WASHINGTON (AP) — El grupo bipartidista de ocho senadores introdujo el miércoles un esperado proyecto de ley de reforma migratoria que condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción de la naturalización para los 11 millones de inmigrantes sin papeles.
El republicano Marco Rubio, uno de los ocho autores, admitió en un comunicado que el proyecto de ley “no es perfecto, pero confío en que un proceso abierto y transparente a las sugerencias del público lo hará mejor”.
El documento, negociado a puertas cerradas durante meses y presentado al Senado en la madrugada del miércoles, está numerado S. 744 y lleva como título “Proyecto de Ley 2013 para la Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria”.
Sectores conservadores ven al proyecto de ley como una recompensa inmerecida para personas que ingresaron a Estados Unidos violando las leyes, mientras que activistas al otro lado del espectro consideran injusto condicionar la opción de la naturalización a la mejora de la seguridad fronteriza.
Además de Rubio, el grupo de ocho senadores está conformado por los republicanos John McCain, Jeff Flake y Lindsey Graham, y por los demócratas Dick Durbin, Chuck Schumer, Bob Menéndez y Michael Bennet.
El presidente Barack Obama dijo la víspera que el proyecto de reforma migratoria incluye conceptos fundamentales con los que él coincide aunque admitió que la iniciativa no satisface sus expectativas completamente.
Los integrantes de otro grupo bipartidista de ocho legisladores en la cámara baja aplaudieron la iniciativa del Senado y ofrecieron tener pronto su propia versión, aunque no especificaron una fecha.
Los ochos representantes que llevan semanas negociando a puertas cerradas son los demócratas Xavier Becerra, Luis Gutiérrez, Zoe Logfren y John Karmuth y los republicanos John Carter, Mario Díaz-Balart, Sam Johnson y Raúl Labrador.
El presidente del Comité de Legisladores Hispanos, el demócrata Rubén Hinojosa, expresó en un comunicado su beneplácito porque el proyecto de ley incluye “la mejor propuesta jamás presentada a los Dreamers”, refiriéndose a los inmigrantes menores de 30 años que fueron traídos a Estados Unidos sin autorización cuando eran niños.
La presentación del proyecto de ley abrirá un debate público que se iniciará con las audiencias que el comité judicial del Senado prevé para el viernes y el lunes. La iniciativa es la más ambiciosa desde la presentada ante el pleno del Senado en 2007, pero su éxito no está garantizado.
La jefa de la bancada republicana en la cámara baja, Cathy McMorris Rodgers, expresó su disposición a continuar “en los próximos meses con esta conversación necesaria”.
El proyecto de ley propone que los Dreamers y los extranjeros dedicados a labores agrícolas legalicen su estatus sin esperar a la certificación de la seguridad fronteriza, por lo que podrían obtener su residencia permanente al cabo de cinco años y los Dreamers podrían obtener la naturalización inmediatamente después.
Kica Matos, portavoz del Movimiento por Una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés), calificó en un comunicado al proyecto de ley de “punto de partida” y expresó su disposición para mejorarlo expandiendo “la cantidad de personas que son elegibles para la ciudadanía”.
“La fecha límite para elegibilidad, así como otras restricciones injustas, dejarán a cientos de miles de familias fuera del proceso y crearán todos los problemas morales y prácticos con que empezamos. Que el proceso para la ciudadanía tome 13 años es injusto; se tiene que reducir sustancialmente”, indicó la portavoz de la coalición más grande de grupos de derechos de inmigrantes.
Los inmigrantes sin papeles que hayan fijado residencia en Estados Unidos antes del 31 de marzo de 2011 que aún permanezcan en el país y que cumplan con otros requisitos legales podrán obtener un estatus legal provisional una vez que la Secretaría de Seguridad Nacional certifique al Congreso un aumento en la seguridad fronteriza y optar por la residencia permanente 10 años más tarde, según el proyecto de ley.
Obama ha reiterado su expectativa de que el proceso legislativo culmine durante el primer semestre de 2013.
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