Profundas inconsistencias en el Programa Sectorial de Educación y Cultura 2013-2015 Tomo II, Cultura, como los fundamentos que sustentan la toma de decisiones, detectó Rosanna Cedeño Méndez, historiadora y actriz; mientras, el escritor Raúl Casamadrid descifró que el documento no ahonda en propuestas frente a la situación de emergencia que atraviesa Michoacán.
El documento pretende mostrar un estudio sistematizado de la situación actual de la cultura en Michoacán y de los proyectos prioritarios a atender, pero lo hace de forma parcial por fallas de carácter metodológico, refirió Cedeño Méndez, y ejemplificó con el caso del apartado dedicado al análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA):
“Nunca se dice quién lo realizó, en función de qué datos y fuentes consultadas, ni cómo se hizo la proyección”, y ni qué decir, agregó, de visibles inconsistencias en otra sección dedicada a los proyectos prioritarios, donde un mismo concepto aparece en tres ocasiones y con cifras discrepantes, como es el caso de los talleres de iniciación artística, donde una vez se apunta que se impartirán 44 en 2015 y más adelante anotan que serán 120:
“¿Cuál es el dato real?, ¿existe?, ¿quién fija la cantidad de talleres convenientes?, ¿en función de qué necesidad?”, dijo, y aclaró que el afán no es oponerse a la realización de más y mejores actividades culturales y con mayor cobertura, sino el procedimiento con que se formula y valida la política pública en la materia y que resulta inconsistente en el Programa Sectorial en cuestión.
De forma histórica, planteó, al Estado se le considera, entre otras cosas, rector de las acciones culturales, de ahí que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el “derecho de acceso a la cultura”; no obstante, existe un error de concepción desde esa raíz, ya que el ciudadano, en tanto generador de cultura, no necesita del permiso o del derecho de acceder a algo que es inherente a él:
“El Estado no hace la cultura, la hace la gente; por tanto, corresponde al Estado generar las condiciones para que esa cultura se exprese, permanezca y se acreciente”, de ahí que es importante que las políticas públicas y programas que se instrumenten para el rubro “no surjan de la ocurrencia institucional, sino de las necesidades sociales reales, y para eso es imprescindible la participación ciudadana”, acotó.
Como botón de muestra, extrajo un caso de las decenas que se pueden cuestionar en el mismo sentido dentro de la sección de los proyectos prioritarios de dicho programa, como es la edición de mil ejemplares de una Antología de cuento y literatura p’urhépecha:
“Me pregunto si alguien consultó a la comunidad purépecha sobre sus necesidades culturales, porque la antología aparece como proyecto prioritario y ¿eso les urge a las comunidades purépechas?”, apuntó:
“Al analizar el Programa Sectorial, uno puede seguir preguntando quién y en función de qué decide utilizar el presupuesto en una u otra cosa, y además ¿qué presupuesto y por qué?”, aunado a que el grueso de los proyectos y las estrategias a realizar ya existían, agregó, con el plus del eslogan que reza que ahora sí, lo piensan hacer bien y para más personas, porque urge utilizar la cultura como factor que coadyuve en la seguridad pública.
De nueva cuenta queda de manifiesto, añadió Rosanna Cedeño, que el Estado perpetúa “la misma vocación de política cultural: lo relativo en exclusiva al cuidado del patrimonio y el arte”, lo cual revela que aunque se multipliquen, “los programas continúan siendo elitistas y atienden a un limitado número de ciudadanos que cuentan con los medios (educativos, que no económicos) para acceder a la cultura”.
Son dos las políticas culturales en México, destacó, la perpetúa y elitista del Estado, y la masiva y preponderante delegada por el Estado a empresas transnacionales y monopolios nacionales:
“El mismo Programa Sectorial lo reconoce: en Michoacán, sólo el 9.71 por ciento de la población ha asistido alguna vez a algún recinto cultural (según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales 2010); lo que no aparece de la encuesta en ese documento es que el 97 por ciento de los michoacanos cuenta con una televisión en casa”, y es en esa caja, refirió, donde se forman los gustos musicales, literarios y estéticos de los mexicanos:
“Ante esta realidad ¿el Estado está dispuesto a intervenir?, no, y mucho menos en un país que está en venta. Hoy por hoy presenciamos el sainete entre Grupo Televisa y Grupo Carso por las ventajas que pretenden obtener con la Reforma en Telecomunicaciones, pero no sabemos nada del compromiso que por ley tiene el Estado de vigilar los contenidos simbólicos que circulan en los medios masivos de comunicación”.
El Estado no está interesado en intervenir en materia cultural, ni en acrecentar la identidad cultural ni en hacer viables las múltiples expresiones culturales como promete el Programa Sectorial, indicó Cedeño Méndez:
“El Estado ¿protegerá nuestras bebidas y comida mexicana frente a las marcas transnacionales?, ¿protegerá nuestra música frente a los sellos de las transnacionales?, ¿protegerá nuestro patrimonio material de su uso privado en fiestas o anuncios comerciales como ha venido sucediendo?”.
En ese sentido, sentenció: “Ya podrá el gobierno de Michoacán organizar muchos conciertos de la orquesta o festivales internacionales (qué bueno que los haya), pero veremos al público de siempre y asientos vacíos, pero no por el costo de los boletos -ya que muchos eventos son gratuitos-, sino porque la ciudadanía está dispuesta a pagar los 500 pesos del partido de futbol o del concierto de cualquier banda sinaloense o estrella de Televisa”.
En conclusión, puntualizó: “Un programa de desarrollo cultural requeriría intervenir en serio y a fondo en los educativos para proveer a niños y jóvenes de todas sus facultades sensibles mediante una educación artística, aunado a una educación cívica que apunte al rescate de la memoria histórica”, y también, un programa de ese tipo, dijo: “Tendría que intervenir en los contenidos simbólicos que circulan en los medios de comunicación y que denigran nuestra cultura; debería impedir que se enajene y comercialice el patrimonio en beneficio de los particulares; tendría que generar estrategias que preserven las múltiples prácticas culturales. En suma, se requiere de una reorientación de país”, de ahí que dicho Programa no es otra cosa que: “Más acciones y buenos deseos que no se sabe de dónde surgen ni cómo se van a hacer”.
Fuente: cambiodemichoacan.com.mx
