A dos meses de finalizar el año, la Auditoría Superior de Michoacán no ha dado respuesta al pleno de la LXXII Legislatura local sobre el mandato que le hiciera en febrero pasado para corregir los errores en la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2011, la última de la administración de Leonel Godoy Rangel, mientras que en comisiones se ha congelado la revisión de este asunto.
En febrero pasado, el Congreso aprobó el dictamen en que reprobó el informe elaborado por la Auditoría Superior de Michoacán sobre la revisión a la Cuenta Pública 2011, la última presentada por Leonel Godoy Rangel como gobernador, por deficiencias, omisiones e inconsistencias graves.
En el dictamen aprobado entonces, se ordenó al órgano fiscalizador dar seguimiento a los pliegos de observaciones y presuntas responsabilidades detectadas y determinadas, así como fincar responsabilidades o, en su caso, interponer las denuncias o querellas penales respectivas.Aunado a lo anterior, se pidió al titular del Poder Ejecutivo instruyera y habilitara a la Coordinación de Contraloría para que aportara, colaborara y proporcionara a la ASM, por conducto de la Comisión Inspectora, todos los elementos, información y documentación necesaria, competente y suficiente con el objeto de coadyuvar en la profundización de las presuntas responsabilidades que se desprendan del contenido de la Cuenta Pública.
Hasta el momento no ha arribado al pleno un documento informando los avances realizados por el órgano fiscalizador tras el mandato emitido en febrero, y tampoco la Comisión Inspectora ha notificado de las reuniones que ha tenido con la Auditoría.
Entre los temas que la Auditoría tenía que informar también está si turnó o no toda la documentación a la Contraloría Interna del Congreso y a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales para que conocieran el asunto con la finalidad de revisar, en el ámbito de su competencia, si existen responsabilidades por parte de algún servidor público del Poder Legislativo y, en su caso, procedan con la determinación de responsabilidades.
Además tendría que haber concretado la contratación de despachos externos de auditoría para profundizar en la revisión, fiscalización y evaluación de la Cuenta Pública de ese año.
