NUEVA YORK (AP) — No pasa un día sin que Sara Martínez, una inmigrante ecuatoriana sin papeles, agradezca el poder vivir con su hija Hillary en Estados Unidos.
Martínez, de 48 años, fue arrestada en enero del 2011 en una parada de autobús en Rochester, Nueva York, y casi deportada, pero la nueva política del gobierno de priorizar la expulsión de inmigrantes que cometen delitos graves y mantener en el país a los que no representen una amenaza pública y tengan lazos con la comunidad la salvó de tener que separarse de su hija, que es ciudadana estadounidense.
Aun así, su caso se prolongó durante un año y cuatro meses, y pudo cerrarse gracias a una larga campaña mediática en la que intervinieron activistas, congresistas y varios grupos de ayuda a favor de la inmigrante, que no tiene historial criminal ayuda como voluntaria a familias de escasos recursos.
“Esto es algo que se podría haber resuelto mucho antes, pero no sabe todo lo que tuve que luchar para lograrlo”, dijo Martínez a la Associated Press. “Por otro lado, estoy igual que antes. Si bien me siento contenta de estar aquí, no puedo cantar victoria porque no tengo permiso de trabajo. Hago lo que puedo, limpio casas, vendo maquillaje… Y siempre vivo con temor de que me puedan arrestar de nuevo”.
El caso de Martínez es uno de los que recoge un informe difundido el miércoles por la Coalición de Inmigrantes de Nueva York y la Asociación de Abogados del condado de Nueva York sobre la política gubernamental de considerar como baja prioridad en deportación a ciertos inmigrantes con lazos en Estados Unidos y que no representen un peligro para la sociedad.
La política, conocida como “discreción de la fiscalía” (prosecutorial discretion en inglés), fue anunciada en 2011 y ha sido criticada frecuentemente debido al escaso número de revisión y cierre de casos de deportación que el gobierno ha hecho hasta ahora.
De los aproximadamente 411.000 casos revisados por el Departamento de Seguridad Nacional, tan sólo 10.998 han sido cerrados a lo largo del país, señala el reporte. En el estado de Nueva York, de los 43.000 casos pendientes de revisión, 615 han sido cerrados. El informe de 36 páginas asegura además que la política se ha implementado mal y de forma arbitraria, con la mayoría de casos cerrados gracias a la solicitud de los abogados de los inmigrantes y no por iniciativa propia del gobierno.
El reporte también denuncia que a pesar de las promesas del gobierno de que los inmigrantes no deportados obtendrían permisos de trabajo, la mayoría de éstos no los obtienen. Los beneficiados por la política migratoria no pueden regularizar su situación y se quedan en un estado de limbo.
Gillian Christensen, portavoz de los Servicios de Inmigración y Control de Aduanas, describió el reporte como “engañoso” porque sólo se enfoca en los casos cerrados hasta ahora en las cortes de inmigración. A más individuos se les ha ofrecido los beneficios de la nueva política pero aún se ha de completar el proceso de cierre de sus casos, “que puede ser algo largo”, dijo la portavoz.
“En los últimos cuatro años, este gobierno ha cambiado fundamentalmente su sistema de cumplimiento de la ley de inmigración, pasando de redadas a políticas efectivas e inteligentes que priorizan la expulsión de extranjeros criminales, cruces de frontera recientes y personas que infringen las leyes de inmigración a menudo”, dijo Christensen en una declaración enviada por correo electrónico a la AP.
La vocera agregó que su agencia considera la deportación de inmigrantes según las circunstancias de cada caso. En el año fiscal 2012, un 96% de las deportaciones realizadas por los Servicios de Inmigración fueron catalogadas como alta prioridad, dijo Christensen.
El informe difundido el miércoles analiza 62 casos de deportación en el estado de Nueva York, de los que 53 han sido revisados por el gobierno. El gobierno sólo suspendió la deportación en nueve de ellos, mientras que en los restantes 44 fueron los abogados de los inmigrantes los que tuvieron que solicitarla, denuncia el reporte.
“En la mayoría de casos solicitados por los abogados, el gobierno frenó la deportación, lo que demuestra que los Servicios de Inmigración no cumplen con sus propias normas y necesitan que los abogados hagan las solicitudes. Ahí está el mayor problema”, concluyó Jacki Espósito, de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York.
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