SAN DIEGO (AP) — Carlos González vivió casi todos sus 29 años en un país al que considera su casa, pero ahora se encuentra en el lado equivocado de la frontera y en el lado equivocado de una iniciativa de reforma migratoria que podría conceder la residencia legal a millones de personas.
González, deportado en diciembre de Santa Bárbara, California, a Tijuana, México, es uno de casi dos millones de individuos expulsados de Estados Unidos desde la elección de Barack Obama como presidente.
“No tengo a nadie aquí”, dijo González, quien sirve desayunos en un albergue para migrantes en Tijuana, donde convalece de las múltiples fracturas que se hizo en un pie al saltar la valla fronteriza en un intento fallido por reunirse con su madre, dos hermanos y el resto de su familia que vive en California.
“Estados Unidos es lo único que conozco”, apuntó.
Aunque la iniciativa de reforma migratoria que presentó el Senado este mes contribuiría a que salgan de las sombras algunos de los 11 millones de personas que se calcula viven sin autorización en Estados Unidos, no beneficiará a todos.
Entre los excluidos figuran quienes hayan llegado después del 31 de diciembre de 2011, quienes tengan parejas gay con residencia legal en Estados Unidos, hermanos de ciudadanos estadounidenses y muchos deportados como González.
Como la inmigración neta procedente de México es casi cero, se cree que sea relativamente pequeña la cifra de personas que ha llegado desde enero de 2012 a Estados Unidos, posiblemente de unos cuantos cientos de miles.
Entre ellos figura Isaac Jiménez, de 45 años, que pagó 4.800 dólares a un contrabandista de personas para que lo guiara por el desierto de California a fin de reencontrarse con su esposa e hijos en Fresno.
“Mis hijos están aquí, todo lo mío está aquí”, dijo Jiménez, desde Fresno. Ha vivido sin autorización desde 1998 en Estados Unidos y regresó voluntariamente en 2012 al sur de México para ver a su madre antes de que ésta muriera.
A la fecha, los defensores izquierdistas de la inmigración han mostrado una disposición limitada para pelear a favor de que se amplíe la cobertura mientras se preparan para una difícil batalla en el Congreso.
Algunos en este sector apuntan sus baterías hacia otras medidas de la legislación, como la opción a la ciudadanía en un periodo de 13 años, plazo que consideran muy largo, y una partida presupuestaria de 4.500 millones de dólares para incrementar la seguridad en la frontera.
“(La iniciativa de reforma migratoria) no va a incluir a todos”, dijo Laura Lichter, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos. “No es perfecta. Creo que se escucha a mucha gente decir que ‘no se permita a lo perfecto ser enemigo de lo bueno’, y esto es bueno”, apuntó.
Peter Núñez, quien apoya políticas restrictivas y es presidente del Centro de Estudios para la Inmigración en Washington, dio al proyecto de ley una calificación de ocho o nueve en una escala de uno a 10, con el 10 representando lo más incluyente.
Núñez criticó una medida que permite a las personas deportadas sin antecedentes penales solicitar permiso de regresar si tienen legalmente esposas o hijos en Estados Unidos, medida que los partidarios afirman contribuye a la reunificación de familias.
“Simplemente no entiendo por qué vamos básicamente a anular una deportación”, dijo Núñez, ex fiscal en San Diego.
Los negociadores del Senado fueron indulgentes hacia los antecedentes penales en comparación con el gobierno del presidente Barack Obama cuando éste concedió en 2012 permisos temporales de trabajo a muchos de los que vinieron cuando eran niños a Estados Unidos.
El gobierno descalificó para las solicitudes a quien tuviera una condena por un delito menor de conducción en estado de ebriedad, violencia familiar, tráfico de narcóticos y otros crímenes. La iniciativa del Senado establece que no podrá solicitar los permisos de trabajo quien acumule tres delitos menores o un sólo delito grave.
Las deportaciones alcanzaron las 400.000 en el año fiscal 2012, más del doble que en los siete años previos; los mexicanos afectados fueron enviados a ciudades fronterizas como Tijuana, donde a menudo tienen dificultades para encontrar trabajo.
El albergue para migrantes Padre Chava sirve desayunos diariamente a 1.100 personas en un edificio amarillo brillante que abrió hace tres años porque la cifra de personas superó al de su inmueble previo. Su director Ernesto Hernández calcula que 75% de estas personas son deportadas.
“Muchos llegan con zapatos deportivos que cuestan cientos de dólares y sin nada en los bolsillos”, dijo Hernández.
Alrededor de 10% de los deportados en el albergue hablan poco o nada de español, como Salvador Herrera IV, de 28 años, quien fue traído a Estados Unidos cuando tenía dos años en el asiento trasero de un automóvil y creció patinando y jugando baloncesto en Long Beach.
Debido a que fue declarado culpable de robo de vehículo quedó excluido de la legalización, y dice que está considerando pagar 8.000 dólares por los documentos de identidad de alguien más en su intento por volver ilegalmente al sur de California.
“Soy básicamente estadounidense”, indicó. “Soy un chico de playa. Hago lo estadounidense”.
Muchos en el refugio han sido sentenciados por conducir bajo la influencia del alcohol o por violencia doméstica, dijo Hernández, al reflejar la prioridad del gobierno de Obama para deportar a cualquier persona que tenga antecedentes penales.
González fue arrestado en Santa Bárbara por ser sospechoso de alterar el orden público, y deportado a Tijuana la víspera de Año Nuevo. Dijo que tenía varias sentencias por delitos menores, incluyendo conducir alcoholizado, que cometió poco después de cumplir 18.
“Es cuando uno anda mucho en las fiestas y piensas que no va a importar”, agregó.
González nació en Cuernavaca, al sur de la ciudad de México, llegó a Estados Unidos por avión cuando tenía dos años, y nunca se fue de Santa Bárbara. Después de graduarse de secundaria en 2002, tomó lecciones de mecánica automotriz en un colegio universitario municipal, trabajó casi cuatro años en una tienda de descuento Jiffy Lube y como mecánico, jardinero y promotor telefónico en la pintoresca ciudad costera californiana de 90.000 habitantes.
González no sabe dónde establecerse después de que sane su pie. Su familia lo ayudó con más de 3.000 dólares en gastos médicos, que incluyen una barra de metal que le mantiene unido el pie fracturado.
Tal vez trate de encontrar a una tía en Cuernavaca, pero no tiene su teléfono ni la dirección.
“Nunca pensé que estaría en este predicamento”, dijo.
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