WASHINGTON (AP) — El presidente Barack Obama postuló el lunes a Thomas Pérez, hijo de inmigrantes dominicanos y alto funcionario del Departamento de Justicia, para secretario de Trabajo, por considerarlo un armonizador cuya trayectoria “nos recuerda la promesa de esta nación”.
“Tom ha asumido la protección de esa promesa para todos como la causa de su vida”, dijo Obama, a quien acompañaba Pérez, el lunes en la Casa Blanca,
Pérez sería el segundo hispano en el gabinete de Obama y el primer funcionario de origen latino que nombra para su segundo mandato. Pérez, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, reemplazará a Hilda Solís, ex congresista de California y la primera secretaria hispana del país.
Pérez agradeció a Obama su postulación y declaró que “nuestro país sigue encarando desafíos económicos críticos, y la misión del departamento tiene más importancia que nunca”.
El funcionario cuenta con el respaldo de los sindicatos y sectores de la comunidad hispana. Entre los asistentes al anuncio en la Casa Blanca estuvo el presidente de la central sindical AFL-CIO Richard Trumka y el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP) Benjamin Jealous.
No obstante, Pérez es criticado por los legisladores republicanos, que se oponen a su nombramiento porque opinan que su trabajo en Justicia ha estado sometido a la ideología política.
De hecho, un senador republicano declaró que bloquearía su confirmación hasta que se resuelvan las inquietudes sobre el desempeño de Pérez en el Departamento de Justicia.
De ser confirmado por el Senado, Pérez, director de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia desde el 2009, se hará cargo del Departamento de Trabajo para defender varias iniciativas del mandatario, entre ellas la reforma de la ley de inmigración y el aumento del salario mínimo.
Antes de trabajar en el Departamento de Justicia, Pérez, de 51 años, fue secretario del Departamento de Trabajo, Permisos y Regulación de Maryland, que vigila los derechos del consumidor, la seguridad en los lugares de trabajo, salarios y horas laborales.
La nominación de Pérez se esperaba desde hace semanas y cuenta con el respaldo de los sindicatos y sectores de la comunidad hispana. Entre los asistentes al anuncio en la Casa Blanca estuvo el presidente de la central sindical AFL-CIO Richard Trumka y el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) Benjamin Jealous.
“En un momento en que la política se inclina tanto hacia las corporaciones y los más acaudalados, nuestro país necesita líderes como Tom Pérez para encabezar la causa de la gente trabajadora común”, dijo Trumka en un comunicado.
En el Departamento de Justicia, Pérez desempeñó un papel destacado en la decisión de esa agencia de impugnar ante los tribunales las leyes que exigían a los electores identificaciones para poder votar en Texas y Carolina del Sur, una medida que podría restringir el derecho al voto de las minorías. Un juez federal derogó la ley de Texas y postergó la entrada en vigencia de la de Carolina del Sur hasta después de los comicios del 2012.
El senador republicano Jeff Sessions consideró su postulación “desafortunada e innecesariamente divisionista”.
Agregó que Pérez “ha buscado por todos los medios permitir la contratación de más trabajadores ilegales”.
Por su parte, el senador David Vitter dijo que mantendrá en suspenso la confirmación porque Pérez aplicó leyes de derecho al voto en Luisiana de una manera que “beneficia la política del presidente y de su gobierno a expensas de la seguridad en la identidad” de votantes registrados en el estado.
Un nuevo informe del inspector general del Departamento de Justicia respaldaría la aseveración republicana de que la División de los Derechos Civiles de ese organismo ha sido excesivamente politizada.
El informe, difundido la semana pasada, decía que Pérez rindió una declaración incompleta ante la Comisión de Derechos Civiles al indicar que el liderazgo político del departamento no participó en la decisión de retirar los cargos a tres de los cuatro acusados en una demanda presentada por el gobierno de George W. Bush contra el Partido Nuevas Panteras Negras.
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