SAN ANTONIO, Texas, EE.UU. — A miles de inmigrantes que han solicitado la residencia legal a través de los tribunales les han cancelado las audiencias y el gobierno estadounidense les dice que deberán esperar hasta 2019 o más antes de que las autoridades decidan su situación.
Algunos abogados temen que la demora deje a sus clientes en peligro de deportación a medida que las pruebas pierden vigencia, los testigos desaparecen, los parientes mueren y los niños se hacen adultos.
El aumento de las cancelaciones comenzó a mediados del año pasado, cuando el Departamento de Justicia dio prioridad a los casos de decenas de miles de centroamericanos que cruzaron a Estados Unidos por la frontera con México, en su mayoría madres con hijos y menores no acompañados.
Abogados de inmigración en ciudades que han absorbido una gran cantidad de los casos, como Nueva York, San Antonio, Los Ángeles y Denver, dicen que les han cancelado audiencias con poco tiempo de aviso y no les han dado nuevas fechas. Lo que está en juego son permisos de trabajo, la residencia permanente, pedidos de asilo y reunificaciones familiares.
El abogado David Simmons, de Denver, dijo que en 30 años de carrera nunca vio semejante parálisis.
“No hay margen para maniobrar”, dijo. “Es como si no existiera el tribunal”.
Un cliente de Simmons, Maximiano Vázquez Guevara, de 34 años, obtuvo recientemente el fallo a favor de su residencia permanente, pero le falta un paso frente al juez de inmigración y su caso ha desaparecido de la lista de casos.
Vázquez, oriundo del estado mexicano de Guanajuato, entró a Estados Unidos sin autorización en 1998. Batalla contra la deportación desde 2011, cuando llamó la atención de las autoridades al ser acusado por segunda vez de conducir en estado de embriaguez. Vive en un suburbio de Denver con su esposa estadounidense Ashley Bowen, la hija de ambos, de 6 años, y esperan su segundo hijo en agosto
Mientras tanto, el hermano de Vázquez en México está muriendo de insuficiencia renal y Vázquez no puede salir del país. “Es triste”, dijo en una entrevista telefónica. “Me siento mal por no poder verlo y despedirme”.
Antes de julio, sólo los inmigrantes detenidos eran casos prioritarios. Bajo las nuevas normas, los menores no acompañados y las familias que enfrentan la deportación también son casos prioritarios, haya detenidos o no.
La Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria, el organismo del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, no sabe con precisión cuántas audiencias fueron canceladas, pero dijo que más de 415.000 inmigrantes no detenidos tienen sus casos pendientes.
Se están reprogramando audiencias para el 29 de noviembre de 2019 con el fin de mantener los casos en la agenda, dijo Lauren Alder Reid, asesora de asuntos legislativos y públicos del organismo, pero la mayoría recibiría fechas anteriores o posteriores, a medida que haya espacios disponibles en la agenda, añadió.
Simmons dijo que a miles de casos no prioritarios sólo en Denver les han cancelado las audiencias.
Cuando surgió la ola de inmigrantes centroamericanos a mediados del año pasado, los tribunales de inmigración ya estaban faltos de personal porque dos jueces se habían retirado. Dos de los tres que quedan en Denver están escuchando casos, por videoconferencia, de familias detenidas en un nuevo centro del sur de Texas. El tercer juez de Denver escucha casos de menores no acompañados que las autoridades han entregado a familiares.
David Martin, profesor de derecho de la Universidad de Virginia que ha trabajado con dos presidentes demócratas, criticó al Congreso y al gobierno de Barack Obama por no asignar más fondos para contratar jueces de inmigración.
“Si uno financia más investigadores, más centros de detención, más agentes de la Patrulla Fronteriza, casi todo eso va a generar casos que deberán ventilarse en un tribunal de inmigración”, dijo. “Pero como están llegando más inmigrantes, eso creará un gran cuello de botella a menos que se aumente la capacidad de reacción”.
Los tribunales de inmigración de San Antonio, que al igual que los de Denver manejan un gran número de menores no acompañados y familias, también han visto la cancelación de audiencias de casos que no se consideran prioritarios.
Lance Curtright, abogado de San Antonio, dijo que se han pospuesto audiencias para cientos de casos que su bufete maneja. Las personas con residencia permanente, que enfrentan la deportación por delitos menores o asuntos de procedimiento, van a sufrir innecesariamente junto con sus familias, dijo.
“Esta es su casa y no saben si los van a sacar a la fuerza”, dijo. “Y sus casos no se van a decidir hasta 2019”.
Sin embargo, la situación no pone en peligro a todos los inmigrantes que enfrentan la deportación, porque muchos todavía pueden trabajar hasta que los tribunales escuchen sus casos. Las demoras incluso podrían dar más tiempo a algunos inmigrantes con solicitudes menos fundamentadas a presentar casos más sólidos.
“Retrasar las audiencias cuatro años será devastador para algunas personas”, dijo Anthony Drago, abogado de inmigración de Boston. “Pero otros se alegrarán porque tendrán cuatro años adicionales en Estados Unidos”.
Los solicitantes de asilo, que con frecuencia han tenido que dejar atrás familiares en países abrumados por la guerra y la violencia, están entre los más afectados, dijo Bryan Johnson-Xenitelis, abogado de inmigración de Nueva York. Su bufete ha tenido ocho audiencias canceladas hasta el momento, incluida la de un joven ucraniano con discapacidad grave.
Muchos temen que estos casos quedarán indefinidamente al final de la lista si hay otra ola de inmigrantes centroamericanos.
“En mayo o junio habrá otra ola de niños no acompañados o familias”, dijo Manoj Govindaiah, abogado del Centro de Educación y Servicios Jurídicos para Refugiados e Inmigrantes, de San Antonio. “Presumiblemente, esto va a continuar.
