El Congreso de Estados Unidos reanuda mañana su sesión con un menú que incluye la controvertida reforma del sistema de inmigración y otros ingredientes de conflicto como los préstamos estudiantiles, la confirmación de funcionarios y la ley agropecuaria.
El mes pasado demócratas y republicanos sumaron sus votos para la mayor reforma de la ley de inmigración en un cuarto de siglo, que incluye trámites para la legalización de más de 11 millones de indocumentados y una eventual senda a la ciudadanía.
Pero esa legislación encara un futuro breve en la Cámara de Representantes donde la mayoría republicana sigue la dirección que marca su facción Tea Party opuesta a la legalización de inmigrantes indocumentados.
El mandatario Barack Obama, quien ya ha expresado firmemente su respaldo a la legalización de los indocumentados, tendrá durante la semana un espaldarazo de flanco paradójico: el expresidente republicano George W. Bush, quien ya en 2007 fracasó cuando intentó una reforma inmigratoria.
Bush hablará el miércoles durante una ceremonia de naturalización y foro de inmigración en el centro presidencial de Dallas que lleva su nombre, y se espera que describa los beneficios que él ve para Estados Unidos en una reforma.
Los republicanos encaran un dilema que concierne a la supervivencia misma de su partido: las mayorías conservadoras que se oponen a la legalización de inmigrantes indocumentados pronto serán minoría de votantes a medida que crece la población de origen latinoamericano, especialmente en estados del Sur como Texas.
La legislación aprobada por el Senado asigna cientos de miles de millones de dólares al fortalecimiento de la vigilancia de la frontera sur de Estados Unidos, donde los adversarios de una legalización de indocumentados cree que está la mayor parte del problema.
Pero casi la mitad de los indocumentados en EE.UU. ha ingresado legalmente al país con visas temporales y se ha quedado a trabajar y estudiar contribuyendo a una mayor diversidad demográfica que amenaza al Partido Republicano.
Otro problema apremiante para algunos legisladores es qué ocurrirá con la ley quinquenal agropecuaria, que por décadas obtuvo la aprobación bipartidista gracias a un canje político: la legislación ha volcado billones de dólares en subsidios para los agricultores y otros billones en subsidios de alimentos para los pobres en áreas urbanas.
En junio sorpresivamente la Cámara de Representantes rechazó el proyecto de ley por unos 500.000 millones de dólares cuando 62 republicanos, militantes de la austeridad fiscal, votaron en contra exigiendo cortes en ambas líneas de subsidios.
La ley agropecuaria vigente vence el 30 de septiembre y ahora el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner de Ohio, tendrá que arreglárselas para acomodar a los miembros de su bancada que insisten en los recortes especialmente de los subsidios de alimentos para los pobres.
Está pendiente, además, en el Senado, la confirmación de las postulaciones que hizo Obama de Tom Perez como secretario de Trabajo, y de Gina McCarthy como directora de la Agencia de Protección Ambiental.
Aunque los demócratas tienen mayoría en la Cámara alta no tienen los votos suficientes para superar la maniobra parlamentaria republicana que demanda un mínimo de 60 votos para la confirmación de miembros del gabinete.
Los republicanos sostienen que Perez es demasiado propenso a favorecer a los trabajadores en detrimento de los intereses de los empleadores, y que McCarthy promoverá una agenda ambientalista que incrementa las regulaciones y perjudica a las empresas. EFE
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