(bbc.co.uk). – “Fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Ésta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales”.
Con estas palabras el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, afirmó en una larga rueda de prensa el martes que no tiene ninguna duda de que los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre en Guerrero están muertos.
Las declaraciones, sin embargo, son “repudiadas y rechazadas” por los padres de los jóvenes que pocas horas después del pronunciamiento del procurador, convocaron a su propia rueda de prensa en la que desaprobaron lo dicho por Murillo Karam.
Felipe de la Cruz, el vocero de los padres de los estudiantes, declaró que el gobierno desea cerrar a toda costa el caso.
“Repudiamos que el procurador quiera cerrar el caso de Ayotzinapa de esa manera e insista en su teoría de que los 43 normalistas fueron muertos y calcinados en el basurero de Cocula. Nosotros vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias, hasta que no se nos demuestre, como hemos dicho, de manera científica”.
Otro padre dijo que el gobierno quiere darle darle un carpetazo al caso pues se acercan elecciones.
Muchos mexicanos también han expresado su rechazo por la forma como las autoridades han manejado el caso. Y el lunes salieron a las calles de la Ciudad de México en una marcha multitudinaria para exigir el regreso con vida de los estudiantes secuestrados.
Para el procurador, sin embargo, la pieza que parece haberse convertido en una de las piedras angulares del caso es la confesión de Felipe Rodríguez Salgado alias “El Cepillo” o “El Terco”, detenido el pasado 15 de enero y a quien diferentes testimonios señalan como la persona que dirigió la operación para asesinar a los jóvenes.
Según la Procuraduría, “El Terco” aceptó ser jefe de sicarios de los Guerreros Unidos en el municipio de Iguala y confesó haber organizado el asesinato y posterior incineración de los jóvenes.
Su relato, agregó el procurador, confirma lo ya confesado por otros tres sicarios que aceptaron haber ayudado a cometer el crimen.
Sin embargo, esto entra en colisión directa con la manifestado por los familiares de los estudiantes, quienes han expresado dudas sobre la versión de la Procuraduría, en especial la parte de la quema de los cuerpos de los jóvenes.
Los motivos
En la conferencia de prensa de la Procuraduría, de casi hora y media, también participó Tomás Cerón, jefe de investigaciones criminales de la PGR, quien aseveró que el móvil de la matanza fue la creencia de que los jóvenes pertenecían a “Los Rojos” grupo criminal rival de los Guerreros Unidos en el estado de Guerrero.
Según Cerón, el “26 de septiembre Felipe Rodríguez Salgado recibió una llamada en la cual le fue info
rmado que un grupo antagónico estaba atacando a Iguala, ordenándole que se trasladara a un lugar conocido como Loma Coyotes, donde iban a entregarle unos ‘paquetes’, haciendo la precision que dicho sustantivo era utilizado para denominar a los enemigos cuando eran capturados”.
Cerón aseveró que, con lo dicho por el “El Terco” y otros tres sicarios, “se consolida el móvil: que los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región”.
Durante la rueda de prensa, el procurador Murillo Karam insistió, una vez más, que no hay evidencia de que alguno de los jóvenes estuviera relacionado con Los Rojos.
El Basurero de Cocula
Tanto los padres de los jóvenes como científicos mexicanos han expresado dudas sobre que en el basurero municipal de Cocula se pudiera realizar una pira de las dimensiones necesarias para incinerar 43 cuerpos.
En la rueda de prensa, Tomás Cerón dijo que se habían realizado diferentes exámenes que, según él, confirmaban que efectivamente en el sitio se había producido una enorme fogata.
Varios peritajes químicos, aseguró, muestran residuos de diesel y gasolina en el suelo del basurero de Cocula. Se hubicaron tres zonas de ceniza dentro del basurero y el punto de origen del incendio.
También se encontraron rocas con impacto y “aluminio fundido, en especial latas- por la exposición al calor intenso; fragmentos de llantas con huellas de carbonización y afectación del fuego sobre diversos restos óseos humanos”.
Agregó que un dictamen biológico mostró que “las plantas fueron afectadas por el calor en la zona y registran un crecimiento de 30 días de antiguedad, lo que tiene correspondencia con la fecha del incendio”.
Además, un examen entomológico de larvas determinó que la fecha del incendio “coincidía con la de los acontecimientos”.
Finalmente dijo que en el lugar se encontraron elementos balísticos que confirmaron que se habían accionado armas como las que dijeron usar los sicarios.
Otra evidencia que sitúa a los jóvenes en ese lugar es la identificación de los restos de al menos uno de ellos: Alexander Mora Venancio.
Evidencia “contundente”
Según Murillo Karam, en las investigaciones se han recopilado 386 declaraciones, 487 dictámenes periciales peritajes, dos reconstrucciones de hechos y 16 cateos.
Además, se cuenta con los testimonios de otras 36 personas que participaron de una u otra manera en los hechos.
Hasta el momento hay 99 detenidos y existen seis órdenes de captura más.
“Los testimonios nos dicen quiénes fueron los que estuvieron ahí, las fechas de esto, su correlación (de los restos hallado en el basurero de Cocula) con los que están en las bolsas del río. Es una investigación que tiene un sustento científico fundamental”, dijo a una pregunta de los periodistas.
Todo esto, cree, es contundente.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, también subrayó que el gobierno federal llevó a cabo “esfuerzos sin precedentes” en esta investigación que, según dijo en su cuenta de Twitter, “nos duele a todos”.
“Es doloroso aceptarlo. Hemos pasado por momentos de profunda tristeza. Ayotzinapa nos duele a todos”.
Pero los padres de los 43 jóvenes no lo ven así. El portavoz De la Cruz dijo que la lucha por conocer la verdad seguirá “hasta sus “ultimas consecuencias”. El siguiente paso, dijo, será llevar el caso ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
