El presidente Barack Obama ha estado recurriendo a efectuar cambios administrativos relativamente menores al complicado sistema migratorio de Estados Unidos en tanto parecen disminuir las posibilidades de que el Congreso apruebe una reforma integral.
Obama se había comprometido en dos ocasiones como candidato presidencial a aprobar una reforma migratoria.
Los cambios iniciales de Obama fueron amplios y controvertidos. El mandatario ordenó a las autoridades federales que a su criterio encontraran y deportaran sólo a personas que hubiesen cometido delitos graves. Después, a mediados de 2012, Obama anunció un plan en el que ofreció una dispensa en las deportaciones y permisos de trabajo durante al menos dos años a inmigrantes jóvenes sin autorización para estar en Estados Unidos.
Ahora, a medida que parece menos posible que el Congreso cambie las leyes de inmigración, la Casa Blanca sortea sus compromisos con modificaciones institucionales relativamente menores.
La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) afirmó en agosto a sus supervisores como tratar con padres inmigrantes o tutores legales de menores.
En un memorando se dijo que antes de que se efectúe una deportación, las autoridades del ICE deben considerar si la persona afectada, hombre o mujer, es la cuidadora principal de un menor, tiene un interés directo en una corte de familia o en un proceso de prestaciones sociales, o es el padre o madre o tutor/a de menores que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
En algunos casos, el gobierno también ha autorizado a esposos e hijos inmigrantes de ciudadanos estadounidenses permanecer en Estados Unidos.
Otros cambios a las normativas dieron más flexibilidad a la utilización de retenciones migratorias de personas en prisiones locales en conformidad con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).
Los republicanos en la Cámara de Representantes han censurado desde hace tiempo estos cambios administrativos.
Obama ha dicho reiteradamente que la reforma migratoria es una de las principales prioridades de su gobierno.
La elección que hizo Obama de Jeh Johnson, ex principal abogado del Pentágono, sin experiencia en asuntos migratorios, como el próximo secretario de Seguridad Nacional, deja entrever que la Casa Blanca, más que el DHS, encabezará la campaña a favor de cambios en la ley migratoria.
Meses atrás, el Senado aprobó una iniciativa radical que prevé duplicar la fuerza de la Patrulla Fronteriza y una opción de estadía legal para los casi 11 millones de inmigrantes que viven sin permiso en el país.
Sin embargo, la actividad legislativa sobre asuntos migratorios se ha estancado en la Cámara de Representantes. El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que esa instancia no efectuará conversaciones formales en busca de un acuerdo sobre la iniciativa aprobada en el Senado.
La propuesta encara una firme oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes que han expresado sus objeciones a un enfoque integral.
A muchos de ellos no les parece la idea de que se ofrezca la ciudadanía a personas que infringieron leyes de inmigración para llegar a Estados Unidos.
Durante una ceremonia de juramentación de ciudadanía, el vicepresidente Joe Biden dijo el miércoles que estaba “muy decepcionado” de las declaraciones de Boehner.
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