Un juez federal emitió hoy una orden que exigirá en forma permanente al gobierno estadunidense garantizar audiencias de fianza automática cuando los inmigrantes detenidos cumplan seis meses en esta situación.
El juez federal de Los Ángeles, Terry Hatter, resolvió que esas audiencias de fianza automática podrán determinar si los inmigrantes indocumentados deben continuar en un centro de detención.
La resolución del juez del Distrito Central de California sigue a la decisión de la novena corte federal de circuito que emitió una medida cautelar dictada por Hatter a finales del año pasado.
En el fallo de hoy, el juez consideró que todos los inmigrantes detenidos, con los casos pendientes de deportación, tienen derecho a una audiencia de fianza a los seis meses.
De igual forma, plantea que dichas audiencias incluyan protecciones procesales aumentadas para asegurar que sean justas.
“Los inmigrantes detenidos no tendrán que languidecer durante períodos prolongados de tiempo preguntándose si van a vivir sus vidas en un centro de detención”, dijo Michael Kaufman, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California.
“Ahora tendrán la oportunidad de presentar su caso y tener una oportunidad justa de ser liberado bajo fianza”, argumentó.
Se trata de una demanda de acción de clase de Rodríguez y Robbins, a nombre de cientos de inmigrantes que el gobierno ha encarcelado durante más de seis meses en el área de Los Ángeles mientras se resuelven sus casos de deportación.
La demanda busca el derecho procesal más básico para los inmigrantes detenidos – un derecho a una audiencia en la que se puede argumentar a favor de la liberación bajo fianza.
El caso había estado pendiente desde 2008 y se mantuvo en litigio extensivamente, incluso en dos apelaciones diferentes del circuito noveno.
La decisión es una victoria “contra la práctica inhumana del gobierno federal de poner a los inmigrantes en detención prolongada sin el debido proceso básico de una audiencia de fianza”, dijo Michael Tan, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
“Mientras el Congreso continúa debatiendo la reforma migratoria, esta decisión es un importante recordatorio de que una reforma significativa debe incluir arreglar nuestro sistema de detención de inmigración”, apuntó.
Este es un sistema que pierde dinero, arruina vidas, y viola nuestros valores constitucionales”, resumió Tan.
La decisión garantiza que los inmigrantes reciban “las protecciones básicas del debido proceso antes de que el gobierno les somete a la detención por largos períodos de tiempo”, dijo Jayashri Srikantiah, de la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Stanford Law School.
“El tribunal de distrito reconoció los importantes derechos que están en juego en este caso, así como el peso evidente de la ley, en la concesión de una orden judicial permanente a favor de toda la clase”, añadió Sean Commons, socio de Sidley Austin LLP.
Los demandantes incluyen la ACLU del Sur de California, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del colegio de abogados de Stanford Inmigrantes de ACLU Nacional, Clínica de Derechos, y la firma de abogados Sidley Austin LLP.
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