El colombiano Iván Parra abre la puerta de un pequeño restaurante nicaragüense y junto a unos cinco activistas de inmigración se acerca a la única persona que está detrás del mostrador. Le explica que están implementando una campaña para presionar a los legisladores a que aprueben una reforma migratoria y le pregunta si podría firmar una carta y poner en la vidriera un cartel que reza “Este negocio apoya un camino a la ciudadanía”. Sin dudarlo, la mujer responde que sí y pega el póster.
A unas dos cuadras de distancia, bajo un calor abrasador de más de 33 grados centígrados, la guatemalteca María Mejía golpea la puerta de una casa en la que nunca ha estado. La atiende Noel Pardo, un nicaragüense-estadounidense de 37 años quien después de escucharla accede a su pedido y se compromete a llamar al legislador de su distrito electoral para pedirle que el Congreso apruebe la reforma y exija el fin de las deportaciones.
Parra y Mejía no están solos.
En las últimas semanas los activistas han recurrido a campañas callejeras en busca de que la población levante su voz en favor de una reforma migratoria que abra camino a la ciudadanía a 11 millones de personas que viven ilegalmente en el país.
Las visitas a casas de familia y negocios buscan movilizar a la comunidad y a pequeños empresarios para que pidan liderazgo a los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes nacional y convenzan a sus colegas más conservadores y reticentes a que voten a favor de la reforma.
Así buscan que más voces de ciudadanos estadounidenses, y no sólo las de los activistas, presionen a los congresistas a través de cartas, mensajes telefónicos a sus oficinas y por las redes sociales.
“Estamos buscando diversificar y ampliar las voces por la reforma. Los votantes y empresarios tienen una voz y tiene que escucharse también”, dijo a The Associated Press María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de la Florida que agrupa a numerosas organizaciones que participan en la campaña. “Es muy intenso, pero la necesidad urge”, dijo refiriéndose a las visitas de los activistas.
La campaña, que se suma a otras más tradicionales como protestas frente a las oficinas de congresistas o llamadas telefónicas de activistas, tiene lugar en momentos en que el Congreso ha entrado en receso. Los legisladores volverán a Washington en septiembre.
El Senado, de mayoría demócrata, aprobó un proyecto integral de reforma migratoria poco antes de que empezaran las vacaciones veraniegas, pero la reforma integral aún no ha sido debatida en la cámara baja, controlada por la oposición republicana.
Desde que asumió en el poder, el presidente Barack Obama ha manifestado su fuerte apoyo a una reforma migratoria integral a pesar de que durante su gobierno se han incrementado a cifras récord las deportaciones de inmigrantes indocumentados. El mandatario ha instado a los legisladores a que aprueben la ley.
“Esto no es un asunto de sólo 11 millones de personas (sin papeles) sino de todo el país, es un asunto económico que traería beneficios”, manifestó Parra, de 46 años y dirigente comunitario de la organización One Miami que reúne a trabajadores, grupos religiosos, asociaciones de vecinos y comunitarias y forma parte de la Coalición de Inmigrantes.
“Estas personas (los votantes y pequeños empresarios que visitan los activistas) son la base de los congresistas, los constituyentes que eligieron a los legisladores”, destacó, tras explicar a la AP que la comunidad presionará a los legisladores recordándoles que volverá a votar en los comicios legislativos de noviembre de 2014.
La estrategia es similar a la que implementan las campañas políticas cuando hacen trabajo de base y visitan a los votantes puerta a puerta para entregarles folletos con la plataforma de un candidato y convencerlos de que voten por él.
En este caso, los activistas de inmigración se presentan casa por casa, negocio por negocio, explicándole a la gente que los inmigrantes sin papeles viven en el país desde hace años, pagan sus impuestos, trabajan en empleos que muchos estadounidenses no quieren, tienen familiares que son ciudadanos y podrían legalizar su situación con la reforma migratoria.
Luego les preguntan si ellos apoyan la reforma y cuando les responden que sí, les piden que llamen a los legisladores y les escriban para expresárselo. También les solicitan que firmen una planilla en la que figuran sus nombres, información de contacto telefónico y correo electrónico, que luego prevén enviar a los legisladores también a manera de presión, como una demostración del apoyo que han recogido.
Cuando las personas les responden que no apoyan la reforma, les preguntan por qué y ofrecen a enviarle información detallada.
George González, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Miami, consideró que si bien la estrategia no es nueva podría tener mayor eco ahora porque el gobierno ha continuado con su política de deportaciones de inmigrantes indocumentados.
“Eso es lo que está creando más visibilidad en el asunto, eso es que lo que está haciendo que la gente que apoya el tema de inmigración tenga más posibilidades de salir (a expresar sus ideas). Por las acciones del gobierno de incrementar las deportaciones”, manifestó el académico en una reciente entrevista telefónica con la AP.
“Están tratando de movilizar a la gente que simpatiza con la causa de los indocumentados y están teniendo cierto éxito haciendo que esa gente salga… Mientras más personas puedan involucrar los activistas, más efectivo será su mensaje y mayores serán las posibilidades de que tengan éxito”, dijo González.
La congresista republicana de Florida Ileana Ros Lehtinen, cuyo distrito ha sido visitado por los activistas, dijo que “está muy bien que los grupos consigan involucrar a los ciudadanos en asuntos importantes”. En un correo electrónico enviado a la AP explicó que trabaja con sus colegas del Congreso para “reparar nuestro quebrado sistema de inmigración” y consideró que están progresando.
Tras aceptar colaborar en la campaña de los activistas, Mayra Reyes, la administradora del restaurante al que ingresaron los activistas, dijo que percibía inacción por parte de los legisladores.
“Que se muevan porque nadie se ha movido. No han hecho nada”, dijo la nicaragüense-estadounidense, de 45 años, refiriéndose a la reforma migratoria.
A unas tres cuadras de su negocio, esa misma tarde calurosa, Prado se despidió de la activista Mejía en la puerta de su casa asegurándole que llamaría al representante republicano por Florida Mario Díaz-Balart: “Voy a llamar, claro que sí… me gustaría ver una reforma, eso es importante porque mucha gente quiere trabajar y estudiar”.
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