En poco más de tres meses, el Congreso local deberá sacar a marchas forzadas el rezago de normas que ha acumulado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, esto debido a que el 3 de febrero próximo debe empezar a operar el sistema en la región de Morelia.
El primer periodo de sesiones del Congreso arranca el próximo 15 de diciembre y finiquita el 31 de diciembre, según lo que establece la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso, por lo que deberá ser en ese lapso cuando el Legislativo saque adelante los pendientes, ya que el segundo periodo de este año legislativo arranca hasta el primero de febrero del 2014.
Existen iniciativas ya presentadas que se turnaron a las comisiones legislativas para su análisis, pero hay otras que aún no arriban al pleno, y por tanto aún no arranca su proceso legislativo en forma.
Entre las iniciativas que aún no han arribado al pleno legislativo y de las que el Consejo Implementador del Nuevo Sistema de Justicia Penal ya finiquitó el anteproyecto, está la Ley de Servicios Previos al Juicio, así como la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa.
De las normas previstas inicialmente, cuando arrancaron en Michoacán los trabajos para la instrumentación del nuevo sistema, aún no se han elaborado los anteproyectos o presentado diversas iniciativas ya sea de ley o reformas a las que existen, entre ellas la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y la Ley Orgánica Municipal.
Por lo que toca a las leyes o reformas que ya cuentan con iniciativa y permanecen en las comisiones del Congreso, entre éstas se encuentra la Ley de Atención a Víctimas del Delito u Ofendidos del Estado, presentada a inicios de la Legislatura, para la cual la Comisión de Justicia no ha convocado a la discusión, y su autor, Fidel Calderón Torreblanca, no ha mostrado interés alguno en cabildearla para su aprobación.
Pendiente se encuentra también la Ley de Justicia Alternativa Restaurativa del Estado, que busca fomentar y regular los mecanismos alternativos de solución de controversias entre personas físicas o morales.
Otra iniciativa pendiente de dictaminar es la Ley Acusatoria Adversarial de Justicia Integral para Adolescentes, que busca sistematizar y concretar características que debe reunir un sistema de justicia especializado en menores, considerando los temas a nivel doctrinal, así como de instrumentos internacionales.
También está pendiente la aprobación de la Ley de la Defensoría Pública del Estado, la que se prevé esté basada en los principios de gratuidad, independencia, responsabilidad profesional, confidencialidad, legalidad, honorabilidad y honradez.
Una más es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tampoco ha sido dictaminada y que prevé modificar sustancialmente la estructura y funcionamiento de dicho poder.
Por su fuera poco, está pendiente el nuevo Código Penal del Estado, del cual el Consejo Implementador presentó una propuesta entera, y los propios legisladores han promovido iniciativas de reformas en diferentes aspectos de su contenido.
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