Las iniciativas pendientes de dictaminar en la materia por el Congreso local, sí son necesarias para cuando entre en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal, subrayó la titular del Consejo Implementador, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, quien informó además que en el caso de los reglamentos, éstos se han venido trabajando por cada una de las instituciones participantes.
Entrevistada a propósito de los pendientes acumulados en el Poder Legislativo de cara a la entrada en operación del nuevo sistema penal el próximo tres de febrero, Llanderal Zaragoza apuntó que las normas sí son necesarias, “sabemos que otros estados en algunas ocasiones han empezado emitiendo algunos acuerdos, pero lo óptimo es tener todas las leyes completas”.
Cabe recordar que en la LXXII Legislatura están pendientes los dictámenes para el nuevo Código Penal del Estado, así como para las leyes de Justicia Alternativa Restaurativa; de la Defensoría Pública del Estado; y Orgánica del Poder Judicial; Acusatoria Adversarial de Justicia Integral para Adolescentes; y de Atención a Víctimas del Delito u Ofendidos del Estado.
Debido al receso vacacional de diputados entre periodo de sesiones, hay anteproyectos de Ley que no han podido arribar al pleno para que los turne a comisiones, como son el de la Ley de Servicios Previos al Juicio, y el de la Ley para la Protección de Personas Intervinientes en el Proceso Penal
Por lo que toca al avance en la creación de reglamentos, señaló que se está avanzando en cada una de las instituciones, “tenemos un listado de reglamentos, manuales y protocolos que tienen que emitirse, varios proyectos ya están listos, pero dependen también de que salgan las leyes para que se ajusten a ellas”.
-¿Además del tema legislativo habría algún otro foco rojo?.
“Afortunadamente estamos avanzando bien, mi preocupación había sido llegar en capacitación a la policía, porque todos los operadores estaría listo ya al cien por ciento en la primera región e incluso en la segunda, pero afortunadamente con los policías tenemos ya la posibilidad con algunas economías, de llegar al cien por ciento de la policía estatal”.
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