(EFE).- El estado de Texas desafió esta semana al presidente del Gobierno, Barack Obama, en política migratoria: no solo logró que un juez suspendiera sus medidas ejecutivas sino que anunció que prolonga indefinidamente la militarización de su larga frontera con México.
“En Texas no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras el presidente ignora la ley y fracasa en su deber de asegurar la frontera”, afirmó este martes el gobernador sureño, Greg Abbott, principal promotor de la demanda contra las medidas migratorias promovidas desde Washington.
Abbott calificó la decisión judicial “como una victoria para Texas, para Estados Unidos, para el imperio de la ley y para la Constitución”.
Desde su anterior cargo de procurador general de Texas, cuyo trabajo consistía en “llegar a la oficina, demandar a Barack Obama y regresar a casa”, según solía presumir, Abbott formó a finales de noviembre una coalición de 26 de los 50 estados para oponerse a las políticas del presidente.
El caso lo tomó un juez propuesto en 2002 por el expresidente George W. Bush, Andrew Hanen, que este martes optó por impedir la entrada en vigor de las medidas con las que Obama buscaba regularizar a cinco millones y medio de indocumentados, en su mayoría padres de hijos con ciudadanía o residencia permanente en el país.
Pero Abbott no se conformó con esta “victoria” y acto seguido anunció la polémica decisión de prolongar de forma indefinida la presencia en la frontera de la Guardia Nacional, un cuerpo militar, cuya misión, ya ampliada, tenía que terminar este marzo.
La Guardia Nacional en Estados Unidos suele responder a emergencias como huracanes u otros desastres naturales.
Su despliegue a lo largo de los más de 2.000 kilómetros de frontera con México ya dura desde agosto de 2014.
El exgobernador Rick Perry fue quien militarizó la frontera inicialmente por un periodo de tres meses ante la “inacción”, dijo, de Obama y con el objetivo de frenar la tremenda oleada migratoria vivida el pasado verano, cuando decenas de miles de familias pero también de menores no acompañados cruzaron la frontera sur del país.
También para combatir a los cárteles de la droga, un problema que las máximas autoridades políticas en Texas mezclan con la inmigración cuando de seguridad fronteriza se trata.
“He ordenado a la Guardia Nacional que se mantenga en la frontera hasta que mi plan de seguridad esté implementado”, dijo Abbott en referencia a su promesa de destinar a 500 nuevos agentes estatales a la zona.
“No podemos reclutar, entrenar y desplegar a 500 agentes de la noche a la mañana, -agregó-, eso lleva tiempo”.
Esa presencia militar de la Guardia Nacional en la frontera incomoda a los Gobiernos de México y de los países centroamericanos, como han reclamado en más de una ocasión.
Ante el despliegue en la frontera, la Administración Obama ha optado por la inacción, pero en referencia al fallo del juez Hanen ya anunció la interposición de un recurso “como tarde el lunes” para pedir su suspensión y permitir la entrada en vigor de las medidas migratorias.
La reacción de Abbott no se ha hecho esperar, y a modo de advertencia ha afirmado que “la solicitud del presidente debe ser denegada”.
Según el gobernador, la suspensión de un fallo judicial solo tiene lugar para “mantener el statu quo vigente”, todo lo contrario, a su juicio, de lo que pretende Obama con sus medidas, que es “desbaratarlo”. EFE
