Washington, 22 feb (EFE).- Pese al progresivo descenso de las ejecuciones y sentencias de muerte en los últimos años en EEUU, con un récord a la baja de 43 ejecutados en 2012, la cuestión no es considerada un prioridad de la agenda política del segundo mandato del presidente Barack Obama.
“El presidente en EEUU tiene poderes limitados en la cuestión de la pena de muerte y es un tema todavía demasiado polarizador para que pueda salir adelante en el Congreso, por lo que queda a discreción de los estados”, afirmó a Efe Richard Dieter, director ejecutivo de la organización Death Penalty Information Center.
Obama, que ha lanzado un ambiciosa agenda social para su segundo mandato, no se ha pronunciado recientemente sobre la pena de muerte.
En su época de senador por Illinois y en su libro de memorias, sin embargo, sí señaló públicamente su respaldo a la pena capital en los casos considerados especialmente “crueles”.
Aunque el debate político nacional es prácticamente inexistente, lo cierto es que la tendencia de descenso es clara, según las estadísticas del Death Penalty Information Center.
En la década de 1990, unas 300 personas al año eran sentenciadas a muerte, mientras que en 2012 fueron 78. Asimismo, se ha pasado del pico de 98 ejecuciones en 1999 a 43 el pasado año.
Además, las ejecuciones se están concentrando en unos pocos estados. El 70 % de las que se llevaron a cabo en 2012 tuvo lugar en estados del sur, con Texas a la cabeza, seguido por Oklahoma y Misisipi.
“Se ha venido registrando una fuerte caída en los últimos quince años y las señales muestran que la tendencia se mantendrá (…) Además, en los últimos cinco años cinco estados han abolido la pena de muerte”, agregó Dieter, que lleva más de dos décadas trabajando para informar y concienciar en contra de la máxima pena.
Connecticut, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York e Illinois han prohibido la pena capital en los últimos cinco años, por lo que en la actualidad son 33 de los 50 estados de EEUU los que mantienen formalmente la máxima pena en vigencia.
Este año las miradas se concentran en Maryland, cuyo Congreso someterá a voto en las próximas semanas una ley que aboliría la pena de muerte, en un estado en el que la última ejecución fue en 2005, y el gobernador, el demócrata Martin O’Malley, ha señalado ya su disposición a firmar la ley si llega a su despacho.
Precisamente, en Takoma Park, una localidad de Maryland a las afueras de Washington D.C., reside Shujaa Graham y su esposa Phyllis Prentice, ambos miembros activos de la organización Witness to Innocence, que trabaja con personas que estuvieron en el corredor de la muerte y fueron exculpados posteriormente.
Shujaa Graham es uno de ellos. Tras pasar tres años en el corredor de la muerte en California, fue exculpado en 1981 de la acusación de haber matado a un guardia durante un motín en la prisión de San Quintín, donde cumplía condena por robo.
“Soy un superviviente. Llevo casi 30 años fuera de la cárcel e incluso ahora sigo luchando no por un buen día, sino por un buen momento”, relata a Efe en su casa de Maryland al rememorar sus años en el corredor de la muerte.
“He estado con culpables confesos. Eso no importa, nadie tiene derecho a quitarle la vida a una persona”, explica Graham, nacido en Luisiana y que formó parte de los Black Panther en la prisión californiana.
Graham y su esposa recuerdan que desde 1976, cuando se reinstauró la pena de muerte en EEUU, 138 personas fueron exculpadas tras ser condenadas a muerte de manera errónea en el país.
“No solo es la pena de muerte, es el propio sistema penal que nos condenó, a mí y a los otros condenados injustamente”, explica Graham, visiblemente emocionado, al relatar su periplo judicial.
Su siguiente batalla es en Maryland, estado en el que reside desde que salió de California, de donde se tuvo que ir por sufrir constantes presiones pese a ser declarado inocente.
“Espero contarle a mi nieta que la pena de muerte es una cosa del pasado, al menos en el estado de Maryland”, subraya Graham, que tiene tres hijos y cuatro nietos.
En Maryland, una reciente encuesta del diario Baltimore Sun, reveló que el 48 por ciento de los ciudadanos está a favor de la pena capital frente al 42 por ciento que se opone.
Dieter afirma que estas cifras son notablemente inferiores a las de hace 15 años, por lo que parece haber un progresivo “cambio en la percepción” sobre la pena de muerte.
“Ahora se ve a la pena capital como un problema práctico no como un problema teórico. La gente ha perdido confianza en la pena capital como una herramienta habitual para luchar contra el crimen, y se utiliza cada vez más raramente”, concluye Dieter.
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