Phoenix (EE.UU.).- Los inmigrantes en Estados Unidos comenten menos crímenes que el resto de la población, según un informe publicado hoy por un centro de estudios políticos que detalla, además, que aquellos provenientes de México tienen tres veces menos posibilidades de ser encarcelados que los nacidos en el país.

El estudio de The American Inmigration Council reafirmó que “la gran mayoría” de los inmigrantes no son “criminales”, informe que recobra interés por las polémicas declaraciones del precandidato presidencial republicano Donald Trump, que se refirió a aquellos que vienen de México como “narcotraficantes” y “violadores”.

Un mexicano de 18 a 39 años y con una educación menor que el bachillerato, tiene por ejemplo, menos posibilidades de ser encarcelado que un hombre de sus mismas características nacido en EE.UU., con el 2,8 % y el 10,7 %, respectivamente, según el estudio.

La diferencia es mucho mayor entre inmigrantes de El Salvador y Guatemala, ambas con el 1,7 %.

Los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio, tienen menos probabilidades de cometer crímenes o ser encarcelados que las personas nacidas en el país, enfatizó hoy el centro de estudios encargado del análisis, en una conferencia de prensa telefónica.

“Una de las percepciones erróneas que existen en Estados Unidos es que los inmigrantes cometen más crímenes y las estadísticas demuestran lo contrario”, aseguró Rubén Rumbaut, profesor de Sociología de la Universidad de California en Irvine y uno de los autores del reporte.

Aproximadamente el 1,6 % de los inmigrantes hombres entre los 18 y 39 años están encarcelados, comparado con el 3,3 % de sus pares no inmigrantes, según el reporte, que se basa en los datos del Censo 2010 y su encuesta American Comunity Survey (ACS).

El estudio señala que esta tendencia también se ha visto en ciudades consideradas como las “puertas” de la inmigración, como Miami, en Florida; Chicago, en Illinois; El Paso y San Antonio, en Texas, y San Diego, en California.

“No podemos dejar que los actos de una sola persona hablen por toda una comunidad”, aseguró a Efe Beth Werlin, directora del American Immigration Council sobre las palabras del magnate inmobiliario y precandidato a las primarias republicanas.

“El reporte de hoy demuestra que existe evidencia, cifras y análisis que demuestran que los inmigrantes cometen menos crímenes”, precisó Werlin.

Los autores recalcaron que trabajaron en el reporte durante más de un año y medio y que de ninguna manera es una respuesta directa a las declaraciones que hizo Trump el pasado 16 de junio durante la presentación televisada de su campaña presidencial.

Aseguraron que si tuvieran que dar a conocer un reporte cada vez que “alguien” hace este tipo de declaraciones, lo tendrían que hacer con demasiada frecuencia.

El estudio enfatiza que los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos son las que en los últimos años se han enfocado en “criminalizar” a los indocumentados.

Walter Ewing, investigador con el American Immigration Council, indicó que muchos de estos inmigrantes son deportados por razones diferentes a las que la mayoría de la gente en EE.UU. cree.

Precisó que el “crimen” de muchos de ellos es haber ingresado al país de manera ilegal, algo que anteriormente era considerado solamente una ofensa civil, pero que ahora gracias a programas federales, los indocumentados son procesados y sentenciados por cruzar la frontera de manera ilegal.

En el análisis, titulado “La criminalización de la Inmigración en Estados Unidos”, los investigadores además resaltan que las estadísticas demuestran que a medida que se ha incrementado la inmigración, la criminalidad en el país ha descendido.

Entre 1990 y 2013 la población inmigrante creció del 7,9 % al 13,1 %, mientras que la población indocumentada se triplicó de 3,5 millones a 11,2 millones.

Durante ese mismo período, las estadísticas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) muestran que los crímenes violentos descendieron un 48 %, esto incluye asaltos agravados, robo, violaciones y asesinato.

Asimismo, el robo de autos y robo de casas descendió el 41 %. EFE

SAN FRANCISCO (AP) — La ciudad de San Francisco está bajo la mira por liberar a un mexicano que está sin autorización en el país a pesar de que las autoridades migratorias federales solicitaron mantenerlo bajo custodia para deportarlo por sexta ocasión.

Juan Francisco López Sánchez ahora está acusado de matar a una mujer la semana pasada en un muelle de la ciudad.

San Francisco no acata las peticiones de las autoridades de inmigración de detener a individuos bajo custodia. La ciudad es una de docenas de comunidades en Estados Unidos que no cumplen del todo con las peticiones de retención, donde las autoridades migratorias federales piden a autoridades locales retener a inmigrantes mientras los deportan.

Aquí hay algunos puntos a conocer sobre el caso de López Sánchez:

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¿POR QUÉ ESTABA EN LA CÁRCEL DE SAN FRANCISCO?

López se declaró culpable en 2011 de entrar sin autorización a Estados Unidos después de ser deportado y fue sentenciado a casi cuatro años en prisión federal. Estaba por cumplir su condena cuando fue entregado en marzo a la policía de San Francisco por un cargo criminal por drogas.

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¿CÓMO FUE LIBERADO?

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) emitió una orden de detención para las autoridades de San Francisco para que mantuvieran a López bajo custodia y pudiera ser deportado.

Pero el jefe de policía de San Francisco, Ross Mirkarimi, dijo esta semana que su oficina ignora de forma rutinaria las detenciones a menos que estén respaldadas por una orden de captura. López fue liberado cuando los fiscales descartaron el caso de drogas.

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¿POR QUÉ ALGUNAS COMUNIDADES NO RETIENEN A INMIGRANTES?

Varias jurisdicciones consideran que las detenciones deterioran las relaciones de la policía con las comunidades de inmigrantes y opinan que esto ocasiona que menos gente denuncie delitos.

Los defensores se manifestaron en contra del programa cuando algunos inmigrantes se enfrentaron a la deportación al ser arrestados por cargos menores y California aprobó una ley limitando el acato de las retenciones.

Algunas jurisdicciones detuvieron por completo la entrega de arrestados a ICE.

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¿QUÉ ES UNA RETENCIÓN MIGRATORIA?

Bajo una orden de retención, las autoridades deberían detener a personas hasta 48 horas después de su fecha de liberación hasta que puedan ser recogidos por las autoridades migratorias federales, el ICE en este caso.

El ICE también ha dicho que se enfocará en detener inmigrantes que estén condenados por crímenes serios o son una amenaza para la seguridad pública.

WASHINGTON (Reuters) – El republicano Donald Trump dijo que ganará el voto de los latinos si logra la nominación presidencial de su partido y se atribuyó una “excelente relación con el pueblo mexicano”, pese a comentarios recientes sobre inmigrantes en Estados Unidos que le han costado la pérdida de negocios.

“Ganaré el voto latino. Lo ganaré”, dijo Trump en un extracto de una entrevista con la cadena NBC News difundida el miércoles. Agregó que será más capaz de crear empleos como presidente que su colega republicano Jeb Bush o la demócrata Hillary Clinton.

“Crearé empleos, y los latinos tendrán trabajos que actualmente no tienen, y ganaré el voto latino”, agregó.

Una serie de socios empresariales de Trump han roto relaciones con él desde su anuncio del 16 de junio de que buscaría la nominación republicana para la elección presidencial de noviembre de 2016.

Durante su anuncio, Trump se refirió a los inmigrantes ilegales diciendo que muchas de las personas que cruzan la frontera desde México son criminales. Tanto los republicanos como los demócratas criticaron sus declaraciones.

Mientras tanto, la cadena de televisión NBC propiedad de Comcast Corp, la tienda Macy’s Inc y otras empresas pusieron fin a sus relaciones con Trump.

La PGA de Estados Unidos dijo el martes que no usará un campo de golf de Trump para un evento y que estaba evaluando opciones para otro torneo planeado en el mismo lugar.

El miércoles, Trump dijo que muchas de las personas que trabajan para él, incluyendo empleados de un planeado hotel en Washington DC, son inmigrantes legales originarios de México.

“Ellos me aman, yo los amo”, dijo Trump a la NBC.

HUDSON, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Jeb Bush dijo el miércoles que bloquear el flujo de dinero federal para servicios policiales en ciudades que albergan a inmigrantes no autorizados a estar en Estados Unidos sería una forma de acorralar a los que han cometido delitos.

Durante un evento de campaña en un salón de Veteranos de Guerras en el Extranjero en el sur de Nueva Hampshire, el aspirante a la candidatura republicana a la presidencia dijo que no es incongruente que él apoye permitir a inmigrantes que se quedaron más tiempo del permitido en sus visas busquen actividades que les permitan permanecer en Estados Unidos, al tiempo que se incrementan las políticas para expulsar a delincuentes que también son inmigrantes.

“Deberíamos eliminar las ciudades santuario”, dijo Bush ante más de 300 personas en una reunión nocturna de preguntas y respuestas. “Hablando de las cosas que el gobierno federal puede hacer, no deberíamos proporcionar dinero destinado a la policía para ciudades como San Francisco hasta que modifiquen sus políticas”.

En los últimos días, Bush ha criticado a sus rivales dentro y fuera de su partido en torno al tema de la inmigración.

Bush dijo que los comentarios del magnate Donald Trump —otro aspirante a la candidatura republicana— en los que se refiere a los inmigrantes mexicanos como delincuentes, traficantes de drogas y violadores fueron “extraordinariamente feos”.

Al mismo tiempo, Bush rechazó la referencia que Hillary Clinton, aspirante a la candidatura republicana, hizo sobre él y otros precandidatos republicanos, en la que dice que forman “parte de un espectro de hostilidad” hacia los inmigrantes. Clinton hizo notar específicamente que Bush respalda permitir que la gente que está sin permiso en el país logre estatus legal permanente, mientras que ella apoya una ruta encaminada a que obtengan la ciudadanía con derechos plenos.

Durante la reunión de preguntas y respuestas, Bush dijo que es posible respaldar una política de inmigración que facilite el crecimiento económico al abrir la fuerza laboral a más residentes legales, y que aprecie la cultura de los inmigrantes, al tiempo que también busque acabar con delitos como el tiroteo fatal en San Francisco efectuado por un mexicano que había sido deportado en varias ocasiones.

“Uno puede amar la cultura mexicana, uno puede amar a su esposa mexicana-estadounidense, y también creer que necesitamos tener un control de la frontera”, afirmó Bush. “Es una idea extraña la de que de alguna forma, uno puede tener afecto por gente de otro país y al mismo tiempo no pensar que debe aplicarse el estado de derecho”.

Columba, la esposa de Bush, es una inmigrante mexicana y ciudadana estadounidense. El político republicano habla español con fluidez y se refiere a su vida familiar como bicultural.

Después, cuando se le preguntó sobre lo que Clinton dijo acerca de él, respondió: “Simplemente, ella está equivocada en eso”.

“Mis antecedentes en lo que se refiere a los inmigrantes son bastante claros”, señaló. “No hay ninguna hostilidad”.

Austin (EE.UU.), 9 jul (EFE).- El Tribunal de Apelaciones del Circuito Quinto, con sede en Nueva Orleans (EE.UU.), uno de los más conservadores del país, celebrará mañana una audiencia para decidir sobre la legalidad de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, suspendidas por un juez federal de Texas en febrero.

Se trata del mismo tribunal que en mayo ya falló en contra del recurso de urgencia con el que la Administración Obama pretendía levantar esa suspensión temporal e implementar el programa de regularización a la espera de un fallo definitivo, que no se espera para antes de mediados de 2016.

Jennifer Walker Elrod y Jerry Smith, dos de los tres magistrados que participaron en la decisión de mayo y ambos conservadores, repiten esta vez, por lo que las expectativas de los partidarios del programa de obtener aquí una victoria se consideran bajas.

Completará el panel de tres magistrados en el tribunal de Nueva Orleans la progresista Carolyn Dineen King.

Tras escuchar los argumentos de la Administración Obama y de la coalición opositora encabezada por el estado de Texas, los tres magistrados deberán decidir si el programa presidencial que busca regularizar a cerca de cinco millones y medio de inmigrantes indocumentados es legal, o no.

En caso de un fallo desfavorable, el Departamento de Justicia aún puede recurrir al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que recientemente tomó decisiones favorables a la Administración en asuntos clave como el matrimonio entre homosexuales o el programa de subsidios para pagar seguros médicos conocido como “Obamacare”.

De hecho, el Gobierno renunció en mayo a presentar el recurso de urgencia ante el Alto Tribunal tras el primer revés en Nueva Orleans para centrarse en el asunto de fondo: la legalidad de las medidas.

La coalición opositora, que agrupa a 26 de los 50 estados del país, en su mayoría republicanos, interpuso la demanda contra el paquete de medidas al considerar que el presidente se había extralimitado en sus poderes, ya que las competencias corresponden al Congreso.

La primera victoria para la coalición opositora llegó el 16 de febrero, cuando el juez federal Andrew Hanen suspendió temporalmente el programa días antes de su entrada en vigor.

Con esa decisión quedó sin efecto la ampliación de la Acción Diferida (DACA), un programa de 2012 que desde entonces ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes.

También quedó suspendido el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que debía implementarse en mayo y pretendía amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En Nueva Orleans se esperan para este viernes protestas de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes y también de personas que se verían beneficiadas con las medidas migratorias de Obama y conseguirían con ellas una protección para no ser deportadas por encontrarse actualmente sin papeles en el país.

También habrá congresistas favorables a las medidas ejecutivas de Obama, como los legisladores Luis Gutiérrez y Raúl Grijalva, ambos demócratas, así como representantes de organizaciones como el Movimiento para una Reforma Migratoria Justa, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración o United We Dream.

Ben Monterroso, director ejecutivo de una de estas organizaciones que estará presente frente al tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans, Mi Familia Vota, destacó hoy en un comunicado el perfil mayoritariamente conservador de esa corte y culpó a los republicanos de mantener bloqueadas dichas medidas.

“El alivio para la comunidad inmigrante vendrá de una u otra forma: con una decisión apropiada de los tribunales de que las decisiones del presiente están del lado de la ley o a través de las urnas de votación en 2016, cuando los votantes latinos detendrán a los republicanos que bloquearon el alivio migratorio a nuestras familias”, dijo Monterroso. EFE