No basta con tener un nuevo Sistema de Justicia Penal, mientras los funcionarios públicos no estén capacitados, se comprometan y exista un cambio verdadero en la cultura de los jóvenes, mujeres y ancianos, ya que las modificaciones que se realizarán al instrumento jurídico no tendrán ningún resultado positivo en el estado, así lo expresó el activista Gerardo Herrera Pérez, presidente del Grupo de Facto Diversidad Sexual, en el programa Cambio en el Debate.
En esta emisión especial del programa Cambio en el Debate, moderado por Sofía Stamatio Contreras, el tema que se trató fue la visión ciudadana en torno al Nuevo Sistema de Justicia Penal que se implementará por regiones. La primera será la capital michoacana, que comprende 22 municipios, a partir del 3 de febrero de 2014.
Herrera Pérez aseguró que antes de que se implementen las modificaciones al sistema, se debe capacitar a los funcionarios públicos y a su vez a la población, ya que dijo una gran parte de la sociedad no tiene acceso a la información, por lo tanto expresó que es importante que las autoridades lleven el mensaje a fin de que detone la conciencia social en distintos sectores como el de los jóvenes, ancianos, personas con algún problema de discapacidad.
“Son quienes deben acercarse a la autoridad para que los funcionarios públicos y encargados de la impartición de la justicia ejerzan sus derechos, lo cual es una oportunidad para que el ejercicio de gobernar sea conjuntamente. Que no nos dé miedo avanzar porque de lo contrario la sociedad civil del estado continuará en el retraso social”, expresó.
Señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal sí beneficiará a los ciudadanos de Michoacán, siempre y cuando exista una disposición de las dos partes, la población y el gobierno, para que radique un cambio de la cultura de la denuncia y las ideologías que se tienen de la mujer excluida.
Aseguró que los cambios son importantes y los cuales deben partir de “uno mismo”, a fin de que se tengan mayores accesos a los instrumentos jurídicos, ya que dijo que si los michoacanos no están enterados de los beneficios, difícilmente un indígena que utiliza el español como su segunda lengua podrá tener acceso.
“A los jóvenes se les tendrá que informar de una manera distinta con un lenguaje diferente al de una persona de la tercera edad, por lo tanto, las autoridades y los legisladores deberán prever estas cuestiones y llevar a cabo estrategias que permitan llegar a todos los grupos y sectores”, dijo.
Por su parte y ante pregunta expresa de Stamatio Contreras sobre cuáles serán los beneficios para la ciudadanía, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva del Consejo Implementador para el Nuevo Sistema de Justicia Penal, respondió que en primera instancia la justicia alternativa, la cual no se tenía en el país y que consiste en materia penal, es decir, que quien cometió algún delito menor no tendrá la necesidad de acudir a un juicio sino que resolverá por medio de la conciliación a fin de facilitar la inserción en la sociedad.
“Con esta alternativa se evitará que las cárceles estén saturadas de menores y así también las autoridades tendrán mayor tiempo para que exista eficacia en el seguimiento de la transparencia y la posibilidad de vigilar que los juicios sean apegados a derecho”, aseguró.
Llanderal Zaragoza comentó que otra de las intenciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal es que los imputados no vayan directamente a prisión, sino que ésta sea la última opción.
Finalmente Herrera Pérez convocó a los diferentes activistas que tienen movimientos sociales en la capital michoacana y a los presidentes municipales, a fin de que se sumen y aporten propuestas para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal contribuya al beneficio de los ciudadanos.
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