Washington, 25 nov (EFE).- Ferguson, una pequeña ciudad mayoritariamente negra de Misuri (Estados Unidos), se ha convertido tras la muerte de Michael Brown a manos de un agente en paradigma de la desconfianza entre las minorías y la Policía en comunidades de todo el país.
En este suburbio de San Luis más de un 60 por ciento de los residentes son afroamericanos pero sólo hay 3 negros entre los 56 policías locales y uno en el gobierno municipal, una desproporción que se repite en otras ciudades estadounidenses.
“En demasiados lugares de este país existe una profunda desconfianza entre las fuerzas de seguridad y las comunidades de color, parte de esto es el resultado de una historia de discriminación racial, y es trágico porque nadie necesita más la protección policial que las comunidades pobres con altos índices de criminalidad”, diagnosticó el presidente Barack Obama este lunes tras conocer el fallo judicial.
La violencia y la indignación volvieron esta madrugada a Ferguson después de que un gran jurado decidiera no imputar al agente que mató a Brown, de 18 años, desarmado y en circunstancias por esclarecer el 9 de agosto.
La ola de disturbios que desató entonces la muerte del joven evocó en Estados Unidos las violentas protestas raciales de los años sesenta y noventa, y evidenció que el debate de la raza en Estados Unidos está lejos de haber sido superado.
En 1968, la comisión establecida por el entonces presidente estadounidense Lyndon B. Johnson para analizar el origen de los disturbios llegó a las mismas conclusiones que ha dejado Ferguson medio siglo después.
“La Policía debe ser más diversa, evitar las actuaciones desproporcionadas, y vivir e integrarse en las comunidades donde reside”, era una de las recomendaciones de la Kerner Commission e idéntica a la extraída tras la muerte de Michael Brown.
“La confianza es muy importante, pero también es frágil. Requiere que la fuerza sea usada de manera adecuada. Las fuerzas del orden deben reflejar la diversidad de las comunidades a las que sirven”, señaló este verano el fiscal general, Eric Holder.
Holder, el primer afroamericano al frente de la Justicia en EEUU, tuvo un papel clave en la pacificación de las protestas de agosto y no ha dudado en pronunciarse con contundencia sobre las tensiones raciales en el país, a pesar del temor en la Casa Blanca a que cualquier declaración vehemente desde el gabinete del primer presidente negro pueda ahondar la polarización de la nación.
Obama, muy criticado por no visitar Ferguson en agosto, no esquivó este lunes el tema de la raza: “En las últimas décadas hemos hecho grandes progresos en las relaciones raciales, he sido testigo de ello en mi propia vida, pero sigue habiendo problemas, las comunidades de color no se los inventan”, dijo.
El caso de Michael Brown trajo a la memoria colectiva otros similares, como el de Trayvon Martin: un adolescente afroamericano que murió en Florida hace dos años a manos del vigilante voluntario George Zimmerman, a quien un jurado declaró no culpable.
Este mismo fin de semana, mientras la nación estaba pendiente del inminente fallo judicial en Ferguson, un agente de Cleveland (Ohio) mató a un niño negro de 12 años, Tamir E. Rice, al confundir su pistola de aire comprimido con una real.
“La violencia policial en los barrios urbanos pobres donde viven las minorías es casi omnipresente, pero los disturbios son inusuales. Sólo explotan cuando el resto de vías para buscar justicia están bloqueadas, cuando los residentes se sienten impotentes”, explica Cathy Lisa Schneider, autora del libro “Police Power and Race Riots: Urban Unrest in Paris and New York” y profesora de la American University en Washington DC.
Esa frustración con la Justicia es la que llevó esta madrugada a miles de personas en Ferguson y en ciudades de todo el país a salir a la calle, con la impotencia de saber que tras la decisión del gran jurado el caso queda cerrado por esa vía.
El Departamento de Justicia, ante la desconfianza de los residentes hacia la Policía en Ferguson, continuará con su investigación independiente para determinar si las prácticas de este cuestionado cuerpo de seguridad constituyen una violación de los derechos civiles. EFE
