En momentos en que la reforma a las leyes de inmigración está empantanada en el Congreso, defensores de los inmigrantes intensifican la presión sobre el gobierno del presidente Barack Obama para que detenga las deportaciones o legalice el estatus de algunos de los 11 millones de personas que viven sin autorización en el país.
Los activistas han comenzado a realizar actos de desobediencia civil, como el mes pasado en Phoenix, Arizona, donde bloquearon el paso de un autobús lleno de inmigrantes detenidos. Por su parte, líderes sindicales planean presionar el asunto ante un alto funcionario de la Casa Blanca en una próxima reunión.
Muchos activistas todavía tienen esperanza de una solución legislativa a pesar de que ahora ponen la mira en la Casa Blanca.
“Si el Congreso no toma medidas, el presidente tiene el deber de hacer algo”, dijo Ana Avendaño, directora de Inmigración y Actividades Comunitarias de la central sindical AFL-CIO. “Que los republicanos hayan enterrado la cabeza en la arena no significa que las comunidades de inmigrantes no sienten el resquemor de las deportaciones constantes”.
La posibilidad de una decisión ejecutiva sobre la inmigración ha despertado las sospechas de los republicanos. El senador Marco Rubio, republicano por Florida, y otros advirtieron que el presidente Barack Obama puede verse tentado a actuar por su cuenta para legalizar a algunas o todas las personas que viven sin permiso legal en el país.
“Creo que eso es exactamente lo que Obama quiere hacer. Pienso que desea que el Congreso no apruebe nada para poder hacerlo él y llevarse el triunfo”, dijo el representante Raúl Labrador, republicano por Idaho, en una entrevista. “Obama necesita tener mucho cuidado, porque sigue burlando la ley y haciendo cosas que están fuera de su autoridad. En algún momento el Congreso va a tener que decir basta”.
El gobierno actuó unilateralmente hace un año con su decisión de suspender las deportaciones de algunos inmigrantes que entraron sin autorización legal al país cuando eran niños. Más de 450.000 se han beneficiado hasta el momento.
Funcionarios de la Casa Blanca se niegan a discutir en público cualquier medida a futuro. “La única forma de sacar a 11 millones de indocumentados de las sombras es que el Congreso apruebe una reforma racional con una vía apropiada a la ciudadanía. Eso es todo. No hay nada más”, dijo Bobby Whithorne, portavoz de la Casa Blanca.
Al preguntársele en entrevistas sobre el alto número de deportaciones bajo su gobierno, Obama ha tratado de culpar al Congreso. “Yo no soy un rey”, declaró a la cadena de televisión hispana Telemundo este año.
Los activistas dicen que los funcionarios del gobierno no son más receptivos en privado, aunque Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Nacional de Obama, dijo que ha aceptado reunirse con líderes sindicales sobre el tema, algo que se está programando, según un ejecutivo sindical que habló a condición de no ser identificado.
El tema tiene como escenario las perspectivas inciertas de una reforma integral a las leyes de inmigración en el Congreso que ofrezca un camino a la ciudadanía a las personas que viven sin autorización legal en el país.
Mientras tanto, las comunidades de inmigrantes se muestran cada vez más molestas con el gran número de deportaciones bajo el gobierno de Obama, cerca de 400.000 anuales en años recientes, según la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los activistas afirman que Obama debe detener la deportación de inmigrantes que cumplirían los requisitos para la ciudadanía bajo el proyecto de ley del Senado, que la Casa Blanca apoya.
“Hay una clara contradicción en la postura del presidente”, dijo Chris Newman, director de Asuntos Jurídicos de la National Day Laborer Organizing Network. “Lo que dice es que o los republicanos se sumarán al consenso sobre la vía a la ciudadanía o él está obligado a deportar gente. Esa es una situación insostenible”.
A pesar del énfasis en una solución legislativa, funcionarios del gobierno han tomado medidas para ofrecer alivio a ciertos grupos de inmigrantes. Una directiva del ICE del mes pasado informó a los agentes que no hagan cumplir leyes que afecten innecesariamente a padres y personas a cargo de cuidar a otras.
Un memorando interno del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de 2010 mostró que las autoridades estaban estudiando tomar medidas más amplias, como prorrogar las deportaciones y dar permiso de trabajo a millones de inmigrantes, sin ninguna medida del Congreso.
El memorando enumeró varios puntos a favor de ese enfoque. “Un programa administrativo audaz transformaría el panorama político mediante el uso de medidas administrativas para soslayar el empantanamiento e inercia en el Congreso”, expresaba.
Pero también mencionaba varios puntos en contra.
“Los que se oponen al programa de inscripción lo caracterizarán de ‘amnistía’ ” y la secretaria de Seguridad Nacional “enfrentaría críticas de que hace dejación de su responsabilidad de hacer cumplir las leyes de inmigración”.
Un funcionario del gobierno que no estaba autorizado a discutir en público el memorando y que habló a condición de no ser identificado, dijo que no fue obra de la Casa Blanca y que no tiene ningún peso en el debate actual.
Pero eso no hace que los defensores de los inmigrantes presenten escenarios que el gobierno puede implementar, como legalizar a ciertos grupos de inmigrantes, quizás a las personas que llevan muchos años en el país y que tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.
“Desde la perspectiva de los activistas, está claro que si el esfuerzo legislativo falla tendremos que comenzar a presionar al gobierno”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.
