El primer año del permiso temporal de residencia otorgado por la Casa Blanca a los jóvenes que viven en el país sin residencia legal ha demostrado que cualquier reforma de inmigración de amplio calado exigirá que el gobierno mejore y simplifique el proceso de solicitud y facilitar más información de los documentos necesarios para tramitar la residencia, dijeron los especialistas.
Los activistas de la inmigración dijeron que la Acción Diferida para Llegadas de la Niñez (DACA por sus siglas en inglés) ha funcionado relativamente bien. Empero, muchos grupos sin fines de lucro e incluso algunos distritos escolares encontraron numerosos problemas ante la avalancha de peticiones relacionadas con el proceso de solicitud.
El programa juvenil está abierto a los inmigrantes de 15 a 32 años que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, que no tiene residencia legal, no han salido del país desde el 2007 y no han cometido crímenes o faltas graves. Deben tener además un diploma de bachillerato superior o equivalente, o estar matriculado en un centro de enseñanza. Unos 1,7 millones de personas podría beneficiarse con el programa.
La norma afecta solamente a una parte de los aproximadamente 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin residencia legal. No obstante, debido a que es el primer cambio importante en inmigración en muchos años, los especialistas lo consideran una muestra para un plan más amplio y, sin duda, más complicado.
“DACA es una prueba importante para un proceso legislativo mayor, de producirse de una reforma sin condiciones de inmigración”, dijo Tom Wong, profesor adjunto de ciencias políticas de la Universidad de California, en San Diego, y uno de varios académicos que estudia el programa.
Wong y otros especialistas han descubierto varios problemas que podría impedir una reforma mayor: la documentación requerida, el tiempo que tarda en procesarse el trámite y la falta de recursos de las organizaciones locales, especialmente las que atienden a inmigrantes asiáticos y otros que no hablan inglés o español.
El programa comenzó a funcionar 60 días después de ser anunciado en junio del 2012 y casi 600.000 personas han solicitado la tramitación. El vocero del Departamento de Seguridad Nacional, Peter Boogaard, dijo que el plan es un ejemplo de cómo las autoridades pueden procesar rápidamente y con éxito programas de inmigración a gran escala.
Aproximadamente tres cuartas partes de los solicitantes fueron aprobados por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), el organismo que supervisa el programa, mayormente mediante la demanda de pagos que según las autoridades permiten atender la demanda.
El Senado estadounidense aprobó una reforma de inmigración a comienzos de año que incluía un préstamo al organismo de inmigración para procesar un mayor número de solicitudes. El presidente de la Cámara de Representantes John Boehner anunció recientemente que la cámara baja no tratará este año el proyecto de ley.
Uno de los problemas iniciales más difíciles fue demostrar la residencia continuada. El USCIS no fue preciso vago al inicio en relación a los documentos necesarios, pero a los pocos meses de iniciado el programa aclararon que las declaraciones de centros docentes y hospitales, así como los recibos de los servicios públicos, serían aceptados.
Ya que mucha gente está recelosa de admitir que han contratado a personas que viven en el país sin residencia legal, muchos jóvenes, especialmente lo que han concluido sus estudios, buscaron métodos alternos para demostrar su residencia, como visitas a los médicos o actividades en las redes sociales.
“En California, los distritos escolares fueron abrumados con las peticiones de pruebas de estudios. La gente quería copia de sus contratos de alquiler con sus caseros, de su historial médico. A muchos se les pidió información”, dijo Marielena Hincapié, directora del Centro Legal Nacional de Inmigración.
California, Texas, Illinois, Nueva York y la Florida tuvieron el mayor número de solicitudes, y México fue el país de origen más común, según las estadísticas gubernamentales hasta fines de agosto del 2013.
