Washington, 19 feb (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos continúa evaluando cuál es la mejor estrategia legal para poder aplicar “lo antes posible” las medidas migratorias del presidente Barack Obama, suspendidas temporalmente por un fallo de un juez de Texas y cuya primera fase debía entrar en vigor hoy.
“Nuestra estrategia legal en el futuro va a ser determinada por el Departamento de Justicia”, indicó en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, quien reiteró que incluirá “sin duda” una apelación de ese fallo y prometió más información al respecto “dentro de los próximos días”.
El objetivo es resolver “este proceso legal tan pronto como sea posible”, porque “estamos seguros de que hay un precedente sólido, un fundamento jurídico sólido para las acciones (migratorias) que el presidente anunció”, enfatizó el portavoz de Obama.
El propio Obama se mostró este martes optimista al subrayar que tanto la “ley” como la “historia” están de su lado, aunque aseguró que respetará el fallo emitido el lunes por la noche por el juez federal del distrito sur de Texas Andrew Hanen.
Ese juez, que instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas anunciadas por Obama en noviembre pasado para regularizar a más de 5 millones de indocumentados, dictaminó la suspensión temporal de la implementación del plan ejecutivo del presidente, según el fallo al que tuvo acceso Efe.
Propuesto para el puesto en 2002 por el entonces presidente George W. Bush, la decisión de Hanen no fue inesperada tras sus críticas del año pasado, cuando acusó al Gobierno de Obama de aplicar una política de deportaciones de la que dijo que era “una invitación” abierta a los “criminales más peligrosos”.
Precisamente hoy debía entrar en vigor la primera parte del plan ejecutivo de Obama, que consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y que ya ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes a los que se conoce como “soñadores”.
Además de a la ampliación de DACA, el fallo del juez Hanen también afecta al programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), cuyo inicio estaba programado para mayo y que busca amparar a los padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
Un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI) cifra en 5,2 millones el número de beneficiados: 3,7 millones elegibles para la DAPA y 1,2 millones para la DACA, de los que 300.000 serían nuevos candidatos tras la ampliación del programa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) precisó el martes que el fallo judicial “no afecta” al programa DACA ya existente, al animar a los jóvenes que reúnan los requisitos a presentar la solicitud o a renovarla si ya son beneficiarios.
Con respecto a cuánto tiempo tendrán que esperar los millones de potenciales candidatos a beneficiarse de las medidas anunciadas por Obama en noviembre, el portavoz de la Casa Blanca rehusó hoy fijar plazos e insistió en la intención de “avanzar tan rápido como sea posible” para implementarlas, ya que son “claramente” legales.
El recurso anunciado por el Gobierno debe dirigirse a la corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, situada en Nueva Orleans y considerada una de las más conservadoras del país.
Si el caso llega a la Corte Suprema, eso puede favorecer a Obama, dado que el máximo tribunal de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Gobierno federal en la aplicación de las leyes de inmigración.
La gran mayoría de los estados involucrados en la demanda contra las medidas de Obama están en manos de los republicanos, que se oponen a ellas y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearlas dejando sin presupuesto al DHS, la agencia encargada de su implementación.
Los fondos para financiar al DHS, un departamento cuyas competencias, además de inmigración, incluyen terrorismo y ciberseguridad, se agotarán el próximo 27 de febrero en caso de que lo congresistas no lleguen antes a un acuerdo.
Al respecto, Earnest reiteró hoy que es “responsabilidad” de los republicanos, que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, “garantizar” la financiación para el Departamento de Seguridad Nacional. EFE
