Tres legisladores de estados fronterizos con México trabajan en un proyecto de ley de reforma migratoria de las leyes de inmigración con un énfasis humanitario en la seguridad de la frontera.
“Queremos redefinir el significado de seguridad fronteriza”, dijo el representante Raúl Grijalva, demócrata por Arizona. “Cómo seguridad económica y seguridad humana”.
Grijalva unió fuerzas con los legisladores texanos Beto O’Rourke, de El Paso, y Filemón Vela, de Brownsville. Los tres han celebrado audiencias para recopilar información sobre el impacto humanitario, económico y social de las políticas de seguridad en la frontera en las comunidades de la zona.
“Vamos a tener que hacerlo nosotros”, dijo Grijalva a The Associated Press.
Grijalva dijo que la reforma “no está muerta”, minutos antes de iniciar una audiencia del Consejo Fronterizo del Congreso en Nogales, al otro lado de la frontera de la ciudad mexicana del mismo nombre.
Esta es la segunda audiencia centrada en el impacto de la seguridad fronteriza sobre las comunidades. La primera fue Brownsville y la tercera y última será en lunes en El Paso.
Con la información compilada los legisladores esperan regresar a trabajar en el Congreso.
El legislador Vela, de Texas, dijo que el proyecto de ley que planean someter a la Cámara de Representantes fue presentado en 2009 y recibió el apoyo de 144 legisladores. La propuesta que fue sometida por los demócratas Solomon Ortiz, de Texas, y Luis Gutiérrez, de Illinois, incluía una vía a la ciudadanía en 6 años, pero fracasó al no conseguir suficiente apoyo de los republicanos.
Grijalva ha criticado la propuesta de reforma migratoria aprobada en junio en el Senado federal, que en su opinión se enfoca demasiado en la seguridad fronteriza sin tomar en cuenta aspectos humanitarios y económicos.
El proyecto del Senado destina 46.000 millones de dólares a la seguridad y aumentaría a 30.000 la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza para 2021.
Tanto Vela como O’ Rourke afirmaron que no aprobarían el proyecto del Senado, si consigue suficientes votos para ser presentado en la Cámara, a menos que se ponga un énfasis en la comunidades fronterizas.
En Nogales, Arizona, los legisladores escucharon testimonios de religiosos, comerciantes, policías y abogados defensores de los derechos civiles sobre el impacto de la seguridad en la frontera.
Tanto religiosos como comerciantes coincidieron en que la “militarización” de la franja fronteriza impacta la vida de comunidades que están conectadas por lazos tanto económicos como sociales.
Sean Carroll, director de la Iniciativa Fronteriza de Kino, dijo que las políticas de seguridad fronteriza han resultado en más de 2.000 inmigrantes muertos en los últimos dos decenios. También enumeró quejas y acusaciones de uso excesivo de la fuerza y maltrato a los detenidos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza.
El religioso criticó la falta de transparencia en las investigaciones de muertes en la frontera a manos de la Patrulla Fronteriza.
Carroll enfatizó la violencia que los migrantes también sufren tras su intento de cruzar en la frontera por áreas remotas mientras tratan de evitar a las autoridades.
“Muchas mujeres en nuestro refugio relatan historias de abusos verbales, físicos y sexuales al cruzar la frontera”, dijo Carroll, quien dirige un refugio y comedor para inmigrantes en Nogales.
James Duff Lyall, abogado de la organización de derechos civiles estadounidense ACLU en Arizona, declaró ante los legisladores que la ACLU ha recibido decenas de quejas de ciudadanos estadounidenses contra agentes aduanales.
Lyall agregó que es necesario que las autoridades fronterizas tengan protocolos claros para la presentación de quejas en casos de abuso, al igual que transparencia durante las investigaciones en casos de uso de fuerza.
“Para ser bien claro, la frontera ya está altamente militarizada” agregó.
Otros testimonios enfatizaron la importancia de que se respeten las leyes de protección ambiental en la frontera sin hacer uso de excepciones para construir bardas o caminos que dañen a la fauna y flora autóctona de la zona.
Tony Estrada, jefe de la Policía del Condado Santa Cruz, dijo que Nogales es una de las ciudades más seguras del país, pero que era necesario que el gobierno federal reembolse a las policías locales por su asistencia en la seguridad fronteriza.
“Estamos sacrificando nuestros derechos, nuestra calidad de vida, respondemos a un problema que no tenemos, y al mismo tiempo no podemos seguir perdiendo las oportunidades que tenemos de intercambio comercial para tener más empleos”, dijo el legislador O’Rourke.
Otro grupo de legisladores conocido como la “Pandilla de los Siete” trabaja en una propuesta de reforma migratoria bipartidista que aún no ha sido presentada a la Cámara. Asuntos como el presupuesto y la situación en Siria han dejado las discusiones de la reforma migratoria en segundo plano, explicó Grijalva.
“Nos estamos quedando cortos de tiempo”, agregó.
