(AP) — El Consejo Municipal de Ferguson pidió el martes al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se hagan siete cambios en su acuerdo de reforma de los tribunales y la policía de la ciudad, una maniobra que provocó críticas inmediatas tanto del departamento federal como de muchos vecinos.
En una votación por unanimidad, el consejo aprobó el martes enmendar el acuerdo preliminar que la ciudad había negociado durante siete meses con el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). El plan pretendía corregir los problemas identificados en una investigación del DOJ tras la muerte a tiros de Michael Brown, de 18 años, abatido por un policía de Ferguson. El DOJ encontró prácticas inconstitucionales y discriminatorias en el sistema judicial y la policía de la localidad.
El concejal Wesley Bell propuso los cambios, varios de los cuales pretenden reducir costes. A las autoridades locales les preocupaba que aplicar las recomendaciones pudiera llevar a la bancarrota al suburbio de St. Louis. El consejo aprobó el resto del acuerdo, y Bell dijo confiar en que el DOJ aceptara los cambios.
“No creo que haya nada poco razonable”, comentó.
Pero Vanita Gupta, responsable de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, indicó en un comunicado que la votación del consejo supone “un desenlace desafortunado”.
La medida “crea un retraso innecesario en la tarea esencial de llevar prácticas policiales constitucionales a la ciudad y supone un desenlace desafortunado para los policías de Ferguson y miembros de la comunidad preocupados”, dijo Gupta.
Si el DOJ no acepta los cambios es posible que se presente una demanda de derechos civiles que podría costar a Ferguson millones de dólares en costas legales.
Gupta no dijo de forma explícita que fuera a presentarse una demanda, pero en su comunicado señaló que el departamento tomará “las acciones legales necesarias” para asegurar que las prácticas policiales y judiciales de Ferguson cumplen la Constitución y las leyes federales.
El principal cambio que introdujo el consejo elimina el requisito de subir los salarios de los policías. Los concejales consideraron que cumplir ese punto también requeriría subir los sueldos de los bomberos, lo que podría suponer un millón de dólares al año.
Otra provisión señala que algunas partes del acuerdo no se aplicarán a otra entidad del gobierno que pudiera asumir servicios que ahora ofrece Ferguson. Eso significa que si, por ejemplo, el condado de St. Louis asume la labor policial en Ferguson, no se le podría exigir que cumpliera el acuerdo con el DOJ.
La votación del consejo se produjo al final de una reunión a menudo ruidosa que tuvo que trasladarse al centro comunitario por la gran cantidad de asistentes, unas 300 personas. La inmensa mayoría de los oradores respaldaron el acuerdo original.
Cuando el consejo aprobaba el acuerdo enmendado, Karl Tricamo, de 32 años, alzó la voz para preguntar por qué no se había anunciado hasta el final de la reunión.
“No creo que el Departamento de Justicia vaya a apoyar esto”, dijo.
Ferguson se ha visto bajo escrutinio desde la muerte de Brown. El padre del joven baleado estuvo de pie, en silencio, al fondo de la sala durante la reunión del martes. Michael Brown, negro y de 18 años, murió el 9 de agosto de 2014 por disparos del agente blanco de policía Darren Wilson durante una confrontación en la calle. Wilson, que más tarde renunció de su puesto, fue absuelto de malas prácticas por un jurado de instrucción de St. Louis y por el Departamento de Justicia.
El tiroteo fue un catalizador para el movimiento Black Lives Matter (“Las vidas de los negros importan”) y ayudó a entablar un diálogo nacional sobre el uso de la fuerza en la policía.
El acuerdo contempla que se contrate a un observador, se introduzca formación sobre diversidad en la policía y se compre software y contrate personal para analizar los registros sobre detenciones, uso de la fuerza y otros aspectos relacionados con la labor policial.
