalidad de brindar seguridad a toda la población michoacana.

La verificación consiste en revisar todos los vehículos que transportan cilindros de gas, “revisamos que se encuentren en buen estado y sobre todo, que tengan el peso exacto para la población consumidora, por otro lado, también verificamos las pipas de gas, con relación a que se le esté dando  el peso exacto y no tengan desperfecto alguno” expuso Ildefonso Mares mientras añadía que todas esas medidas se realizan en las plantas de distribución y no en la ciudad, para mayor seguridad de la población.

Asimismo recalcó los esfuerzos dobles que se estarán realizando en días venideros para garantizar a la ciudadanía certidumbre en torno a las medidas de seguridad de las empresas gaseras del estado.

Por último, el delegado e Michoacán de la PROFECO, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier anomalía en los servicios de este tipo de combustible para llevar a cabo  las verificaciones, las denuncias se pueden realizar en el teléfono 01 800 468 87 22 para ser canalizado a la delegación en Michoacán de la PROFECO para posteriormente ser dirigida a la Dirección General de Combustibles e inmovilizar las operaciones de gaseras con anomalías.