(bbc.co.uk). -El caso de los 43 estudiantes desaparecidos -y según las autoridades probablemente asesinados- en México no cesa de tener consecuencias y ramificaciones.

Entre ellas, la detención de once personas durante la masiva protesta del jueves pasado en Ciudad de México, que empieza a generar repercusiones a nivel nacional e internacional.141125003353_mexico_detenidos_zocalo_protestas_624_getty_images (1)

Internacionales: uno de los detenidos es el ciudadano chileno Lawrence Maxwell Illabaca, de 45 años de edad, quien estudia un doctorado en letras en la Universidad Autónoma de México, UNAM.

Sus allegados han realizado manifestaciones frente a la embajada mexicana en Santiago de Chile y el canciller de ese país, Heraldo Muñoz, está siguiendo de cerca el caso.

Nacionales: los otros diez detenidos, en su mayoría estudiantes -entre ellos tres mujeres-, dicen que, al igual que Maxwell Llabaca, fueron arrestados arbitrariamente, golpeados y torturados.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), además de pedir su liberación, planea citar al Secretario de Defensa al congreso para que explique por qué fueron arrestados.

A todos se les trasladó a penales de alta seguridad. Las mujeres al estado de Nayarit, los hombres a Veracruz.

Las acusaciones

La Procuraduría General de la República (PGR), en el único comunicado que ha emitido al respecto, indica que las once personas fueron detenidas por “probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos del fuero federal como lo son homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín”.

Algunos medios mexicanos han dicho que también podrían ser acusados de terrorismo, algo que no ha sido confirmado oficialmente.

De hecho, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos -que lleva la defensa de seis detenidos, incluido el estudiante chileno-, indicó a BBC Mundo que aún no pueden confirmar los cargos pues están “revisando con lupa el expediente”

Protestas en México

Según explicó a BBC Mundo, la defensa solicitó una extensión de los términos para presentar más pruebas a nombre de sus clientes.

Esto significa que el juez tendrá hasta el próximo sábado, a las 12:30 del día, para decidir si los acusa formalmente y de cuáles cargos.

Entretanto, este lunes el juez federal encargado del caso informó que los detenidos no podrán ser liberados bajo fianza.

Marcha, disturbios y polémica

La marcha del jueves fue una de las mayores de los últimos tiempos en Ciudad de México. Decenas de miles de personas se unieron a los padres de los normalistas desaparecidos para exigir del gobierno respuestas y el retorno de los jóvenes.

Durante varias horas marcharon pacíficamente por las calles de del Distrito Federal, desde tres puntos distintos, para luego concentrarse en la Plaza del Zócalo. Allí se realizó un mitin en el que los padres de los jóvenes se dirigieron a la multitud.

Foto Getty Images

El mitin no había terminado cuando empezaron los disturbios. Algunos de los manifestantes -varios de ellos encapuchados- se enfrentaron con policías antimontínes que se encontraban cerca del Palacio Nacional.

Dos semanas atrás se habían presentado escenas similares, cuando, al final de una marcha, un grupo de jóvenes embozados trató de incendiar una de las puertas del Palacio Nacional, sede oficial del Ejecutivo mexicano, utilizado esencialmente para ceremonias.

Esa jornada no se produjo ninguna detención, como tampoco días antes, durante la quema de varios vehículos y el ataque incendiario contra la sede del congreso local de Guerrero en la ciudad de Chilpancingo.

En ambos casos, la actitud de las fuerzas armadas parecía ser de evitar a toda costa cualquier confrontación.

Cambio

Eso cambió el jueves, con elementos antidisturbios enfrentando a un grupo de jóvenes que trató de bloquear el aeropuerto de Ciudad de México y luego lo ocurrido en el Zócalo.

Según observadores, el cambio también se evidenció en el fuerte discurso pronunciado por el presidente Enrique Peña Nieto dos días antes de la marcha, en el que fustigó a quienes, dijo, se escudaban detrás del dolor de los padres de los estudiantes para cometer actos de violencia.

“Pareciera que responden a un interés de generar desestabilización de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”, aseveró.

Los organizadores de las marchas de protesta se han distanciado de los disturbios y han dicho que son utilizados para criminalizar todo el movimiento.

Desde sectores críticos al gobierno se han levantado dudas sobre si las personas que realizan estos actos no buscan precisamente eso: desacreditar a los manifestantes.

Así lo expresó este lunes por radio la analista política y académica Denisse Dresser: “condenable, sí, la violencia de los encapuchados, que no sabemos todavía de dónde vienen, si alguien les paga, si la violencia que promueven es inducida por el propio Estado o no”.

Foto Getty Images

¿Torturas?

En su comunicado, la PGR aseguró que a Laurence Maxwell Illabaca “desde el momento que entró a las instalaciones de esta institución se le hicieron saber de manera oportuna sus derechos como extranjero, por lo que de manera inmediata se dio parte al Consulado de su país (…) por lo que en todo momento fue asistido por un representante diplomático de esa sede”.

En un video de tres minutos divulgado en YouTube el 22 de noviembre, estudiantes de postgrado de la UNAM dicen que ese jueves Maxwell Illabaca iba en bicicleta por el centro histórico cuando “fue alcanzado por una turba de manifestantes que escapaban de la represión policial”.

Protesta en Guerrero

Agregan que su bicicleta le impidió alejarse “y fue detenido y golpeado por los agentes policiales en circunstancias irregulares”.

En ese video también se dice que podría ser acusado de “terrorismo”.

Jesús González aseguró a BBC Mundo que algunos de los detenidos habían sido golpeados y “torturados”, pero no pudo especificar si el ciudadano chileno se encontraba entre ellos.

El pasado viernes, horas después de las marcha y los disturbios, Enrique Peña Nieto insistió que había personas interesadas en “dañar la libertad de expresión con actos vandálicos”.

La justicia mexicana tendrá hastá el sábado para decidir si hay pruebas suficientes para incluir a los once detenidos entre esas personas.

Comments

comments