CHILPANCINGO, GRO. A través de un comunicado de prensa, el gobierno de Guerrero fijó su postura en cuanto a los cuestionamientos formulados por integrantes del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llevados a cabo en la ciudad de Ginebra, Suiza.
La respuesta del gobierno se da luego de que el Centro de los Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan emitió un informe ante la instancia internacional sobre la falta de investigación y persecución penal que se vive en la entidad.
En el comunicado oficial del gobierno estatal manifiesta que el Estado de Guerrero regula este delito (tortura) en la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos y establece el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de persona.
Señala que el artículo 76 bis de la Constitución Política de Guerrero dispone que: “Existirá una Comisión de Derechos Humanos dentro del Poder Ejecutivo para la defensa y promoción de las garantías constitucionales, vinculada directamente a su Titular”.
Una agencia del MP estará radicada a esa Comisión, quien conocerá de toda violación a los Derechos Humanos que se presuma cometan servidores públicos locales”.
Con ello la entidad guerrerense expone que existen los mecanismos necesarios en términos penales para delimitar tales problemas en materia de violación a los derechos humanos, situación que contradice lo informado por Tlachinollan de que “Guerrero es una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos”.
Respecto al “Caso Ayotzinapa”, el gobierno del estado informa que desde los días inmediatos posteriores a los hechos se desplegaron acciones para investigar y sancionar tales hechos.
Los resultados que tienen hasta el momento es que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integra 9 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos por servidores públicos como consecuencia de los hechos donde dos estudiantes normalistas perdieron la vida, además de un trabajador de una gasolineria ubicada en el Parador del Marqués.
El comunicado destaca que los delitos por los que se integran esas averiguaciones previas incluyen crímenes de tortura previsto en la legislación especial ya mencionada.
Desde el mes de enero de 2012, se formuló acusación en contra de 2 policías ministeriales presuntamente responsables de haber disparado y privado de la vida a los dos estudiantes normalistas, policías que se encuentra presos en un penal estatal y sujetos a un juicio ante las autoridades competentes del poder judicial por el delito de homicidio.
En el mismo sentido, es importante resaltar que se ha solicitado la colaboración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos a efecto de que sean esas instancias defensoras de los derechos humanos quienes aporten o en su caso realicen los peritajes a partir del Protocolo de Estambul a los jóvenes detenidos en esa ocasión, para que dichos peritajes sean incorporados a las investigaciones y faciliten las acusaciones penales correspondientes.
El Gobierno del Estado informa que en breve esas investigaciones serán presentadas ante un Juez penal con una acusación formal contra varios servidores públicos involucrados en los hechos y que en los casos donde opere y corresponda, dicha acusación se formulará también por el delito de tortura.
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