Estados Unidos se dirige a un momento de ajuste de cuentas mientras los resultados de más de un año de las medidas de inmigración de línea dura del gobierno de Trump se acumulan y plantean preguntas fundamentales para el carácter del propio país.
Una secuencia de política de choque y temor y maniobras legales, muchas hechas por el secretario de Justicia Jeff Sessions, puede elevar el tema de la inmigración más allá de la investigación sobre la trama rusa y el aceleramiento de la economía a un problema con la capacidad para moldear las elecciones intermedias. También está incitando a los líderes del Congreso del partido del presidente —que no quieren otra pelea sobre inmigración este año— para que voten y dejen constancia sobre lo que usualmente es un tema políticamente peligroso.
Las medidas en muchos casos son la culminación lógica de una campaña presidencial que tiene raíces en la disposición de Donald Trump a las controversias de inmigración demagógicas para incendiar su base de votantes conservadores. Son producto de 17 meses de trabajo por parte de Sessions y el zar de inmigración de la Casa Blanca, Stephen Miller, que están empezando a cambiar fundamentalmente el sistema de inmigración y el tratamiento que les da Estados Unidos a muchas personas que llegan del extranjero con o sin autorización.
Para muchos votantes de Trump, el rápido cambio de aire será visto como una validación del voto que le dieron al presidente en 2016. Trump defendió que los anteriores líderes republicanos y demócratas habían fallado al reforzar las leyes de inmigración e hizo un argumento implícito de que la naturaleza de la cultura estadounidense y la sociedad estaban bajo amenaza por el influjo de los recién llegados.
Pero las noticias de niños que fueron apartados de padres que cruzaron la frontera ilegalmente y las crecientes implicaciones humanas y económicas de las medidas de la administración sobre la inmigración ilegal están empezando a fundirse en argumentos políticos sobre las duras posturas de Trump.
“Regreso a la semana uno de la administración Trump, a esos dos primeros decretos que firmó el presidente, y fueron la base sobre la cuál está construido todo lo que estamos viendo se está ejecutando ahora”, dice Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, una organización de defensa de los inmigrantes y la inmigración. “Todas esas cosas vuelven a mi cabeza justo ahora”.
Cada vez más hay un debate no solo de las implicaciones de las políticas de las acciones del gobierno, sino también en si se ajustan a los estándares humanitarios y morales que Estados Unidos ha establecido históricamente para sí misma, incluso entre algunos evangélicos que respaldan fuertemente al presidente.
Mano dura
En los últimos días, el gobierno ha actuado agresivamente para promulgar su agenda de inmigración dura y las consecuencias humanas de los primeros decretos de Trump se vuelven cada vez más claras. Sessions ha tomado medidas enérgicas sobre el asilo, reduciendo potencialmente las reclamaciones de miles de personas al decidir que las víctimas de violencia doméstica y violencia por pandillas no son elegibles para ser protegidas.
El Departamento de Justicia dijo el pasado viernes que no defendería el programa de Acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, en una demanda que fue presentada en Texas, abriendo potencialmente el camino para que la Suprema Corte falle sobre el destino de miles de jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Sessions también presionó a los jueces para que aumenten sus cargas de trabajo para acelerar el ritmo de las deportaciones.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dicho que algunas bases militares en Texas están siendo evaluadas como posibles centros de detención para niños inmigrantes que viajan sin compañía.
Y en la frontera sur, un inmigrante indocumentado de Honduras lloraba mientras aseguraba que funcionarios federales se llevaron a su pequeña hija mientras ella la amamantaba, destacando la política del gobierno que ordena la separación de las familias que cruzan la frontera ilegalmente.
El Departamento de Seguridad Nacional está reduciendo enérgicamenteel número de personas de 10 países, entre esos de El Salvador y Haití, que viven y trabajan en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal que amparaba países afectados por hambrunas, guerras o desastres naturales. En mayo, cerca de 90.000 hondureños perdieron su estatus, lo que significa que podrían ser obligados a volver a sus países.
Luego hay múltiples, pero menos visibles, formas en las que el gobierno de Trump está tratando de frenar la inmigración legal: reduciendo las admisiones de refugiados, apuntando a visas tipo H1-B para trabajadores extranjeros calificados e introduciendo más restricciones y trámites burocráticos para otras clases de permisos de entrada.
En definitiva, la ráfaga de actividades se suman a otra clase de promesas mantenidas por Trump que puede presentar a sus más leales votantes mientras que él les ruega que vayan a las urnas en noviembre a evitar una ola democrática que pueda arruinar su espacio de maniobra como presidente.
Fuente: CNN
