ARROYO HONDO, Nuevo México, EE.UU. (AP) — La familia de Fernando Martínez vive en las montañas del norte de Nuevo México desde hace más de dos siglos y se ha ido traspasando propiedades de generación en generación desde la época en que el rey de España distribuyó tierras entre los primeros colonos que hubo en la región.
Con el paso del tiempo, 80 kilómetros cuadrados (31 millas cuadradas) de tierras que fueron distribuidas por la corona española a principios del siglo XIX en Nuevo México incorporaron a cientos de individuos que venían de afuera y deseaban tener una vivienda de fin de semana cerca de Taos o acceso fácil a la vecina zona de esquí. Hoy, esa extensión de terreno es motivo de una fuerte batalla legal que ha hecho suspender la venta de viviendas, las refinanciaciones de hipotecas y ha enfrentado a vecinos en un sector marcado primero por la conquista y luego por violencia racial y el robo de tierras.
“Es un gran embrollo”, declaró Martínez, un trabajador de minas jubilado de 66 años que no pudo conseguir el título de la vivienda que quería comprar. “No podemos hacer nada. Es como si fuésemos prisioneros del pasado”.
La disputa comenzó luego de que la Arroyo Hondo Land Grant Board –una junta que representa los intereses de los herederos de las familias fundadoras de Arroyo Hondo– acudió a los tribunales para reclamar 20.000 acres (8.100 hectáreas). La junta dijo que las tierras pertenecían a los miembros de ese cuerpo y a los herederos de los colonos hispanos originales, algunos de los cuales fueron víctimas de especuladores que hicieron lo que quisieron luego de la guerra entre México y Estados Unidos.
“Todo esto se relaciona con la historia colonial y con la apropiación de tierras como resultado de la conquista”, comentó Santiago Juárez, el abogado de la junta. “No es fácil resolver esto”.
Eso tal vez sea cierto, dicen algunos propietarios, pero agregan que creen que el reclamo de la junta no tiene el menor sustento ni la aprobación de la mayoría de los herederos. De hecho, Martínez afirmó que la junta es controlada por una sola familia que ha tenido muchos roces con los otros herederos.
No se suministraron números telefónicos para contactar a Lawrence y Leandro Ortiz, dos hermanos y miembros de la junta que habrían sido los principales promotores de la acción legal. Y nadie respondió a la puerta de una vivienda en la que teóricamente vive Lawrence Ortiz.
Pennie Herrera Wardlow, heredera de Arroyo Hondo y agente de bienes raíces, se enteró de la disputa cuando intentó refinanciar la hipoteca de su casa para reducir los pagos mensuales de 1.200 a 700 dólares. No pudo hacerlo porque los bancos no quieren interferir con el proceso legal.
“Están perjudicando a la gente que dicen que quieren ayudar”, se quejó Wardlow. “No he podido hacer nada por dos años”.
La incertidumbre afecta también el mercado de bienes raíces de la cotizada Taos en momentos en que la región se recupera de una crisis económica, de acuerdo con el corredor de la bolsa Paul A. Romero.
“Todo esto se produce en un mal momento”, manifestó Romero. “Ha habido un aumento del 30% (en la actividad inmobiliaria) en términos generales, pero no podemos comprar ni vender nada en Arroyo Hondo”.
La disputa afecta unas 3.000 propiedades, según Romero.
En los territorios coloniales españoles del sudoeste de Estados Unidos reinaba la costumbre de conceder tierras a los colonos como forma de estimular la colonización de la zona norte del imperio, que era difícil de controlar por encontrarse muy lejos de la Ciudad de México, que era el centro del poder. La región, por otro lado, estaba poblada por indígenas, algunos de los cuales eran hostiles hacia los europeos, y posteriormente por colonos mexicanos. El nuevo gobierno independiente de México mantuvo la práctica.
Las disputas en torno a las tierras recrudecieron en la década de 1960, cuando el ex predicador Reies López Tijerina organizó a los herederos de varios terrenos que habían sido ignorados por años. Afirmaba que el gobierno estadounidense se había robado millones de hectáreas pertenecientes a hispanos luego de la firma del tratado que puso fin a la guerra con México en 1948. Estados Unidos se comprometió en ese tratado a respetar las propiedades existentes.
En 1976, un grupo de gente encabezado por Tijerina ocupó el juzgado de Tierra Amarilla, Nuevo México, para tratar de hacer uso de su derecho como ciudadanos a detener a alguien –en este caso, un fiscal–, en represalia por el arresto de ocho militantes del grupo de Tijerina durante una manifestación. En la incursión la gente de Tijerina hizo algunos disparos e hirió a un policía y a un carcelero, al tiempo que golpearon a un agente y tomaron como rehenes al sheriff y a un periodista antes de escaparse hacia el bosque nacional Kit Carson.
La incursión entusiasmó a estudiantes universitarios de origen mexicano que se identificaron con el mensaje de Tijerina de que los hispanos estaban siendo desplazados y esto dio lugar a años de reclamos ante los tribunales.
Desde el episodio en el juzgado de Tierra Amarilla, el movimiento a favor de los herederos de los colonos originales ganó aceptación, al punto de que le han dedicado un día en la legislatura estatal. Es probablemente por ello que los tribunales analizan minuciosamente cualquier reclamo de tierras, “sin importar lo ridículos que sean”, opinó David Correia, autor de “Properties of Violence: Law and Land Grant Struggle in Northern New Mexico” (Propiedades de Violencia: La ley y la lucha por las tierras repartidas en el norte de Nuevo México).
“Cualquiera que hace reclamos sin sustento puede afectar severamente la concesión de títulos en Nuevo México”, expresó Correia. “Esto refleja conflictos sobre la propiedad de las tierras que todavía no han sido resueltos en Nuevo México”.
Los reclamos son generalmente denegados, agregó.
Los herederos de Arroyo Hondo, mientras tanto, se preparan para meses, si no años, de batallas legales. En febrero un juez dictaminó que el reclamo hecho por la Arroyo Hondo Land Grant Board no tiene sustento legal, pero el proceso continúa y hay programada otra vista.
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