El Congreso de Estados Unidos renovó el martes la prohibición de transferir a los prisioneros ubicados en la cárcel de Guantánamo, en la isla de Cuba, para evitar que el presidente Barack Obama cierre el centro de detención militar.
Por 91 votos a 3 el Senado aprobó una versión revisada del presupuesto de defensa para 2016, por un valor de 615.000 millones de dólares, y que extiende el veto a las transferencias hasta el 31 de diciembre de 2016.
La Cámara de Representantes ya había aprobado una medida semejante la semana pasada, por un aplastante voto de 370-58.
El mes pasado, Obama había utilizado su atribuciones presidenciales para vetar una versión inicial de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en parte a raíz del lenguaje utilizado con relación a Guantánamo y a una polémica sobre un aumento de los gastos.
Ahora, la Casa Blanca no mencionó la posibilidad de un veto, e indicó que el martes que el presiente sancionaría la nueva ley.
Un veto dejaría a Obama ante la posibilidad de una humillación innecesaria, ya que la oposición del partido Republicano ya consiguió el apoyo de dos tercios de cada cámara para cancelarlo.
“Ya conocemos los bloqueos desafortunados e innecesarios que la legislación sobre autorización de defensa ha enfrentado este año”, dijo el líder Republicano del Senado, Mitch McConnell.
“Esperamos que el presidente firme esta legislación, con sus restricciones al traslado de terroristas a Estados Unidos”, comentó.
La ley también determina un aumento de salario de 1,3% al personal militar, y autoriza 300 millones de dólares para asistencia letal y entrenamiento a las fuerzas de Ucrania que enfrentan a rebeldes apoyados por Rusia.
Desde que asumió la presidencia, en 2009, el presidente Obama había prometido poner punto final a la prisión de Guantánamo, pero desde entonces se ha visto bloqueado por la oposición en el Congreso.
Abierta en 2002 en la base naval que Estados Unidos mantiene en Cuba, actualmente contiene a 122 prisioneros de la “guerra al terror”, incluyendo al supuesto cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
El gobierno pasó a discutir públicamente planes para transferir a 59 de los prisioneros considerados más peligrosos hacia el territorio estadounidense. Los otros 53 podrían ser transferidos a otros países.
Diversas opciones han sido consideradas en Colorado, Kansas y Carolina del Sur, y el Pentágono debería emitir un informe sobre el tema.
Esa transferencia sería un abierto desafío al Congreso, y legisladores Republicanos consideran que eso sería ilegal e inconstitucional.
“El Senado aprobó muchas veces a lo largo de los años esta prohibición, respaldada por miembros de ambos partidos”, dijo Mitch McConnell, líder de la bancada republicana en el Senado.
Los legisladores de los estados en los que se prevé enviar a los detenidos de Guantánamo están particularmente furiosos, alegando que esos lugares se convierten en potenciales puntos de atentados.
